1) Introducción
 
El 24 de agosto del 2013 a menos de 10 días de haber asumido la presidencia de la república Horacio Cartes promulgaba el Decreto N° 103 para militarizar tres departamentos del país y permitir la movilización de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, “disponer elementos de combate”1 en los Departamentos de Amambay, San Pedro y Concepción, una vez más los objetivos del operativo buscan dar con la captura de los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
 
El decreto militarista fue posible a raíz de la modificación de la Ley 1337 de “Defensa Nacional y Seguridad Interna”, en la sesión del jueves 22 de agosto una amplia mayoria de Senadores aprobaba ciertas modificaciones a la ley en cuestión para que fuera posible la movilización de tropas militares con la sóla disposición presidencial, decisión, para muchos inconstitucional, porque genera un desequilibrio entre los poderes, así lo entendió la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay) y el Serpaj manifestando: “El proyecto de ley atenta contra el artículo 3° de la Constitución Nacional, ya que rompe con el principio de equilibrio entre los Poderes del Estado, al otorgar al Poder Ejecutivo mayores facultades en perjucicio de los demás poderes del Estado y escapando del control de los otros poderes”
 
Como organización de derechos humanos desde el Serpaj vemos con preocupación el uso de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad interna del país, algunos de los aspectos en que se funda esta preocupación tienen que ver con: