El jueves en la tarde finalizó el levantamiento indígena en Ecuador. Los camiones cargados de personas comenzaron a retirarse en caravana y bajo aplausos de Quito hacia sus respectivas comunidades. Lo hicieron luego de 18 días de un paro nacional en el que participaron las diferentes organizaciones indígenas del país, transportistas, barrios populares, todos quienes salieron a protestar contra el gobierno de Guillermo Lasso.
Fueron casi tres semanas de cortes de ruta en las diferentes provincias, movilizaciones en la capital, una represión diaria, un saldo de cinco manifestantes asesinados, un país en crisis.
El acuerdo entre el movimiento indígena, en particular la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y el gobierno, tardó varios días en lograrse. El punto de inicio fue el lunes, cuando las partes se sentaron luego de dos semanas de protestas, con presencia de los diferentes poderes del Estado. El gobierno decidió al día siguiente no volver a la reunión, no reconocer al principal dirigente Leonidas Iza, y así redoblar una tensión al límite, atravesada por la muerte de un militar el lunes en la madrugada ocurrida en el marco de una represión en Sucumbíos, región de la amazonía.
El miércoles apareció la posibilidad de la mediación de la Conferencia Episcopal, que ofició como teatro del encuentro el jueves en la capital. Finalmente, se llegó a un acuerdo pasado el mediodía. El principal punto resaltado del acuerdo, los 15 centavos de dólar de reducción en la gasolina y el diésel, dejó en un primer momento la impresión de poco luego de 18 días de movilización, una mirada que, sin embargo, no pareció predominante ante un ambiente de victoria.
No fue el único punto alcanzado gracias a uno de los despliegues de fuerza más prolongados y masivos del movimiento indígena ecuatoriano, frente a un presidente con poca legitimidad social, pero apoyo de los sectores de poder.
La pulseada
El gobierno buscó mostrarse en una posición de fuerza ante su primera gran crisis política. Esa posición adoptada dejó ver el respaldo de diferentes sectores de poder, tanto económicos, como policiales, militares, y políticos, en particular en uno de sus momentos más difíciles: la votación dentro de la Asamblea Nacional (AN) para lograr la destitución presidencial impulsada por el correismo, algo que no ocurrió por falta de 12 votos.
El cálculo de Lasso, el círculo rojo, los factores de poder, fue que el movimiento indígena no podría sostener el paro de manera indefinida y que, en consecuencia, terminaría por aceptar una negociación más baja que la originalmente planteada.
La Conaie inició el paro con una agenda de diez puntos que incluyeron la reducción del precio de la gasolina y el diésel; el alivio económico para 4 millones de familias con moratoria y renegociación de deudas; precios justos en productos del campo; moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera; petrolera; respeto a los 21 derechos colectivos indígenas; freno a las privatizaciones, entre otros. Una agenda de demandas sectoriales y a la vez de modelo económico, con la bandera de Ecuador con un lugar central en las movilizaciones. Así, el movimiento indígena se puso a la cabeza de una demanda nacional a través de su levantamiento.
El cálculo de dirigencia de la Conaie era, tal vez, que el gobierno cedería antes de 18 días, como efecto de la crisis desatada, los impactos económicos, y las tensiones internas. Una reedición del levantamiento de octubre del 2019 y su mesa de diálogo, pero ahora con garantías reales para la implementación de los acuerdos. Sin embargo, el gobierno mostró respaldado para poder prolongar el conflicto, y la negociación tuvo lugar en un cuadro de desgaste por los días transcurridos. Lo firmado fue expresión de esa correlación de fuerzas, un punto de cristalización en una crisis que viene desde antes del gobierno de Lasso y no tiene horizonte de finalización cercano.
La crisis no se cierra
El paro nacional logró varios objetivos: duplicar el presupuesto para la educación bilingüe; fortalecer los controles de precios contra la especulación; declarar en emergencia al sector salud; el fin del decreto 95 de política petrolera, subsidio en insumos para pequeños productores, entre otros.
Habrá 90 días para llevar adelante los acuerdos. ¿Cuánto de lo acordado se implementará? Algunas respuestas están aún por verse dentro de una crisis que cerró el jueves uno de sus capítulos y se mantiene latente.
El paro de 2022 puede verse como continuidad del levantamiento de 2019: protestas masivas contra políticas neoliberales y gobiernos de derecha con respuestas centralmente represivas. La victoria de Lasso en el 2021 significó una profundización del modelo reinstalado por el ex presidente Lenin Moreno y, por lo tanto, de sus consecuencias y respuestas ante las mismas.
En ambos casos el movimiento indígena estuvo a la cabeza de las protestas. Entre 2019 y 2022 cambió su presidencia, ahora bajo el liderazgo de Iza, quien quedó como blanco político principal del gobierno que inicio un proceso de judicialización de la protesta. El movimiento es a su vez heterogéneo, como se vio en la diferencia entre la Conaie y su instrumento político, Pachakutik. Mientras la primera encabezaba el levantamiento, el segundo adoptaba una política de respaldo al gobierno en la AN. Muchos congresistas indígenas se vieron presionados en sus comunidades para votar contra Lasso en el proceso de destitución que finalmente no alcanzó la mayoría necesaria, aunque sí logró una mayoría simple.
El país queda ahora en un momento de tranquilidad post enfrentamiento. Resulta incierto saber cuándo habrá nuevas protestas, seguramente encabezadas por el movimiento indígena que volvió a mostrar una capacidad de movilización nacional, masiva, legitimidad social, y un liderazgo instalado a nivel nacional en la figura de Iza.
En febrero del 2023 tendrán lugar las elecciones regionales que darán cuenta del mapa de fuerza en las urnas para el gobierno y sus aliados, el correismo, y el movimiento indígena.
