La crisis sanitaria no solo mostró la fragilidad de los sistemas de salud y educación en la mayoría de los países, también mostró que la avaricia del sistema capitalista no tiene límites.

El BID dice que sí, el FMI dice que sí, el poderoso y autónomo MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) del Perú, dice que NO, para variar.  Nuestro país, pese a las profundas brechas sociales que tenemos y el azote de la pandemia, es uno de esos pocos países que se distinguen por decisiones alejadas de los intereses ciudadanos y nacionales. Veamos.

 

Hace unos días, mientras el Perú y Ecuador se preparaban para sus elecciones, y Chile postergaba la suya, funcionarios del BID (División de Gestión Fiscal), decidieron decir su palabra en relación a la creciente demanda mundial por establecer un impuesto a la riqueza, aunque, fiel a su estilo, se curaban en salud poniendo por delante la pregunta: ¿un impuesto a la riqueza reducirá la desigualdad en ALC? Cualquier profesional medianamente informado sobre el tamaño de la desigualdad en la región, responderá con un NO y, probablemente, terminaría el diálogo que proponen en su artículo[1]. Pero ese no es el problema, el problema es si se toca o no se toca a los “intocables” del planeta llamados ricos.

 

Sin mayores pretensiones, los autores subrayan que el tema está ocupando los primeros lugares de las agendas gubernamentales que, agobiados por la crisis multidimensional (económica, social, política y sanitaria), ven que sus reservas de fondos públicos, si los tuvieron, se están agotando y no saben cómo financiar los requerimientos de alimentación, salud y empleo que se incrementarán en los siguientes meses.  Entonces, pese a la resistencia inicial de los propios gobiernos y, claro, de los grupos de interés, decidieron levantar la “bandera” del impuesto a la riqueza como parte de un conjunto de medidas para conjurar la crisis. ¿Caerá el tabú aquél de la sacrosanta propiedad privada y la riqueza para fines tributarios y redistributivos?

 

El artículo comienza admitiendo, hecho inusual en el BID, que la desigualdad no es fruto del COVID-19 sino de un modelo económico que se instaló en la región desde hace 30 años.  La pandemia solo exacerbó las contradicciones de clases sociales, pero sobre todo la que se da entre ricos y pobres.  La crisis sanitaria no solo mostró la fragilidad de los sistemas de salud y educación en la mayoría de los países, también mostró que la avaricia del sistema capitalista no tiene límites. En ese escenario, los ricos, poseedores de grandes patrimonios y negocios, seguían acumulando a costa a la salud de la humanidad, mientras los pobres se hacían más pobres y miran impotentes la muerte de millones de hombres y mujeres que tuvieron acceso a cuidados que el Estado debió dárselos, pese a que los gobiernos no tardaron en echarle mano a los pocos/muchos ahorros que se tenía en las arcas públicas. Como estos recursos son limitados, no tuvieron más remedio que darle curso a la idea de que, la tributación, debiera incluir un impuesto a las grandes fortunas, hasta hora intocables. 

 

Claro, era imposible seguir ocultando que el 1% más rico de LAC posee el 41% de la riqueza total. O, que el 10% más rico de la región concentra el 72% de la misma?  Si antes los grados de concentración de la riqueza podían ser “ocultados”, hoy día es de dominio público y resulta insostenible seguir negando su obligación de tributar.  Pero, eh ahí el fundamentalismo del MEF-Perú, negándose en todos los idiomas a imponer tributos a las grandes fortunas y “aplicarlo en estos momentos sería la peor idea”[2].  ¿Cuándo sería una buena idea, señor W. Mendoza? Quienes, desde diferentes ángulos ven el tema, no creen que llegue ese momento mientras el “pensamiento guía” de Mendoza siga en el MEF. 

 

Nadie duda que la necesidad de pensar en serio, y en perspectiva histórica, un proceso de redistribución de la riqueza generada en nuestros países, está resultado un mandato imperativo. Una sociedad que se proclama democrática y civilizada, no podría seguir manteniendo sistemas tributarios que favorecen a los ricos (Evasión, elusión, gastos tributarios, etc.) en perjuicio de las grandes mayorías que tienen que pagar impuesto por lo que consumen.

 

FMI y el impuesto a la riqueza

 

Luego de marchas y contramarchas, el FMI[3] finalmente dio su brazo a torcer en relación al impuesto a la riqueza, comprendida ésta como patrimonio neto, en todo el mundo pero curiosamente excluye al Perú porque “no requiere de un impuesto a la riqueza pues cuenta con espacio fiscal”.  Esto decía cuando esta entidad otorgada una “línea de financiamiento contingente por US$ 11,000 millones”[4].  Una vez más, dando muestras de “generosidad” para un país con “solvencia fiscal” y, de paso, protegiendo a los más ricos. Y, por supuesto, el ministro de Economía y Finanzas en el Perú, sintió el respaldo de la patronal financiera.

 

El organismo propone, para todo el mundo, una tasa COVID-19 sobre los más ricos, de carácter temporal. Absurda acotación, como si la crisis estructural del sistema, erosión fiscal y desigualdad, fuera derivada de la pandemia y no del modelo neoliberal imperante en el planeta. Cualquiera sea la razón que exhiba el FMI, lo importante y trascendente es su explícito reconocimiento de que los “ingresos altos y la riqueza” tributen para mejorar inversión en salud, educación y redes de protección.  Aunque absurdamente lo niegue para el Perú.  No tardará, sin embargo, en cambiar de opinión, como lo ha hecho en otros temas y oportunidades.

 

En relación a los impuestos sobre las rentas de los más ricos, el FMI señala que no sería ninguna novedad, pues ya se aplicó en varios países y momentos de la historia, aunque su carácter temporal parecía primar en la mayoría de los casos, como el impuesto que se aplicó en Alemania luego de su reunificación, o Australia y Japón entre 2011 y 2013.

 

El otro rubro de impuestos a los más ricos tiene que ver con impuestos sobre el “exceso de beneficios” de las empresas, como las que tuvo la gran minería con los precios elevados en el mercado internacional por más 7 años, o las que, demostrando ausencia total de sensibilidad social, lucraron en plena pandemia (farmacéuticas, empresas digitalizadas, etc.) y tuvieron ganancias extraordinarias.

 

La evasión tributaria de multinacionales en el Perú

 

Luis Arias M[5], es un profesional peruano que no tiene nada de izquierdista, pero tiene de sobra ese sentimiento nacionalista que desapareció en muchos millonarios del Perú. En una reciente nota, puso en evidencia la masiva transferencia de utilidades multimillonarias generadas en el Perú como la mayor forma de evasión tributaria.

 

Las empresas que, tanto en el Perú como en cualquier otro país, hacen esa operación son mayormente las multinacionales, cuya evasión del impuesto a la renta en el Perú (básicamente por las referidas transferencias) se mantiene en niveles cercanos al 50% desde el año 2007.  Esta evasión ocurre por el traslado de utilidades hacia países considerados paraísos fiscales y por la manipulación de precios de transferencia entre empresas vinculadas económicamente (multinacionales con subsidiarias en cualquier parte del mundo).

 

De esa manera pagan impuestos irrisorios o no pagan nada. Los mecanismos más usados para este fraude incluyen pago de regalías a empresas ubicadas en paraísos fiscales o prestación de servicios diversos (informáticos, de gerencia, etc.) que son prestados desde esos paraísos.

 

Según estudios encargados por el FMI, los países estarían perdiendo la astronómica suma de US $ 650 mil millones anuales por evasión tributaria, de los cuales una tercera parte correspondería a los países en vías de desarrollo, equivalente a 1.32% de su PBI, mientras que en los países de la OCDE representaría el 0.96%

 

En el Perú, según la misma fuente, el traslado de utilidades alcanzó a 2.34% del PBI en 2013, representando el 46% de la evasión global estimada para dicho año. Aun cuando Luis Arias hace referencia a esfuerzos normativos para cambiar esa situación, la evasión sigue tal cual y el traslado de utilidades se ha mantenido en los niveles históricos.

 

Lo más avanzado que se viene planteando en círculos especializados, es que la evasión y el traslado de utilidades sea examinados desde la perspectiva de interés público global que, sin desechar intereses nacionales, permita establecer un impuesto global a la renta que tenga como objetivo mínimo, anular el atractivo de los paraísos fiscales.

 

¿Cómo implementar un impuesto a la riqueza?

 

Se ha dicho de diversos momentos y espacios que un impuesto a la riqueza, al patrimonio neto o las grandes fortunas, no es un problema técnico. Resumamos entonces los pasos elementales que supone establecer el impuesto que asusta a los pocos ricos, pero con fortunas equivalentes a lo que tiene la mitad de la población. 

 

En primer lugar, se debe diseñar bien su alcance, profundidad y mecanismos operativos, de tal forma que esté lejos de decisiones precipitadas, propias de populismos en boga, que podrían tener efectos contraproducentes.  Esto no es tarea imposible.

 

En segundo lugar, partir del reconocimiento de que la mayoría de países de la región tienen bajos niveles de recaudación, no tanto por la ineficiencia de sus autoridades, sino por la corrupción que se apoderó de la gestión pública en general.  Entonces, esta es una lucha paralela de erradicación de la corrupción y profesionalizar la entidad responsable.

 

En tercer lugar, tener muy buena información referida a la experiencia de países que decidieron establecer impuestos a sus ricos, en diferentes momentos y por distintas razones. En este terreno será indispensable revisar la experiencia de la OCDE, tan cara a funcionarios tipo W. Mendoza. De igual manera, será conveniente mirar los casos en ALC. Conocer y capitalizar esas experiencias, es la tarea del MEF y no de negarse a abordar el tema.

 

En cuarto lugar, establecer como base gravable el patrimonio neto de las personas, familias o corporaciones. Es decir, se debe considerar todos los activos financieros (depósitos bancarios, bonos, acciones, etc.) y activos físicos (propiedades, obras de arte, joyas, bienes de lujo como yates y aviones privados, vehículos, etc.) que estén en el país o el exterior. Es cierto que darles valor monetario para efectos tributarios enfrentará la cultura de la trampa de quienes persistirán en subvaluar o mantener oculto su patrimonio.  Pero, en tiempos en que la tecnología permite rastrear y valuar patrimonios con niveles de precisión sin precedentes, no debiera ser un problema.

 

En quinto lugar, se deberá identificar la presencia de grupos de interés que, desde el propio sector de multimillonarios individuales o corporativos, presionarán para que este impuesto no se establezca, o montarán mecanismos que les permita escamotear una correcta y justa tributación en favor del Perú.

 

En sexto lugar, evaluar con el máximo rigor los impactos negativos que, sobre decisiones de ahorro e inversión, podría causar un impuesto a la riqueza. Este es uno de los argumentos de los grupos de presión referidos. Según los estudios realizados por el BID, referidos en el artículo que comentamos al inicio, se ha concluido que los impactos son marginales en ambos campos.

 

En sétimo lugar, le propuesta de un impuesto a la riqueza debe distinguir con claridad las donaciones, sucesiones y herencias como referentes gravables.  Este impuesto tiene menos complicaciones que el impuesto al patrimonio neto, pues su cuantificación no será nada difícil, mientras que su sensibilidad en las decisiones de ahorro e inversión son cercanas a cero.

 

En octavo lugar, como corolario de lo dicho, debe quedar claro que la solución de las desigualdades en los países, no depende solamente de un impuesto a la riqueza, sino de un conjunto de políticas públicas orientadas a ese objetivo.

 

Lima, 8 de abril de 2021