El Pacto Histórico, una propuesta política novedosa que protagoniza el escenario electoral, navega sorteando ráfagas y tempestades con un objetivo certero: ganar la presidencia de Colombia en primera vuelta el próximo 29 de mayo. Sin embargo, la coalición deberá retomar la iniciativa para poner temas de agenda a su favor y contrarrestar las operaciones de desprestigio que proliferan en la prensa nacional.
Una fuerza para el cambio
La coalición del Pacto Histórico marca una clara tendencia progresista donde se aglutinan fuerzas políticas de distinto espectro ideológico, que van desde la izquierda hasta el liberalismo democrático. Es preciso aclarar que, a diferencia de lo que anuncian los partidos actualmente oficialistas y varios medios de información masiva, el programa político del espacio que lidera Gustavo Petro no se ajusta exclusivamente a la “izquierda”, la que no hegemoniza el frente electoral. Gustavo Petro ha sido el mayor articulador y desde su figura ha aportado el sello distintivo del Pacto Histórico; se trata así de una propuesta progresista, renovadora de ideas inconclusas del liberalismo (en particular el programa de reforma agraria e industrialización de Alfonso López Pumarejo llamado “la revolución en marcha”), promotora de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, conectada con problemas contemporáneos como el cambio climático y la superación del neoliberalismo.
De acuerdo a los resultados del 13 de marzo, el Pacto Histórico cumplió parcialmente sus metas, logrando imponerse como la opción más votada y ascender en un número significativo la cantidad de escaños en el Congreso. No obstante, el objetivo de lograr mayoría en ambas cámaras (55 en Senado y 86 en Cámara de Representantes) no se cumplió, y la coalición se mantiene lejos de alcanzarla, incluso en alianza con el partido Comunes (ex-FARC) y la Alianza Verde. En efecto, deberá negociar con liberales y hasta “moderados” dentro del Partido de la U, Cambio Radical y posiblemente el Partido Conservador. Hay que agregar a esto que se sumarán 16 representantes de las regiones donde el conflicto armado se vivió con mayor dureza (en el marco de las llamadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), entre los cuales 9 plantean posiciones en favor de la implementación del Acuerdo de Paz, mientras el resto está a la espera de las presidenciales para declarar sus alianzas.
Por primera vez en el siglo XXI, el Partido Conservador tendrá que elegir declararse en oposición a un gobierno. Aunque luego del gobierno de Andrés Pastrana dicho partido no pudo disputar la presidencia, ha formado parte de las alianzas de gobierno en el congreso y la composición ministerial en los períodos sucesivos.
Un punto de partida
Sin lugar a dudas, el proceso de paz iniciado hace una década y la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP son los acontecimientos más importantes de las últimas décadas. El programa de reformas contenido en el Acuerdo y su rápida interrupción por parte del uribismo, descubrieron al público los verdaderos problemas nacionales arraigados en los efectos del neoliberalismo de guerra, abriendo paso además a un ciclo ascendente de movilizaciones y a la emergencia de expresiones progresistas con posibilidades reales de volverse gobierno. Tal programa de reformas inconclusas es un punto de partida que cuenta con un consenso político en amplios sectores, incluso de la clase dominante, así como un marco legal que otorga legitimidad internacional para adelantar reformas vitales para cimentar el cambio económico y la justicia social.
El programa del Pacto Histórico llamado “Colombia una potencia mundial de la vida”, tiene posibilidad de realizarse en dicho marco. Se trata de un conjunto de medidas de alto impacto y aceptación mayoritaria, que pasarán por retomar la senda de la implementación de lo acordado. Esto, considerando la difícil correlación de fuerzas existe en el Congreso, a pesar de una elección, como la anerior, sin precedentes para una fuerza alternativa que se posicionó así como la más votada.
El eventual triunfo del Gustavo Petro y Francia Márquez el próximo 29 de mayo, cada vez más cercano, traería consigo un fuerte efecto simbólico. No existen precedentes de un gobierno progresista en la historia de Colombia: conforme se materializa un cambio de rumbo se elevan a su vez las expectativas populares.
Amplitud y gobernabilidad
En el camino a la presidencia hay una paradoja: cuanto más dependa el Pacto Histórico de otras fuerzas para ganar, más condicionamientos tendrá en su política de gobierno. A esta situación se añade la idea, casi como un sentido común, de que incorporar más grupos y en particular a aquellos pertenecientes a alguna facción de las clases dominantes podrá garantizar mejor gobernabilidad. La pregunta es ¿gobernabilidad o permanencia en el gobierno?
Organizaciones populares y gobierno en América Latina: la esperanza colombiana
Llevar a cabo el programa de reformas para que Colombia sea una “potencia mundial de la vida”, implicará un nuevo sistema previsional y de salud, recuperar derechos laborales que desconocen las generaciones más jóvenes de trabajadores y trabajadoras, generar alternativas para transitar a una nueva matriz energética, pero ante todo partir de la implementación del Acuerdo de Paz. La correlación de fuerzas para lograrlo es una clave ineludible que se compone de variables como la movilización popular (no solo en marchas, también mediante un diálogo abierto que amplifique la politización y fortalezca la organización social), la calidad de quienes ejecuten las políticas públicas, la articulación parlamentaria, así como de las relaciones con Estados Unidos y el empresariado. De obturarse un balance a favor, habrá que transitar con audacia cuatro años para acumular fuerzas sin desvanecer las expectativas. Frente a ese cuadro de situación, el Pacto Histórico debería ganar en primera vuelta con fuerza propia. Desde luego que esa es la agonal tarea que ocupa todos los esfuerzos del presente, lo cual requiere de una campaña ciertamente épica.
“La guerra perdió centralidad, aunque sus mentores siguen poniendo esfuerzos en reproducirla”.
No será lo mismo ganar en primera vuelta que en el ballotage. Si bien tras las elecciones parlamentarias Gustavo Petro llamó inmediatamente a conformar un Frente Amplio que trascienda al Pacto Histórico y convoque a los sectores de las fuerzas políticas tradicionales que coincidan con su programa y se decidan a separarse del uribismo, el grado de compromiso con estas fuerzas aún no es lo suficientemente determinante como para negociar aspectos programáticos. En caso de tener que dirimir la elección en una segunda vuelta, las negociaciones y los marcos de alianzas serán más proclives a conformar una agenda de gobierno más allá del Pacto Histórico, marcando líneas rojas en torno a su programa.
El epicentro del debate
Petro ha concentrado sus propuestas en la crisis económica que padece el pueblo colombiano, la misma que en 2021 llevó al hartazgo a millones de personas, que se volcaron a las calles entre abril y julio. El hambre es quizá la mayor angustia de los hogares y el desafío inmediato del próximo gobierno. Según las estadísticas nacionales, la pobreza alcanzó a 21 millones de personas, lo que se expresa materialmente en la imposibilidad de acceder a una completa y regular alimentación. Por otra parte se estima que, de esa población, 16 millones no alcanzan a injerir tres comidas al día. En un país con vocación agrícola resulta inadmisible la acuciante inseguridad alimentaria que impera.
El endeudamiento de los hogares y el desempleo se suman a los bajos ingresos, configurando las razones de primer orden del descontento social, como lo marca la encuesta CELAG de abril. Por primera vez en el siglo XXI los efectos del neoliberalismo toman relieve en las preocupaciones de las mayorías, desplazando el imaginario de que “todos los problemas son culpa de la guerrilla”. La guerra perdió centralidad, aunque sus mentores siguen poniendo esfuerzos en reproducirla. En ese registro el Pacto Histórico elaboró con acierto sus propuestas, en particular la de la estatización del sistema previsional.
“La derecha colombiana no es exclusivamente uribista y puede recomponerse desde afuera de ese clivaje”.
Hasta ahora la campaña ha concentrado la atención en torno a Gustavo Petro y sus propuestas, en general criticadas por las demás candidaturas. Tanto él como su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, han colmado la escena política con un estilo esclarecedor y disruptivo, respectivamente. Francia se destaca por su liderazgo en comunidades afrocolombianas y defensa de la naturaleza contra el avance de la megaminería, siendo una mujer de extracción popular que ha experimentado las vicisitudes del conflicto social y armado. Sus raíces y su clase han despertado en la cultura conservadora el más oprobioso racismo, así como un ensañamiento, a veces calumnioso, mediante investigaciones periodísticas sobre su vida privada. Sobre todo en medios de prensa que generalmente blindan a los alfiles más connotados de la política tradicional. Contra esa matriz, Francia logró instalar el mensaje más fuerte de la campaña: la invitación a “vivir sabroso”, que ha sido recibida con altas expectativas.
¿La clase dominante se ha resignado a la derrota?
La crisis neoliberal está concatenada con una crisis de hegemonía que se traduce en la incapacidad de un sector de la clase dominante para realizar los intereses del conjunto, es decir, sostener el régimen de acumulación y las tasas de ganancia esperadas por la élite sin que ocurra un colapso social. El creciente repudio al uribismo marca la pauta de este proceso de pérdida de hegemonía, pero no indica la imposibilidad del surgimiento de un nuevo liderazgo que recomponga la estabilidad de dicho régimen y se aggiorne al ciclo de reformas o logre bloquearlas; la derecha colombiana no es exclusivamente uribista y puede recomponerse desde afuera de ese clivaje. La pérdida del rol dirigente del uribismo habilita una disputa en la cual el progresismo tiene una oportunidad extraordinaria.
La resistencia al cambio viene acompañada del ruido de sables, la instrumentalización de los organismos de control y una constelación de relatos que infunden miedo. El comandante del Ejército General Eduardo Zapateiro ha protagonizado un flagrante episodio de intromisión política que viola la Constitución (artículo 219), al confrontar a Gustavo Petro por divulgar noticias sobre la muerte de soldados y la connivencia de militares con grupos paramilitares y actividades del narcotráfico. Mientras el Presidente Duque convalidó este hecho y los entes de control del Ministerio Público hicieron caso omiso a las denuncias, la Procuraduría mandó una señal que anticipa su actitud de cara a ejercer el rol de oposición: suspendió por tres meses al alcalde de Medellín por insinuar su apoyo al Pacto Histórico. Lo anterior es ambientado por la orquesta de medios de información a través de los cuales los grandes empresarios transmiten su aversión al progresismo y amenazan con futuros cataclismos que ya padece la sociedad colombiana por cuenta del modelo neoliberal.
La amenaza del fraude o un magnicidio, permanece latente. La denuncia de una operación para matar al candidato progresista corrobora que, por una parte, la eliminación del oponente político sigue en los planes de un sector al que le conviene el orden social vigente y, por otra, que serán un factor de presión a través de la violencia política en un hipotético gobierno del Pacto Histórico. Sobre el fraude, las recientes elecciones parlamentarias encendieron las alarmas y mostraron que no ha sido una fantasía la manipulación de los comicios en favor de los partidos tradicionales. El desafío está en reclutar 113.000 “guardianes del voto” que fiscalicen las urnas de cada mesa en Colombia y en el exterior.
