La reestructuración del Sistema Financiero Monetario Mundial durante la Primera Conferencia Financiera Internacional de Naciones Unidas, en el año de 1944, sentó las bases de un orden económico que consolidaba a Estados Unidos como el hegemón del comercio y las finanzas mundiales y daba origen a las instituciones financieras y de regulación del comercio: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, más adelante Organización Mundial del Comercio [OMC]).

Los acuerdos de Bretton Woods, con sus dos instituciones fundamentales, el FMI y el BM, debían garantizar el fomento a la cooperación monetaria mundial y proporcionar asistencia para la realización de pagos, la expansión del comercio internacional y el financiamiento de programas productivos y de desarrollo. Estas dos tenazas de condicionalidad que siguen perdurando en esta tercera década del siglo XXI, han sido los encargados de llevar a cabo las iniciativas y políticas que en materia monetaria y financiera se han desarrollado de manera particular en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sus implicaciones y resultados no han estado acorde a las necesidades de los países de estas regiones. Por el contrario, la estabilización de las finanzas quedó establecida solo en función de los intereses del poder global.

El FMI se constituyó en el eterno asesor y hacedor de políticas correctivas/coercitivas y en el administrador de programas de salvataje y ajustes

En los años setenta, como resultado de la ofensiva capitalista de superación de la crisis mundial, Richard Nixon inaugura la Nueva Política Económica que obligó a los países a flotar sus monedas e iniciar procesos de desregulación. Los acuerdos Bretton Woods llegaban a término, por lo que se decidió eliminar la convertibilidad del patrón oro y el dólar se instaló como moneda de referencia mundial. Paradójicamente, el FMI, como organismo multilateral, redefine su papel para constituirse en el aval de la política unilateral Norteamérica y sus nuevos mecanismos de poder (bloqueador de pagos, congelador de activos y confiscador de reservas). El organismo se constituyó en el eterno asesor y hacedor de políticas correctivas/coercitivas, y el administrador de programas de salvataje y ajustes. Desde su lógica, se adjudicó los créditos necesarios para responder a los desequilibrios de la Balanza de Pagos de los países dependientes y periféricos.

El FMI interviene de forma directa en el diseño y definición de políticas públicas, característica que estaría presente de manera más enérgica desde los años ochenta con el estallido de la crisis de deuda que golpeó a las economías latinoamericanas. Deudas ilegales que multiplicaron los montos adeudados al manejar fluctuaciones de los intereses sobre los préstamos. Deudas impagables que se encargaron de amarrar a los gobiernos, dejando a los Estados nación sin autonomía en las decisiones nacionales.

Para más precisión, Theotonio dos Santos resaltaba que la intromisión del FMI en las economías dependientes solo ha conseguido profundizar sus dificultades, agregando a las limitaciones estructurales de estos países, los desequilibrios impuestos por el sistema financiero internacional. Se promovió un proceso de acumulación sustentado en el capital de préstamo, generalmente especulativo, en forma de dispositivo de deuda y ajustes estructurales. Si bien la crisis de deuda externa se convirtió en un suceso de marcada gravedad, las políticas implementadas para contrarrestarlas resultaron aún más dolorosas: el FMI aplicó mecanismos de concesión de créditos a países con dificultades de “sobreendeudamiento”, que consistió en pedir más crédito a altas tasas de interés para el pago del servicio de la deuda. Este organismo enfatizó en la necesidad de un ajuste externo para generar mayores ingresos como respuesta al endeudamiento: reducir importaciones e incrementar exportaciones, reducir del gasto público y la participación del Estado en las decisiones económicas y sociales a cambio del monitoreo.

Había que favorecer a los intereses del gran capital financiero y los gobiernos de los países capitalistas centrales, eliminando el control directo de créditos. Se desregularon las tasas de interés, se dio paso al auge de la inversión extranjera directa y los capitales fluyeron con toda libertad. Los controles de cambios y de cuentas de capital pasaron a ser parte de la historia; había que expandir el crédito mundial y garantizar las mayores ganancias para la banca internacional.

En la década de los noventa, aunque el escenario no varió mucho, se ejecutó el Decálogo de Washington, con el cual se promovió de forma permanente la expansión de las políticas neoliberales desde las condicionalidades impuestas por las instituciones de esta arquitectura financiera. En un periodo de globalización y reformas, el capital financiero se vio favorecido por el proceso de desregulación y liberación financiera, que en años siguientes se profundizaría de manera alarmante, posibilitando al país del norte no solo la transferencia de sus desequilibrios internos a la economía global, sino mercados más volátiles e inestables.

De la liberalización de los controles sobre el capital devinieron las burbujas especulativas y las recurrentes crisis mundiales, generando procesos de deterioro global, cuya gravedad y alcance, señalaba Jaime Estay, no fueron sospechadas ni por los organismos financieros ni por los propios gobiernos. Si bien la crisis económica mundial se manifiesta en 2008, la crisis financiera en el centro del poder hegemónico “estalla en Wall Street en marzo del 2001 pero su punto de inicio estuvo entre 1967-1970 dado el acelerado proceso de financiarización de la economía mundial, de globalización polarizada” -quiebra de valores basados en las hipotecas de alto riesgo “subprime”- y la utilización del capital ficticio.

El intercambio comercial pueda llevarse a cabo también con una moneda propia, diferente al dólar, como vienen proponiendo varias naciones a nivel global.

Frente a esta realidad, considerando los cambios en la geopolítica mundial y regional, así como la búsqueda de alternativas, es necesario, por un lado, reconocer a nivel regional las formulaciones y avances realizados en materia financiera y monetaria (Sistema de pagos en Monedas Locales (SML), Sistema Unitario de Compensación de Pagos (SUCRE), Banco del ALBA y Banco del Sur ). Y por otro, desarrollar un balance prudente y serio de su débil materialización en el entendido que una nueva arquitectura financiera debe mostrar una ruptura del desenvolvimiento histórico de los mercados financieros, de las inconsistencias de la base monetaria dólar y del papel de los bancos de desarrollo; así como la necesidad de debatir una vez más sobre la creación de organismos propios con mayores niveles de autonomía y que el intercambio comercial pueda llevarse a cabo también con una moneda propia, diferente al dólar, como vienen proponiendo varias naciones a nivel global.