Nuestro Perú vive tiempos de duelo y de lucha por justas reivindicaciones de orden político y social, que arrojan a la fecha al menos 60 muertos a causa de la irresponsabilidad criminal de quienes tienen una cuestionada legalidad para gobernar y carecen absolutamente de legitimidad. Por eso insisten en imponerse a balazos, para contento de la extrema derecha y asombro universal.
Somos patriotas y también internacionalistas, por lo que es una obligación actuar en el frente internacional en un contexto de aislamiento del Perú, que se agrava con la responsabilidad directa de Dina Boluarte y de la Ministra de Relaciones Exteriores, quienes, error tras error, dirigen una cancillería que solo logra aislarnos más. El Perú ha ingresado a una guerra diplomática negativa a nuestros intereses, en el contexto de un nuevo ciclo progresista que se desarrolla en la región; una guerra que afecta su proceso de integración.
Está claro que asistimos a una ofensiva global de carácter internacional con tinte conservador que ha convertido a América Latina y el Caribe en un territorio en disputa, donde la derecha regional busca polarizar a América Latina, lo que se ha evidenciado claramente en los sucesos de Brasil donde el bolsonarismo, a sólo una semana de la asunción de Lula, inició una dura batalla contra su gobierno.
A ello se suma una derecha colombiana que desató una movilización anticomunista teniendo como centro el cuestionamiento a Gustavo Petro. Algo similar ocurre en México con la protesta promovida por el PRI contra la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Es bueno recordar que, en la política y en la diplomacia, la “verdad política”, sobre todo ahora, es la integración” (Alberto Adrianzen dixit).
En el contexto mundial, la transición geopolítica hacia un orden multipolar no ha terminado y de ello dependerá una nueva distribución del poder internacional. En el Perú, la presidenta y su canciller han recibido el respaldo de Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, lastimando así nuestra soberanía nacional. Todo ello mientras en Ucrania persiste la guerra entre Rusia y la OTAN que amenaza con convertirse en un conflicto global.
La cancillería peruana
A través de un memorándum, la cancillería constata con desazón que sus instrucciones sobre la necesidad de comunicar adecuadamente la versión gubernamental son cumplidas por un número muy reducido de misiones en el exterior. Del total de 140 misiones del servicio exterior (64 embajadas, 71 consulados generales y cinco representaciones permanentes), únicamente 15 embajadas han reportado acciones concretas de contactos con los medios de prensa.
En el mismo memorándum, el vicecanciller expresa que preocupa sobremanera la falta de proactividad de los jefes de misiones generales, así como la completa omisión por parte de los cónsules y representantes permanentes.
Como contraparte a esos afanes del gobierno, los peruanos en el exterior integrantes de Nuevo Perú (PEX/NP) han cumplido un rol que debemos destacar. En coordinación con nuestra Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales, han cumplido un importante rol en el frente externo, a través de comunicaciones a los diferentes consulados peruanos en países en los que PEX/NP tiene presencia, para denunciar la crítica situación que vive el país. Se destacan los diferentes comunicados, plantones y actos políticos desarrollados en el exterior.
Debe resaltarse también la denuncia en Argentina de la escalada represiva que sufre nuestro pueblo, con la presencia frente a la embajada del Perú de más de 500 compatriotas en un plantón previo a las cumbres de la CELAC y la CELAC Social, logrando importante difusión en la capital Buenos Aires, con el apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Iguales acciones se han producido frente a las embajadas peruanas en Uruguay, Austria, Estados Unidos, Brasil, España, Italia, Alemania, Suecia y Noruega, y dos plantones en la ciudad suiza de Ginebra, solo por nombrar algunas.
También se realizaron conferencias de prensa y actividades presenciales en la CELAC Social, en la Fundación Saramago (en Lisboa) y en la Plaza de los Comunes en España (Madrid) y eventos virtuales de repudio internacional, a dos meses del golpe congresal que llevó a la presidencia a Dina Boluarte.
Desprestigio internacional
En una entrevista con el New Yortk Times, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, ante una pregunta sobre si tiene pruebas del financiamiento ilegal de las protestas por grupos criminales, tuvo que reconocer que el gobierno no contaba con esas evidencias.
“Tengo la seguridad de que contaremos con esa evidencia muy pronto”, dijo Gervasi y agregó que “están siendo financiados, definitivamente, por alguien” y que los grupos criminales “son los que se benefician del caos que hay en el país”.
La crisis peruana se irradió en el exterior, particularmente en América Latina y el Caribe extendiéndose hacia Europa y al conjunto de organismos del cual el Perú es parte (CELAC, OEA y ONU) luego de que Boluarte cerrara filas con la derecha buscando consolidar su débil gobierno, que según las encuestas (IEP/26-02-2023) expresan el rechazo del 77% de la población que la desaprueba, frente a solo el 15% que la aprueba.
Debemos señalar que en Lima, plaza fuerte de la derecha que la apoya, subió un poco, pero apenas alcanza el 20%, mientras en el sur del país llega tan solo a 7%, lo que refleja que las protestas se iniciaron y fueron mayores en las regiones sureñas, logrando extenderse luego a todo el país. Su desempeño es evaluado negativamente y el 32% de las y los peruanos considera que ella es la mayor responsable de la crisis; un 17% opina que lo es Alberto Otárola, jefe de Gabinete; el 29% le atribuye la responsabilidad al fujimorismo y un 28% a las bancadas de extrema derecha aliada al gobierno.
Continuando con las apreciaciones de la cancillería, el viceministro Ignacio Higueras señaló que “se ha instalado la idea de que la imagen de nuestro país en el exterior no se condice con la realidad”, habiéndose impuesto una narrativa de la situación política y social distorsionada y “no es admisible que, frente a ello, la respuesta sea la inacción o un informe meramente descriptivo a esta cancillería. Se requiere una actitud proactiva de su parte. La situación descrita ha generado que la canciller reciba en su quehacer político diario criticas reiteradas en algunos casos con fundamento, en el sentido que las acciones de nuestras misiones en el exterior son inexistentes y en el mejor de los casos salvo algunas excepciones lentas y tardías”.
Concluimos en que no podemos tapar el sol con un dedo. La contundente realidad de que se vive en el Perú una situación crítica y gravemente represiva, expresada en diferentes informes como los de las necropsias de las víctimas de Juliaca, que confirman que 17 civiles murieron a balazos y establecen que restos de proyectiles encontrados en nueve cuerpos indican que fueron disparados por fusiles AKM, arma de reglamento la Policía Nacional. En uno de los cadáveres se encontró 72 heridas de perdigones de metal.
La última encuesta antes citada no puede sorprendernos, dado que el 51% de la ciudadanía considera que lo ocurrido el 7 de diciembre fue un golpe de Estado contra Pedro Castillo y por debajo de esta cifra solo un 43% cree que el golpe fue perpetrado por Castillo.
La gestión de Dina Boluarte, centrada en una lógica represiva que supera ya los 60 muertos, ha generado un rechazo masivo, por lo que el 73% de los peruanos considera que debe renunciar y solo un 25% se pronuncia por su permanencia.
Precariedad social
Los actuales gobernantes viven sumidos en una bajísima legitimidad, con un Congreso que tenía 36% de aprobación al instalarse en 2021 y hoy cuenta tan solo con 6%; que ha pasado de una desaprobación de 61% a un rechazo casi unánime de más de 90%. Cifras aplastantes que fundamentan sólidamente la demanda de adelanto de elecciones generales, planteada por el 85% de la población, lo que se desglosa entre quienes quieren que sea este año (66%) y quienes piden que sea en 2024 (19%), pese a lo cual el Congreso se opone, abiertamente unos y solapadamente otros, al sentir mayoritario.
“El 51% de la ciudadanía considera que lo ocurrido el 7 de diciembre fue un golpe de Estado contra Pedro Castillo; por debajo de esta cifra solo un 43% cree que el golpe fue perpetrado por Castillo”
En el frente internacional, el escenario de crisis no ofrece perspectivas y expresa alta polarización e inestabilidad. La tensión en el Perú fue exacerbada por pronunciamientos de líderes latinoamericanos de respaldo a Castillo.
La repuesta de Boluarte se inició con la prohibición de la entrada al país del ex presidente Evo Morales, alegando que “efectuaba actividades de índole política–proselitista“ y atribuyendo, hipócritamente, a una decisión administrativa de la Superintendencia de Migraciones una medida que ofende a la mayoría del pueblo boliviano y a grades sectores de peruanos que simpatizan con el líder del MAS.
Tempranamente, el 13 de enero, Boluarte afirmó que las armas entregadas a la protesta procedían de Bolivia. “Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur de Perú”, dijo en un mensaje en el que afirmó que esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas.
Hoy, Pedro Castillo mantiene un diálogo preferencial con Andrés Manuel López Obrador (quien concedió asilo a su familia) y con Gustavo Petro, quien no solo ha insistido sobre la situación procesal del maestro chotano, sino que mantiene una política de no reconocimiento a Boluarte.
Los países de la región se han manifestado de diferentes maneras sobre la crisis de Perú y, en este marco, Lula señaló que “el traumático reemplazo de Castillo por Bolularte por el Congreso caminó dentro de los moldes constitucionales” .
La internacionalización de los conflictos se profundiza más allá de la declaración de persona no grata al embajador mexicano Pablo Monroy, decisión para la cual el Gobierno alegó que el presidente mexicano había violado el principio de no intervención.
El quiebre de las relaciones con México se profundizó con el acuerdo del Congreso, donde prima la irracional animadversión a la izquierda nacional e internacional, de declarar persona no grata a López Obrador y el retiro definitivo del embajador del Perú en México, Manuel Talavera.
Injerencia norteamericana
Boluarte se basa en el apoyo de Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, quien pidió (en comunicación del 16 de Diciembre) a los diferentes actores políticos del Perú que se realicen todos los esfuerzos para hacer las reformas necesarias “con el objetivo último de salvaguardar la estabilidad de la democracia en el país”.
Sin embargo, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, ha declarado que EE.UU. desea que el Gobierno y el Congreso del Perú acuerden un adelanto electoral, como salida a la crisis; lo cual parece una orden imperial, teniendo en cuenta los términos históricos de dependencia que caracterizan a la relación entre Washington y los países latinoamericanos, y una advertencia de que Washington no quiere que se agite lo que considera su “patio trasero”.
Ni la presidenta ni la canciller, que rechazan airadas críticas de países de gobiernos progresistas enmarcadas en la fraternidad latinoamericana, han dicho nada sobre la intromisión de Nichols en nuestros asuntos internos.
La ministra Gervasi esperó dos días para hablar sobre la insolencia de Nichols. Lo hizo el 3 de marzo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, donde dibujó un contexto de charla académica en la que el subsecretario ratificó su apoyo a la presidente rechazada por la ciudadanía.
Sostuvo que el representante de Estados Unidos “en ningún caso pidió, exigió ni hizo valoración algún a sobre el tema” del adelanto electoral. Se dio por bien servida citando un tuit de Nichols en el que apoya elecciones libres y justas en el Perú y que el Gobierno y el pueblo del Perú decidirán el momento de las elecciones. Con anestesia poco efectiva, en realidad está pidiendo y, dado su poder y el sometimiento del Ejecutivo y la mayoría congresal a EE.UU., ordenando que se apuren con las elecciones porque la pradera se incendia.
El autoritario primer ministro Otárola, a quien el pueblo que protesta ha comenzado a llamar “El Carnicero”, fue más torpe en su sujeción a la Casa Blanca pues, para él, lo dicho por Nichols “es la opinión de un gobierno amigo”. Solo le faltó agradecerle.
El régimen también cuenta, en su débil frente externo, con el apoyo de la Secretaría General de la OEA, que se manifestó a favor del recambio presidencial expresando “la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática”.
No podemos dejar de evaluar que el actual Ejecutivo debilita y afecta los esfuerzos de unidad regional en términos concretos, en un momento fundamental para el desarrollo d euna estrategia integracionista en América Latina y el Caribe.
“El régimen también cuenta, en su débil frente externo, con el apoyo de la Secretaría General de la OEA, que se manifestó a favor del cambio presidencial”
En conclusión, la crisis en la Cancillería está lejos de resolverse y, sobre todo, de recuperar una política de Estado favorable a Perú. La ministra Gervasi no ha podido lavarle la cara al régimen, algo imposible con la muerte de más de 60 peruanos por un régimen que presenta como terroristas a los opositores y líderes de las protestas.
Imágenes fatales
Hace mal Gervasi en involucrar a nuestra cancillería en las reuniones bilaterales con el pequeño grupo de desgastadas o desprestigiadas fuerzas políticas que se han reunido en palacio con la dupla Boluarte/Otárola. Resultan inapropiados también los saludos al estilo Hitler en la puerta de Palacio de Gobierno, que de ninguna manera corresponde al protocolo Torre Tagle.
Peor aún fue la inaceptable y autoritaria imagen presentada en el frontis de palacio de Justicia, de un marcial plantón de fueras policiales mostrando una imagen que pone al Perú como un modelo represor, policial y autoritario, imagen que la prensa internacional ha difundido profusamente en todo el mundo y que innegablemente daña al Perú.
Tardíamente la cancillería reafirmó el histórico e irrevocable compromiso del Perú con el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, durante su intervención en el Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque las palabras contradicen a los hechos, por lo que no han impedido que la ONU expresara su preocupación por la violación de los DDHH en el Perú.
En la sesión, la canciller Gervasi expresó el profundo pesar del Gobierno por la pérdida de vidas de nuestros compatriotas durante las manifestaciones de protesta y actos de violencia que se produjeron desde el 7 de diciembre pasado, fecha en la que el entonces presidente Pedro Castillo, violando la Constitución, dio un golpe de Estado fallido que fue inmediatamente contrarrestado por los órganos de justicia, el Congreso y, lo que fue decisivo, por las Fuerzas Armadas y la Policía, lo que dio paso a la sucesión constitucional de Dina Boluarte.
También remarcó que el Estado peruano está realizando las investigaciones correspondientes para identificar, procesar y sancionar a los responsables de las afectaciones a la vida, a la integridad y a la propiedad pública y privada.
Próximas acciones anunciadas
La canciller informó que en este 2023 se tiene previsto recibir la visita de Relator Especial para el Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia y otras formas de Intolerancia. También se ha solicitado al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias adelantar su visita de 2024 a 2023, extendiendo además una invitación al Relator Especial sobre los Derechos a Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, claramente en posición diferenciada.
Agregó que en las próximas semanas el Perú se presentará ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad para sustentar sus informes periódicos, y que el 25 de enero pasado nuestro país culminó exitosamente la revisión del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (EPU), con una delegación encabezada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Si bien es cierto que el gobierno ha aprobado la entrega de un apoyo económico a los familiares de los asesinados y victimas sobrevivientes, el rechazo de muchas familias a una solución económica no se ha dejado esperar, mucho más en un contexto en que se busca poner un manto de impunidad imputando a terceros (bolivianos, ponchos rojos, el ex presidente o el ingreso de balas dum-dum), lo cual resulta inadmisible dado los gravísimos reportes internacionales de abierta violación a los derechos humanos.
Ante la grave situación de nuestro país, a Lima llegaron comisiones de Derechos Humanos de Argentina, Portugal y España, un destacado líder chileno, secretario general de partido de Gabriel Boric, Diego Ibañez, con quien realizamos un extenso plan de actividades.
Sí, fue una masacre
Pese a todo, tenemos avances que pueden llevar al esclarecimiento de las muertes durante la represión e identificar autores directos y mediatos, aunque a la cabeza de estos últimos la calle ya señala a Dina Boluarte y a Alberto Otárola, que no dieron instrucciones a los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía de no disparar a matar sino, tal vez, dieron luz verde para todo lo contrario.
Lejos de asumir su responsabilidad, el gobierno de Boluarte/Otárola se niega a lo más racional, la renuncia y la convocatoria de nuevas elecciones; y, como ha adelantado el premier, pretende cargar los muertos solo a militares y policías, alegando con escaso valor civil que ni la presidenta ni los ministros han estado en el “teatro de operaciones”, lo que se aplica a un choque entre dos bandos armados y no a una cacería de civiles indignados.
Investigaciones periodísticas y otras fuentes han señalado el papel de los coroneles jefes policiales en Puno y en la Comisaría Sectorial de Juliaca, además del coronel de la Dirección de Operaciones Especiales en Lima. En el caso de Juliaca, esos elementos plantean que 15 oficiales y 352 suboficiales participaron en el resguardo de la ciudad y que tres oficiales fueron designados, junto a personal de la USE de Lima, Cusco y Arequipa, al aeropuerto Inca Manco Cápac y otros puntos en los que se registraron las 18 muertes.
En el caso de Ayacucho, el coronel PNP José Solano y el capitán EP Enrique Sampén estaban a cargo del operativo en la zona donde se registró la muerte de 10 personas y la fiscal de Derechos Humanos investiga a los jefes del Ejército y la Policía de esa región por su papel en las muertes allí perpetradas.
Los protocolos de necropsia de todas las víctimas de Juliaca fueron revelados por el diario La República y este y otros medios han hecho pública la lista de efectivos policiales y militares que participaron en el operativo y las zonas a las que fueron asignados el fatal lunes 9 de Enero.
Nos toca seguir difundiendo esta situación en el frente externo para impedir la impunidad ya que las voces más conservadoras del Congreso pretendieron solicitar amnistía para los responsables de las muertes y no estamos ante fallecidos, sino ante asesinados.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala que la fiscalía avanza muy poco en la investigación de las muertes, por lo que requiere al ministerio publico se asigne a un fiscal con experiencia en este tipo de casos.
Informes de derechos humanos
A la fecha no contamos aun con un informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, sin embargo, ha presentado los avances el 14 de Enero. Estamos a la espera de su informe final escrito. En el caso de Amnistía Internacional, contamos con un informe preliminar cuyo titulo ya lo dice todo: “Perú: La represión letal es una muestra de desprecio hacia la población indígena y campesina”. “No es casualidad que decenas de personas dijeran que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos”, comentó Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, el presentar informe.
El informe ratifica que las investigaciones son lentas y carecen de recursos suficientes y que la estigmatización de los manifestantes chocaba con el acceso a la justicia y que la desigualdad priva de servicios que salvan vidas.
Entre sus recomendaciones preliminares, señala que “las autoridades estatales deben poner fin al uso de fuerza letal para dispersar las protestas y evitar el uso de armas como perdigones y el gas lacrimógeno, menos letales, deben de ser usadas de forma adecuada y proporcional, y la fiscalía debe avanzar urgentemente en la investigación de los posibles responsables de las violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel y que las autoridades, incluida en especial la presidenta, deben de tomar medidas urgentes”.
Contamos también con el Informe Preliminar a febrero 2023 de la Misión en Solidaridad Internacional y Derechos Humanos integrada por organizaciones del Frente de la Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha y el Movimiento Dignidad Popular, y cuyos objetivos se centraron en relevar la vulneración de los DDHH, elaborar un informe preliminar y un informe final. Estas misiones contribuyen a la articulación internacional en defensa promoción y protección de los DDHH, con la finalidad de mitigar el actuar represivo del régimen vigente. La misión visitó a Juliaca, Ica Cusco, Ayacucho y Lima.
El informe preliminar de la Misión Argentina da cuenta de las víctimas y del rol de la institucionalidad en los delitos cometidos; se puede afirmar que la violación a los derechos humanos se manifiesta en los delitos contra la vida (Homicidio), contra la Integridad física (Lesiones), contra la Integridad Sexual, contra la Libertad (Privación ilegal de la libertad, detención arbitraria, torturas), contra la Libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta. También los delitos contra la Propiedad (Daños), contra la Libertad de Tránsito, contra la Petición ante las autoridades, contra la Libertad de Expresión.
Una misión del grupo político de La Izquierda del Parlamento Europeo (LEFT) visitó Lima, entre el 6 y el 9 de febrero de 2023, siendo acompañada por Nuevo Perú desde su llegada. Un resumen de la misión señala que esta se enfocó en las protestas sociales que habían dejado un total de 56 muertos, nueve de ellos menores de edad. Sin embargo, la misión pudo constatar a través de diferentes actores locales que el número de muertos era aún mayor y la cifra de heridos resulta imposible de cuantificar, aunque varias fuentes hablan de más de 1,500 heridos y heridas graves.
Constata que el nombramiento de Dina Boluarte como presidenta por el Congreso de la República y la negativa a convocar elecciones adelantadas origina una crisis de legitimidad de las instituciones peruanas, que se enfrentan a elevados niveles de rechazo y cita encuestas que verifican la desaprobación ampliamente mayoritaria a Boluarte y al Parlamento, que tiene su su origen en las zonas rurales y los departamentos del sur del país.
Agrega que la respuesta oficial fue una oleada de represión que, más allá de los ataques a los propios manifestantes, incluyen el hostigamiento y la detención de activistas sociales, políticos y defensores y defensoras de derechos humanos, y la militarización de los principales focos de la protesta mediante el decreto de un estado de emergencia en siete de las regiones con mayor conflictividad social (Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna).
El resumen da cuenta de decenas de reuniones con partidos progresistas y organizaciones sociales y de testimonios recogidos, de violaciones de derechos fundamentales, sobre las que mostraron su particular preocupación, pues suponen una violación de los estándares internacionales.
Entre estas violación se menciona el acoso sistemático a los participantes en las protestas y una estrategia de descabezamiento de los movimientos sociales; así como acusaciones de terrorismo para criminalizar al movimiento de protesta (terruqueo), utilizada antes por la dictadura fujimorista contra sus opositores y allanamientos de locales de organizaciones políticas y sociales.
“La misión pudo observar un enorme y desproporcionado despliegue policial en torno a la sede del Movimiento Nuevo Perú que trataba de amedrentar a manifestantes de diferentes territorios” que allí se alojaban, expresa.
Agrega a ello la negación de derechos básicos a los detenidos, como el acceso a un abogado o la posibilidad de alimentarse o ir al baño durante horas, y el uso de libros y carteles incautados en allanamientos como supuesta pruebas de actividad terrorista, así como la negación de asistencia médica y la detención de heridos que acuden a centros asistenciales.
En sus conclusiones, plantea que la Unión Europea “debe trabajar con las autoridades peruanas y los diferentes actores sociales y políticos para poner fin de forma inmediata a la represión y la violencia”.
La capacidad de presión de la UE se mostró con la negativa de España a vender al Perú una masiva dotación de granadas de gas lacrimógeno, por las violaciones de derechos en el Perú y conforme a acuerdos del bloqueo europeo.
Mientras tanto, el gobierno, sin esperar los informes definitivos pendientes, ha presentado un proyecto de Ley que pretende modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal a fin de elevar las penas de cárcel para quienes incurren en delitos durante protestas durante la vigencia de un Estado de Emergencia. El endurecimiento abarca a 19 delitos y llega hasta la cadena perpetua para quienes cometan delitos en el contexto mencionado. Un gobierno autoritario y represor busca con ello una mayor penalización de las justas protestas ciudadanas.
El proyecto de Boluarte no solo aumenta las penas desmesuradamente, pues también vulnera garantías durante las protestas y pretende anular la etapa de investigación para llevar directamente a juicio a ciudadanos sin un debido proceso y sin un adecuado derecho a la defensa.
Paralelamente, el Ministerio Público afecta el proceso contra el premier Otárola por las muertes en las protestas, según alerta la prensa, señalando que la fiscalía no cito a la defensa del Estado tras el interrogatorio a Otárola, investigado preliminarmente, junto a la presidenta Boluarte, por posibles delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, que se habrían cometido en la represión a las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno , Junín, Arequipa y Ayacucho.
Es fundamental continuar con la denuncia y lucha nacional e internacional para que las investigaciones esclarezcan los hechos y quienes tengan que pagar ante la justicia lo hagan.
Aida García Naranjo Morales fue ministra de la Mujer y embajadora del Perú en el Uruguay.
