Estamos próximos a cumplir cinco años del llamado: “Baguazo”, hecho que aconteció un 5 de junio del año 2009 en la selva nor oriental del Perú (región Amazonas) bajo un enfrentamiento, con armas de guerra, del Estado contra la población civil que protestaba frente a varios Decretos promovidos por el gobierno de turno en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
 
Luego de éste hecho de sangre, se desarrollaron varios procesos de investigación, a nivel del sistema de justicia, desde hace 5 años están pendientes 53 procesos judiciales sobre: 23 indígenas y 30 mestizos.  Dentro del proceso se ha excluido del juicio a quienes promovieron el uso de armas de guerra contra población civil. Entre los principales acusados de la sociedad civil, están el presidente nacional de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) Alberto Pizango y Santiago Mauin[1], éste último “uno de los primeros en caer baleado por un fusil AKM al acercarse con las manos en alto ante la avanzada policial gritando: “no hagan eso, paz, paz”[2] Sobre ellos, se expide un pedido del Estado de cadena perpetua.
 
En el marco de éste enfrentamiento, ya muchos han olvidado a los heridos, tanto policías como civiles, entre ellos niños, afectados gravemente y que hasta la fecha tampoco tienen justicia[3].
 
En la esperanza de lograr algún acuerdo entre Estado y sociedad civil, en aquel fatídico año se crearon cuatro mesas de trabajo: 1. Para desarrollar un informe de la Verdad sobre los hechos de Bagua. 2. Para revisar los Decretos Legislativos que dieron inicio a la protesta. 3. Para desarrollar normas referidas a Consulta Previa. 4. Para tratar sobre temas ligados al “desarrollo”, esta subdividió su tema en: i) Territorio, recursos naturales y biodiversidad, ii) Identidad, cultura y desarrollo humano, iii) Organización, autonomía y gobernabilidad, y iv) Economía, administración y desarrollo sostenible.
 
Los diversos informes de la verdad e investigaciones independientes sobre los hechos de Bagua, han quedado para narrar, desde diversas visiones, lo acontecido.[4]
 
De los Decretos Legislativos, cuestionados por el movimiento indígena y el movimiento de Derechos Humanos, varios de estos ya han sido anulados. Uno preocupante y vigente es el Decreto Legislativo 1095 que permite la participación de las fuerzas armadas para reprimir protestas ciudadanas[5].
 
De las normas de consulta Previa, se ha avanzado de manera importante habiéndose promulgado una Ley y Reglamento, los mismos que son observados por el movimiento indígena por presentar diversas falencias. Estas mismas normas, aun observadas, no han llegado a buen puerto en sus diversos intentos de ser aplicadas.[6]
 
En temas ligados a desarrollo, resta mucho más por avanzar. Sólo para abordar el tema de titulación de territorios, el Estado ha suscrito por tercera vez, un proyecto para promover la titulación de nuestras tierras rurales, en esta ocasión, por la suma de cincuenta millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de éste monto, el Estado debe reembolsar veinte millones de dólares, pero, éste: “Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – tercera etapa” (PTRT 3) tiene la meta de formalizar en esta ocasión: 430 mil predios individuales y solamente: 150 comunidades campesinas y 100 comunidades nativas. No es difícil sacar cuenta de la marcada diferenciación en la promoción de la propiedad individual versus la de los pueblos llamados campesinos y nativos.[7] Para tener mayor idea de esta desigualdad, solamente en la región San Martín, se estima que faltan más de 100 comunidades nativas por titular, es decir, éste proyecto fácilmente podría ir destinado a una sola región amazónica en lo que corresponde.
 
Lastimosamente esta realidad, nos sigue indicando la desigualdad y discriminación presente tanto en las prácticas cotidianas de nuestra sociedad, como en la mente y discurso de quienes pretenden liderar nuestro país. Frases que califican a nuestros ciudadanos de los pueblos indígenas como “perros del hortelano” e indican ideas como: “Ya está bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo[8]
 
Esta tristemente célebre frase del entonces presidente de nuestro país, Sr. Alan García Perez, no hace sino, develar el trasfondo de cinco años y aún más, de normas, proyectos e inversiones que guardan como religión la idea que el gran capital transnacional “salvará al Perú”. El problema es que una inversión así en un país que relaja sus leyes ambientales, laborales y que desprotege a sus ciudadanos y los reprime con armas de guerra, difícilmente nos llevará a buen puerto, salvo para los intereses muy particulares de quienes están interesados en que existan ciudadanos de primera y segunda clase.
 
– Jorge Arboccó Gallardo es Antropólogo peruano
 
Referencias:
 
[2] Extracto del artículo de Rocío Silva Santisteban, Directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Fuente: http://derechoshumanos.pe/2014/05/un-juicio-historico/
[4] Algunos de los informes:
 
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[1] Biografía de Santiago Manuin: http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Manuin_Valera
[2] Extracto del artículo de Rocío Silva Santisteban, Directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Fuente: http://derechoshumanos.pe/2014/05/un-juicio-historico/
[6] http://www.larepublica.pe/26-04-2014/tres-procesos-de-consulta-previa-estan-paralizados-en-el-consejo-de-ministros