Estudiantes bloquean una calle cerca de la universidad pública de San Carlos como parte de una protesta antigubernamental en Ciudad de Guatemala, el martes 9 de agosto de 2022. (AP Foto/Moisés Castillo)
Estudiantes bloquean una calle cerca de la universidad pública de San Carlos como parte de una protesta antigubernamental en Ciudad de Guatemala, el martes 9 de agosto de 2022. (AP Foto/Moisés Castillo)

En los últimos meses, en Guatemala se han multiplicado las expresiones de malestar y las protestas contra la deriva totalitarista y el asalto a las instituciones por parte del denominado ‘pacto de corruptos’, que reúne a los sectores más conservadores y recalcitrantes de la sociedad guatemalteca.

La escalada represiva, en medio de una creciente militarización de la vida civil, se ha caracterizado por la sistemática persecución de activistas sociales, defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes, estudiantes, comunicadores, operadores de justicia y opositores políticos.

El reciente fraude en las elecciones de autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), así como los ataques a jueces y fiscales son señales evidentes del deterioro de la institucionalidad democrática en el país centroamericano.

Una situación que se ha vuelto aún más dramática con la crisis económica originada por la pandemia, el impacto de dos huracanes (Eta y Iota) y la incapacidad, la negligencia y el desinterés de las autoridades para hacerles frente a las adversidades.

Para este 9 y 11 de agosto, la Asamblea social y popular de Guatemala, instancia que integra un amplio espectro de organizaciones, ha convocado a un paro plurinacional contra el alto costo de la vida, la corrupción, la impunidad, la cooptación de instituciones y la criminalización de la lucha social.

De la regresión a la consolidación autoritaria

Después de la firma de los acuerdos de paz (1996), Guatemala impulsó una serie de acciones que permitieron cambios significativos en el sistema de justicia.

Estas reformas facilitaron la investigación y persecución penal de militares en condición de retiro, que cometieron graves violaciones de derechos humanos durante el largo conflicto armado interno, así como de miembros de la élite política y la oligarquía nacional implicados en casos de corrupción, tráfico de influencia e impunidad.

Por supuesto que la reacción no se hizo esperar. La respuesta a los juicios y las condenas contra actores de poder que históricamente han gozado de total impunidad fue el inicio de un proceso acelerado de regresión autoritaria.

“A partir de 2017 este proceso regresivo tomó más fuerza y actualmente hemos entrado a la etapa de consolidación del Estado autoritario”, explica Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de protección a defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala (Udefegua).

Para analizar y entender mejor lo que está ocurriendo en Guatemala, Udefegua ha sistematizado unos indicadores que nos ayudan a identificar dónde y cómo se está dando este proceso.

“Hay una captura institucional y una alineación de los tres poderes del Estado. La población está en plena indefensión frente a instituciones públicas totalmente controladas por el ‘pacto de corruptos’.

Hay un aumento de los procesos de militarización en el país, no sólo en términos de control de territorios, sino también de apropiación de espacios y ámbitos que les corresponden a las autoridades civiles”, dice el defensor de derechos humanos.

Paralelamente, continúa Santos, se evidencia un repunte del conservadurismo extremo y un aumento significativo de la violencia y la represión, que afectan particularmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad guatemalteca.

“Pueblos indígenas, niños y niñas, jóvenes, mujeres y población LGBTI están sufriendo los principales embates de esta política regresiva, con un aumento significativo de hechos de violencia, especialmente de la violencia política en contra de todos aquellos que son identificados como opositores al régimen”, advierte.

Asesinatos, agresiones y hostigamiento

En su más reciente informe, Udefegua señala que en 2021 se registraron 1002 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, incluyendo 11 asesinatos, 5 intentos de asesinato y 5 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También se documentó un total de 211 agresiones contra operadores de justicia, en medio de un proceso acelerado de cooptación del Ministerio Público.

Según Udefegua, dicha institución “ha abandonado su labor de investigar los actos de violencia y agresión en contra de personas, comunidades y organizaciones”, dirigiendo sus esfuerzos hacia “la procuración de impunidad para los agresores y la criminalización de personas defensoras”.

Asimismo, se registraron 127 agresiones contra periodistas y comunicadores sociales y 147 contra defensores de la tierra y los bienes comunes.

La mayor cantidad de agresiones fueron actos de difamación (385), seguido por hostigamiento (158), denuncia judicial sin fundamento (101), detención ilegal (57), intimidación (52) y amenaza verbal (24).

Más de 500 agresiones están atribuidas presuntamente a funcionarios del gobierno.

“Nos enfrentamos a una alianza entre la élite económica, que lidera el ‘pacto de corruptos’, las élites política y militar que ejecutan las acciones diseñadas por la oligarquía, y el crimen organizado. Estos actores encabezan el proceso de consolidación del autoritarismo”, señala Santos.

Las víctimas

Para el coordinador de Udefegua, las principales víctimas de la escalada autoritaria son aquellos sectores que sufren los embates de la imposición y profundización de un modelo económico neoliberal extractivista, que pretende refuncionalizar los históricos privilegios de la oligarquía.

Esta profundización del modelo económico -explica el informe- se realiza a sangre y fuego, cometiendo ilegalidades y sacando del escenario a quienes se oponen a la instalación de sus inversiones.

“Donde más profundamente se está implementando este modelo, con sus proyectos mineros, de generación energética, expansión de monocultivos y destrucción de bosques, es donde más hay agresiones y violencia contra las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes”.

Por otro lado, como la fase de consolidación del Estado autoritario implica tomar el control absoluto de las instituciones, la estrategia de agresión se ha dirigido también hacia los operadores de justicia que lideraron las investigaciones y la persecución penal en contra de militares y oligarcas.

Actualmente, se estima que al menos 24, entre jueces y fiscales, tuvieron que abandonar el país. Lo mismo está ocurriendo con otros profesionales de justicia y defensores de derechos humanos.

Asimismo, hay un ataque sistemático a medios que se han dedicado a investigar casos de corrupción y tráfico de influencia que involucran al presidente Alejandro Giammattei o a personas de su entorno más cercano.

En el informe de Udefegua se mencionan, entre otros, casos emblemáticos como son las agresiones contra los periodistas Michelle Mendoza, Sonny Figueroa, Marvin del Cid, Juan Luís Font, el periodista comunitario Carlos Ernesto Choc y, más recientemente, contra José Rubén Zamora, director de El Periódico.

Víctimas de ataques son también medios de comunicación como La Hora, Plaza Pública, Prensa Comunitaria, No Ficción, Quórum y el mismo El Periódico.

“Las agresiones, la difamación y estigmatización de periodistas y comunicadores sociales, así como las amenazas, el robo de equipos y los allanamientos violentos son parte de este ambiente que se está instalando en el país”, asegura Santos.

Lo mismo pasa con el Procurador de Derechos Humanos saliente (Jordán Rodas), quien ha sido atacado sistemáticamente durante su periodo y que ahora será reemplazado por alguien totalmente vinculado al ‘pacto de corruptos’.

“Van a hacer lo mismo que hicieron en el Ministerio Público, es decir desmantelar la institucionalidad dentro de la misma institución. Lo que están tratando de hacer es restaurar el viejo orden empobrecedor, violento e impune del pasado”, advierte el defensor de derechos humanos.

Unidad, resistencia y acción

Hasta el momento, la movilización de amplios sectores de la sociedad guatemalteca no ha podido lograr cambios sustantivos, ni poner en jaque al ‘pacto de corruptos’.

Según Jorge Santos, hay un fenómeno vinculado a las mismas expresiones democráticas, progresistas, de izquierda y hasta revolucionarias guatemaltecas, que, hasta este momento, ha imposibilitado la generación de una articulación amplia que aglutine a todas estas fuerzas vivas del país.

“Seguimos teniendo al menos cinco expresiones con estas características que compiten entre ellas, en un escenario donde la norma electoral está diseñada de tal manera que el ciudadano no pueda ejercer su derecho a elegir, sino sólo escoger entre las opciones políticas que la oligarquía ya definió.

Se trata entonces de una dictadura de nuevo tipo, con una oligarquía que, independientemente del actor político de turno, es quien realmente ejerce el poder”, explica Santos.

El próximo año en Guatemala se llevarán a cabo elecciones generales y ya se ha denunciado toda una serie de acciones de las autoridades electorales, tendientes a limitar u obstaculizar la participación de partidos que representarían el cambio.

En este contexto de cooptación institucional, el objetivo es beneficiar a las opciones de la derecha, consolidando y profundizando el esquema autoritario que se está viviendo en el país.

“Aquí no es tanto la posibilidad de que haya un fraude electoral, sino un proceso con una serie de acciones fraudulentas que, al final, van a determinar quiénes son los actores políticos que tendrán la autorización para participar en el evento electoral.

Estamos viendo, por ejemplo, como la hija del genocida Ríos Montt está creando una alianza política oligárquico-militar con el hijo del ex presidente Álvaro Arzu, principal impulsor del modelo neoliberal, privatizador y saqueador del país”, señala el coordinador de Udefegua

Pese a las dificultades y al escenario complejo en que se mueve Guatemala, la resistencia continúa y la gente sigue en las calles.

“Por donde te voltees en los 22 departamentos y los 340 municipios de este país hay resistencia y defensa de derechos humanos. El régimen tuvo que imponer un estado de excepción y militarizar el territorio para tratar de frenar la protesta.

Las poblaciones están permanentemente movilizadas en defensa de sus derechos y de sus territorios, intentando revertir este escenario. La gente llega frente a los tribunales a sostener a los fiscales y jueces criminalizados, lo mismo hace para apoyar a las y los defensores y las comunidades.

Más temprano que tarde –concluye Jorge Santos– nos daremos cuenta que es necesario dar el salto hacia la gran articulación social y política, imprescindible si queremos derrotar al ‘pacto de corruptos’”.


 

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