Las amenazas e incursiones de grupos paramilitares se multiplicaron durante el año 2022 en Colombia, principalmente coincidiendo con la campaña electoral. Los hechos violentos alcanzaron su punto más álgido a comienzos de mayo, con el descubrimiento de un plan para asesinar al candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Gustavo Petro, y el “paro armado” paramilitar declarado durante cinco días por el Clan del Golfo tras la extradición de su jefe ‘Otoniel’ a Estados Unidos. El paramilitarismo, indisociable del narcotráfico y controlado por sectores próximos al poder político y militar, ha irrumpido como un factor de intimidación que condiciona el desarrollo normal de la democracia.
Desde los primeros meses de 2022 se produjo una intensificación de la violencia política en muchas regiones del país, con una especial incidencia en el departamento de Arauca, donde las disidencias de las FARC y la organización narcoparamilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo perpetraron varias masacres. Durante los dos primeros meses del año 2022 hubo en ese departamento más de un centenar de muertos por la violencia de estas organizaciones. A ello se sumó el paro armado declarado por la guerrilla del ELN, interpretado por candidatos del Pacto Histórico (PH) como un regalo al uribismo gobernante y a su estrategia de militarizar la lucha política. También aumentó la violencia en el suroeste del país, en particular en el Cauca, donde se han denunciado numerosos asesinatos de líderes indígenas. En este caso, es la organización paramilitar Águilas Negras la que amenaza a los líderes sociales y a dirigentes políticos del Pacto Histórico.
Según los datos de Indepaz, durante los primeros cinco meses de 2022 fueron asesinados en todo el país 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos, uno cada dos días. Y en el mismo período fueron exterminados más de 20 ex combatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz. La presencia de grupos armados organizados afecta a 420 municipios que comprenden el 37 % del territorio nacional, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) difundido en abril de 2022. Esta institución realiza un seguimiento intensivo de todos los hechos de violencia electoral que se producen durante los 14 meses previos a las elecciones. Pares define la violencia electoral como “una subcategoría de la violencia política” que se produce “en el marco de la contienda electoral”, y que no se vincula sólo “a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas”.
Un documento presentado en mayo de 2022 por la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones sociales que promueve el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, indica que “375 municipios, un tercio de los municipios del país, registran algún riesgo por factores de violencia”. En algunos departamentos, tales como Guaviare, Caquetá y Putumayo, el riesgo por factores de violencia afecta a más del 70 % de los municipios. Así mismo, el informe destaca que desde el último corte, previo a las elecciones legislativas de marzo, “la mayoría de los municipios nuevos en riesgo se encuentran en Antioquia, el departamento que más sufrió las consecuencias del paro armado del Clan del Golfo” a comienzos de mayo. Otro informe de este mismo organismo compara el riesgo por hechos de violencia contra líderes sociales, políticos y comunales en los meses previos a las elecciones de 2018 (322 agresiones) con las de 2022 (683 agresiones). El incremento de la violencia electoral es de un 112 %.
La violencia paramilitar reciclada
La campaña electoral se desarrolló con una gran disparidad de recursos de comunicación entre los candidatos, en particular entre los partidos de derecha y centroderecha, que cuentan con el decidido respaldo de los principales medios de comunicación, y los líderes de partidos de izquierda y movimientos progresistas, que si bien han podido convocar multitudinarias concentraciones en sus recorridos a través del país, estas no tuvieron ningún eco mediático y se transmitieron casi exclusivamente a través de las redes sociales.
Ante el evidente ascenso de la izquierda en todas las encuestas, los grupos narcoparamilitares se propusieron amedrentar a los líderes sociales que la apoyan y sabotear los actos de campaña del Pacto Histórico. En este sentido, actuaron como el instrumento extremo de la clase gobernante tras el derrumbe de sus expectativas de perpetuarse en el poder bajo formas democráticas. Los ejemplos son muy numerosos. A finales de 2021, el Clan del Golfo amenazó de muerte al gobernador del departamento del Magdalena, el progresista Carlos Caicedo, quien tuvo que exilarse durante algunos días hasta que el gobierno le aseguró la debida protección. En enero de 2022, al inicio de la campaña electoral, un comunicado de la organización paramilitar Águilas Negras amenazó a algunos de los principales dirigentes del Pacto Histórico, entre otros a Gustavo Petro e Iván Cepeda, así como a varios magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El panfleto es una clara declaración de intenciones:
“Entre nuestras misiones está la de evitar la toma del poder por parte de los narcoterroristas guerrilleros, defender a Colombia de la amenaza del comunismo progresista […] los encontraremos en cualquier parte del territorio nacional […] los vamos a encontrar, a torturar, descuartizar vivos y a desaparecer para que sean ejemplo de lo que le hacemos a los sapos [soplones], traidores, colaboradores y cómplices de las Farc, a quienes también exterminaremos.”
El comunicado añade: “No permitiremos que […] se instaure en el poder la dictadura del narcoterrorismo comunista progresista o que conviertan a Colombia en otra Venezuela”, mostrando una total sintonía con los argumentos no menos rudimentarios al respecto del presidente Iván Duque y su partido Centro Democrático.
La organización paramilitar Águilas Negras surgió bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Su paternidad se atribuye al temible jefe paramilitar Vicente Castaño, impulsor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien fundó esta organización en desacuerdo con la desmovilización de las AUC pactada por su hermano Carlos con Álvaro Uribe, efectuada entre los años 2004 y 2006, con grandes beneficios para quienes se acogieran a ella. Posteriormente, el uribismo permitió la recomposición y diversificación de los grupos paramilitares, que se fueron reconvirtiendo en un sinfín de organizaciones: las AGC o Clan del Golfo, Los Rastrojos, Los Pachenca, Los Caparrapos, La Constru, etc. Ante el avance de esta legión de grupos mafiosos y ultraderechistas, el Estado fue cediendo terreno y en muchos casos les permitió controlar el territorio o, a lo sumo, los combatió como bandas criminales, desvinculando sus fechorías de todo tinte ideológico.
Las distintas organizaciones paramilitares que han proliferado desde entonces fueron reciclando la violencia con nuevas denominaciones y marcas, pero muchas de ellas permanecieron interconectadas. Muchos de sus integrantes ‘migraron’ al Clan del Golfo, una estructura que debe su nombre a los carteles mexicanos del narcotráfico y que actúa como organización paramilitar con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Muchos sicarios del Clan del Golfo, conocido también como Clan Úsuga o Bloque Héroes de Castaño, proceden del antiguo bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se estima que el Clan del Golfo sería responsable de la mitad del tráfico de toda la cocaína que hoy sale de Colombia. Sus principales clientes son los carteles mexicanos de Sinaloa y el Cartel del Noreste de México.
Por el contrario, hay serias dudas de que realmente exista una organización centralizada que responda al nombre de Águilas Negras. No obstante, detrás de sus comunicados y acciones hay algún comando paramilitar enfocado en difundir amenazas -llegando en algún caso a consumarlas- en plena campaña electoral. Desde hace más de una década no hay rastros de sus campamentos, ni se ha capturado a ninguno de sus miembros, según informes policiales, y varias organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una pantalla para mantener en la impunidad a los verdaderos autores de los asesinatos de líderes sociales, ambientalistas, ex guerrilleros y políticos de oposición.
Amenazas a líderes sociales y “paro armado” paramilitar
Las amenazas a políticos de izquierda y líderes sociales arreciaron a mediados de marzo de 2022, tras la victoria del PH en las elecciones legislativas. Las intimidaciones fueron cada vez más graves. La senadora electa María José Pizarro difundió en redes sociales un comunicado de las Águilas Negras amenazando a todo el equipo del PH en Valle del Cauca. Al menos una de estas amenazas de muerte efectivamente se cumplió, con el asesinato del líder indígena nasa Miller Correa, que hizo campaña por el PH. Su homicidio en el Norte del Cauca al día siguiente de las elecciones fue reivindicado por las Águilas Negras como un ejemplo de cumplimiento de su palabra.
Otro panfleto del autodenominado Bloque Occidental de las Águilas Negras, con fecha 19 de marzo, amenazó sin ambages a los activistas del Valle del Cauca que se implicasen en la campaña: “Seguimos cumpliendo con nuestra palabra de limpiar a todos esos llamados líderes indígenas y sociales […] que apoyan al tal llamado Pacto Histórico”. Se señalaba con nombre y apellido a nueve dirigentes locales, coaccionándolos de forma brutal: “comenzó la cacería y no descansaremos hasta tenerlos a todos bajo tierra, los siguientes difuntos serán ustedes”. El líder indígena Capaz Lectamo, en representación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), aseguró que el único móvil de los asesinos de Miller fue la venganza “por el liderazgo que ha dado el movimiento indígena caucano en torno a los resultados” de las elecciones.
En el Valle del Cauca y su capital, Cali, la prolongada lucha popular que sostuvo la juventud en las calles durante el Paro Nacional se transformó en votos para el proyecto progresista del Pacto Histórico. El PH obtuvo cinco representantes y tres senadores en este departamento, cuando anteriormente los partidos alternativos no contaban con ninguna representación. El paramilitarismo actúa por cuenta de los sectores gobernantes que quisieran retrotraer la situación a su anterior dominio incontestado.
La extradición a Estados Unidos del máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, sirvió de excusa a esta organización para declarar un “paro armado” de cuatro días que supuso un balance de muerte y destrucción en 11 departamentos (con afectaciones en 119 municipios), además de haber causado el confinamiento de la población de 74 comunidades. El grupo paramilitar impuso restricciones sobre el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas.
La situación de violencia generalizada atemorizó a muchos votantes, que se inhibieron de ejercer sus derechos electorales en la primera vuelta de las elecciones presidenciales incluso en algunas ciudades importantes. Puedo dar testimonio directo de dos mujeres de una misma familia que no se atrevieron a salir a votar en Santa Marta por miedo a que hubiese disturbios, debido a su delicado estado de salud: una de ellas con cáncer y la otra con un embarazo delicado. Dos votos, entre tantísimos más, que el clima de violencia política sustrajo muy probablemente al Pacto Histórico.
El plan de asesinar a Gustavo Petro
Las intimidaciones de los grupos paramilitares alcanzaron a toda la plana mayor del PH. Primero a la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, que denunció haber recibido amenazas de las Águilas Negras hasta tres veces en muy poco tiempo. El objetivo más probable fue dificultar la participación de la lideresa en la campaña, pero no lo han conseguido. En el caso del candidato presidencial del PH, Gustavo Petro, se descubrió un plan para asesinarlo que impidió su asistencia a algunos actos de campaña. El equipo coordinador de la campaña denunció a principios de mayo que el grupo paramilitar La Cordillera había planeado atentar contra la vida del candidato izquierdista durante su gira por los departamentos del Eje Cafetero, suspendida por obvias razones de seguridad.
Los encargados de la campaña de Petro supieron de fuentes policiales y militares que “un integrante de la SIJIN (Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional), que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa, también sería parte del plan criminal”. Lucas Villa fue asesinado en las protestas del Paro Nacional de mayo de 2021 y su muerte continúa sin esclarecerse, aunque hay indicios de que también pudo haber intervenido en su ejecución La Cordillera. El comunicado del equipo de campaña de Petro describe el trasfondo de esta estructura mafiosa: “La Cordillera es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del Eje Cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de dicha organización criminal”.
Según ha revelado el portal Cuestión Pública citando fuentes de la campaña de Petro, en este plan habrían estado involucrados políticos regionales, policías y militares. El nerviosismo de los sectores hegemónicos ante la posibilidad de la llegada al gobierno del Pacto Histórico es lo que ha dado rienda suelta a los actores paramilitares incrustados en el viejo esquema de poder.
La ocultación de la verdad sobre el narco-paramilitarismo
El gobierno de Iván Duque, presionado por sus socios internacionales, ha desplegado durante la campaña electoral una gran exhibición de captura serial de narcotraficantes. Simultáneamente, evitó que estos pudieran hacer declaraciones públicas, con el objetivo de que fueran extraditados sin decir palabra acerca de sus vínculos con el poder en Colombia. Por ejemplo, a Otoniel se le prohibió conceder una entrevista con un canal de la televisión colombiana antes de su extradición. Sin duda sus declaraciones podían salpicar al gobierno y a políticos corruptos, así como visibilizar los estrechos vínculos que existen entre el narcoparamilitarismo, el poder económico y la fuerza pública.
La extradición precipitada de Otoniel y otros jefes paramilitares implica privar a las víctimas de ejercer su derecho a la verdad y justicia en Colombia. El gobierno ha intentado ocultar o cuando menos posponer las revelaciones de cualquier conexión entre funcionarios del Estado y el narco-terrorismo paramilitar, como ha quedado explícito en una carta del Consejo Asesor de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV).3 En esta carta abierta dirigida al presidente Iván Duque se constata el boicot de las autoridades penitenciarias a facilitar las audiencias de declaración del máximo jefe del Clan del Golfo. En una de las audiencias, el 17 de febrero de 2022, funcionarios de la DIJIN entraron “abruptamente” en la celda donde los miembros de la CEV tomaban declaración. a Otoniel y los expulsaron por supuestas razones de seguridad. El Consejo Asesor de la CEV rechazó “las condiciones impuestas por la Policía para esa entrevista, que distan del ofrecimiento de garantías de seguridad y más bien parecen evidenciar desconfianza u obstrucción” al trabajo de la CEV. Los carceleros de Otoniel impidieron hasta en cuatro ocasiones que éste declarase ante la Comisión.
Iván Duque celebró la captura de Otoniel en octubre de 2021 como “el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo”, y lo consideró “comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90”. Sin embargo, es muy distinta la versión del jefe narco, que niega haber sido capturado. Otoniel dijo que él mismo fue quien se entregó, desarmado, para colaborar con la justicia transicional en el esclarecimiento de su participación en masacres y otros actos criminales. De hecho, en febrero de 2022, el jefe narco presentó un documento de 35 páginas en el que pidió someterse a la JEP en calidad de “tercero civil”, como financiador y promotor de grupos paramilitares, mencionando los nombres de altos mandos de las Fuerzas Armadas con los que habría mantenido vínculos. De esta forma, en su cálculo personal, podía beneficiarse de penas más reducidas y eludir la justicia ordinaria.
Tras cinco aplazamientos sucesivos por falta de garantías para tomarle declaración, la JEP pudo por fin escuchar a “Otoniel” en el marco de la investigación sobre ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’. Con todo, dos días después de escuchar las declaraciones de Otoniel, la JEP rechazó ponerlo bajo su jurisdicción, quedando a disposición de la Justicia ordinaria. El motivo que alegaba Otoniel para su reconocimiento como parte del conflicto era endeble, ya que intentó probar que fue aliado de las FARC durante su supuesta militancia como guerrillero en el Urabá. En el caso de haber pasado a la jurisdicción de la JEP se habría beneficiado de un acortamiento de las penas y otros privilegios que no le corresponden, ya que los grupos paramilitares no fueron firmantes del Acuerdo de Paz.
En paralelo, se supo que el gobierno de Duque intentó influir en la Corte Suprema para que acelerase los trámites de la extradicción de Otoniel. La Corte aprobó la extradición del jefe del Clan del Golfo el 4 de abril de 2022 y el presidente firmó inmediatamente la orden para hacerla efectiva. Esta decisión judicial es cuestionable, ya que la Corte podría haber decidido mantener su jurisprudencia de privilegiar los derechos de las víctimas en Colombia, para esclarecer primero la verdad sobre masacres, asesinatos selectivos y otros crímenes de lesa humanidad, anteponiéndolos a los intereses de la Justicia de Estados Unidos que sólo lo condenará por narcotráfico y lo mantendrá encarcelado en ese país.
La extradición de Otoniel a Estados Unidos se produjo después de que el Consejo de Estado de Colombia la suspendiera temporalmente, como medida cautelar, debido a una tutela judicial presentada por representantes de las comunidades del Chocó que pedían que se garantizaran sus derechos fundamentales, es decir, los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. La tutela fue admitida el 29 de abril por el magistrado Andrés Palomino, que decidió suspender el traslado efectivo de Otoniel a Estados Unidos hasta que existiera un fallo de fondo sobre el reclamo de las comunidades afectadas por la violencia de esa organización criminal. Pero el 4 de mayo el Consejo de Estado dejó sin efecto la tutela para permitir que fuera extraditado. Ese mismo día la Corte Suprema accedió a extraditar también a la hermana de Otoniel, Nini Johana Úsuga, responsable de finanzas del Clan del Golfo solicitada por un tribunal de Florida.
Las declaraciones que entregó Otoniel a la JEP involucran directamente al Estado colombiano durante toda su trayectoria como jefe paramilitar. Entre sus revelaciones destaca el apoyo que recibió el Clan del Golfo por parte de políticos y militares, que habría sido crucial para el despliegue del grupo ilegal con mayor presencia armada de Colombia. Dijo además que la alianza entre el Clan del Golfo y la Fuerza Pública “se mantiene” actualmente, indicando que hay varios militares en la “nómina” de esa organización delictiva, entre los cuales citó al general Mario Montoya. Ahondando más en la historia, se refirió también a la colaboración de algunas autoridades para patrocinar y proteger al bloque Centauros de las AUC y la influencia de esa organización en la contratación pública en algunos departamentos. Habló también de los empresarios y políticos que habrían financiado esa estructura criminal y de su apoyo para garantizar triunfos electorales, así como del servicio “logístico” que prestan a empresas petroleras y otras corporaciones.
“Neutralizar” las revelaciones
En coincidencia con el calendario electoral, el gobierno de Iván Duque se ha abocado a la captura serial de narcotraficantes. El 16 de marzo de 2022 anunció que en una operación conjunta de la DIJIN y la DEA se detuvo a otros 24 miembros del Clan del Golfo (10 de ellos con pedido de extradición a Estados Unidos) como presuntos responsables del envío de cinco toneladas mensuales de cocaína desde Cartagena de Indias y San Andrés hacia el exterior.
Con todo, la captura de los jefes narcoparamilitares no garantiza que permanezcan mucho tiempo entre rejas, ni asegura que lleguen a ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. El jefe del Clan del Golfo, Otoniel, sólo permaneció siete meses en las cárceles de Colombia antes de ser extraditado.
El 18 de marzo de 2022 se comunicó la fuga de la cárcel de alta seguridad la Picota (Bogotá) del narcotraficante y exparamilitar de las AUC Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, principal lugarteniente de Otoniel en la costa Pacífico (Bloque Cordillera Sur) y que también iba a ser extraditado a Estados Unidos. Matamaba controlaba la salida de la cocaína desde Nariño hacia los carteles mexicanos que abastece el Clan del Golfo, a través de una flota de lanchas rápidas que hacen escala en Centroamérica. Poco antes de su fuga se supo que Matamba era una pieza clave de una red de narcotráfico que involucra a miembros activos y retirados del Ejército, entre ellos, el general Leonardo Barrero y el coronel Robinson González del Río, condenado este último por más de 40 ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’). La espectacularidad de la fuga fue recogida en la circular de solicitud de captura enviada a Interpol.4 La versión oficial sugiere claramente que a Matamba le dejaron la puerta abierta para que pudiera huir, y señala que para ello contó con complicidad de algún guardia penitenciario.
Transcurridos más de dos meses desde la fuga y a tres días de las elecciones presidenciales, el presidente Iván Duque informó en su cuenta de Twitter que Matamba había sido “neutralizado” en una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía, a la que también se refirió el ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que el cabecilla del Clan del Golfo “fue abatido en combate”. Sin embargo, un funcionario del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) denunció a comienzos de mayo que no se habría tratado de una fuga sino una desaparición forzada ordenada por las autoridades carcelarias. Milton Jiménez Arboleda, ex guardia del INPEC acusado de facilitar la fuga de Matamba, dijo ser un “chivo expiatorio” y aseguró haber sido secuestrado por la Fiscalía, quedando incomunicado con su familia y con sus abogados. El guardia de seguridad y la abogada del narcotraficante coinciden en que se habría simulado la fuga de Matamba con la salida de otra persona, mientras se plasmaba la desaparición de un delincuente que sabía demasiado sobre los vínculos del narcotráfico con funcionarios del Estado.
Tanto la captura como la extradición de estos jefes mafiosos se presentan con fantásticas escenografías desplegadas por el Ejército y la Policía para visibilizar su aparente eficacia en la lucha contra el narcoterrorismo. La sobreactuación revela la centralidad de la función propagandística. La supuesta captura de Otoniel fue definida como “una obra de teatro” por el sacerdote Javier Giraldo, investigador sobre derechos humanos y autor de varios libros sobre el conflicto armado colombiano: “Pocas personas en Colombia se tragaron esa versión de la captura de Otoniel, eso fue una obra de teatro demasiado mal preparada. La presencia del Clan del Golfo ha sido ciertamente de un paramilitarismo coordinado y articulado con la Fuerza Pública”, asegura. Además, esa detención no habría afectado a la estructura ya renovada de la organización criminal.
La puesta en escena de su extradición fue aún más espectacular que la de su ‘captura’: Otoniel fue escoltado por ocho tanquetas blindadas, equipadas con francotiradores y 50 hombres jungla (agentes especiales antinarcóticos), hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar del aeropuerto de El Dorado para abordar allí un avión de la DEA con destino a Florida. La caravana de vehículos de su traslado consiguió cierta visibilidad en los medios de comunicación de todo el mundo.
La intervención política del Ejército
El Clan del Golfo es la organización que más bajas ha causado a las fuerzas armadas de Colombia en lo que va de año. Una tercera parte de los 30 soldados muertos durante los primeros cuatro meses de 2022 fueron asesinados por esta organización narcoparamilitar, en cuyas filas se ha denunciado la presencia de muchos ex militares.
El pasado 19 de abril murieron seis soldados y otros cinco quedaron heridos en Nutibara, Antioquia, por la activación de una carga explosiva al paso de un camión del Ejército, después de haber realizado una operación contra el Clan del Golfo en la zona. Este grave atentado se produjo en medio de la polémica desatada por las denuncias de que oficiales y ex soldados del Ejército forman parte de la estructura de este grupo narcoparamilitar.
Ese día Gustavo Petro publicó este mensaje en tuiter: “Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales.” La respuesta del comandante del ejército fue una furibunda intervención directa en la campaña electoral contra el candidato del PH. En un hilo de tuiter replicado por Álvaro Uribe, lanzó su descalificación política sin rodeos: “Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados […] Le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como ‘politiqueros del narcotráfico’. […] A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura.”
Los miembros de las fuerzas armadas colombianas no pueden participar en las elecciones ni siquiera con el voto, según establece la Constitución nacional. Mucho menos hacer declaraciones que puedan comprometer su imparcialidad respecto de los candidatos. Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, consideró que el general Zapateiro debería ser “llamado a calificar servicios de inmediato”, dado que “al enfrascarse en disputa con uno de los candidatos a la Presidencia pone en entredicho su obediencia”.
La intervención pública del jefe del Ejército fue la más grave porque compromete a la institución, pero no fue la única demostración de fuerza en ese sentido. A fines de abril de 2022 se conoció un audio atribuido al ex coronel Hernán Mejía, un militar imputado por su presunta responsabilidad en 127 crímenes cometidos en alianza con los paramilitares, y se lo acusa de haber sido instigador de al menos 75 asesinatos de ‘falsos positivos’. En la grabación, insultante contra los candidatos del Pacto Histórico, convocó a la nación a “rodear a sus fuerzas militares y policiales, porque viene a desencadenarse una terrible crisis violenta que, si nos descuidamos, llevará al colapso de la patria”. Y añadió, en un claro llamado a la insubordinación militar: “Las fuerzas armadas y reservas activas tienen desde ya sobre sus hombros la responsabilidad de salvar la salud de la democracia”. Estos salvadores de la patria incitan sin complejos al golpe de Estado cuando la izquierda está a las puertas de llegar al gobierno.
Connivencia del Estado con los grupos paramilitares
En este clima enrarecido, Gustavo Petro precisó aún más su denuncia aludiendo a los mensajes del general Zapateiro: “Me contesta el general por qué dije que los asesinos de esos soldados eran los mismos que estaban pagando y metiendo en nómina a muchos generales de Colombia. Pues esa es la verdad lamentable de este país. No queremos más generales que se abracen con el narcotraficante mientras sus hombres se arriesgan por lograr la captura del narcotraficante.”
La sentencia de Petro no es gratuita, son muchas las voces que se alzan en Colombia para denunciar esos vínculos entre los mandos de la fuerza pública y los grupos paramilitares. Entre los precursores que no dejan de denunciarlo desde hace décadas, se cuentan algunos miembros de la Iglesia cercanos a los sectores populares. El sacerdote jesuita Javier Giraldo, fundador en 1988 de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (integrada por 45 congregaciones religiosas católicas) y autor de un libro titulado Colombia: The Genocidal Democracy ya en 1996, es uno de los analistas más respetados por su conocimiento de las causas de la violencia en Colombia. Giraldo declaró en una entrevista publicada a comienzos de 2022 por El Espectador que durante el último trimestre de 2021 hubo en la región del Chocó y el norte de Antioquia “tal agresión de los paramilitares coartando todas las actividades, incluso religiosas, que hubo misiones de verificación en las que participaron varios obispos, organismos internacionales y humanitarios”. Esas misiones emitieron comunicados que enfurecieron al Ministerio de Defensa “contra la Iglesia”, especialmente por la denuncia vertida de que “hay síntomas de que el Clan del Golfo y el Ejército están actuando conjuntamente”.
El comandante del Ejército no debería sorprenderse de que un candidato presidencial se haga eco de lo que es vox populi, los estrechos vínculos entre la cúpula militar y las organizaciones paramilitares. Las organizaciones eclesiásticas han recabado el testimonio de las misioneras que viven en los territorios más acosados por el paramilitarismo:
“El Ejército está enfurecido exigiendo retractación, pero uno se pregunta, ¿qué pruebas van a exigir? Si quienes estuvieron en estas misiones escucharon el testimonio de la gente que ha vivido en carne propia las cosas terribles que están haciendo los paramilitares. Las mismas religiosas que están en esas zonas rurales les decían ‘aquí está la base militar y a pocos metros está la base paramilitar’. ¿Cómo van a negar que están actuando juntos? Hay una connivencia muy evidente que ya se ha denunciado, no solamente en el norte de Antioquia y el Chocó, sino en el Caquetá, en Putumayo, en Guaviare, que muestra lo mismo: se nota una articulación y connivencia incluso con algunas disidencias, con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares. La situación se ve muy grave.”
Es sabido que después de la retirada de las FARC, como consecuencia del acuerdo de paz, los territorios fueron desatendidos por el Estado y quedaron a merced de los grupos criminales. Javier Giraldo fue entrevistado en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a la que visita periódicamente, y desde allí explicó cómo afectan las acciones concertadas de militares y paramilitares en este corregimiento del Urabá antioqueño. Este sacerdote jesuita con un reconocido historial de defensa de los derechos humanos y miembro fundador del banco de datos del Centro de Investigación y Educacion Popular (CINEP),5 explica cómo funciona ese control del territorio que mantienen los grupos paramilitares: “el paramilitarismo fue tomando control de todas las veredas [poblados rurales] mediante presencia de por lo menos una persona o una familia que ellos llaman ‘puntos’, que es propiamente un sistema de espionaje. Ellos convocan permanentemente asambleas de juntas de veredas” para decidir qué se puede sembrar, establecer impuestos ilegales e imponer un modelo de desarrollo “que es antiecológico y va en contra de todo lo que la comunidad ha pensado siempre”.
De esta forma se ha ido configurando una red capilar de control territorial en muchas zonas rurales. Aproximadamente una cuarta parte de la población colombiana habita en veredas:
“En esas asambleas de veredas lanzan amenazas y quieren dejar siempre sentado que ellos son la autoridad de la región. Nadie se puede oponer a ellos. Todo el mundo se tiene que someter y el que no se someta pagará las consecuencias”.
El control del territorio es absoluto y no deja resquicios a la autoorganización social. Amplias zonas del universo rural están capturadas por estas mafias que desconocen la ley e imponen su ley por la fuerza. Y, paradójicamente, esto no ocurre tanto por la ausencia del Estado y de la fuerza pública, como por su misma presencia y complicidad con este orden paramilitar.
Mientras tanto, los jefes del Clan del Golfo y de otras estructuras narcoparamilitares, que podrían revelar en profundidad cómo funcionan los vínculos de esas organizaciones con el poder estatal para poder desarticularlas, nunca permanecen mucho tiempo en Colombia cuando son capturados. Después de un breve paso por prisión son extraditados a Estados Unidos. Los relevos en el cuadro de mando de la organización criminal no afectan a su funcionamiento ni a su estructura, que permanece intacta y se regenera a sí misma amparada por sus padrinos políticos, con nuevos jefes a cargo del negocio del narcotráfico y en el control de sus redes sicariales y financieras.
