Todo indica que se amplían las vías para el diálogo entre los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Junta de Coordinación Política del Senado y los coordinadores de las fracciones en la Cámara de Diputados.
 
Si estamos en presencia de un diálogo entre dirigentes magisteriales y legislativos o una serie de conversaciones para que, como dicen los primeros, hagan su catarsis, los sabremos pronto, pero el titular del Ejecutivo federal adelantó en Xochitepec, Morelos, en su segunda visita a Graco Ramírez en una semana, su “plena confianza” en que el Congreso “apruebe pronto” la Ley General del Servicio Profesional Docente, que forma parte de las tres leyes secundarias de la reforma al artículo tercero constitucional.
 
Para entender mejor el significado del juicio presidencial, el secretario de Gobernación precisó en forma simultánea que “el único” compromiso con la CNTE “es escuchar a los maestros”. E hizo una involuntaria crítica al gobierno del que forma parte, pues “algunos (profesores) ni siquiera conocen la reforma, pero se oponen” y otros “manipulan su contenido”.
 
Lo anterior evidencia que pese al alineamiento del duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio en torno a las reformas educativa y energética oficiales, el linchamiento de los profesores –al que colaboraron el centenar de activistas de la CNTE con los actos vandálicos en San Lázaro–, la propaganda es insuficiente para difundir las bondades del proyecto, convencer y ganar más voluntades.
 
La circunstancia es tan difícil que la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por Juan Díaz de la Torre, hasta el 27 de febrero pasado hijo putativo de Elba Esther Gordillo, no sólo brilla por su ausencia sino que Enrique Peña le agradeció “el respaldo a la reformas aprobadas”, a la par que ignoró las propuestas formuladas por los disidentes en los foros realizados en San Lázaro y en el Pacto por México.
 
Ignorar las propuestas de la disidencia magisterial y bloquear que sean conocidas, hacer oídos sordos a las críticas de los especialistas acerca del trabajo legislativo “sobre las rodillas” y la naturaleza “administrativo-laboral” de las reformas aprobadas bajo el marbete de educativas, condujeron al punto en que se encuentra el conflicto, mismo con el que la semana pasado se hizo “un ensayo general” de lo que le espera al proyecto energético gubernamental, si nos atenemos al diagnóstico del cotizado dueto Aguilar-Castañeda, que con pesadumbre ve esfumarse “el momento mexicano” que tanto festinó y la capacidad de conducción reformadora del señor por el que apuestan todas sus fichas.
 
El poderoso secretario de Gobernación no sólo dejó bastante claro que la zanahoria negociadora es sólo para escuchar, sino que ante sus compañeros priístas en la Cámara de Senadores, entre los que se encontraba el monumento a la corrupción en Petróleos Mexicanos, Carlos Romero, fiel aliado del gobierno mientras le permitan enriquecerse aún más, sentenció que si el magisterio disidente insiste en acciones “que lastimen” a terceros se aplicará “el imperio del estado de derecho”(a).
 
Amenaza del uso de la fuerza pública que a esta altura de la movilización no sólo sería por completo contraproducente, sino también la confirmación de la incapacidad del equipo gobernante y su jefe que rendirá cuentas el próximo domingo, para hacer de la política el instrumento por excelencia para dirimir el conflicto por vías institucionales.
 
Caminos que se estrechan cuando el diálogo es para “escuchar” y los encuentros con legisladores para “convencer con razones”, mientras para Los Pinos “la reforma es una realidad”.