No hay duda de que la insatisfacción y la pérdida de confianza en el sistema han crecido extraordinariamente en el pueblo norteamericano durante la última década. ¿Causas? –La crisis económica, las guerras interminables y la corrupción creciente en todos los niveles del gobierno.
 
La reciente caída en bancarrota de la ciudad de Detroit, símbolo del poder de la industria estadounidense, es altamente significativa. En sus tiempos de gloria, la gigantesca industria automovilística, que empleaba a millones de obreros, se presentaba como prueba irrefutable de la eficacia productiva del sistema capitalista norteamericano. Ahora Detroit está en crisis y el capitalismo también.
 
De tres millones de habitantes en la década del 60, Detroit tiene actualmente sólo 700,000; como testigo del colapso demográfico, decenas de miles de casas han sido abandonadas; casi la mitad de la ciudad carece ya de servicios de iluminación pública, ambulancias, bomberos, etc.; más del 60 % de los niños viven en la pobreza; y en los suburbios es indetenible la delincuencia y el crimen. Con la priorización del pago de la deuda municipal de 18.5 billones de dólares a banqueros y especuladores financieros de Wall Street, sacrificando los programas de salud, educación y asistencia social, no es difícil imaginar los sufrimientos que aguardan a los habitantes de la ciudad, especialmente en sus barrios negros.
 
Desde el desastre financiero de 2008, mientras abandonaba a su suerte a los obreros de Detroit, el gobierno federal inyectaba alrededor de 3 trillones de dólares (“bailout”) para salvar a Wall Street, es decir, a los mismos banqueros que fueron causantes del hundimiento económico. Esta política de priorizar a toda costa la ganancia del 1 % más rico de la población, sólo puede conducir –nadie lo dude- a fuertes y airadas reacciones de los trabajadores, a la desobediencia civil y, eventualmente, a estallidos sociales –un “Occupy Wall Street” multiplicado- de inimaginables consecuencias.
 
Porque la bancarrota de Detroit no es un caso aislado; muchas municipalidades a todo lo largo y ancho del país presentan enormes déficits presupuestarios y deudas acumuladas que se incrementan año tras año. Decenas de millones de estadounidenses ya no sueñan el sueño americano sino que despiertan, cada vez en mayor número, a la realidad de la pérdida de sus empleos, de sus casas y de vivir con el temor de ver marchar a sus hijos a guerras sin sentido, incosteables, contra países que nunca han atacado a Estados Unidos.
 
El movimiento “Occupy”, que galvanizó las aspiraciones de justicia social y económica de millones de personas, tomó por sorpresa a todos los analistas políticos. Ninguno fue capaz de predecir su masividad y la conciencia de su fuerza (“Somos el 99 %” proclamaba una de sus consignas). “Occupy” fue la medida del descontento popular e hizo ver a los escépticos que la posibilidad de una revolución en Estados Unidos está muy lejos de ser una falacia de radicales de izquierda.
 
Como era de esperar, todo el aparato jurídico y militar del Estado se ha ido transformando y preparando para enfrentar cualquier contingencia. Mientras la Ley Patriota restringe las libertades civiles de los ciudadanos, un enorme aparato de vigilancia realiza ilegalmente labores de espionaje dentro y fuera del territorio nacional, a los soldados de la Guardia Nacional los entrenan en apaciguar disturbios y actuar en situaciones de emergencia, las fuerzas policíacas se equipan con toda la parafernalia antimotines, el “Department of Homeland Security” (DHS) [Departamento de Seguridad Nacional] adquiere 2,717 vehículos blindados (MRAPs) (1) y decenas de miles de sus empleados reciben entrenamiento militar (2).
 
Estos MRAPs, diseñados especialmente contra minas y emboscadas, cuesta cada uno un millón de dólares. En agosto y septiembre de 2013, según datos de la “Defense Logistic Agency” (Agencia de Logística del Departamento de Defensa), 75 de estos vehículos fueron adjudicados a fuerzas de policía locales. Una pregunta inquietante queda flotando en el ambiente: ¿para qué necesitan el DHS y la policía vehículos blindados antiminas? La presencia en las calles de estos monstruos artillados de 19 toneladas irá convirtiendo las ciudades en zonas de guerra donde el enemigo será el pueblo estadounidense.
 
En siniestra armonía con este contexto, en mayo de 2012 (3) se supo de la existencia del “Army Field Manual 3-39-40: Internment and Resettlement Operations” (Manual de Campo del Ejército 3-39-40: Operaciones de Internamiento y Reubicación). El documento, de 326 páginas, describe las medidas que tomarían los militares para internar y reubicar a grandes masas de población, no sólo en países extranjeros sino también en territorio estadounidense. El Ejército manejaría estos campos de internamiento en estrecha colaboración con el DHS, con la “Federal Management Agency” (FEMA) [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias], y con “Inmigration and Customs Enforcement” (ICE).
 
El documento del Pentágono fue elaborado durante la administración de George W. Bush. El 8 de diciembre de 2008 se autorizó su distribución exclusivamente entre funcionarios del Departamento de Defensa (DOD). Con este fin fue impreso y en febrero de 2010 se distribuyó con una nota ordenando su destrucción por cualquier medio capaz de impedir la divulgación de su contenido o su reconstrucción (4). En mayo de 2012, el documento se filtró al sitio web “PublicIntelligence.net” y de allí a numerosos sitios de Internet (5).
 
En la clasificación de los internados que orienta el manual se incluye la categoría de “civilian internees” (prisioneros civiles) que serían detenidos “por razones de seguridad, por protección, o porque han realizado acciones contra el poder constituido”.
Los internos serían “reeducados”. El manual explica cómo serían “adoctrinados”, en particular los adversarios políticos. Este proceso de reeducación sería responsabilidad de “Psychological Operations Officers” (“PSYOP officers”) [Oficiales de Operaciones Psicológicas] cuya función es diseñar programas “con el objetivo de pacificar y adaptar a los detenidos para que acaten a las autoridades de la instalación y acepten sus regulaciones”. Ya conocemos los métodos de “adaptación” utilizados en Abu Ghraib, Guantánamo y otros lugares.
 
De acuerdo a las instrucciones del manual, el oficial PSYOP tiene, entre otras funciones, las de identificar a los descontentos, a los agitadores entrenados y a los líderes que pudieran organizar resistencias o provocar disturbios, y realizar programas de adoctrinamiento. En la página 284 se describe como “los malcontentos, alborotadores, agitadores y activistas políticos con capacidad para intentar organizar resistencias o crear disturbios dentro de la instalación” serían confinados “en recintos aislados para impedirles el acceso al resto de los internos”. El documento establece también en su página 277 que el campo de reeducación sería también un campo de trabajos forzados para aprovechar al máximo la fuerza de trabajo tanto calificada como no calificada. En los capítulos 9 y 10 se explican las condiciones necesarias para que los internos puedan ser reubicados o quedar en libertad condicional cuando dejen de ser una amenaza.
 
En el manual está clara la intención de crear campos de internamiento para la reeducación de activistas políticos, entre otros prisioneros. Que se trata de ciudadanos norteamericanos no existe duda ya que, de acuerdo al manual, los prisioneros serían identificados mediante “su número del Seguro Social”. El pronóstico represivo se ensombrece aún más con la ley aprobada en 2012 por el presidente Barack Obama (“National Defense Authorization Act”) que permite la detención por tiempo indefinido sin el debido proceso judicial, de ciudadanos norteamericanos.
 
Debemos precisar que no se trata aquí de uno de los tantos planes de contingencia que acostumbran preparar los oficiales de estados mayores para hacer frente a todo tipo de situaciones hipotéticas, sino de un manual de operaciones práctico, concreto, aprobado y listo para su inmediata utilización una vez que el presidente deje sin efecto el “Posse Comitatus”, la ley que prohíbe a los militares estadounidenses intervenir en los asuntos domésticos.
 
Se acusa a los medios alternativos, cuando tocan este asunto, de inventar conspiraciones sin fundamento. Sin embargo, el Manual 3-39-40 existe, nadie ha negado su autenticidad, describe el internamiento en campos de concentración de personas por sus creencias políticas, y permanecen ahí como una espada de Damocles sobre la cabeza de todo aquel cuyas ideas constituyen un desafío para el sistema.
 
Notas
 
(1)    “Mine Resistant Armored Protected Vehicules” (MRAPs) [Vehículos Blindados Resistentes a las Minas]. Provienen de los escenarios de guerra y en West Point, Mississippi, son reparados y mejorados con tecnologías más avanzadas.
 
(2)    Nikolai Malishevski: “Everyday Life of Superpower or What US Needs Syria for?”, Strategic Culture Foundation, Oct. 7, 2013.
 
(3)    J. M. Berger: “Did You Hear the One about U.S. Internment Camps?”, Foreign Policy, May 17, 2012.
 
(4)    “DESTRUCTION NOTICE: Destroy by any method that will prevent disclosure of contents or reconstruction of document”.
 
(5)    Puede examinarse íntegramente en: