La masacre número 28 ocurrida este año en el país ya suma 94 víctimas: las muertes son resultado directo del Plan Colombia , financiado por Estados Unidos.
“No se pudo neutralizar señor presidente Duque, hubo un asesinato. No eran 11 guerrilleros de las Farc, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno”, sentenció. El senador Gustavo Petro , candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico , condena la masacre perpetrada el 28 de marzo en el municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo.
Tanto Duque como el ministro de Defensa, Diego Molano, habían anunciado que los operativos de la Fuerza Pública “neutralizaron a 11 disidentes de las FARC y capturaron a cuatro delincuentes más en Puerto Leguízamo”.
Según Petro, hay miles de falsos positivos , como se llama en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares, y este fue otro de ellos. “En mi gobierno se acabarán de una vez por todas los falsos positivos ”, enfatizó el opositor, que lidera a mano todos los sondeos de intención de voto.
Según la comunidad de la vereda fronteriza con Ecuador, el ataque de los militares se dio cuando un grupo de campesinos e indígenas realizaba una feria para recaudar fondos para la reparación de caminos en la vereda El Remanso. “Hubo una emboscada del Ejército Nacional, que comenzó a disparar contra la población civil”, dijo José Homero, presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), al aclarar que se trataba de personas que se reunían con la comunidad para recaudar dinero para la obras. “Pero luego llegaron los militares, dispararon indiscriminadamente y los mataron”, reforzó uno de los denunciantes a Blu Radio, negando los supuestos “éxitos militares” anunciados por Duque y el ministro de Defensa.
Líderes ejecutados
La Defensoría del Pueblo confirmó que entre los muertos se encontraban varios líderes , como el gobernador de la aldea indígena de El Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche; el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández, y su esposa, Ana María Sarria; y Brayan Pama, de 16 años. Los otros nombres no fueron revelados.
“Estuve con Divier, mi hijo, hasta unos 15 minutos antes de la masacre y me ofreció comida. Fue una fiesta que duró varios días y había gente bailando y bebiendo. Me despedí, fui a la finca y cuando llegué escuché las bombas”, dijo Argemiro Hernández al diario El País, horas después del funeral. “Inmediatamente tomé la lancha y volví a cruzar el río, pero el Ejército ya nos impidió el paso. Tenían más de 60 personas detenidas en la plaza”, informó.
Argemiro Hernández recuerda que, luego de casi ocho horas de espera, se rebeló contra los soldados y se dirigió al lugar donde estaba su hijo. “Alcancé a verlo muerto y lo abracé. Tenía tiros de misericordia en la cara, como si fuera un guerrillero disidente”, denunció. Usted informó que un vecino que se salvó arrojándose al río trató de ayudar a la esposa de Divier, quien también recibió un disparo. “Ella profesaba una religión y llevaba la Biblia en su cartera. Pero en cambio, le pusieron un radiocomunicador”, dijo.
Para apoyar su teatro, el Ejército de Colombia desplegó un verdadero arsenal por el pueblo y aseguró haber incautado granadas, fusiles, cartuchos, entre otros pertrechos bélicos.
O 28º massacre ocorrido neste ano no país, que soma 94 vítimas civis, fez com que diferentes organismos e entidades nacionais e internacional de direitos humanos como o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz) se pronunciassem e exigissem um basta à política de extermínio. A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Ouvidoria também se manifestaram, solicitando da presidência um esclarecimento da operação, apresentada pelo governo como uma conquista da sua política de segurança.
Plano Colômbia
Doutor em Sociologia Política, o professor colombiano Mauricio Avilez Alvarez explica que está em vigência a continuidade do “Plano Colômbia, com o qual o governo dos Estados Unidos teoricamente enviava recursos para combater o narcotráfico, mas que era para ser usado no enfrentamento à oposição da guerrilha”. “Com a prática macabra dos chamados falsos positivos, dos generais aos soldados se adotou medir as ações e resultados em litros de sangue, como diziam seus comandantes. Isso se mantém e intensifica no governo Duque, que reativa a lógica da guerra e do medo, tentando tornar o povo seu refém”, apontou o professor.
La Red Campesina de Derechos Humanos de Putumayo advirtió que faltan personas y que el abandono de varios pobladores fue motivado por “la preocupación y el miedo”. Además, la Red hizo un llamado a la solidaridad para asegurar una investigación exhaustiva y defendió “el derecho de la comunidad a ser escuchada y acompañada, para que los hechos sean debidamente esclarecidos”.
Todos los relatos de los testigos presenciales coinciden en que se trataba de militares camuflados de negro que disparaban a quemarropa dejando las armas pegadas al cuerpo de las víctimas, una costumbre idéntica a la de los falsos positivos. Presentada ilegalmente por el Estado como “víctimas del conflicto”, esta práctica dejó al menos 6.402 civiles muertos entre 2002 y 2008 en el país, según documentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEO).
