Honduras vive un clima electoral con vistas a las generales de noviembre, mientras atraviesa las tensiones de Juan Orlando Hernández con el FMI.
Honduras se apresta elegir nuevas autoridades de gobierno en noviembre próximo, aunque dirigentes de oposición política del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y “Salvador” de Honduras, no descartan que, a última hora, Juan Orlando Hernández (JOH) decida continuar en el poder, ya que el expediente de la reelección presidencial está abierto, y todavía el candidato del partido oficial, Nasry Asfura, no logra motivar al electororado para alcanzar el número mágico de 1.4 millón de votos efectivos, suficientes para derrotar a los contrincantes. Pero, además, JOH cuenta con el apoyo incondicional de las FFAA, controla la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Congreso de la República, por lo que la decisión de continuar en el poder no debe extrañar, más aún cuando es reconocido como presidente electo por Naciones Unidas.
El reconocimiento viene también del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que su Directorio Ejecutivo concluyó “la cuarta revisión del desempeño de Honduras en el marco de su programa económico respaldado por el Acuerdo Stand-By (SBA) y la Facilidad de Crédito Stand By (FCS), y aprobó un aumento de acceso en DEG por 149.9 millones (US $ 215.8 millones) y extendió la duración del SBA y CFA en dos meses hasta el 14 de enero de 2022. El SBA y el CFA fueron aprobados el 15 de julio de 2019 (véase Comunicado de prensa 19/284). Incluyendo las ampliaciones aprobadas el 1 de junio de 2020 (véase el Comunicado de prensa 20/230)”.
El acuerdo proporciona acceso a unos 773 millones de dólares, siendo evidente el interés del FMI porque se ejecuten las medidas de política económica negociadas anteriormente, (Comunicado del FMI, 14/09/2021), aunque -en teoría- el tiempo no debería ajustar en caso que el partido de gobierno pierda las elecciones.
Dentro de este paquete de medidas de política económica destacan: a) hacer frente al requerimiento de balanza de pagos y la brecha presupuestaria en aumento por ser un periodo electoral con una demanda de recursos mayor para apoyar las campañas políticas, programas y proyectos de compensación social avalados por el FMI; b) seguir apostando a una mayor gobernanza burocrática de la crisis financiera en el marco de la pandemia; c) un manejo adecuado de la crisis de la ENEE, aumentada por el drenaje anual de recursos (vía prestamos) para pagar deudas con generadores de energía y la inoperancia de la Empresa Energía Honduras (EEH) que no ha cumplido con las metas de reducción de perdidas técnicas y no técnicas; d) una mayor prudencia fiscal para que la deuda externa no siga disparándose, retomando las metas macro fiscales aprobadas para el mediano plazo; e) mayor flexibilidad en la tasa de cambio para proteger las reservas internacionales y no penalizar mucho al sector exportador afectado con la apreciación del lempira frente al dólar, dado el fuerte ingreso de divisas por préstamos y la liberalización de recursos por la Banca Central para enfrentar la pandemia.
La preocupación de la población que depende de un salario o bonificación social y de aquella que necesita dólares para importar materias primas, medicinas y bienes de capital, es que el gobierno acelere la devaluación del lempira en lo que falta del año, como un premio a los exportadores y especuladores, pero también a los que obtuvieron recursos del Estado en forma ilegal o fraudulenta, convertidos a dólares. Esta preocupación también extensiva a empresas beneficiadas con el RD-CAFTA, autorizadas a importar granos básicos libre de impuestos, ya que el costo de estos rubros será mayor y deberá ser trasladado a los consumidores por los impactos negativos del COVID-19, ETA e IOTA en la producción alimentaria.
En el caso del partido LIBRE, se suma la denuncia que el gobierno de la República pretende modificar la Ley del Banco Central para que los miembros del Directorio sigan en funciones seis (6) años más, sin tomar en cuenta lo que puedan opinar las nuevas autoridades electas en noviembre de 2021, cuyas encuestas lidera Xiomara Castro de Zelaya. Se busca, en teoría, que la política partidista (¿pero acaso no fueron electos por el voto del pueblo?) no intervenga en las decisiones de política económica, sobre todo en el manejo del déficit fiscal, control de la inflación y del crédito interno, y de la deuda externa que debe servir para aquellas necesidades identificadas como prioritarias en el marco de los convenios de préstamo suscritos con el FMI, otros OFIs y acreedores privados.
Un problema es que dicho organismo pasa por alto la concentración de poder en el presidente de la República que, incluso perdiendo la elección, seguirá teniendo una alta cuota de poder (caso de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y parte de las FFAA). Inicialmente, los llamados neoliberales clásicos, Friedrich Hayek incluso, eran fieles defensores de la separación de poderes para garantizar un funcionamiento efectivo de mecanismos de mercado. No concebían la vigencia de un modelo de desarrollo liberal o neoliberal, con un gobierno autoritario, centralista y poco respetuoso de las leyes e iniciativas de los individuos. Es más, no concebían que el Ejecutivo tuviera injerencia directa en competencia de otros poderes del Estado, como el legislativo o judicial.
Con los neoliberales denominados “bastardos” con Milton Friedman a la cabeza ello cambió, y arrastró a Hayek al apoyar más la dictadura liberal que a un gobierno democrático, e hizo evidente con el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile en junio de 1973, y el ascenso al poder de Augusto Pinochet. Incluso se llegó a la conclusión por los Chicago Boys que esta forma de gobierno era la mejor para alcanzar los objetivos y metas de estabilización económica y cambio estructural, referidos a la reducción del déficit fiscal, inflación y agregados monetarios, sumado a la racionalización de funciones de instituciones de gobierno y privatización de empresas y servicios públicos, congelamiento de salarios y despido de trabajadores.
Al parecer, en el caso de Honduras, las declaraciones de funcionarios del FMI acerca de la necesidad de autorizar nuevos impuestos que graven la riqueza, utilidades u otros activos físicos, no tienen asidero político ya que la concentración de poderes en una sola persona no lo permite. En tal sentido, es recomendable que estas y otras decisiones, como el caso de la partición de la ENEE y la reforma del Banco Central, se dejen a las autoridades del nuevo gobierno, al menos que se esté convencido que JOH es invencible con o sin Nasry Asfura en la presidencia de la República.
