Este 7 de agosto toma posesión el primer gobierno progresista de la historia de Colombia, presidido por los dirigentes del Pacto Histórico Gustavo Petro y Francia Márquez. Los colombianos votaron con el fin de superar una larga y enconada historia de violencia política y crueldad institucional, para convertir al país en una “potencia mundial para la vida”. Los partidos y movimientos sociales de izquierda, la juventud movilizada durante el paro nacional y un entramado territorial de poblaciones tradicionalmente excluidas -indígenas, afrocolombianos- constituyeron el sustrato de este cambio político que vino a confrontar a las élites tradicionales y a desbaratar sus mecanismos de poder.

El triunfo electoral de la coalición progresista del Pacto Histórico (PH) es una verdadera hazaña en un país cuyos gobernantes siempre se creyeron blindados contra un eventual triunfo de la izquierda. La campaña estuvo minada de dificultades y riesgos para los candidatos de esta fuerza, amenazados constantemente por grupos paramilitares. El historial de asesinatos de candidatos presidenciales progresistas con el que cuenta el país no permitía tomar esas amenazas a la ligera. No obstante, el resultado fue favorable al PH en la primera vuelta con más del 40% de los votos, 12 puntos por encima del siguiente candidato, el populista de derecha Rodolfo Hernández. En la segunda vuelta el PH obtuvo mayoría absoluta, sobrepasando el 50 % de los votos, frente al 47 % de su adversario y con una diferencia de 700.000 sufragios.

Si el triunfo electoral de la izquierda puede considerarse una auténtica proeza en un contexto tan hostil, mucho mayor es la hazaña de gobernar el país y cumplir con los objetivos propuestos a los electores. Consciente de la dificultad de la tarea que se avecina, la fórmula presidencial triunfadora se entregó al día siguiente de la victoria electoral a contactar con otras fuerzas políticas y articular las alianzas necesarias para poder aprobar reformas en un Congreso fragmentado, donde el PH se ha convertido en la fuerza mayoritaria tras las últimas elecciones, pero numéricamente insuficiente para aprobar leyes y diseñar políticas sin contar con amplios apoyos parlamentarios.

En la mirada estratégica de Gustavo Petro, la construcción de un Estado no dominado por las mafias del narcotráfico y la parapolítica, sensible a las necesidades de la población, requiere en este momento histórico del país sumar sectores que hasta ayer hicieron campaña en su contra. El apoyo del 50% de la población que lo eligió sería insuficiente para acometer los cambios que se avecinan, y ha abierto las puertas de la coalición a formaciones de centro y derecha como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, acordando el carácter rotatorio de la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes con los nuevos aliados. Los acuerdos han supuesto también concesiones a los nuevos socios en algunos cargos del ejecutivo.

Esta estrategia ya dio un primer resultado tras la conformación del nuevo Congreso, que se constituyó el pasado 20 de julio. Apenas seis días más tarde el Senado ratificó por amplia mayoría el Acuerdo de Escazú (“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”), un instrumento básico para alcanzar un desarrollo sostenible y combatir el cambio climático, dos aspectos fundamentales del plan de gobierno del PH. Sólo votaron en contra los senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical, partidos que boicotearon la aprobación de este acuerdo durante el período presidencial de Iván Duque.

Otro gesto político revelador fue la asistencia de varios congresistas del PH a la Cumbre de los Pueblos Originarios convocada en Silvia, Cauca, por las siete organizaciones indígenas más representativas (ONIC, OPIAC, CIT, AICO por la Pacha Mama, Gobierno Mayor, AISO y CRIC). Entre los resultados de esta cumbre, las delegaciones de los pueblos indígenas de toda Colombia concluyeron: “Participaremos en esta era de transición y Cambio por la Vida, bajo un relacionamiento de gobierno a gobierno, con propuestas estructurales que permitan la materialización de nuestros derechos y la transformación del país”. A fin de articular esfuerzos para hacer efectivos estos cambios, “la Cumbre ha dispuesto una comisión de interlocución directa” con el presidente Gustavo Petro.

El cambio ha llegado en primer lugar a desbaratar las viejas formas de la conducción política de los asuntos que afectan a las comunidades. El paternalismo verticalista de los sucesivos gobiernos derechistas quedaría así sustituido por un diálogo horizontal, del gobierno nacional con las autoridades locales, para atender sus reclamos y determinar sus necesidades.

El desafío de consolidar la paz

Los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno no tienen precedentes en ningún lugar del mundo. Ante todo deberá priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, ”hecho trizas” durante el período presidencial de Iván Duque. La nueva política de seguridad deberá proveer la protección adecuada a los ex combatientes de la guerrilla reincorporados a la vida civil y acabar con los grupos paramilitares causantes de las continuas masacres y los asesinatos de líderes sociales.

La violencia política no ha mermado desde el triunfo electoral del PH. Por el contrario, hasta el 12 de julio la cifra se ha incrementado respecto al año 2021, según datos de Indepaz, hasta un total de 108 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos (incluidos 25 líderes indígenas), 53 masacres con 185 muertos y 28 asesinatos de firmantes del Acuerdo de paz. Al mismo tiempo, el Cartel del Golfo ha asesinado a 30 agentes de la fuerza pública durante el primer semestre de este año, dejando una vez más al descubierto el fracaso de la política de seguridad de Iván Duque.

Este es el escenario en el que deberá maniobrar cuidadosamente el nuevo gobierno, a sabiendas de las resistencias que encontrará en estructuras de la fuerza pública que han actuado en alianza con los grupos paramilitares, al servicio de terratenientes y de empresas extractivistas. Sin duda uno de los mayores desafíos, vinculado a la ambición de consolidar y extender la paz, es la remoción de los altos mandos del Ejército y la Policía y una profunda reforma institucional de estas fuerzas. Otro importante desafío será el de reestructurar los presupuestos y el número de efectivos de estas instituciones para adecuarlas a las expectativas de una ciudadanía que ha superado las dinámicas de guerra y que se ha impregnado del “clima de la paz”.

La primera aparición pública de Gustavo Petro tras la victoria electoral fue el 28 de junio, día en el que acudió a la presentación del Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Aunque también había sido invitado al evento el presidente saliente, Iván Duque, este declinó acudir alegando motivos de agenda, por su compromiso de asistir a la cumbre de la OTAN en Madrid (dedicada a la guerra de Ucrania y el aumento del gasto militar). El contraste simbólico entre ambos escenarios no podría ser más brutal.

El Informe de la CEV da cuenta de las violaciones de derechos humanos cometidas durante más de medio siglo por los distintos actores armados (guerrillas, paramilitares y fuerza pública) y concluye proponiendo estrategias para enfrentar la violencia que genera el narcotráfico, así como para evitar la impunidad y abordar la transformación de las fuerzas de seguridad. Gustavo Petro se comprometió en su discurso a asumir las recomendaciones de la Comisión desde el inicio de su mandato. Petro afirmó que el organismo se constituyó como “una de las instituciones de la paz, precisamente como la posibilidad nacional de una reconciliación, de [alcanzar] la convivencia nacional y social”.  En su alocución argumentó:

“¿Cuántos procesos de paz hemos firmado en nuestra historia republicana y cuántas veces hemos vuelto a la violencia? Cortar definitivamente los ciclos de la violencia implica, en mi opinión […] cortar los ciclos de la venganza. Cortar los ciclos de la retaliación, cortar los ciclos donde una víctima se vuelve otra vez victimario. Cortar los ciclos permanentes que nos llevan una y otra vez -a pesar de acuerdos de paz, tratados, reformas- hacia la violencia. La violencia no está en nuestros genes. […] Cortar los ciclos de la venganza es lo mismo que cortar los ciclos de la violencia.”

Hay un claro trasfondo filosófico de origen cristiano en la idea de reconciliación y perdón que se propugna desde de la CEV y que Petro asume también como suya. Más allá de cualquier reparo ideológico, este enfoque arraigado en la tradición religiosa del país ofrece un diagnóstico fundamentado de las causas psicológicas de la violencia que azota a la sociedad colombiana, una violencia que se ha vuelto en cierto modo idiosincrática de amplios sectores sociales y que desde esta perspectiva sólo podría detenerse con un gran cambio colectivo de mentalidad.

Las propuestas de reconciliación y perdón social no implican impunidad para los autores de masacres y otras atrocidades, ya sean miembros de la fuerza pública o de grupos irregulares. Petro aseguró que bajo su gobierno la justicia hará su trabajo sin interferencias del poder ejecutivo. No obstante, uno de los desafíos del nuevo presidente consistirá en dar impulso a un sistema judicial creíble, eficaz y depurado de funcionarios corruptos.

La Convocatoria a una Paz Grande, lema con el que convocó la CEV, supone activar inmediatamente los mecanismos necesarios para cumplir con el Acuerdo de Paz firmado en La Habana con las FARC, y al mismo tiempo, ampliar los espacios de paz mediante el diálogo con otros grupos insurgentes que aún no han negociado su incorporación a la vida civil. El nuevo contexto político abre posibilidades hasta ahora inéditas a la ampliación de los diálogos de paz con otros actores armados. Pocos días antes de asumir la presidencia, Gustavo Petro confirmó a fin de julio que aspiraba a reanudar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras haber recibido una invitación del ELN en este sentido.

Desfosilización de la economía y reforma agraria

El programa económico del PH supone profundas transformaciones de la estructura económica tradicional del país. El gobierno presidido por Gustavo Petro deberá cumplir con su ambicioso plan de “desfosilización” de las exportaciones colombianas (reducir el peso del petróleo y el carbón), concentrándose en cambio en el desarrollo de tres pilares básicos de la economía abandonados por los anteriores gobiernos: la agricultura, la industria y el conocimiento, además de potenciar el turismo con un entorno pacífico.

En cuanto a la desfosilización de la economía, no se trata de interrumpir los ingresos que el país percibe por exportaciones de productos energéticos, que representan entre un tercio y la mitad del total, sino de suspender la exploración y adjudicación de nuevos yacimientos, mientras se van incorporando gradualmente energías renovables para atender el consumo interno. El nuevo gobierno colombiano ya ha declarado que impedirá la explotación de hidrocarburos con tecnología de fracking, un viejo reclamo de las comunidades para proteger sus acuíferos.

Uno de los aspectos más destacados del programa del PH es la reforma agraria que dará acceso a la tierra a los campesinos desplazados y desposeídos. En Colombia el 46% de la tierra rural está en manos del 0,4 % de la población. La superficie apta para agricultura está infrautilizada, mientras que la ganadería extensiva -que en gran parte encubre la tenencia de tierras improductivas- abarca el 30 % de la superficie del país. El instrumento para alcanzar la reforma agraria será un impuesto a la renta presuntiva, que evitaría la tenencia improductiva de la tierra por parte de los grandes latifundistas. De manera complementaria, el PH se propone desarrollar también un plan de reforma acuaria con el fin de proteger los cauces de agua para uso de la población y los campesinos.

El objetivo de la reforma agraria es asignar tres millones de hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto. Se tratará de una reforma sui generis, inspirada en la que realizó Japón a principios de los años sesenta, que no expropiará latifundios improductivos, con o sin indemnización (pese a que la Constitución colombiana lo permite cuando se incumple la función social de la propiedad). Esto le ha valido críticas desde la izquierda, porque será el Estado el que cargará con el peso económico de la compra de esos tres millones de hectáreas, aunque se presupone que lo hará a precio de saldo con las tierras improductivas que sufran el nuevo gravamen. El riesgo es que los capitales transnacionales aprovechen la ganga para desarrollar megaproyectos. La inversión extranjera aumentó en Colombia un 77 % durante el primer semestre de 2022 respecto al mismo período del año anterior, procedente en su mayor parte de empresas mineras y energéticas. Otro reto del nuevo gobierno será evaluar si este flujo de inversiones se adapta a los requisitos del desarrollo sostenible.

La reforma agraria deberá poner fin a la estructura feudal de posesión de la tierra que representan las grandes haciendas ganaderas y las extensiones de tierras robadas a la selva para cultivo de palma africana. En su lugar, se entregará tierra al campesino para que pueda cultivar sus alimentos y vender una parte en el mercado, avanzando así en la autosuficiencia alimentaria y reduciendo la dependencia de la exportación de combustibles fósiles para importar alimentos.

Potencia mundial para la vida

En el plano social, el programa del Pacto Histórico supone un gran vuelco con respecto al modelo neoliberal imperante. Actualmente la informalidad laboral afecta al 62 % de la población económicamente activa y hay tres millones de desempleados, según datos de la Central Unitaria de Trabajadores. Sólo una tercera parte de los trabajadores activos, unos ocho millones, cotiza a la Seguridad Social. El nuevo gobierno se propone instaurar una renta básica, o Ingreso Mínimo Vital, y generar planes de empleo público para todo aquel que lo necesite por estar desocupado.

“Colombia, potencia mundial para la vida” es el nombre génerico del plan de gobierno de Petro y Márquez. Este plan incluye un paquete de estrategias regionalizadas y un programa transversal con cuatro ejes estructurantes de gobierno: el cambio es con las mujeres, economía para la vida, sociedad para la vida y plan de tecnología para la vida.

Este último eje se ha desarrollado más en un documento del Pacto Histórico titulado “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el buen vivir, el vivir sabroso y el ejercicio efectivo de una democracia multicolor”, documento base del futuro Ministerio de Ciencia. En él se plantea la necesidad de cambiar el modelo de ciencia y tecnología hegemónico, que ha hecho “mucho daño a la naturaleza y a las sociedades” y de iniciar un debate sobre la producción y distribución del conocimiento, poniendo el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación en manos de la mayoría de la población y no sólo de algunos estratos privilegiados. Este documento con las intenciones del PH al asumir el gobierno provocó un debate académico aún abierto, tanto en Colombia como más allá, que ha sido recogido en la página de CLACSO.

Extender el debate sobre el conocimiento más allá de la lógica académica no es una idea abstracta, ya que tiene arraigo en las experiencias productivas de los sectores populares de la sociedad colombiana. Por ejemplo, en el plano energético algunas comunidades campesinas llevan mucho tiempo desarrollando sistemas para autoabastecimiento basados en la explotación de biogás generado con desechos de materia orgánica, energía solar y gasificación de la biomasa para obtener combustible. El nuevo modelo de conocimiento científico y tecnológico “para el buen vivir” apoyaría a estas experiencias desarrolladas de forma autogestionada en el campo colombiano, que además servirían como precedente para cambiar el patrón energético y evitar el “capitalismo verde” que promueve megaproyectos de energías renovables rechazados por las poblaciones nativas. En palabras de Camilo González, director de Indepaz, “la discusión no es si se va a hacer una transición con energías renovables sino con qué modelo”.

Unidad en la diversidad de América Latina

En política exterior se producirá un importante cambio de rumbo, aunque este cambio resulte poco perceptible al comienzo en las relaciones con Estados Unidos. En el transcurso del gobierno del PH se deberán redefinir las formas de colaboración entre ambos países, desde la política de seguridad hasta la estrategia antinarcóticos. Una cuestión que en el futuro puede tensar la relación con el gobierno estadounidense es la permanencia o no de las bases militares de ese país en territorio colombiano y, en caso de acordarse su permanencia, con qué misión específica. Pero esta cuestión no es un debate que se vislumbre en el corto plazo.

Respecto a los maltrechos vínculos con los vecinos venezolanos, la política exterior de Petro revertirá la tensión conflictiva que mantuvo Duque durante todo su mandato, obsesionado con el acoso y derribo del gobierno de Nicolás Maduro. En contraste con la inacción característica del gobierno de Duque, el nuevo gobierno de Colombia ya emprendió su actividad diplomática incluso antes de haber tomado posesión. El 28 de julio se reunió en la ciudad de Táchira (Venezuela) el nuevo ministro de Relaciones Exteriores designado por Gustavo Petro, Álvaro Leyva, con el ministro venezolano de Exteriores, Carlos Faría. Ambos suscribieron un acuerdo para “la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del 7 de agosto” con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios del servicio diplomático, al mismo tiempo que reafirmaron su “voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera”.

Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una gira por otros países sudamericanos, tejiendo lazos con las figuras más destacadas de los movimientos populares que aspiran a un cambio de hegemonía política en la región. Márquez se reunió en Brasil con el candidato (y expresidente) Lula da Silva, en Chile con el presidente Gabriel Boric, en Argentina con Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y por último conversó en Bolivia con el vicepresidente David Choquehuanca y con el líder histórico del MAS, el expresidente Evo Morales. Francia Márquez escribió en sus redes sociales después de esta última visita: “Hoy la lucha del pueblo boliviano y colombiano se junta para reconocer en la diferencia una Latinoamérica unida y soberana”.

Emerge así un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, en particular entre los países latinoamericanos, basado en la “unidad en la diversidad”. Colombia no sólo aspira a cambiar su destino para revertir su trágica historia nacional y empezar a vivir sabroso: también sería un actor fundamental para el cambio de equilibrios de poder en el plano continental.


 

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