La deuda externa argentina es un mal que ahoga al país desde la última dictadura cívico-militar. Recientemente, el gobierno de Alberto Fernandez refinanció el préstamo de 45.000 millones de dólares obtenido por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 con el FMI, el préstamo más grande que el organismo haya otorgado jamás en su historia. Esta decisión volvió a colocar el debate sobre la deuda externa argentina en el centro del debate público.
Charlamos con Alejandro Olmos Gaona quien es historiador y uno de los mayores especialistas en deuda externa de la región. Autor de diversos libros, entre los que se destacan: La deuda odiosa: el valor de una doctrina jurídica como instrumento de solución política (2005) y Deuda o soberanía: Verdades ocultas sobre la dependencia (2021).
Gabriel Vera Lopes: – En tu último libro, Deuda o soberanía, acuñaste el concepto de “sistema deuda”, donde señalas una relación estrecha entre la dependencia de los países periféricos y su deuda externa. ¿Por qué te referís a la deuda como un “sistema”? ¿Qué implicancias tiene esto?
Alejandro Olmos Gaona: Sostengo que la deuda es un sistema porque desde que finalizó la dictadura militar, dejando una deuda externa gigantesca, los sucesivos gobiernos constitucionales se limitaron a refinanciarla. Hay un concepto que expresó con toda claridad el Ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz: la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses. Entonces, mientras el país esté pagando intereses a perpetuidad, también estará condicionado por el sistema financiero a perpetuidad.
Estos condicionamientos determinan una clara dependencia. Quizás un ejemplo pueda graficar esto. Indudablemente el sistema sabe camuflarse, pero a veces deja huellas. En 1993 se dió el Plan Brady, que fue la mayor reestructuración de deuda soberana de Argentina hasta ese momento, con un monto de 32 mil millones de dólares. La estructura del plan no fue hecha por [el ex ministro de Economía Domingo] Cavallo ni por [el ex presidente Carlos] Menem -quienes eran las autoridades en ese momento- sino que fue diseñada por los bancos acreedores. Yo mismo encontré en el Ministerio de Economía el plan financiero del 92 hecho por la banca de JP Morgan y el Citibank.
Hay que entender que en este tipo de reestructuraciones de deuda soberana siempre es necesario tener la opinión legal del abogado del Estado nacional, el Procurador del Tesoro y también del Asesor Letrado del Banco Central, que es la institución monetaria que tiene que ver con todas estas operaciones. Para mi gran asombro, encontré que ni el Asesor Letrado ni el Procurador habían hecho los dictámenes jurídicos. Estos habían sido redactados en los Estados Unidos y luego llegaron acá al Ministerio de Economía traducidos. El Procurador solamente se limitó a firmar los papeles. De esta manera, el abogado del Estado se convirtió en abogado de los acreedores: ellos te dices “tenés que firmar esto” y vos lo firmas sin discutirlo.
Lo mismo pasó en Ecuador; la Argentina no es un caso especial. Cuando estuve trabajando allá vi como habían hecho lo mismo en ese país. Ahí estaban las constancias de que ellos habían preparado y articulado todo ese proceso. Por eso hablo de dependencia.
Por ejemplo, durante el gobierno de [Raúl] Alfonsín, el primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, planteó que, si la Argentina tenía que firmar el pedido de refinanciamiento y preparar el memorándum, lo íbamos a hacer nosotros y no el Fondo como siempre. Y claro, el pobre Grinspun se tuvo que ir.
Cuando asumió Carlos Menem contrató a un conjunto de abogados norteamericanos. Estos abogados, además de convertirse en abogados externos del país, lo eran a la vez de los acreedores. Continuaron en sus lugares toda la década del 90, fueron recontratados por [el ex presidente] Fernando de la Rúa y cuando vino Néstor Kirchner volvió a contratarlos. Lo mismo pasó en los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri. ¿Por qué se acepte a estos abogados que responden al interés externo?
– ¿Cómo es posible que puedan operar de esta manera? ¿Qué continuidades existen entre la dictadura militar y su política financiera y el presente de la Argentina?
Lo que permanece es el no cuestionamiento de la deuda externa. Se acepta como fue contraída, incluso en aquellos casos donde los contratos fueron hechos de manera ilegal, violando el orden público. Pareciera que esto no le importa a nadie
En el Juzgado Federal N°2 hay una causa penal que fue iniciada por mi padre y que luego continúe yo mismo. Ahí están las pruebas fundamentales de toda la correlación entre la deuda original de la dictadura hasta la que ahora vamos a refinanciar.
Hay toda una estructura legal que permite este juego. Un entramado que va desde la Ley de entidades financieras y la Ley de inversiones extranjeras, leyes originarias de la dictadura que nadie quiso cambiar, hasta el Código Procesal Civil y Comercial, donde un día la dictadura decidió que los contratos que se celebraban con entidades extranjeras debían someterse a jueces foráneos. Cuestión que tiene un antecedente en una ley promulgada por Perón el 7 de noviembre del 73, la Ley 20.548, donde por primera vez se autoriza la jurisdicción a favor de jueces extranjeros.
Este cuerpo legal posibilita, entre otras cosas, que cuando se hace una emisión de deuda soberana lo único que es exigible es la autorización parlamentaria. Por eso, cuando se habla de la deuda de Macri la idea es errónea. Toda la deuda que contrajo el macrismo fue autorizada por ambas cámaras, donde no tenían mayoría, a excepción de la deuda contraída con el FMI. A esto se suma un hecho extremadamente grave, que es lo que se llama en derecho constitucional “delegación legislativa”. La deuda siempre tuvo que ser manejada por el Congreso de la Nación, pero esta facultad la delegó tácitamente en el Poder Ejecutivo.
Esto es tan solo un ejemplo de algo de todo lo que habría que haber cambiado. Y habría que haberlo hecho porque no es lo mismo que vos tengas un acuerdo con el Fondo que sea discutido en el Congreso, donde haya debate y distintas opiniones, a que sea el presidente quien decida contraer el préstamo y tan solo necesite de la firma de un ministro. Ahora, si esa estructura no se cambia, esto va a seguir siendo un coto cerrado.
– Argentina acaba de cerrar un acuerdo con el FMI para refinanciar el préstamo que el organismo le otorgó a Mauricio Macri en el 2018, el mayor de toda su historia. ¿Por qué el FMI le prestó esa cantidad de dinero a la Argentina?
El Fondo tiene una justificada mala prensa: pero, aunque es criticado en todo el mundo pocos conocen debidamente cómo funciona. Es una estructura supranacional que, aunque está integrada por 190 países, es manejada por tan solo cinco de ellos: Estados Unidos, Japón, China, Alemania y Gran Bretaña. Cuando se le dio el préstamo a Macri, indudablemente se trató de una cuestión política. El gobierno norteamericano, en ese momento bajo la gestión de Donald Trump, quería tener bien alineado al gobierno argentino, incluso más allá de que hubiera o no un cambio de signo partidario. De hecho, hubo países europeos que se opusieron al préstamo, pero como Estados Unidos es el que mayor gravitación tiene, consiguió imponer su política. Tal es así, que el actual presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, llegó a decir que el FMI hizo todo lo posible para ayudar a Macri con ese préstamo.
El problema es que al Fondo nadie puede cuestionarlo. Cuando se constituyó en 1944 en Bretton Woods, en su convenio constitutivo pusieron una serie de normas que lo blindaban respecto a cualquier reclamo. Es tan siniestro el mecanismo que el FMI tiene inmunidad absoluta y jurisdicción en cualquier parte del mundo. A sus directores, asesores y funcionarios nadie los puede tocar. Inclusive los documentos que emite el Fondo tienen inviolabilidad de archivo. Es decir, los archivos que están en su página web son tan solo los que el FMI quiere dar a conocer. Esa estructura poderosa es la que siempre respalda, como prestamista de última instancia, al sistema financiero, a los grandes bancos y a los grandes fondos de inversión.
– Pero vos planteas que aun así el FMI actuó de manera irregular, violando sus propias normativas. ¿Por qué?
Cuando digo que violó su convenio constitutivo es porque en el artículo primero se establece que cuando se pide un préstamo, además de determinadas condiciones, habría que pedir garantías. Esas garantías no se pidieron. De hecho, se dejó al gobierno de Macri hacer lo que quiera con esos fondos. En segundo lugar, el FMI sabía, a través de sus informes, que los problemas de la deuda argentina empezaban a crecer.
Además, algo que nadie menciona es que en el closure del bono que emitió el ex ministro de Finanzas Nicolás Caputo en junio del 2017, se menciona en varias partes del documento sobre la situación difícil de la Argentina, los conflictos sociales que la deuda puede traer, y se advierte sobre el aumento del déficit fiscal. Pero lo más importante de todo es que una de las cosas que el mismo documento decía es que la deuda no se podía pagar.
Por otro lado, el artículo número 5 de su estatuto plantea que cuando el objetivo para el cual se prestó el dinero no se ha cumplido el Fondo debe pedirle explicaciones al gobierno. Esto tampoco se cumplió, la plata entró por un lado y salió por el otro y nadie pidió ni dio explicaciones al respecto. A su vez, en el artículo número 6 se establece que cuando el Fondo advierte que el dinero que desembolsa sirve para financiar la salida de capitales, tiene que advertir al gobierno y cortar ese financiamiento. Sin embargo, cuando se dio el primer desembolso se fugaron unos 15 millones de dólares.
– Vos mencionas esta suerte de consenso entre diferentes fuerzas políticas sobre el pago de la deuda. A lo sumo, pareciera que las diferencias se dan en torno a tal o cual punto en la negociación. ¿Qué otra alternativa tiene la Argentina? ¿Cómo podría llevarse a cabo?
Primero no hay que pagarle al Fondo. No acordar y simultáneamente modificar la legislación que permite estos acuerdos. Luego pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque, así como lo establece el artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas y el artículo 65 del Reglamento de la Corte, se puede pedir opinión sobre cualquier cuestión jurídica. Así mismo, la Convención de Nueva York sobre privilegios e inmunidades de organismos especializados como el Fondo también establece que se puede pedir una opinión consultiva en caso de un conflicto entre un país y un organismo. Y la opinión de ese tribunal es de acatamiento obligatorio para el Fondo. Esto no significa una solución, pero por lo menos si el máximo tribunal internacional le dijera al fondo “ustedes violaron el artículo primero, quinto y sexto”, esto colocaría a la Argentina en mejores condiciones para enfrentarse al organismo.
Para el derecho internacional, esas violaciones por acción u omisión son consideradas actos ilícitos. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen un conjunto de juristas que han integrado la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas que han establecido estas pautas, obligando al organismo a hacerse cargo de lo que no hizo y a reparar el eventual daño que haya causado. Por eso lo que tenía que haber hecho el gobierno es no ir al acuerdo, suspender los pagos y presentar la opinión consultiva.
Pero claro, ante esto te dicen: “¿Cómo no vamos a acordar con el fondo? ¡Va a ocurrir una catástrofe!”. Y siempre digo lo mismo: entramos en default con el Fondo y con un montón de acreedores privados en el año 2001. Volvimos a relacionarnos con el FMI y a empezar a pagarle en el 2003 con el stand by que hizo Néstor Kirchner en septiembre de ese año. ¿Qué pasó en esos dos años? No hubo ningún terremoto, ninguna invasión. Y Kirchner terminó pagándoles para sacarlos de encima en el 2006.
Por otro lado, para quienes dicen que esto sirve para ganar tiempo, lo que deben ignorar es que, si al FMI no se le paga, no tiene posibilidad de ninguna medida coercitiva inmediata. El Fondo no puede embargar a la Argentina. Cuando estas situaciones pasan normalmente se espera, se sigue negociando y viendo qué formas tiene el país para tratar de llegar a un acuerdo. Recién podría tomar una medida coercitiva de intimar a la Argentina después de dos años y medio. Entonces, ¿de qué tiempo hablan? Porque mientras tanto perdimos 6 mil millones de dólares pagando intereses.
Por último, esta gente siempre dice qué es lo que va a pasar si no pagamos. Pero nadie dice qué va a pasar si pagamos. La realidad económica es que la Argentina no tiene la menor posibilidad de pagarle al Fondo a partir del 2025. Entonces tendrá que volver a celebrar otro acuerdo y veremos entonces qué exigencias hay. Así entramos en esto que te decía de la deuda perpetua, que siempre se refinancia. La de la deuda es la lógica del usurero: le interesa que el deudor no le pague nunca el capital y sí que le siga pagando intereses a perpetuidad.
– En este esquema, ¿Quiénes son los principales beneficiarios y quiénes los principales perjudicados?
Los principales beneficiarios son el sistema financiero y los fondos de inversión que saben que la Argentina va a pagarles. Pero claro, detrás de los fondos de inversión están los grandes sectores económicos concentrados que hacen negocios con esta situación. Ahí participa toda la gran estructura económica del país: los grandes medios, las grandes empresas, los grandes capitales extranjeros y nacionales.
¿Quiénes son los principales perjudicados? El sector asalariado, los trabajadores, el que vive de un sueldo, ese sector siempre pierde. El laburante, el tipo o la mujer que trabaja para generar la riqueza argentina, ellos siempre son a quienes se les ajusta, se los somete, a quienes a lo sumo se les tira planes porque no se les puede dar trabajo genuino. A esta situación habría que terminarla de una vez para siempre.
