La historia es una bestia enorme y poderosa, nos supera y, sin embargo, es preciso sostener su mirada de plomo y obligarla a servirnos.
Alain Badiou
El historiador marxista Russell Jacoby afirmaba que los problemas y las ideas una vez examinados desaparecían de la vista y de la mente para volver a salir más tarde a la superficie como si fueran “novedades”. Ese mecanismo es explotado por las clases dominantes para establecer un eterno presente donde las luchas que buscan grandes cambios son sofocadas por el olvido concluía Jacoby.
Contra la Amnesia social
Esta forma de regir sobre la memoria es lo que Russell denomina el juego de la “amnesia social”. El pasado reina sin discusión, precisamente porque está olvidado. Para trascenderlo, antes habría que recordarlo. En este sentido, la amnesia social es la represión por parte de la sociedad del recuerdo del propio pasado.
Muy a menudo, con el 1ero de mayo sucede un sistemático proceso de amnesia social. Más que ofrendas florales y días feriados, la historia inscrita en el 1 de mayo nos exige fidelidad y compromiso con nuestros mártires. La fecha recuerda la lucha por la reducción de la jornada de trabajo, que tuvo un punto de inflexión en 1886 en la ciudad de Chicago. Fecha que también está innegablemente unida al juicio y asesinato de los 8 mártires de Chicago.
No es un día que conmemore la bondad y filantropía del capitalista o los beneficios lógicos del parlamentarismo burgués. Es un día que busca redimir la memoria de aquellos trabajadores y trabajadoras que se han movilizado para exigir mejores condiciones y derechos.
137 años después, la realidad deja en claro que la filantropía y bondad del gran capital y el parlamentarismo del estado burgués sigue convirtiéndose en la fragancia suave de la fétida explotación.
Protestas y reivindicación salarial en Venezuela: ¿justicia social o plan desestabilizador?
Algunos datos
La realidad contradictoria del capitalismo hace que ni siquiera sus propios mecanismos pueden funcionar sin precarizar. El “Global Wage Report 2022–23” (Informe mundial de salarios 2022–23) publicado en noviembre del 2022 por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), señala una caída general de los salarios en casi todas las regiones del globo durante el 2022. Así como una creciente conflictividad entre el empresariado y las fuerzas del trabajo.
Al mismo tiempo, el Informe Mundial Sobre la Desigualdad, muestra que el 1% más rico del mundo –alrededor de 51 millones de personas- son los dueños del 32% de la riqueza total de la tierra,. Mientras que, por el otro lado, un ejército de 2.555 millones de personas solo cuentan con 8 u 10 euros diarios para sobrevivir. La riqueza total de estos 2.555 millones se calcula solamente en 10 billones de euros. En contraparte, lo acumulado por el 1% más rico supera los 160 billones de euros.
Esta combinación de precariedad con desigualdad formula las condiciones objetivas de la rebelión. La misma es tan evidente que hasta “El Informe de Riesgo” para el año 2023 elaborado por el Foro Económico Mundial, señala la erosión de la cohesión social y la polarización social como las principales fuentes de conflicto en los próximos años. Lo que asegura un incremento en las movilizaciones de los sectores más pobres contra los más opulentos.
Como decía Lenin: “La medida auténtica de una situación revolucionaria, es que exista una situación histórica en la cual las capas inferiores de la sociedad no quieran vivir según el modo antiguo, y a su vez las capas superiores tampoco puedan vivir al modo antiguo”.
La clase capitalista no quiere vivir en un estado permanente de “erosión de la cohesión social y polarización social”, ni tampoco los explotados estamos dispuestos a vivir desde la precariedad y las avasallantes desigualdades. Entre las grietas de estas dos realidades, se trasluce la condición revolucionaria. La construcción de alternativas que disputen el horizonte de las nuevas realidades deben estar apalancadas en la movilización, la agitación, la concientización y la organización, para evitar que el futuro sea de mayor desigualdad y precarización.
Si no reconocemos este hecho fundamental estaremos condenados a caer en la amnesia social. Es decir, en el olvido de nuestras luchas y esfuerzos pasados, condenados a entregarnos a lo que las élites capitalistas designan como “lo posible”.
De lo universal a lo particular: Venezuela
Este 30 de abril se cumplen 13 meses y medio del último aumento salarial oficial implementado por el gobierno nacional en Venezuela. En aquella ocasión, el aumento elevó el sueldo mínimo a 130 bolívares digitales, equivalentes para el momento a US$ 30,6.
Según datos oficiales, más de un año después el sueldo del sector público ha perdido casi el 83% de su valor frente al dólar. Pasando actualmente unos US$ 5,25. Significando la remuneración mensual de aproximadamente 8 millones de personas, entre trabajadores y jubilados.
A esta realidad hay que agregarle el proceso inflacionario, que se calcula podría estar bordeando los 270%¹. Inflación que prácticamente ha triplicado el costo de vida, reduciendo las garantías de alimentación y supervivencia de grandes franjas de la población.
Esto estaría en línea con el último informe sobre la seguridad alimentaria elaborado por la FAO, donde se advertía sobre la presencia de al menos 6,5 millones de personas bajo condiciones de sub-alimentación en Venezuela.
En este punto es necesario señalar, de manera inapelable: el inmenso daño que siguen provocando las sanciones y el bloqueo para la gobernabilidad económica del país. El sector público sigue estando excluido del sistema financiero global y nuestro petróleo sigue estando vetado de los mecanismos tradicionales para el comercio de crudo.
Por otro lado, las promesas abiertas por la mesa de diálogo en México sobre los más de 3 mil millones de dólares dirigidos al fondo especial social, con el objetivo de aliviar las fuertes tensiones en los servicios públicos del país y reducir la regresión en la calidad de vida de los y las venezolanos, fue cerrada y agotada por la negativa de una de las partes a rendir honor a sus compromisos. Elemento que ha reforzado la precariedad sostenida de las mayorías desde el 2022.
“En este punto es necesario señalar, de manera inapelable: el inmenso daño que siguen provocando las sanciones y el bloqueo para la gobernabilidad económica del país.”
Impuesto y petróleo
En el último tiempo, se han desarrollado algunos alivios de cara al mejoramiento de los indicadores económicos del país. Un indicador de esto resulta que la fiscalización del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) logró aumentar su recaudación en un 22,5%. Superando los 21.7 millones de Petros, equivalentes a más de 1300 millones de dólares.
Por otra parte, recientemente el portal Reuters informo que hubo un aumento de envíos de crudo pesado por parte de Chevron a Estados Unidos. Prácticamente duplicando el volumen de crudo vendido, el cual pasó de 75 MBD en enero a 148 MBD para el 28 de abril.
A pesar de que desconocemos hasta la fecha las condiciones del convenio que la compañía Chevron firmó en diciembre con PDVSA, está claro que las empresas mixtas -de la que Chevron es socia- tanto Petroboscán, como Petroindependiente y PetroIndependencia, estarían obligadas a pagar Impuesto de Registro de Exportación, según lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos².
Este impuesto contempla el pago del “uno por mil (0,1%) del valor de todos los hidrocarburos exportados de cualquier puerto desde el territorio nacional, calculado sobre el precio al que se venda al comprador de dichos hidrocarburos.” Este impuesto se ejecuta a pesar de que el volumen de producción no aumente. Afirmamos esto ya que, según los datos del Observatorio Venezolano Antibloqueo y del “Informe Mensual del Mercado Petrolero de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo” (OPEP), nuestro promedio de producción diario durante el primer trimestre fue de 730 mil barriles diarios (MBD). Tan sólo 0.97% mayor que el promedio de 2022. Lo que significa que el volumen de nuestra producción prácticamente no ha variado.
Al margen de la regalía y de los dividendos por las nuevas exportaciones de Chevron, lo anterior indica que tendríamos también ingresos extras, generando un mayor margen de maniobra para nuestras distintas políticas económicas.
Las consolidaciones de estos nuevos ingresos podrían garantizar un aumento salarial combinado con una indexación como hemos sostenido en otra parte[6]. Esta medida no sólo es necesaria para nuestra clase obrera pública, sino incluso para la totalidad de la economía. El propio presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) Carlos Fernández, ha admitido: “No podemos pretender una recuperación económica si no viene de la mano de un incremento del gasto público”.
Sabemos muy bien que mayores ingresos no significan necesariamente usufructo público de esos recursos. Los últimos y masivos casos de corrupción en la industria petrolera así lo han revelado.
En Venezuela también vivimos las lógicas de la desigualdad y la precariedad como en el resto del mundo.
El venezolano más rico, Juan Carlos Escotet, logró sumar 800 millones de dólares de ganancia en el 2022: pasando de una riqueza neta de 3500 millones de dólares a 4300 millones de dólares en el último año. A la vez, el promedio de ingreso mensual en 2022 de un obrero industrial en Venezuela fue de us$ 155,25, según datos inferidos de la encuesta realizada por la Confederación Venezolana de Industriales. Esto significa que su ingreso anual ascendió a los US$ 1863.
En términos generales, un trabajador promedio del sector industrial necesitaría casi 430 mil años de remuneraciones para acumular los mismos ingresos que Juan Carlos Escotet obtiene en un año. Mientras obrero del sector público requeriría más 4.4 millones de años.
El 1 de mayo, el presidente de la república anuncio el amento en la remuneración dependiente de la bonificación de los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN), colocando el bono legal de alimentación en US$40, pagados en su equivalencia en bolívares según el marcador oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), y aumentando el bono de guerra económica a 30$ pagado en bolívares según la misma referencia, esto último se sumaría al sueldo oficial de 130 bolívares o US$ 5,25.
Por su parte, los jubilados de la APN recibirán US$ 49 por concepto de bono de guerra indexado, pagado en bolívares según tasa del BCV más 130 bolívares. Por ultimo los pensionados dependientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cobrarán el equivalente a US$20 del bono de guerra indexado más los 130 bolívares que ya cobraban por pensión.
“Un trabajador promedio del sector industrial necesitaría casi 430 mil años de remuneraciones para acumular los mismos ingresos que Juan Carlos Escotet obtiene en un año”
Sobre este punto cabe mencionar la inexistencia de datos oficiales que indiquen el número de beneficiarios del bono de guerra económica. Siendo una bonificación social entregada a discrecionalidad por el estado y no una remuneración contractual como si es el caso del bono de alimentación.
Es necesario subrayar que ninguno de los dos bonos -ni el de alimentación, ni el de guerra económica- serian remuneraciones que aportarían al cálculo de las prestaciones sociales. Medida que violenta el artículo 100 correspondiente a la fijación de los montos salariales, donde se establece: “la justa distribución de la riqueza como el reconocimiento del mayor valor del trabajo frente al capital.”
Al aumentar la bonificación salarial frente al salario base se disminuye el porcentaje de los ingresos que son tomado para el calculo de prestaciones y beneficios laborales por antigüedad o cesantía. Lo cual, es una medida regresiva para el trabajo frente al capital, ya que disminuye la participación del trabajo en el usufructo de la riqueza producida socialmente.
El 1ero de mayo es un día para denunciar este tipo de injusticias, desenmascarar los atropellos y las fechorías. Fecha para que la clase trabajadora luche por una mayor participación en la riqueza nacional sin sacudir al chantaje de una unidad nacional que prescinda de conciencia de clase. La clase trabajadora necesita de la unidad frente al enemigo imperial, pero también necesita que esta unidad no deje en un segundo plano los intereses de las y los trabajadores. Es necesaria una conciencia que promueva la diputa por la riqueza social y no su abandono frente al gran capital.
Exige de sus aliados y de los tan repetitivos amigos de clase dentro del gobierno una actitud consonante con sus demandas. Hacemos nuestras las siempre presente las palabras de Engels:
“Todas las medidas tendentes a limitar la competencia, la acumulación de grandes capitales en las manos de individuos aislados… Toda organización estatal del trabajo, etc., todas estas medidas, en tanto que medidas revolucionarias, no sólo son posibles, sino inclusive necesarias. Son posibles, porque todo el proletariado insurrecto las apoyara y las mantiene con su brazo armado. Son posibles – pese a todas las dificultades e inconvenientes que los economistas esgrimen contra ellas – porque precisamente esas dificultades e inconvenientes obligarán al proletariado a ir cada vez más lejos, hasta la total liquidación de la propiedad privada, a fin de no perder otra vez lo conquistado”.
Por eso insistimos, la lucha del 1 de mayo recién empieza y será el veredicto popular el que decida si la lucha de clases ha terminado.
[1] Según la inflación desde marzo de 2022 hasta diciembre del mismo año fue de 204%. A falta de información oficial sobre la inflación del primer trimestre de 2023, recurrimos a los datos otorgados por El Observatorio Venezolano de Finanzas, (OVF) que coloca la inflación entono a 67.7% para marzo de este año.
[2] Los ingresos serían mayores; sin embargo, el Decreto nro. 3.569, exime de pago de Impuesto Sobre la Renta a las empresas mixtas petroleras (Gaceta Oficial nro. 41.452 del 3 de octubre de 2018) y el nro. 4.412, las exonera también del pago de Impuesto a las Importaciones (Gaceta Oficial nro. 6.608 del 29 de diciembre de 2020).
[3] Las fuentes varían sobre el monto de los recientes desfalcos sobre PDVSA. Algunos sostienen que podrían ser entre 3500 a 5000 millones de dólares. Aunque según anuncios del Presidente de la República, hasta la fecha se han encontrado más de 1000 propiedades relacionadas con el desfalco. Sin embargo, aún no existe un avalúo oficial de las mismas.
