Las reflexiones que se presentan en este documento sobre diálogos de paz, no abarcan el conjunto de aspectos que comprometen la construcción de paz duradera, aborda una dimensión poco estudiada, la política pública frente a los excombatientes de grupos insurgentes y su interrelación con la sociedad civil. Este es un asunto crucial para considerar en los nuevos ambientes de la reconciliación y la no repetición.
 
El prolongado conflicto armado interno que ha sufrido la sociedad colombiana, tiene en las regiones  un escenario de primer orden para explorar nuevos intentos de paz y reconciliación a partir de un examen participativo a los procesos y políticas vigentes de DDR, comprometidas en el éxito de la terminación de la guerra, el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil, productiva y comunitaria de los integrantes de grupos guerrilleros FARC y ELN.
 
Cincuenta años de confrontaciones y guerra fratricida llama la atención al ejercicio del diálogo para encontrar caminos de entendimientos democráticos en medio de diferencias, frustraciones repetidas en intentos de lograr la paz duradera y sostenible, reclamada por la mayoría nacional pero atacada por poderosos intereses.
 
Cobra primordial importancia en el actual momento que vive el país, la pertinencia del análisis sobre la vigencia del DDR, como política de desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de los ex miembros de diversos grupos armados[1], de guerrillas mediante negociaciones, acuerdos colectivos y o validez de desmovilizaciones individuales.
 
Las estadísticas oficiales reportan en estos procesos DDR desde período 2002 a 2012, a 31.810 personas desmovilizadas de manera colectiva y 22.507 desmovilizaciones individuales, especialmente guerrilleros de las FARC y del ELN.
 
Según la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR, adscrita a la Presidencia de la República, entre agosto de 2002 y octubre de 2010, 54.317 personas se desmovilizaron (el 59% producto de las negociaciones de paz con las Autodefensas). De ellas, 1448 han sido atendidos por la ACR en Santander.
 
Política marginal de reintegración
 
Con la desmovilización incompleta de grupos y bloques paramilitares se dio origen a los beneficios que ofreció la ley 975 de 2005 de “Justicia y Paz”, emergió en Colombia la llamada Justicia transicional, como fórmula para encontrar procesos de paz y reconciliación, otorgando beneficios de penas a los victimarios y garantizando el reconocimiento de derechos de verdad, justicia y reparación a las víctimas; con su implementación se pudo constatar en todo el país y en Santander la disminución significativa de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en relación con los índices de homicidios, desplazamiento forzado, desapariciones, amenazas, despojo y abandono de tierras registrados entre el año 1997 y el 2005. Sin embargo, es claro que este proceso de justicia penal a pesar de los beneficios jurídicos ofrecidos a excombatientes y victimarios, es fallida, en la mayoría de estos casos aún no muestra las sentencias ni los fallos condenatorios a los victimarios, con fragmentos de verdad, y sin la reparación a favor de las víctimas.
 
Dentro del programa que dirige la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración de los excombatientes, desmovilizados de los grupos paramilitares y reinsertados de las guerrillas del ELN y de las FARC, en Santander muy poco o nada se han desarrollado experiencias que se identifiquen con principios de justicia y paz, que promuevan la reconciliación basada en los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación de los daños sufridos, o que impulsen nuevos proyectos de vida familiar a los excombatientes y les abre posibilidades de beneficios sociales, laborales, jurídicos para los actores armados; tampoco se perciben condiciones hacia la reconciliación; no se conocen actos de perdón y reconciliación entre víctimas y victimarios que permitan allanar caminos de convivencia y reconciliación y entender la importancia de las comunidades de acogida a los excombatientes. La verdad es que en estos procesos la sociedad civil santandereana ha estado al margen.
 
¿El presidente Santos abre la puerta a una nueva política de paz?
 
Es muy relevante el impulso dado por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos al reconocer la existencia del conflicto armado, junto con los procesos de reconocimiento de las víctimas con la ley 1448 de 2011, con la restitución de tierras y de restablecimientos de derechos de las víctimas del conflicto armado, estableciendo un marco de favorabilidad a posibles nuevos y futuros procesos de negociaciones de paz en todo el territorio nacional; también a esto se suman las medidas orientadas a la desarticulación y judicialización de bandas criminales, la delincuencia organizada y las mafias del narcotráfico, hechos que determinan un marco diferenciado para abordar la participación activa de la sociedad en su conjunto para avanzar en la superación de violencias y la búsqueda de nuevos escenarios de construcción de paz y reconciliación.
 
Hoy en medio de la incertidumbre se indagan hipótesis acerca de un lugar social, político, plural y democrático de las instituciones y de la sociedad civil, frente al país y de cara a las próximas generaciones, acerca del tipo de sociedad que estamos construyendo como entorno vital para el desarrollo integral y la vida digna de todos los colombianos y colombianas.
 
Esta indagación está en las preguntas por las grandes decisiones del momento político y la oportunidad de los diálogos de Paz, sus transformaciones políticas, sociales, culturales o económicas que suponen el fin de la guerra y la perspectiva mediata de reconciliación y no repetición.
 
Sin embargo, en medio del conflicto cada vez más complejo y degradado, continúa poniendo en discusión la eficacia del proceso DDR como eslabón hacia paz y la reconciliación. Desde luego se aprecian múltiples prevenciones y desconfianzas que son necesarias de superar.
 
Una reflexión primera que nos brinda este trabajo, es reconocer la marginalidad de la política de DDR, su bajo perfil y el gran desconocimiento que la sociedad civil, y la sociedad en general, tienen de esa institucionalidad, de sus aciertos y dificultades, de sus programas y sobre todo la indiferencia institucional territorial regional y local frente al desafío de un DDR exitoso para avanzar en perspectivas de paz.
 
Por diferentes circunstancias que es preciso analizar, esta política de DDR no ha logrado ocupar un lugar destacado en el entramado interinstitucional, que dinamice nuevos procesos de incidencia y transformación del conflicto y demuestre la prioridad y la voluntad política en la construcción de paz; tampoco es visible ni se registra en los discursos políticos ni en las agendas de los partidos políticos y movimientos ciudadanos de paz.
 
De la reintegración a la reconciliación y el papel de la sociedad civil
 
Más allá del objetivo principal de la reintegración social, comunitaria y económica de las personas de los grupos armados que se reintegran a la vida civil, la política de DDR tiene el reto de promover las condiciones en la sociedad local y regional para la reconciliación y la participación activa de toda la sociedad, incluidos los movimientos sociales y comunitarios, las víctimas, los excombatientes, las instituciones públicas, la academia, los gremios económicos, etc., en la perspectiva de constituirse en movimiento social para la construcción de paz y en una estrategia importante para evitar la repetición de nuevos levantamientos armados.
 
Múltiples estudios demuestran que los diferentes conflictos armados en el mundo han implementado diferentes enfoques o modelos de DDR para superar las guerras. Muchos de ellos, han considerado incorporar acuerdos, beneficios y garantías más allá de los reconocimientos sociales, políticos y económicos a miembros de grupos desmovilizados, llegando a suscribir pactos y reformas institucionales que logran modificar las raíces de esos conflictos y benefician a la sociedad en su conjunto.
 
En el caso colombiano del proceso adelantado entre el Gobierno nacional con las Autodefensas, su característica es que estuvo centrado sólo en los líderes paramilitares desmovilizados, muy poco o nada en la sociedad y comunidades que se supone deben acogerlos. Tal vez esto explica las brechas existentes y las miradas polarizadas entre víctimas y victimarios, entre armados y civiles, que prevalecen en el ámbito local con obvias desconfianzas y prevenciones.
 
Pero también es evidente la distancia entre la sociedad civil en su conjunto y los procesos de desmovilización, sin diálogo político con las comunidades, autoridades y otros sectores; carentes de espacios y tiempos de socialización para conocer los compromisos de los desmovilizados en su reintegración, en la reparación a las víctimas y el aporte a la memoria histórica, en su interés por ganar el espacio de credibilidad.
 
El lugar social de acogida después de la guerra para los excombatientes es una responsabilidad colectiva. Tan inmenso reto está alimentado por el valor de la paz y el patrimonio que debemos cimentar para la vida digna y sin violencias de las próximas generaciones. La calidad de la política del DDR desde luego no resuelve todos los aspectos de una paz integral, pero es un paso fundamental que mide la grandeza de la sociedad colombiana para conquistar el derecho a la convivencia pacífica, a la no reincidencia, al cierre de un proceso de violencias.
 
Por tanto es de elemental importancia valorar cómo en la  política de DDR, los ex miembros de grupos armados ilegales tienen reconocimiento, deberes y derechos para rehacer sus proyectos de vida en la civilidad, ser respetados como actores de la paz y la no violencia desde el compromiso asumido, trabajar por un país en paz y con espacios para la vida en comunidad. Por tanto el DDR reviste de prioridad en la agenda de los entes territoriales, las instituciones públicas, los diferentes sectores de la sociedad civil.
 
Tenemos una política pública oficial con escaso eco en una sociedad civil que desde la indiferencia, el desconocimiento  y la escasa credibilidad mantiene la expectativa en una esperanza de paz y reconciliación que aun parece estar lejana.
 
Queda claro que el DDR, el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración de los excombatientes de los grupos armados ilegales a la civilidad son un paso fundamental para lograr la paz, pero por si mismo no es la paz. Se requiere unir este proceso con la voluntad política y el compromiso profundo de la sociedad colombiana para remover las causas de estas violencia, como un eslabón indispensable, cambios integrados en una gran cadena  al eslabón de la reparación de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reconciliación en un reencuentro cierto y sólido con el camino de la paz para todos los colombianos.
 
– Jorge Castellanos P., Corporación Compromiso
 
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 353
Semana del 31 de mayo al 6 de junio de 2013
Corporación Viva la Ciudadanía


[1] En la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, se adelantaron procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración  con el M-19; Esperanza, Paz y Libertad; Partido Revolucionario de los Trabajadores; Quintín Lame; Corriente de Renovación Socialista;  Milicias Populares y el Movimiento Independiente y revolucionario-comandos armados; el sometimiento a la justicia y la desmovilización parcial de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y los paramilitares de Carlos Castaño, y también se presentaron desvinculaciones individuales de los grupos armados.