Hace un par de semanas la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, presidida por el senador popular Ramón Ruiz Nieves, realizó una audiencia pública en torno a un proyecto de ley para reglamentar la producción, venta y distribución de semillas en el país.
 
Según un artículo del reportero Gerardo Cordero, de El Nuevo Día, publicado el pasado 11 de junio:
 
“El Proyecto del Senado 624 propone la creación de un Programa de Certificación de Semillas, adscrito al Departamento de Agricultura. La medida recomienda la creación de una Junta de Semillas y la emisión de licencias como parte de la regulación de su producción y venta.
 
El senador Ruiz Nieves, autor del proyecto, argumentó en la vista sobre la importancia de garantizar la pureza genética de las semillas que se cultiven en Puerto Rico y dijo que la medida fomentaría garantías para la seguridad alimentaria del pueblo.
 
Opinó que al presente no existen mecanismos suficientes de fiscalización para alcanzar el citado objetivo y lamentó que en el pasado, al menos dos proyectos similares recibieron un "veto de bolsillo" al ser referidos a La Fortaleza.”
 
Dice la exposición de motivos de esta legislación:
 
“Partiendo de la premisa de que la agricultura y la producción de alimentos comienzan por la semilla, siendo este el insumo más importante para el éxito de los cultivos agrícolas y de la agricultura en general como empresa. Es necesario tener disponible semilla de calidad libre de plagas, buen índice de germinación, ser genéticamente fiel al tipo y contar con la disponibilidad de las semillas de los cultivos tradicionales y tropicales. Ya que en Puerto Rico no contamos con legislación que garantice al agricultor la calidad, disponibilidad y mecanismo de distribución de semillas que cumplan con las características descritas; sería una herramienta importante para estimular la económica del país, generando nuevas empresas y beneficiando a nuestros agricultores.
 
Para que nuestros agricultores adquieran semillas de buena calidad y no estén a merced de los suplidores que no cumplan con los parámetros mínimos de estos requisitos de calidad, que puedan obtener buenas producciones en cuanto a cantidad, calidad y rendimiento de la variedades solicitadas y que sea fiel a tipo.” http://aldia.microjuris.com/?attachment_id=15060
 
Este proyecto parece ser un encargo de las transnacionales semilleras. Por supuesto que a los individuos y organizaciones boricuas defensoras de la ecología y agricultura, como Boricuá y la Cooperativa Orgánica Madre Tierra, nos preocupa la protección de nuestras semillas como patrimonio nacional inalienable e irremplazable. Pero a nosotros lo que nos preocupa son la amenaza de contaminación transgénica y la apropiación de nuestras semillas por parte de corporaciones transnacionales mediante patentes. El proyecto 624 no atiende ninguna de estas dos preocupaciones. En qué cabeza cabe legislar en torno a la protección de semillas sin abordar el tema de los transgénicos o el de las patentes?
 
El artículo 10 de la legislación en cuestión llama mucho la atención:
 
"Ninguna persona podrá producir ni ofrecer en venta, en Puerto Rico, con el propósito de vender o revender ningún tipo de semilla certificada, ni la semilla básica para su producción para propósitos de siembra, a menos que dicha persona posea una licencia expedida a esos efectos por el Departamento de Agricultura de Puerto Rico."
 
Esto bien puede significar que de ser aprobado el proyecto del Senado 624, los intercambios de semilla de la Organización Boricuá serán ilegales. Qué les parece?
 
El proyecto 624 parece seguir una tendencia preocupante en Europa y América Latina de reglamentar las semillas campesinas tradicionales y prohibir su intercambio y venta, invocando el “control de calidad” como excusa.
 
Miren lo que está pasando en Argentina:
 
“Este año, el ministro de agricultura anunció que es inminente la modificación de la Ley de semillas argentina; el Gobierno nacional enviará antes de fin del 2013 al Congreso el proyecto para modificar la ley… Digamos ¡NO a la privatización de la vida, SI a las semillas en manos de los pueblos y a la soberanía alimentaria!
 
Durante el 2012, diversas organizaciones y movimientos lanzamos una campaña de recolección de firmas para decirle NO a la modificación de la Ley de Semillas de la Argentina. Tal modificación equivale a privatizar las semillas, e implica el pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas. También significa la prohibición de reutilizar las semillas que los productores obtienen de sus propias cosechas. De este modo se viola un derecho fundamental de los agricultores de seleccionar, mejorar e intercambiar las semillas libremente.”
 
Mientras tanto, en Chile:
 
“El martes 11 de junio (2013), el Senado reanuda la tramitación de la ley de Obtentores Vegetales, que deroga la actual ley de Semillas para hacer posible la promulgación del Convenio UPOV 91, hecho a medida de Monsanto y de las transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas. Es muy posible que el Presidente Piñera esté así cumpliendo instrucciones de Obama luego de su reciente encuentro, pero habrá que esperar un próximo wikileak para tener la total certeza de ello. El proyecto de Ley de Obtentores, presentado por la ex Presidenta Bachelet y resistido entonces por las organizaciones campesina y sociales a las que ella no recibió ni escuchó, contiene artículos que -entre otras aberraciones- prohíben el intercambio y guarda de semilla y posibilitan que el obtentor (Monsanto, Bayer, von Baer, Dupont, Syngenta, etc) demande al infractor por “piratería” como se hace en Europa, Estados Unidos y Canadá. El pago del royalty o patente se extiende no sólo a la semilla sino los subproductos derivados de ella y se extiende la vigencia del registro otorgado al obtentor.
 
La ley consagra el monopolio de la semilla por los obtentores, que tendrán todas las garantías en el mercado, lo que tiene como consecuencia implícita y obviamente no declarada, la progresiva desaparición de la semilla campesina e indígena. En los países en que rige el convenio UPOV 91, se criminalizan los intercambios de semilla y en varios de ellos sólo se encuentra a disposición de los campesinos semilla “certificada” y/o transgénica, en el caso del maíz y la soya.”
 
Esta es la advertencia de la amiga y colega Silvia Rodríguez, de Costa Rica:
 
“La presión para que todos los países estandaricen sus leyes de semillas no es aliviar el hambre en el mundo sino asegurar la comercialización del producto de la industria semillera localizada en Europa y los Estados Unidos en donde esa industria tiene sus sedes.
 
Esta omisión hace que no caigamos en cuenta que estas leyes a quienes menos defienden es al campesinado y a quienes consumimos sus productos. Los beneficiarios son precisamente las grandes empresas semilleras, cada día más reducidas en número, a expensas de los campesinos y campesinas de sus costumbres, de sus derechos milenarios y la desvalorización de sus saberes.” http://www.grain.org/es/article/entries/4645-ataques-politicas-resistencia-relatos
 
 
Tenemos que estar en guardia en torno a este misterioso proyecto de ley. Las organizaciones defensoras de la agricultura de Puerto Rico, y proponentes de la producción ecológica y la soberanía alimentaria, deben leer y analizar el proyecto, hacer las averiguaciones necesarias acerca de su origen, y tomar posición a respecto.
 
Carmelo Ruiz Marrero es autor, periodista investigativo y educador ambiental. Desde 2004 dirige el Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico.