Este lunes 4 de julio la Convención Constitucional entregó el texto de nueva constitución que se trabajó durante el último año. El 4 de septiembre será sometida a un plebiscito de “apruebo” o “rechazo”.
Es el resultado de un trabajo colectivo, en un espacio democrático y participativo nunca antes visto en Chile, donde están representados los partidos políticos, los movimientos sociales, sectores independientes, pueblos y naciones indígenas. Quienes nunca antes tuvieron voz, esta vez redactaron la nueva constitución.
La Convención Constitucional es solo uno de los hitos de un proceso constituyente que emergió con el levantamiento popular de 2019, pero sin duda es de lo más significativo. Materializa, por escrito, buena parte de las demandas populares expresadas con furia y fuerza en las calles durante un estallido social sin precedentes. La dignidad fue, de hecho, la principal de las demandas.
El texto de la Nueva Constitución consagra un Estado social y democrático, garante de derechos, que viene a reemplazar al Estado subsidiario del proyecto neoliberal. Ese que solo se hace cargo de lo que no cubre el mercado, focaliza en extremo sus políticas, y se subordina a la lógica mercantil.
Se trata de una constitución de derechos, que incorpora un amplio catálogo de derechos fundamentales, estableciendo la educación, salud, seguridad social, vivienda, trabajo, derecho a huelga y muchos otros que en la Constitución de 1980 solo se mencionaban para limitarlos.
“La nueva Constitución es vanguardista en reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos, así como declarar que Chile es plurinacional y en él coexisten diversas naciones en la unidad del Estado”
La Convención propone un sistema político que recoge de la mejor forma las demandas sociales y las necesidades de transformación. Un presidencialismo atenuado en el ejecutivo, un poder legislativo con un bicameralismo asimétrico: una cámara de diputadas y diputados, y una cámara de las regiones donde se expresarán los territorios. Se termina de esta forma con el actual Senado, que concentra enorme poder, y uqe como cámara revisora se ha encargado de retrasar y obstruir cualquier iniciativa de transformación.
Se incorporan mecanismos de democracia participativa, como la iniciativa popular de ley, la iniciativa indígena y los referendos, con inclusión de chilenos y chilenas en el exterior, de jóvenes, y personas de pueblos y naciones indígenas. Todo lo que se conecta con un diseño de Estado regional que reivindica a las regiones de una geografía diversa y compleja, dejando atrás la centralización extrema que hasta ahora ha dejado al margen a muchas personas por haber nacido lejos del centro del país.
La nueva Constitución es vanguardista en reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos, así como declarar que Chile es plurinacional y en él coexisten diversas naciones en la unidad del Estado. Y, de esta forma, conecta con otros procesos constituyentes de América Latina de los últimos años.
Se trata, además, de la primera constitución en el mundo escrita por un órgano con paridad, y que consagra una democracia paritaria, donde se reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva.
La garantía de respecto a los derechos humanos es un eje transversal del texto constitucional e implica un nuevo paradigma para una sociedad que normalizó, por imposición, la impunidad y la represión, y que tuvo una transición democrática incompleta con los derechos humanos como principal conflicto.
Las normas transitorias plantean un período de transición progresivo en el que se irá implementando lo que se ha consagrado y en el que se instalarán las nuevas instituciones, respetando a las autoridades electas en ejercicio. No implicará la relegitimación de autoridades como se ha hecho en experiencias comparadas recientes, lo que es resultado de los acuerdos alcanzados. En el marco del proceso se requerían dos tercios para aprobar los contenidos constitucionales.
Una deuda de esta nueva Constitución es la negación del reconocimiento explícito del pueblo afrodescendiente, a quienes se les negó estar representados en la convención, así como el derecho a la participación en el nuevo sistema político. Deberá superarse su desconocimiento y el prejuicio, por lo que seguirá vigente su lucha y sus justas demandas.
Esta Convención es solo una de las etapas de un proceso de luchas de largos años, que se desarrolla en los territorios, en las organizaciones barriales y vecinales, en los cabildos y asambleas, que resuena en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas del pueblo. Y justamente esa es la esencia y principal virtud de un tiempo de transformaciones.
Más allá del texto constitucional, los principales logros del proceso son otros. Lo primero es la solidaridad como principio y eje transversal de la nueva carta fundamental, que incorpora un paradigma distinto que viene a romper con el individualismo y la fragmentación social impuesta, y promoverá nuevas subjetividades, solidarias, así como la rearticulación del tejido social.
En segundo lugar, el repensar colectivamente la sociedad con derechos, con inclusión, desde las diversidades, es un ejercicio creativo que en sí mismo tiene la potencia de resistir y contrarrestar décadas de monotonía neoliberal.
Y lo fundamental, es que nunca más deberá quedar la política ajena al pueblo, ni restringida para expertos, técnicos y especialistas como lo manda el proyecto neoliberal. Este proceso ha significado que la política se hace en las calles; que la norma fundamental la escribe el pueblo, gente común y corriente que se posiciona situada desde sus realidades.
El desafío será superar a los poderes fácticos que pugnan porque se rechace la nueva Constitución y que tienen de su lado el poder del dinero y de los medios. El desafío es terminar con el proyecto de sociedad de la dictadura cívico-militar, abrir los caminos a nuevas formas de convivencia, y que los derechos dejen de ser privilegios y la dignidad sea para todas y todos.
Karla Díaz Martínez es Abogada asesora en la Convención Constitucional e integrante de la Red en Defensa de la Humanidad.
