Gran polémica con visos de escándalo enfrenta la administración del presidente Barack Obama en estos días por las revelaciones dadas a conocer por el diario The Guardian en torno al presunto espionaje conducido por la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency o NSA) y la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation o FBI), entre otras agencias, sobre millones de usuarios de servicios de telefonía, en virtud de las disposiciones aprobadas hace más de 11 años a la luz de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Como se recordará, en ese tiempo el entonces presidente George W. Bush fue investido con diversas atribuciones por parte del Congreso, muchas de ellas discrecionales y ajenas al escrutinio público, para enfrentar la amenaza terrorista. Dichas medidas se basaron en la premisa de que la libertad debía subordinarse a la seguridad, lo que, en otras palabras llevó a crear una cultura del sospechosismo para inhibir cualquier intentona de actos terroristas contra Estados Unidos.
 
En este sentido se tomaron medidas como el arresto por sospecha de personas que se presumía –por su apariencia, rasgos físicos y consideraciones por el estilo- podían atentar contra la seguridad estadounidense sin que mediaran órdenes de aprehensión de parte de las autoridades. Otra medida incluyó el monitoreo de llamadas telefónicas y de correos y mensajes electrónicos de los estadounidenses, con el mismo fin. Si bien en su momento estas acciones fueron entendibles e inclusive contaron con el respaldo de la sociedad, se mantienen vigentes al día de hoy pese a que el Gobierno estadounidense, ya bajo la administración de Barack Obama, ha manifestado que hay otras prioridades en materia de seguridad, por ejemplo, el crimen organizado, en torno al cual el 25 de julio de 2011 se articuló una estrategia a unas cuantas semanas de la muerte de Osama bin Laden. En ese marco se dijo, por parte de Obama, que era el crimen organizado la máxima prioridad para la seguridad del vecino país del norte, lo que parecía sugerir que si bien el terrorismo seguiría figurando como un tema importante, había que “desterrorizar” el enfoque que mantuvo la administración precedente.
 
Uno de los problemas con la “guerra contra el terrorismo” es que al magnificar ese tema, se dejaron de lado otros flagelos, como por ejemplo los fenómenos naturales y las epidemias/pandemias, por citar sólo dos temas. Tuvo que sobrevenir la tragedia del huracán Katrina para que en 2005 las autoridades estadounidenses valoraran que un enfoque “restringido” sobre la seguridad no hacía paradójicamente de Estados Unidos un país seguro. Así, tras Katrina se esperaba una reconsideración de las amenazas a la seguridad nacional estadounidense, si bien se mantuvo la primacía del terrorismo, tema a través del cual se atendían –y así se sigue haciendo- otras agendas como la migratoria, la energética, la de salud, los fenómenos naturales, etcétera.
 
Así, la desconfianza hacia la sociedad estadounidense se ha mantenido a poco más de 11 años de distancia, lo que lleva a pensar que pese a la imagen conciliadora y hasta cierto punto “prudente” que proyecta el presidente Obama, poco se ha hecho para avanzar en la consecución de una agenda de seguridad nacional más democrática. Con la polémica que recién salió a la luz, queda de manifiesto que para las autoridades estadounidenses, el modelo de seguridad imperante es vertical y de arriba hacia abajo. Empero, queda pendiente el papel que la sociedad debe desempeñar en la consecución de la seguridad, dado que los estadounidenses se saben vigilados y con un mensaje no muy cortés de parte de sus autoridades: yo desconfío de ti. El tema es delicado, dado que remite a una delgada línea roja entre la seguridad de la nación propiamente dicha y lo que un régimen considera y define como seguridad.
 
En el invierno de 2008, el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, dio a conocer una reflexión en la revista City, en la que se pronunciaba a favor de una “sociedad vigilante” (resilient society). Al respecto, Giuliani reconocía que lo que hasta ese momento habían hecho las autoridades, efectivamente había ayudado a abortar diversas intentonas de ataques terroristas contra Estados Unidos. Sin embargo, Giuliani también señalaba que era importante edificar una sociedad vigilante y proactiva para que Estados Unidos sea un país más seguro.
 
Al respecto, Giuliani explicaba que “nosotros [las autoridades] podemos fortalecer la vigilancia de parte de la sociedad (…) debemos establecer estándares claros, basados en prácticas probadas, de manera que los líderes locales puedan establecer la vigilancia en todo el país, dejando claro a los ciudadanos, a las empresas y a las organizaciones caritativas el papel que desempeñarán cuando se produzca algún desastre [porque] una sociedad libre y abierta nunca será capaz de eliminar el riesgo por completo. Pero podemos reducirlo y administrarlo”.
 
Ante el ya citado desastre que generó el huracán Katrina, fue la sociedad la que con mayor prontitud pudo contribuir a subsanar las deficiencias de las autoridades al proveer socorro y alivio a miles de estadounidenses. Sin embargo, una sociedad vigilante no puede ser ni residual ni reactiva. En este sentido se impone una reformulación de la agenda de seguridad en la que tan importante es lo que hacen las autoridades, como la contribución de la sociedad. Una sociedad que vigila y denuncia actividades sospechosas es un activo de gran valor para enfrentar la amenaza terrorista y otros flagelos. Pero si las autoridades desconfían de esa sociedad, Estados Unidos nunca será un país seguro ni podrá hacer frente a ninguna amenaza de manera eficaz.
 
La polémica en marcha, presumiblemente generará muchos debates en torno a la necesidad de transparentar el papel de las agencias que son responsables de la seguridad nacional estadounidense. Seguramente habrá audiencias en el Congreso y se insistirá mucho en la rendición de cuentas. A esas acciones, sin embargo, habría que sumar la revaloración del papel que la sociedad desempeña o debería jugar, porque el dilema entre seguridad y libertad claramente ha operado a favor de la primera, si bien a costa de la segunda. ¿Puede haber seguridad sin libertad? La administración de Barack Obama tiene la palabra.
 
María Cristina Rosas es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, A. C. Correo electrónico: mcrosas@unam.mx
 
 
 

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