A casi seis años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en septiembre de 2016, en La Habana, el presidente Iván Duque sigue manteniendo privados de libertad a 300 excombatientes, denuncia la socióloga y defensora de derechos humanos, Liliany Obando Villota.
En la práctica, señaló, “la Ley 1820, de 2016, de Amnistía e Indulto, de la que se benefició un importante grupo de excombatientes, así como algunos terceros y colaboradores en el contexto del conflicto armado, no cubrió sus totalidad, lo que hace que sigan prisioneros y prisioneras”.
El gobierno colombiano trata de evadir el acuerdo, explicó la socióloga, “apegándose a algunos temas para tratar de justificar la no liberación, revisando las listas y diciendo que pertenecían a la organización en el momento de la captura, pero estaban delinquiendo por razones individuales, haciendo todo lo posible para posponer”.
Liliany, quien forma parte del Movimiento Nacional Penitenciario, uniendo la lucha de los “presos políticos y los presos sociales”, defiende los derechos humanos y la dignificación de las condiciones de las personas en las cárceles y, también, de sus familias. Dice que empezó muy temprano en su militancia política: “fue en la Juventud Comunista y mi primera tarea fue visitar a los presos políticos, relacionarme con familiares y abogados. Esta relación con la ‘gente tras las rejas’ viene de lejos, no me era ajena”, recuerda.
“Cuando entras en la militancia política contra una dictadura, contra un gobierno opresor, sabes que una de las posibilidades es terminar en la cárcel. Me detuvieron en la Operación Fénix, que violó la soberanía de Ecuador y, de manera ilegal, obtuvieron las computadoras de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, asesinado en la operación, y me vincularon con él en un proceso legal. Era mi jefe directo. El atentado fue el 1 de marzo de 2008 y fui detenido el 8 de agosto del mismo año”, relata.
En su momento, el ataque aéreo y terrestre en territorio ecuatoriano desencadenó una grave crisis diplomática, provocando que Ecuador y Venezuela cerraran sus embajadas en Bogotá, en protesta por la agresión colombiana.
Doctrina y formación estadounidenses
Cuestionando sobre la multiplicación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, la socióloga recuerda que “absolutamente todas las fuerzas policiales y militares de este país tienen doctrina y entrenamiento estadounidense”.
“El gobierno de Estados Unidos está más que presente: ofrece desde doctrina, consejos y apoyo hasta enseñanzas prácticas sobre cómo formar grupos paramilitares.”
“La formación de grupos paramilitares y todas estas cosas que tienen que ver con técnicas de tortura vienen de la Escuela de las Américas. El gobierno de Estados Unidos está, por tanto, siempre más que presente: ofrece desde doctrina, consejos y apoyo hasta enseñanzas prácticas sobre cómo formar grupos paramilitares. Eso debe quedar muy claro” sentencia.
Ella misma pudo verlo de cerca y sentirlo en carne propia. “Estuve inicialmente presa cerca de cuatro años en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá, y salí con libertad provisional porque, después de más de tres años, todavía estaba sin sentencia, lo cual fue un abuso de la prisión preventiva. Luego, me detuvieron en 2014, cuando me dictaron sentencia por rebelión y me incriminaron con un ‘falso positivo’ y me llevaron a los calabozos del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que luego tuvieron que cerrar por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuenta.
La situación era tan bizarra —y macabra— que “el DAS no solo emitió todas las órdenes de captura contra líderes sociales, sindicales y políticos, sino que también estuvo involucrado en torturas, asesinatos y magnicidios”, dice. Una vez cerrado, “ahora en ese predio funciona el Cuerpo Técnico de Inteligencia (CTI)”.
Entre los temas neofascistas que envuelven la doctrina militar colombiana está el de los “falsos positivos”, que son las miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares que, con el fin de lograr un objetivo de “productividad”, le ponen uniformes de guerrilleros en campesinos y gente del pueblo después de asesinarlos.
“El alto número de ‘falsos positivos’ se utilizó para decir que las fuerzas militares estaban ganando la guerra, pero también sirvió para la progresión de la carrera personal, teniendo ganancias y condecoraciones, premios. Todo esto mientras vendían la imagen de un ejército ganador. Es una especie de guerra sucia que no reconocen abiertamente, pero era una práctica sistemática. Además, tenía que ver con el financiamiento y la formación de grupos paramilitares con el objetivo de asesinar a líderes sindicales, sociales o políticos, con los nombres que pasaban los financiadores”, agregó.
Situación degradante
La situación degradante en la que se encuentran las “personas tras las rejas”, afirma Liliany, a la que son sometidos hombres y mujeres, jóvenes y viejos en las cárceles, hace imprescindible la existencia del Movimiento Nacional Penitenciario. “En Colombia es una situación muy grave y caótica y, para nadie es un secreto, que los derechos de las personas privadas de libertad son profundamente vulnerados, independientemente de las razones por las que se encuentran en prisión. Adentro, tanto los presos políticos como los presos sociales, que llegan por el delito de pobreza, son tirados sin nigua atención”.
La socióloga analiza que “el tema de la población carcelaria siempre ha sido un tema desastroso: en primer lugar por las condiciones físicas, pero también por los abusos de los carceleros, que incluyen torturas y malos tratos, precariedad en la alimentación, que ya han dado lugar a denuncias internacionales”.
“A veces les dan comida en estado de descomposición, no respetan los horarios, no tienen en cuenta a los enfermos que necesitan una dieta específica, y muchos acaban desarrollando y agravándose con enfermedades por la mala alimentación recibida. También hay corrupción en el tema de la comida. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es una de las instituciones más corruptas del país, haciendo de la privación de libertad un negocio lucrativo”, revela.
“A veces les dan comida en estado de descomposición, no respetan los horarios, no tienen en cuenta a los enfermos que necesitan una dieta específica“
Pero si, por un lado, es un “comercio de la vida” que enriquece a unos pocos, dice, “es muy costoso para los presos y para sus familias, contrariamente a lo que dice la ley, que, una vez detenidos, estaría bajo la función social del Estado”. Cifras oficiales indican que en Colombia existen 138 establecimientos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y un número considerable de centros de detención temporal y cárceles regionales a cargo de las autoridades locales. Solo en los establecimientos nacionales se encuentran detenidas 124.000 personas, de las cuales el 7,1% son mujeres y el 92,9% hombres.
Corrupción
“En estas cárceles no hay trabajo, ni educación, ni sistema de salud eficiente y la gente muere de enfermedades fácilmente tratables. Hay que pagar prácticamente por todo: por una colchoneta, un libro o cualquier pedido para entrar. La corrupción come a diestra y siniestra, es una mafia”, denuncia.
Según la socióloga, “las cárceles reproducen la estratificación que existe en el exterior donde manda el dinero: hay quien tiene más y quien tiene menos, y la corrupción garantiza más o menos privilegios”.
Para Liliany Obando Villota, el tema es sumamente sensible, pues atañe a todo el proyecto de dominación. Por eso, evalúa, “uno de los únicos candidatos que mencionó abiertamente el tema carcelario fue Gustavo Petro, defendiendo que se debe humanizar las cárceles, y que es necesario llevar educación y trabajo para dignificar la vida de los detenidos”.
El Pacto Histórico se comprometió en su pronunciamiento, realza la socióloga, “con formas de oportunidad y bienestar que contribuyan a la construcción de un pacto social igualitario de justicia, dignidad y paz. Y que la plena implementación de los Acuerdos de Paz debe ser un propósito fundamental y con ello ofrecer las garantías para que los presos y presas políticas recuperen su libertad en el marco de su dignidad”.
En su valoración, “la sociedad colombiana es bastante violenta por el hecho que una oligarquía concentra el poder económico y usurpa tierras, desaloja a los campesinos y, a base de violencia, tanto institucional como paramilitar, a través de sus bandas de seguridad armada, protege sus privilegios, derechos sobre aquello que habían despojado de manera ilícita. Así es como esta élite se mantiene en el poder, porque tiene a su favor toda una maquinaria de violencia”.
Menos miedo, más entusiasmo
A su juicio, “ahora, por primera vez en muchos años, la sociedad colombiana contesta, después de la firma de los Acuerdos de La Habana. La gente ha perdido parte del miedo y está ganando entusiasmo”.
“El paro nacional de 2020 también fue muy importante para mostrar que hay un despertar en el inconformismo de la gente y que la gente ha tomado una posición política más definida hacia la izquierda y hacia el centro. Hay mucha gente que está cansada de la guerra y de la muerte y que quiere una alternativa de transición política”, evalúa.
“Como expresó el resultado electoral para el Congreso, a pesar de todos los intentos de fraude electoral, la izquierda y el centro ganaron más escaños en la Cámara y el Senado. Se mantienen sectores de derecha, pero esta extrema derecha, tan asesina, perdió espacio. En la cuestión presidencial, por primera vez las figuras de Gustavo Petro y Francia Márquez muestran la posibilidad de cambios en la dirección del país”, conmemora.
Pero para la luchadora de los derechos humanos, pese a las encuestas, “es necesario hacer una lectura desapegada del triunfalismo, porque quienes quieren perpetuarse en el poder pueden utilizar todo tipo de artimañas: desde fraude electoral, compra de votos o el asesinato de Petro o de Francia Márquez”. Después de todo, “sabemos que cuando la derecha le tiene miedo al pueblo, cuando su poder está en jaque, se vuelve violenta. Y eso es lo que estamos viendo en el intento de elegir a Federico Gutiérrez”. “De ahí la importancia de la solidaridad internacional y la presencia de observadores y periodistas independientes, para que la justicia prevalezca”, concluye.
