Como estaba previsto el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, en una decisión que ha sido duramente criticada anunció este lunes 13 de enero un fallo de segunda instancia en la cual ratifica la decisión que había tomado el 9 de diciembre, que es la destitución del Alcalde y su inhabilidad política por quince años. En el fallo se califica de gravísimas las actuaciones del alcalde Gustavo Petro Urrego en el consabido cambio operado en el modelo de recolección de las basuras en la ciudad y la crisis que se presentó al inicio del mismo los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012. Una primera cosa que salta a la vista es que en el fallo disciplinario el Procurador califica de gravísima el cambio de modelo al que Ordóñez califica como violatorio el principio Constitucional de la libre empresa al pretender según el Procurador la estatización por parte del Distrito de este servicio público. Nada dice el Procurador de la actuación de las cuatro empresas que se negaron a entregar al Distrito los vehículos recolectores que debieron haber sido entregados al término de la concesión. Tampoco investigó las denuncias de la Administración Distrital de que se habría presentado un complot por parte de los empresarios para hacer fracasar el nuevo modelo que quería implementar la administración.
 
Con la destitución de Petro por parte del Procurador se evidenció la contradicción que se presenta en la Constitución misma puesto que se estaría violando claramente el artículo 23 de la Carta Americana de los Derechos Humanos que forma parte de nuestro ordenamiento interno tal como lo señala de manera clara el artículo 93 de la Constitución Nacional. En su artículo 23 la Convención Americana establece que sólo un juez penal puede destituir a los funcionarios de elección popular que es el caso de Gustavo Petro. Como se sabe en Colombia la destitución de funcionarios de elección popular puede ocurrir como en el caso del Alcalde de Bogotá por parte de la autoridad disciplinaria y en el caso de los parlamentarios por el Consejo de Estado.
 
Así pues en el ordenamiento interno este principio de la Carta de los Derechos Humanos de la Convención y del sistema interamericano de Derechos Humanos no es respetado con una cuestión adicional y es que la Corte Constitucional en reiteradas sentencias; fallos ha dado vía libre a que organismos como la Procuraduría sancionen con destitución e inhabilidad a funcionarios elegidos popularmente. Esta jurisprudencia fue ratificada por la Corte recientemente al resolver la tutela interpuesta por Piedad Córdoba por su destitución e inhabilidad. En esta decisión del año pasado y en una votación de 7 contra 2, la Corte no tuteló los derechos y remitió el proceso al Consejo de Estado quien es el organismo que debe resolver sobre los derechos de la hoy ex parlamentaria sancionada también por Ordóñez con base en pruebas que fueron desestimadas por la Corte Suprema de Justicia en el proceso penal que se le seguía a la parlamentaria por supuestos nexos con las FARC. En el fallo de Tutela la Corte Constitucional reitera que Ordóñez no extralimitó sus funciones al destituir a la parlamentaria y remite al Consejo de Estado el proceso advirtiendo eso sí que las pruebas esgrimidas por el Procurador habían sido rechazadas en el proceso penal que se cerró en la Corte Suprema en contra de Piedad Córdoba.
 
En estas circunstancias y como lo hemos señalado en este mismo semanario el camino que le queda a Petro es el de acudir como en efecto ya lo hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando dos propósitos. El primero que le sean otorgadas medidas cautelares que protejan sus derechos y el de sus electores. En concreto que se suspenda el fallo de la Procuraduría mientras la Corte Interamericana falla, segundo propósito, sobre la contradicción evidente que existe entre el ordenamiento jurídico del sistema interamericano y las normas legales que violan el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia estas medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano.
 
El camino de la defensa de los derechos constitucionales de Petro y sus electores por medio de la Tutela afronta una realidad en la cual sería necesario que la Corte Constitucional cambiara su jurisprudencia que como lo hemos señalado es un camino lleno de obstáculos. Esa es la limitación que tiene el fallo del Tribunal que tuteló los derechos de Petro y sus electores. Como se sabe el Tribunal debe resolver de fondo en esta próxima semana y ese falló irá a revisión en el Consejo de Estado y eventualmente podrá ser seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión. El asunto es que la jurisprudencia vigente como hemos dicho no garantiza que los derechos de Petro sean salvaguardados. Así las cosas será la Comisión Interamericana la que diga la última palabra cosa que es muy difícil ahora mientras no se resuelven los fallos de tutela en nuestros tribunales.
 
En esas estamos con un problema adicional y es que los tiempos de la revocatoria se estrechan. Como se sabe la Registraduría Nacional del Estado Civil ha convocado las elecciones de revocatoria para el día 2 de marzo y las decisiones tanto de los tribunales colombianos como de la Comisión Interamericana tienen límites de tiempo muy estrechos. Amanecerá y veremos. Lo único que ha quedado claro es la arbitrariedad y el uso segado del poder disciplinario por parte del procurador Ordóñez. El rechazo a la arbitrariedad se ha materializado en las inmensas movilizaciones de respaldo al Alcalde y en las encuestas en donde más del 50% de los encuestados ha rechazado la decisión del Procurador.
 
Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
 
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 383
Semana del 17 al 23 de enero de  2014
Corporación Viva la Ciudadanía

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