Llama la atención como el vocero de la delegación del señor Santos en La Mesa de diálogos de La Habana utiliza los medios de comunicación para mentir sobre el proceso de paz que se adelanta con las Farc. Y para tapar el procedimiento unilateral con que se impulsan ciertas medidas relacionadas con las conversaciones de paz.
 
De La Calle cita partes aisladas del Acuerdo especial para la superación del conflicto firmado en Oslo desde noviembre del 2012, con el fin de presionar una "paz express", omitiendo el contenido general de dicho documento que incluye diversos tópicos con una visión integral del conflicto armado y las formas de superarlos mediante acuerdos esenciales vinculados con el modelo neoliberal, el Estado oligárquico, la democracia participativa, la justicia social, la doctrina militar contraiunsurgente que sustenta el paramilitarismo y los derechos humanos.
 
Presionar un acuerdo político a la velocidad del rayo, urgidos por los achaques electorales en que se encuentra la incierta reelección del señor Santos y su agrietado modelo neoliberal, puesto en la mira por el movimiento social agrario e indígena, es absurdo e inútil porque las causas del conflicto armado y de la guerra seguirán intactas motivando el surgimiento de otros actores armados revolucionarios que levanten las banderas de la democracia participativa, la solidaridad social, la soberanía nacional y la eliminación del poder oligárquico y plutocrático de unas cuantas familias atornilladas a perpetuidad en las instituciones del régimen.
 
El problema de la paz no es tanto de tiempos como de voluntad política. Que es la que le falta al señor Santos y sus delegados.
 
El Jefe de la Casa de Nariño, y sus voceros, no tiene la más mínima intención de pactar aceleradamente unas reformas básicas, que son las que aparecen en el Acuerdo de La Habana, para realizar cambios del régimen social y político, de su modelo neoliberal extractivista y de despojo de los campesinos.
 
La que Santos conserva, sin modificaciones, es su estrategia de guerra, que es la misma de la Seguridad Democrática de su antecesor (implementada por el propio Santos como Ministro de Defensa), tal como lo hemos visto con la activación del Plan Espada de Honor II para ensangrentar más el país asesinando campesinos en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Meta, Guaviare y Vichada.
 
Y a ciertos seudo analistas se les revienta la tinta argumentando que hoy todo es distinto a Uribe, que no tenemos más remedio que apoyar su continuidad por otros cuatro años para atajar el regreso del terrorista del Ubérrimo. Puro sofisma de politiqueros. Inflan el CD en las encuestas para diezmar la paz con justicia social. Que se dejen de manzanilladas y más bien le pisen el acelerador a los procesos judiciales para castigar los crímenes del uribato que van desde chuzadas ilegales, saqueo del Estado, narcotráfico y homicidios por centenas. Los acorrala la prepotencia de AUV, de José Obdulio, de Santiago Uribe y sus doce apóstoles que siguen muy campantes reorganizando la Oficina de Envigado y las redes mafiosas del Valle del Aburra.
 
Nada en la mentalidad de las élites dominantes ha cambiado. Para agregar, están reactivando, desde las brigadas y batallones militares, una nueva generación de paramilitares que ya andan sueltos asesinando líderes populares y de la oposición en el Macizo Colombiano, en Nariño, en Sucre, en Huila, en Cucuta, en Bogota, en Putumayo y en Córdoba.
 
Son las mismas viejas "garantías" políticas de los gamonales del orden social patrimonialista que impera en la Costa Caribe, en los Llanos, en Cundinamarca, en Cauca, Norte de Santander y en Antioquia, donde Santos recauda sus votos con presupuesto público y cuotas burocráticas entre los políticos feudales como la momia caucana Iragorri H (padre del Ministro del Interior) que adora la tiranía y el despotismo esclavista contra las indígenas paeces y guambianos, tildados de terroristas por reclamar sus territorios ancestrales.
 
En su desespero electoral, Santos se ha inventado una suerte de chantaje para intimidar a la resistencia campesina con amenazas de suspensión de la Mesa de diálogos. Quiere ganar de caña y obligar la firma de documentos inocuos para así levantar y realizar su campaña reeleccionista que se hundió completamente a raíz del trato violento de las protestas y movilizaciones campesinas del pasado mes de agosto, a las que, por lo demás, les ha incumplido los pactos firmados, como se puede constatar en el Catatumbo, propiciando el nuevo ciclo de protestas que se inició ya con la Minga indígena por el territorio, la democracia y la soberanía.
 
Santos es un tramposo patológico y procede con cartas marcadas para socavar la voluntad de paz de los plenipotenciarios de la insurgencia. Dos puntos sirven para confirmar ese procedimiento irregular. Impuso de manera unilateral un marco jurídico de supuesta justicia transicional para beneficiar a cientos de agentes estatales responsables de delitos de lesa humanidad que aniquilaron la Unión Patriótica, con un fuero militar que deja en la impunidad miles de crímenes contra la población civil, como es el caso de los "falsos positivos".
 
Igual,  tramita unilateralmente un referendo en los eventos electorales del 2014 para someter a votación los documentos que eventualmente se firmen en La Habana, cuando lo acordado era llegar a un consenso en el tema de la refrendación de la paz que bien puede incluir una Asamblea Nacional Constituyente como garantía plena de la fundación de una nueva estatalidad sustentada en los códigos de la democracia participativa y la convivencia.
 
Santos le apuesta al fracaso de la paz por causas politiqueras y será su error, como lo fue el del señor Pastrana en el 2000. Las masas populares, la multitud debe proyectar nuevos espacios de movilización popular que se propongan hacer irreversible la paz con justicia social. A ese objetivo supremo no podemos renunciar.
 
– Horacio Duque es Licenciado en Ciencias Sociales e Historia de la Universidad del Quindío (Armenia, Colombia); autor de varios libros y artículos sobre historia y política colombiana.