Union Comunera

De la noche neoliberal a los procesos constituyentes

La segunda mitad del siglo XX fue, en América Latina y el Caribe, una etapa profundamente dinámica. Dictaduras militares, retornos democráticos, agendas de ajuste neoliberal y consecuentes campañas de movilización fueron los principales signos de aquellas décadas. Como cierre de siglo, Estados Unidos convocó en 1994 una Cumbre de las Américas, para lanzar una propuesta que significaría la consolidación de su hegemonía regional: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Mientras tanto, los pueblos de nuestro continente desarrollaron un ciclo de movilización en las calles y en las urnas que significó la caída de varios gobiernos neoliberales y el arribo de varios otros de corte progresista o de izquierda.

El segundo milenio gregoriano comenzó así con fuertes movilizaciones antineoliberales en Bolivia, Argentina y Ecuador; con gobiernos antineoliberales y populares como los de Hugo Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner, pilares de la derrota del ALCA en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en Argentina, en el año 2005. El rechazo al ALCA fue un punto de encuentro entre distintos proyectos políticos: entre el de Chávez, que proclamaba el socialismo y los de Lula y Kirchner, cuyos proyectos eran más bien neodesarrollistas (Katz: 2016). Este momento de nuestra historia fue útil para representar un punto de encuentro entre rumbos distintos y resaltar algunos caminos comunes entre aquellos bloques; en este sentido, fueron fundamentales los procesos constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia (2006) y Ecuador (2007-2008), en tanto estrategias que consumaron un giro radical en sus respectivos países.

Transcurridas un par de décadas, creemos que entre las tareas pendientes de las izquierdas del Sur Global está el balance de esos procesos constituyentes: sistematizar sus aprendizajes, sus avances, sus límites y los desafíos por venir. En los últimos años aparece también el ejemplo de Chile y su Convención Constitucional y en menor medida el caso de Perú, con la sonada demanda de una Asamblea Constituyente, promesa principal del propio Pedro Castillo en su campaña. Además, en los momentos previos a los golpes de Estado en Honduras (2009) y Paraguay (2012) se planteó la necesidad de una nueva Constitución, así como en Brasil Dilma intentó impulsar un referéndum para convocar una constituyente en 2013.

Aportes a un balance político de los procesos constituyentes

El balance requiere profundidad, sistematicidad y amplitud de miras. En lo que sigue ofrecemos un análisis en tres dimensiones: el mejoramiento de las condiciones materiales de las mayorías, la inclusión de sujetos políticos invisibilizados y oprimidos, y la construcción de un proyecto alternativo al orden hegemónico.

Constituyente y condiciones materiales de vida

A partir de los procesos constituyentes se redujo la pobreza y la desigualdad en Bolivia, Ecuador y Venezuela, y se recuperaron las capacidades de consumo de las mayorías. Antes de las asambleas constituyentes, lo que hoy se asumen como derechos eran meras mercancías educación, salud, agua, electricidad, gas, vialidad, equipamientos, vivienda. Las constituciones de estos tres países habilitaron un giro en la redistribución del presupuesto que significó un aumento significativo de la inversión social: por ejemplo, en el caso venezolano el 70% del presupuesto nacional se orientó al gasto social.

Este incremento se cubrió con la recuperación del control estatal de industrias básicas de materias primas. Por lo tanto, los presupuestos nacionales dependían y dependen en buena medida de los precios de las materias primas, así como de la ampliación de las zonas de operación de dichas industrias. Todo eso se complementa con la capacidad de endeudamiento y crédito frente al sistema financiero internacional, capacidades claves para el comercio internacional.

Constituyente y sujeto político

En los tres países la constituyente significó el reconocimiento de los pueblos indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes y en general de las mayorías trabajadoras, despojadas e invisibles para la política tradicional. Estos sectores irrumpieron simbólicamente y se articularon en torno a las nuevas constituciones, emergiendo como representantes políticos y como sujetos de derechos antes no reconocidos, ejerciendo su soberanía de forma directa, a través de la participación colectiva o individual.

Este conjunto de avances significó, al mismo tiempo, una confrontación con las lógicas coloniales de la política al interior de los mismos sectores constituyentes (Bautista: 2014). Había quienes promovían la inclusión delegada de los sujetos políticos, erigiéndose como representantes asistencialistas y clientelares, que ofrecían derechos a cambio de apoyo, reelecciones y otras contraprestaciones. Entre el nuevo paradigma protagónico y las prácticas políticas tradicionales se dio una tremenda contradicción, azuzada por la presión de las derechas.

Constituyente y modelo alternativo

Los procesos constituyentes tuvieron como idea fundante a la soberanía. Se recuperó el control de fronteras y territorios, pero también de la economía, al nacionalizar y regular la acción de las transnacionales; la política se reasentó así en las masas y en la disputa por el futuro del país. También se le puso coto a las bases militares y a la participación conjunta con fuerzas militares estadounidenses. El Estado, que producto de los ajustes neoliberales estaba en vía de achicamiento, se reposicionó, estableciendo regulaciones sobre la banca, el comercio, las industrias y los sectores inmobiliarios. Quizás algunos de los elementos más sustantivos fueron el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en el caso de Ecuador y Bolivia los derechos de la Madre Tierra. En el caso venezolano, el giro hacia una democracia participativa y protagónica significó el inicio de la construcción del poder popular como eje estratégico

Por supuesto que todas estas perspectivas de avance contaron con una reacción que implicó una nueva etapa en la lucha de clases de nuestra región: represión y criminalización de las luchas populares, persecución y sicariato de líderes, ampliación de formas extractivas (hidrocarburos, finanzas, comercio e intermediación, especulación inmobiliaria, etcétera). Se desplegaron sucesivas confrontaciones con sectores transnacionales, con la oligarquía nacional, y con los intereses de la burguesía. Al mismo tiempo, los Estados y los partidos se hicieron mediadores o intermediarios en la lucha de clases, presuponiendo que su rol era el de dirigir a las fuerzas populares, cuando no contenerlas o instrumentalizarlas. Cuando estas rehusaron alinearse, se indujo su desmovilización y su sustitución por estructuras más maleables.

Algunos desafíos para un nuevo ciclo constituyente

Constituyente económica

A pesar de haber sido formalmente procesos de creación de nuevas constituciones, las constituyentes nos retrotraen indefectiblemente a la idea de que la política es al mismo tiempo materialidad, legitimidad y factibilidad (Dussel: 2004). Es decir, no hay política sin una base material que la sostenga.

En ese sentido, los procesos constituyentes existentes y potenciales tienen como reto:

I) Superar la dependencia de la extracción de valor, que ha sido en nuestra región la forma principal de reproducción del capital. Y superar a la vez nuestro rol en la distribución internacional y colonial del trabajo. Reconocer esto pasa no solo por cuestionar el extractivismo, sino también por visibilizar las múltiples formas de extracción de valor que el capital no promueve pero sí se apropia (Gago, Mezzadra: 2016), como la financiarización y el endeudamiento, las operaciones logísticas de las cadenas de valor global y las economías del cuidado, entre otras.

II) Limitar o eliminar la dependencia del comercio internacional, lo que va de la mano de la superación de la extracción de valor. Si la economía de un país descansa sobre la posibilidad de vender mercancías en el mercado global, y opera para ello con créditos, deudas y múltiples operaciones financieras, su estabilidad interna estará inseparablemente ligada a los precios internacionales de las mercancías que compra o venda, a las calificaciones de riesgo para la inversión y a las consecuentes condiciones para obtener crédito.

III) Ampliar la mirada sobre la mixtura económica, puesto que las crisis de los últimos tiempos han llevado a posicionar la idea de que la economía nacional se fortalece con una economía mixta, de alianza entre el Estado y las empresas privadas. Es precisamente allí donde resulta crucial rescatar las claves del proceso constituyente que ha diversificado la mirada sobre lo privado, diferenciando entre transnacionales, grandes empresas nacionales, medianas y pequeñas empresas, así como emprendedores de diversa escala. Pero, sobre todo, poniendo la mirada sobre un mundo de asociaciones económicas comunitarias, colectivas, cooperativas y populares.

IV) Retomar la centralidad de la economía para la producción de bienes y servicios por encima de los circuitos improductivos que cada vez ganan más terreno, como es el caso de la especulación inmobiliaria, financiera y comercial. Estos importantes circuitos de concentración de capital suelen adjudicarse el crecimiento de un país, cuando solo generan rutas de redistribución y circulación de rentas para la acumulación del capital en elites regionales y globales. Y cuando, además, se sostienen sobre el trabajo de las grandes mayorías.

V) Por último, retomamos la idea de que la producción debe estar centrada en garantizar las condiciones materiales para reproducir la vida de la población. No se trata de la producción masiva de bienes para el mercado internacional. Esto sólo implica volver sobre los males de la dependencia colonial, poniendo en riesgo además la soberanía nacional. Un país que no garantiza las condiciones de vida de su pueblo dependerá de las redes globales que controla Occidente a través de sus Estados y sus conglomerados transnacionales.

Constituyente del poder

Si bien reivindicamos que los procesos constituyentes le han dado una centralidad política a las y los nadies, a mujeres, indígenas, campesinxs, obrerxs, trabajadorxs informales, comunidades afro, entre otras, no se trata solo de colorear los Estados con exóticos estilos diversos, sino más bien de dar, transferir, restituir y fortalecer el poder de las y los históricamente invisibilizadxs y oprimidxs. Parafraseando a Hugo Chávez (2005) y complementándolo con Frantz Fanon (1961), diríamos que no hay manera de superar el capitalismo sin darle poder a lxs condenadxs de la tierra.

En esa dirección resaltamos al menos cuatro retos seminales:

I) Apuntalar y promover zonas especiales bajo regímenes de gobierno comunitario, tanto en territorios rurales como urbanos. No se trata de imponerlos compulsivamente sino más bien de reconocer e incentivar aquellos donde estas formas acumulan fuerzas, que no solo cuentan con tejidos organizados sino además con la legitimidad de haber sido delegados por sus comunidades.

II) Reconocer y fortalecer distintos modos de gestión de las condiciones comunes de vida, reconociendo los modos de gestión entre el Estado y los privados pero habilitando también modos compartidos y cogestionarios entre el Estado, las comunidades y los movimientos sociales. Y, al mismo tiempo, fortalecer los procesos que dependen exclusivamente de la gestión comunitaria o de la autogestión colectiva.

III) Lanzar o reactivar, en todos los territorios y sectores, instancias de cogobierno entre los propios organismos del poder popular, para favorecer la elaboración consensuada de planes y políticas públicas, incentivar los espacios de diálogo, las asambleas populares y los consejos populares de gobierno.

IV) Desarrollar vías de información permanente y mecanismos de consulta a la población, puesto que la fuerza con la que los procesos constituyentes han avanzado depende del apoyo popular masivo. Para sostener ese ímpetu parejo -que no es otra cosa que la confrontación con las élites- es indispensable robustecer la conciencia masiva y la voluntad de movilización y lucha.

Constituyente para la liberación

Hasta ahora los procesos constituyentes del siglo XXI han tenido como horizonte la refundación de las repúblicas, la descolonización del Estado (García Linera: 2014), la construcción de Estados Plurinacionales (Ecuador y Bolivia) o incluso la edificación de un Estado Comunal (Venezuela). Todas estas, propuestas de ruptura con el modelo hegemónicamente impuesto en nuestras tierras por los países occidentales. Estos planteamientos no se derivan de ciertos arrebatos vanguardistas sino que, por el contrario, han sido consecuencia de las demandas, luchas y movilizaciones de un continente frente a un modelo de sociedad que entró en crisis. Por lo tanto, los horizontes constituyentes han sido en buena medida síntesis de las agendas perfiladas por los pueblos y las fuerzas alternativas.

En este contexto de disputa de proyectos y de crisis civilizatoria, queremos enfatizar algunos de los principales retos que supone la construcción de un proyecto para la liberación:

I) Delinear las bases de un modelo de desarrollo distinto al crecimiento capitalista y al “progreso” que ofrece la Modernidad, por un lado porque nuestros pueblos originarios parten de propuestas civilizatorias distintas a la civilización occidental capitalista, patriarcal, colonial y depredadora de la naturaleza. Pero, además, porque en las últimas décadas, a partir de los procesos constituyentes, se han desarrollado propuestas alternativas que centran el desarrollo en la vida y plantean al pueblo como sujeto fundamental de la transformación. Sin embargo, , proponiendo nuevos objetivos y estableciendo un sistema propio para mensurar los niveles de avance en esa dirección.

II) Denunciar el modo de vida que nos vende/impone Occidente, el llamado american way of life, un modo de vida para pocos que ha puesto en jaque al planeta. Por eso es primordial que los procesos constituyentes denuncien frontalmente ese modo de vida y consumo infinito, irracionalmente derrochador de energía, agua, proteínas y otros elementos. Un modelo que cuenta también con patrones generalizados de violencia, discriminación y sometimiento.

III) Establecer como horizonte un modo de vida alternativo centrado en la vida, partiendo desde otros paradigmas: el sistema de vida comunitario de los pueblos indígenas, el buen vivir/vivir bien. Teniendo como perspectiva la reproducción de la vida y la abolición de toda relación de opresión.

IV) Finalmente, impulsar la integración de los pueblos de la región y el mundo, con particular énfasis en América Latina y el Caribe y los países del Sur Global.

Este artículo hace parte de la edición 555 de la revista de ALAI, que puede descargarse de forma íntegra aquí


Referencias

Bautista, R. Descolonización de la política: introducción a una política comunitaria. Editorial AGRUCO, La Paz (2014).

Chávez, H. El poder popular: extractos de discursos. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Caracas (2008).

Dussel, E. Tesis de política. Siglo XXI Editores, México (2006).

Fanon, F. Los condenados de la Tierra. Editorial Txalaparta, México (1961).

Gago, V; Mezzadra, S. Para una crítica de las operaciones extractivas del capital: Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización. Revista Nueva Sociedad, Buenos Aires (2015).

García, A., Mignolo, W., Walsh, C. Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento.  Editorial del Signo, Buenos Aires (2014).

Katz, C. Neoliberalismo, Neodesarrollismo, Socialismo. Editorial Batalla de Ideas, Buenos Aires (2014).

 

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