La sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, efectuada el 14 de marzo en Washington, DC, muestra en todo su alcance el doble discurso con el que se maneja el Estado mexicano frente a las consecuencias por su conducta represiva y sin hipérbole criminal en San Salvador Atenco, durante el 3 y 4 de mayo de 2006.
 
2 mil 500 elementos policiacos municipales, de la Agencia Estatal de Seguridad y de la Policía Federal Preventiva participaron en los operativos para restablecer el orden” en Atenco, luego de que unos floricultores se negaron a ser desalojados del lugar donde vendían sus productos. El trágico saldo fue: el asesinato del niño de 14 años Francisco Javier Cortez Santiago, ultimado un día antes, y un mes más tarde, del joven artista Alexis Ollin Benhumea; 200 personas detenidas y torturadas, entre ellas 27 mujeres, de las cuales 11 fueron abusadas sexualmente, y siete años después la muy mexicana y sobre todo mexiquense justicia sólo pudo fincar responsabilidades a dos agentes de la AEE.
 
La impunidad hecha política de gobierno en el estado de México, bajo la conducción del hoy presidente Enrique Peña, y en el país con Vicente Fox, obligó a Bárbara Italia Méndez, Patricia Torres, Georgina Edith Rosales, Norma Aidé Jiménez y Mariana Selvas a litigar su caso en la CIDH, con la eficaz promoción y asesoría del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
 
Para que la CIDH diera entrada al caso de las violadas de Atenco, éstas agotaron todos los procedimientos en las instancias de la justicia azteca, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte “emitieron informes en los que concluyeron que los elementos policiales cometieron violaciones graves”, como se vio obligada a reconocer Lía Limón, en su papel de “representante del Estado mexicano” en la sesión de la CIDH.
 
Mas la subsecretaria de Gobernación no perdió la oportunidad en Washington para decir que la SCJN determinó que los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 “no fueron parte de una estrategia de Estado, ni obedecieron a órdenes de autoridades superiores contra los manifestantes”. Con lo anterior exculparon de toda responsabilidad al entonces precandidato presidencial del Revolucionario Institucional.
 
Sin embargo, el después candidato presidencial disipó cualquier duda sobre el papel que desempeñó en los sucesos, cuando en mayo de 2012 ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana defendió con franqueza lo que denominó el “empleo legítimo de la fuerza del Estado” y provocó el surgimiento de #YoSoy132.
 
Franqueza que estuvo antecedida por lo que como gobernador expresó con el apoyo de Televisa, cuando además de exhibir hasta la saciedad la salvaje golpiza propinada a un señor policía por tres iracundos manifestantes, repitieron como loros sus palabras: las denuncias de violación sexual podrían ser acusaciones prefabricadas”, porque “así son las tácticas de los grupos radicales.
 
Siete años después, y cuando el gobierno está en el banquillo de los acusados por sus victimas y acusadoras, Limón ofreció a éstas una solución amistosa” que incluye revisar las investigaciones penales, una compensación económica, tratamiento médico y psicológico, legislar sobre el uso legítimo de la fuerza, y apoyos para educación y vivienda.
 
Es decir, ahora ofrecen los derechos negados en México. Además quieren comprarlas con dinero, vivienda y educación. Las denunciantes rechazaron la solución amistosa (corruptora), lo que despeja el camino para abrir una demanda ante la Corte Interamericana y otra posible sentencia en contra de México, en este caso de Enrique Peña Nieto.