El gobierno de Estados Unidos ha negado siempre, hipócritamente, la existencia de prisioneros políticos en su territorio. Cuando Andrew Young, Embajador de Estados Unidos ante la ONU entre 1977 y 1979 admitió públicamente la existencia de más de 100 prisioneros políticos en su país, fue separado inmediatamente de su cargo.
 
Muchos de estos prisioneros políticos han permanecido decenas de años en las prisiones estadounidenses en condiciones de cruel aislamiento, víctimas en su mayoría del programa de contrainteligencia del FBI llamado COINTELPRO, acrónimo de “Counter Intelligence Program”, creado en 1956 por su director en aquel tiempo, J. Edgar Hoover.
 
El programa se materializó en una serie de operaciones encubiertas dirigidas contra grupos contestatarios del “establishment”. El primer objetivo fue el Partido Comunista, comenzando en 1956; continuó con el movimiento independentista puertorriqueño a partir de 1960; le siguió la represión contra el Partido Socialista de los Trabajadores, a partir de 1961; en 1967 le tocó el turno a las organizaciones afroamericanas radicales y, por último, a partir de 1968, a la Nueva Izquierda, entre los principales.
 
En estas acciones encubiertas, el FBI no se limitaba a colectar información sino que realizaba acciones secretas para destruir o “neutralizar” (término de guerra utilizado muy frecuentemente en los documentos del FBI) a partidos, grupos o individuos. Todo estaba permitido, desde las más sucias manipulaciones para destruir familias hasta aviesas maniobras para sembrar la división y el antagonismo entre los grupos; desde la fabricación de falsas pruebas en los procesos judiciales hasta el asesinato de líderes destacados.
 
Miles de miembros del movimiento independentista puertorriqueño, del Partido “Black Panther”, de “Students for a Democratic Society”, de “Republic of New Africa”, del “Students Non-Violent Coordinating Committee”, del “American Indian Movement”, del movimiento chicano, de los medioambientalistas, de los pacifistas, y de muchas otras organizaciones que aspiraban a cambios sociales en Estados Unidos, fueron “neutralizados”.
 
Muchos fiscales y jueces se convirtieron en cómplices. Los fiscales retuvieron evidencias exculpatorias, como quedó demostrado en los casos de Mumia Abu-Jamal, Gerónimo jiJaga Pratt, y Dhoruba Bin-Wahad, del Partido “Black Panther”. Los dos últimos fueron exonerados pero después de cumplir en prisión 27 y 19 años respectivamente por crímenes que no habían cometido.
 
Entre los objetivos de COINTELPRO incluidos en un memorando del FBI de agosto de 1967 se lee: “Impedir el surgimiento de un ‘mesías’ capaz de unificar y electrizar al movimiento nacionalista militante”. Con respecto a este punto, Edgar Hoover explicó que “Malcolm X [lo asesinaron en 1965] hubiera podido ser ese mesías. Martin Luther King [lo asesinarían al año siguiente,1968] podría ser un buen aspirante a esta posición si abandonase su supuesta obediencia a las doctrinas liberales blancas, de no violencia, y abrazase el nacionalismo negro. Stokely Carmichael [murió de cáncer en 1998, después de denunciar que el inóculo cancerígeno era obra del FBI] tiene el carisma necesario para convertirse en una verdadera amenaza en este sentido”. Otros objetivos importantes eran: “Desacreditar a los grupos nacionalistas negros y a sus líderes para impedir que ganen respetabilidad” e “Impedir el crecimiento de estas organizaciones, especialmente entre los jóvenes”.
 
En marzo de 1971 fue asaltada la sede del FBI en Media, Pennsylvania, y los asaltantes se llevaron numerosos documentos que distribuyeron luego ampliamente entre los medios de prensa. Este fue el fin de COINTELPRO pues programas represivos como ese, creados y ejecutados entre las sombras y el silencio obsecuente, no resisten la luz del sol. Por “razones de seguridad” se dio por terminado el programa.
 
En 1975, ante una fuerte presión de la opinión pública, fue creado el “United States Select Committee to Study Gobernmental Operations with Respect to Intelligence Activities”, presidido por Frank Church, senador demócrata por el Estado de Idaho, por lo que se conoce popularmente como “Church Committee”. Este es el mismo Comité que publicó los planes del Director de la CIA, Allen Dulles –aprobados por el presidente Eisenhower- de utillizar a la mafia norteamericana para intentar asesinar al presidente Fidel Castro.
 
Después de investigar los programas de acción encubierta del FBI, el Comité Church concluyó en su informe final que “muchas de las técnicas utilizadas serían intolerables en una sociedad democrática, aún en el caso de que todos los objetivos hubiesen estado involucrados en actividades violentas”.
 
Se supo que el FBI organizó una vasta red de espías e informantes que infiltraron a cientos de organizaciones y coordinó sus operaciones con la policía y otras fuerzas represivas. El FBI utilizó sin límites los medios ilegales de obtener información y dispuso la prisión o el asesinato de numerosos activistas políticos. El Comité Church se limitó a la denuncia de algunos hechos pues la mayor parte de los documentos permanecen clasificados. No hubo justicia ni compensación para las víctimas. Solamente dos oficiales del FBI resultaron convictos por sus crímenes en el COINTELPRO, Mark Felt y Eduard Miller, pero ambos fueron perdonados por el presidente Ronald Reagan antes de que comenzaran a cumplir sus sentencias.
 
Refiriéndose a COINTELPRO, el Comité Church escribió: “El pueblo americano necesita estar seguro de que nunca más se permita a una agencia gubernamental conducir una guerra secreta contra ciudadanos que considera amenazas para el orden establecido.” No obstante, las acciones encubiertas del FBI que violan los derechos constitucionales de los ciudadanos de Estados Unidos continuaron, aunque adoptando formas más sutiles y cuidadosas hasta que, con el pretexto de los acontecimientos del 11 de septiembre no sólo regresaron con toda su crudeza sino que fueron legalizadas y codificadas en la mal llamada Ley Patriota. Pero éste será el tema de próximos comentarios.