La Autoridad Nacional Palestina (ANP) se encuentra actualmente en una encrucijada: mientras el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu trata de debilitarla -incluso algunos de sus ministros exigen desestimar su papel y hasta desmantelarla-, a su vez la ANP se debilita entre la población palestina debido a su enfoque represivo, a las violaciones de las libertades individuales y colectivas y a su incapacidad para renovar su legitimidad democrática. Entre los amigos del pueblo palestino hay voces que critican su actuación y piden a los países donantes, especialmente a los de la Unión Europea, que dejen de apoyarla financieramente, argumentando que “ha perdido su legitimidad” y que implementa prácticas represivas contra su pueblo.
Esfuerzos israelíes
Además del dinero que el gobierno israelí deduce desde hace tiempo de los ingresos fiscales debidos a los palestinos, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha decidido imponer nuevas sanciones a la Autoridad tras la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 30 de diciembre de 2022, con el pretexto de que la ANP paga mensualmente a las familias de los presos y mártires palestinos.
La resolución, que contó con 87 votos a favor, pedía a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva “sobre las consecuencias jurídicas derivadas de la continua violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, y de su ocupación, asentamiento y anexión a largo plazo del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas para modificar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la adopción de leyes y medidas discriminatorias a ese respecto”.
Tras tomar esta decisión, el gobierno israelí decidió deducir 139 millones de shekels (equivalentes a 37,3 millones de euros) de los ingresos fiscales de la Autoridad Palestina y donarlos a familias israelíes de “víctimas de ataques palestinos”. También decidió cancelar las facilidades de circulación concedidas a algunos funcionarios de la Autoridad Palestina y a algunos dirigentes del movimiento Fatah, y detener la construcción palestina -ya de por si ampliamente restringida- en la zona C, que representa el 60% de la Cisjordania ocupada.
El primer ministro palestino, Muhammad Shtiyyeh, consideró que estas medidas “constituyen una nueva guerra contra el pueblo palestino (…) y contra la supervivencia de la Autoridad Nacional Palestina”, añadiendo que “su único objetivo es empujar a la ANP al borde de un abismo financiero e institucional”. Algunos miembros del gobierno israelí piden incluso el desmantelamiento de la Autoridad Nacional Palestina. El ministro de seguridad israeli, Itamar Ben Gvir, y su homólogo, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, expresan abiertamente su deseo de volver a los primeros tiempos de la ocupación: borrar lo que queda de los Acuerdos de Oslo, dividir Cisjordania en tres zonas, y eliminar todo lo que simbolice la identidad nacional palestina. De hecho, ya el ministro Itamar Ben Gvir tomó la decisión de impedir que se izara la bandera palestina en el espacio público. En un post de twitter escribió: “He ordenado a la policía israelí que imponga la prohibición de izar la bandera de la Organización para la Liberación de Palestina en el espacio público, porque muestra la identidad de una organización terrorista, así como el fin de cualquier incitación contra el Estado de Israel”.
Las prácticas represivas del poder debilitan aún más a la ANP
En contra de la lógica de que indica que la ANP debe reforzar su conexión con su pueblo para servirle de apoyo frente a las medidas israelíes, la autoridad sigue recurriendo a prácticas represivas que la debilitan aún más, considerando su incapacidad para contener la asfixiante crisis económica que padece y para presentar horizontes políticos claros sobre su continuidad. Algunos de sus servicios de seguridad reprimen cualquier actividad de protesta y cualquier mensaje crítico en las redes sociales; persiguen a activistas, periodistas y profesionales de la oposición; y recurren a prácticas ajenas a los organismos pertenecientes a una autoridad nacional que se sitúa frente a la ocupación.
“[Ministros israelíes] expresan abiertamente su deseo de volver a los primeros tiempos de la ocupación: borrar lo que queda de los Acuerdos de Oslo, dividir Cisjordania en tres zonas, y eliminar todo lo que simbolice la identidad nacional palestina”
El 24 de junio de 2021, el activista de Hebrón Nizar Banat murió pocas horas después de su detención por miembros del aparato de seguridad palestino, lo que provocó la protesta de organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras y la declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que pidió a la ANP “moderación” en sus negociaciones con los opositores. El 13 de diciembre del mismo año, miembros de los servicios de seguridad de la ciudad de Naplusa atacaron con gruesas porras y gases lacrimógenos el cortejo fúnebre del mártir Jamil al-Kayyal, martirizado a manos de soldados israelíes.
En los últimos meses, médicos, funcionarios, abogados, jueces y profesores han expresado su protesta contra las condiciones sociales y económicas de vida existentes, así como por motivos políticos relacionados con la defensa de las libertades y la protesta contra la arbitrariedad de algunos servicios de seguridad que, hace unos diez días, levantaron barreras en las entradas de varios pueblos. En Cisjordania, lo hicieron para impedir que los profesores de las escuelas públicas -en huelga desde el 5 de febrero- llegaran a la manifestación central de Ramala. A principios de mes, impidieron también una reunión de medios de comunicación que iban a organizar los partidarios de la iniciativa “14 millones”, que pide la reactivación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la celebración de elecciones al Consejo Nacional y al Consejo Legislativo palestinos. Para ello asaltaron la sede de la televisora “Watan”, en flagrante violación de la libertad de expresión garantizada por la Ley Fundamental de la Autoridad. Parece que estos movimientos, y el dinamismo que crean en la sociedad civil palestina, preocupan al gobierno israelí, que el 18 de agosto de 2022 decidió cerrar las oficinas de siete ONG palestinas en la ciudad de Ramala, clasificándolas como “terroristas”.
Por otra parte, se siguen dando las incursiones del ejército israelí en la zona A -que está bajo el control administrativo y de seguridad de la ANP-, generando atroces crímenes, el último de los cuales, hace unas semanas, causó la muerte de 11 palestinos en la ciudad de Naplusa, y la escalada de brutales ataques de colonos israelíes contra ciudades palestinas, como ocurrió hace unos días. En la ciudad de Hawara, al sur de Nablús, la Autoridad Palestina está siendo cada vez más criticada por su incapacidad para defender a sus ciudadanos, incluso en las zonas bajo su autoridad teórica.
En este contexto, me llamó la atención un artículo publicado en el diario Haaretz el 3 de marzo, firmado por Amira Hass, su corresponsal en la Cisjordania ocupada. Según ella, pueden colocar a miembros de estos servicios “permanentemente sin armas ni uniformes” en ciudades y pueblos palestinos expuestos a los ataques de los colonos en la zona B, como el pueblo de Hawara, e “informar a Israel de que lo hace porque el ejército y la policía israelíes no cumplen con su deber según el derecho internacional, ni siquiera según los Acuerdos de Oslo, que ordena que estos individuos “realicen patrullas regulares en estos pueblos y participen en el arado, la cosecha y el pastoreo de ovejas”, y explicar a la parte israelí que “debe defender a su pueblo”.
Incapacidad de renovar la legitimidad democrática
La Autoridad Nacional Palestina adolece de una legitimidad débil, derivada de su incapacidad de renovación, ya que no celebra elecciones legislativas y presidenciales desde principios de 2006. Aunque el Presidente Mahmoud Abbas convocó elecciones presidenciales y legislativas para mediados de enero de 2021 y para la composición del Consejo Nacional para finales de abril de ese año, luego decidió dar marcha atrás, aplazándolas definitivamente, dado que las autoridades israelíes impidieron la celebración de elecciones en la Jerusalén ocupada. Esto provocó las críticas de muchos opositores a la Autoridad, que consideraron que la decisión “da a Israel el derecho a vetar la organización de elecciones palestinas”. El abandono del principio de elecciones periódicas y de la rotación del poder, agravado por la decisión de disolver el Consejo Legislativo en diciembre de 2018, da lugar al nacimiento de fenómenos negativos como el monopolio de la gobernanza y la promulgación de leyes; la ausencia de control legislativo sobre el poder ejecutivo; y la expansión de la corrupción, todo ello en un contexto de incertidumbre y de exacerbación de los conflictos internos, debido a la incapacidad de resolver la futura sucesión del Presidente Mahmud Abbas.
“La Autoridad Nacional Palestina adolece de una legitimidad débil, derivada de su incapacidad de renovación, ya que no celebra elecciones legislativas y presidenciales desde principios de 2006”
Muchos observadores estiman que el acuerdo alcanzado entre las distintas facciones palestinas el 13 de octubre de 2022 en Argelia, que estipula la organización de elecciones legislativas y presidenciales en el plazo de un año, no se respetará, si es que se mantiene. “No está claro qué ocurrirá en los días y semanas posteriores a la ausencia del presidente, y podrían presentarse varios escenarios -algunos violentos- y hacer más lejano que nunca el Estado palestino por el que [Mahmud] Abbas luchó en su juventud”. La encuestadora francesa Agnes Gilles cita al profesor de ciencias políticas Khalil Shikaki, director del Centro Palestino para la Investigación y el Voto, quien le indicó que el apoyo al presidente Mahmud Abbas “procede hoy de un solo segmento del pueblo palestino: los que apoyan plenamente a Al Fatah, y los que votan constantemente”. Para el partido del presidente, nadie apoya a esta formación política fuera de su base tradicional.
Críticas de los amigos del pueblo palestino a las prácticas de la Autoridad
El 22 de octubre de 2021, el fundador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París, Pascal Boniface -partidario de la justa lucha del pueblo palestino y repetidamente objeto de las campañas de organizaciones sionistas que le acusan de “antisemitismo”- publicó un artículo en el que afirmaba que, en su opinión, la Autoridad Palestina no hace nada “para poner fin a la situación de los palestinos, que sigue deteriorándose desde hace quince años, desde las últimas elecciones legislativas”, y que esta autoridad, que adolece de “corrupción e ineficacia”, se beneficia de un “importante apoyo financiero, especialmente de la Unión Europea”, considerando que la suspensión de la ayuda a la Autoridad Palestina puede ayudar a “salir del punto muerto” y a “confrontar a Israel y a la Autoridad Palestina con sus responsabilidades hacia los palestinos”.
El 11 de julio de 2021, Jean-Pierre Filiu publicó un artículo titulado «El momento de la verdad de Europa frente a la Autoridad Palestina», en el que subrayaba la necesidad de que la Unión Europea condicionara su ayuda a la Autoridad Palestina “a la celebración de elecciones generales y a la reforma de la seguridad de un hardware que ha cometido graves violaciones”, considerando que la política de apoyo financiero seguida por la Unión Europea “ya no es viable frente a los recientes abusos de la Autoridad Palestina”.
El mismo profesor criticó la decisión de aplazar las elecciones legislativas, cuya posibilidad “suscitaba grandes esperanzas entre la población palestina, ya que la tasa de inscripción en las listas electorales alcanzaba el 93%”. También criticó duramente el asesinato del activista Nizar Banat y la postura de la Unión Europea ante este incidente, que se conformó con “una simple declaración de sus representantes en Jerusalén, que exigieron, al día siguiente de la muerte de Banat, una investigación “independiente” y “transparente”, concluyendo que si la UE era “incapaz de hacer respetar a la Autoridad Palestina las reglas mínimas del Estado de derecho, haría bien en suspender su apoyo a una Autoridad que ha perdido su credibilidad”.
Este artículo es una traducción del original, publicado en inglés aquí. Agradecemos a Brasil de Fato el compartirlo con nuestra redacción.