El 9 de febrero del 2011, diversas fuerzas de la sociedad civil nos reunimos con el entonces candidato Ollanta Humala Tasso, y esto fue lo que nos dijo:
 
“Estoy muy agradecido a Foro Salud por venir al PNP y hacernos partícipes de la situación de la salud. Coincidimos plenamente en que el problema central de la salud en el Perú es un problema del sistema. La política de salud que corresponde al Estado ha sido entregada al mercado, y el mercado funciona para consumidores; para tener acceso hay que tener plata. Si se tiene plata se puede adquirir un seguro; si no, hay que madrugar en los hospitales a hacer su cola. Planteamos recuperar la política de salud porque queremos una política de salud para todos, donde el sistema público sea igual o mejor que la salud privada”.
 
El 5 de junio del 2011, luego del triunfo electoral en segunda vuelta, en el mitin de celebración realizado en la Plaza 2 de Mayo, el Presidente electo insistió en la necesidad de construir un Sistema Universal de Salud como respuesta a uno discriminatorio, excluyente y que consolida las condiciones de desigualdad en nuestro país. Todas estas afirmaciones eran buenas noticias para quienes, desde el campo de los derechos humanos, venimos batallando para que la salud se considere un derecho humano fundamental.
 
Proyectos en disputa
 
Lo que está en juego en el presente Gobierno es que las soluciones a las distintas tensiones del sistema de salud exigen la adopción de un enfoque que calce con las necesidades emancipadoras de un proyecto político sanitario. Hasta ahora ellas han sido abordadas sin tener como referente al ciudadano; por el contrario, han primado los enfoques economicistas, tecnológicos y la defensa del statu quo de injusticia. Esta situación es particularmente grave porque mantiene una trayectoria de un sistema de salud de espaldas a las necesidades del pueblo y, por lo tanto, permite que sigan ocurriendo muertes injustas. Así, por ejemplo, cada año mueren más de 150 niños en el invierno andino, 2.800 mujeres por cáncer de cuello uterino, 500 madres en situaciones asociadas al parto, etcétera. Muertes, todas, evitables si hubiera un sistema de salud basado en los derechos humanos y la inclusión social, pero lamentablemente inevitables en un esquema de compensación o de mercado.
 
Para el desarrollo de políticas gubernamentales de salud se han planteado tres enfoques:
 
El centrado en el mercado, según el cual se trata de un problema individual, que cada quien debe resolver en función de su capacidad.
 
El basado en la compensación frente a programas de ajuste: el Estado debe subsidiar hasta donde pueda a los sectores de mayor pobreza que han sido excluidos.
 
 El de derechos humanos e inclusión social, que propugna reconocer al ciudadano con derechos, la responsabilidad del Estado en la formulación y ejecución de las políticas públicas sanitarias y la solidaridad como ejes centrales de tales políticas.
 
El problema del sistema de salud peruano es que no ha definido su enfoque organizador del proyecto político sanitario. Nuestro sistema ha traslapado tres diversos enfoques y permitido su convivencia. Los dos primeros han tenido hegemonía en la conducción del sistema de salud, y el tercero ha logrado determinado desarrollo en diversas capas académicas, entre los epistémicos y en los movimientos de la sociedad civil, a la luz de la medicina social que plantea resolver las desigualdades en salud como parte de un proyecto político emancipador.
 
El gran reto, a la luz de los compromisos electorales que debía asumir la gestión de Gobierno 2011-2016, consistía en lograr la hegemonía del enfoque basado en derechos humanos e inclusión social. Esto significaba asumir el desafío de transitar de la indefinición histórica a la afirmación de un nuevo sistema de salud que elimine las inequidades, la pobreza y la discriminación del actual sistema.
 
Los cambios propuestos por el candidato Ollanta Humala en el campo de la salud no están siendo implementados por el presidente Ollanta Humala
 
Los cambios que deben producirse
 
La actual organización del sistema de salud ha demostrado su ineficiencia en la solución de los problemas de los ciudadanos. Los cambios más importantes que deben producirse son:
 
º De un sistema de salud basado en la respuesta a la enfermedad, sin tener en cuenta las determinaciones de la salud, a un sistema que desarrolle políticas integrales, que ataque las condiciones que incrementan el riesgo en las poblaciones y son causa de su vulnerabilidad. Esto implica hacer frente a las bases de la injusticia social, la pobreza y la exclusión.
 
º De un sistema de salud sin rectoría, sin gobernabilidad y fragmentado, a la construcción de una autoridad de salud que gobierne el conjunto del sistema con políticas articuladas nacionales, regionales y locales que potencien el rol normativo, regulatorio y de supervisión de la autoridad en el sector público y en el privado.
 
º De un sistema de salud organizado para atender las demandas desde una perspectiva de mercado a un sistema de salud que responda a las necesidades de la población y resuelva su organización de cara al nuevo perfil epidemiológico, demográfico y social del país. La transformación de los servicios de salud, la asignación de los recursos financieros y la distribución de los recursos humanos deben seguir esta orientación.
 
º De un sistema de salud desfinanciado desde lo público y con un alto componente del gasto de bolsillo, a uno que garantice el acceso y elimine las condiciones de exclusión económica. Esto implica revisar la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, que, lejos de lograr la protección financiera, ha hecho, según datos económicos del 2009, que las familias pongan de sus bolsillos 8.588 millones de soles (1,9% del PBI), mientras que en el 2013 esta cifra ha ascendido a los 11.320 millones de soles (2,1% del PBI). En los últimos dos años se incrementó el gasto total de salud de 4,9% a 5,1% del PBI, y el mayor incremento se debe a los recursos de los ciudadanos, en tanto el Estado no ha aumentado sustantivamente su aporte.
 
º De un sistema de salud híper concentrado en sus respuestas de hospitalización a uno orientado a la construcción de redes desde el primer nivel de atención que propicie el servicio integral de salud y responda al perfil epidemiológico y demográfico de las poblaciones, con atención especializada en los servicios del primer nivel. Esto significa, adicionalmente, la formalización de las redes de servicio con categorización, acreditación y personal idóneo y competente que permita garantizar calidad en el conjunto del sistema de salud y el pleno respeto de los derechos de las personas usuarias con garantías de justicia en caso se vulneren sus derechos.
 
º  De un sistema de salud antidemocrático, no participativo y excluyente, a uno dialogante, participativo, que tiene en cuenta las necesidades de la población. Gestión democrática, participativa y vinculante de las instituciones más importantes del sistema de salud (por ejemplo: elección democrática de los representantes de los trabajadores en el directorio de EsSalud, instalación del Congreso Nacional de Salud con presencia de un tercio de personas usuarias de los servicios de salud).
 
Dos años después: Luz verde a reforma mercantilista
 
El Ministerio de Salud recibió el encargo del Presidente de la República de emprender, en coordinación con el Consejo Nacional de Salud, un proceso de medidas de reforma del sistema que debía servir para la implementación de las promesas presidenciales de la campaña electoral de primera y segunda vuelta. Lamentablemente, este proceso viene siendo impulsado teniendo como base la Ley Marco de Aseguramiento Universal, que fue denunciada como inconstitucional por la bancada del Partido Nacionalista Peruano en el año 2010. Las bases de esta norma mantienen la exclusión y discriminación en el sistema de salud; con base en los enfoques de mercado y compensación, se desarrollan políticas que excluyen del sistema a los no pobres y generan un mecanismo de financiamiento para los pobres y pobres extremos recortados, sin garantía de calidad. La Ley privilegia el desarrollo del sector privado en desmedro del público, al establecer mecanismos de transferencia de recursos del Estado por medio de asociaciones público-privadas, además de facilitar los mecanismos de integración vertical del sector privado.
 
Los cambios propuestos por el candidato Ollanta Humala en el campo de la salud no están siendo implementados por el presidente Ollanta Humala. Continúan en el sector las políticas del gobierno aprista —incluso se mantiene su equipo—, por lo que los distintos actores de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y ciudadanos deben preservar intactas las banderas por promover una reforma del Estado en salud por el acceso universal, integral y digno, que cierre el paso a la reforma regresiva y promercantilista que se viene imponiendo en el Ministerio de Salud.