¿Qué salida le queda al pueblo saharaui? ¿Seguir esperando otro medio siglo cuando en los campamentos de refugiados argelinos han nacido ya dos generaciones?

Hace ya 45 años que España decidió abandonar a su suerte al pueblo saharaui, entregando

su antigua posesión colonial a Mauritania (que abandonó el territorio en 1979) y Marruecos,

que lo ocupa militarmente desde entonces. Tras 15 años de guerra (1975-1991), el Frente

POLISARIO decidió cambiar las armas por las urnas, confiando en que los nuevos tiempos

inaugurados con el fin de la Guerra Fría harían posible la promesa de las Naciones Unidas de

organizar un referéndum de autodeterminación en el que los saharauis decidieran el futuro

del territorio.

 

En aquel momento se produjo un duro debate en el seno del movimiento de liberación

nacional saharaui entre quienes defendían que había que continuar la guerra, porque la

decisión de Hassan II de negociar con quien hasta entonces consideraba una simple

organización terrorista, era muestra de un evidente agotamiento, y faltaba poco para que

claudicara, y quienes consideraban que había llegado el momento de la paz; que había que

confiar en la promesa de la ONU de descolonizar el territorio, tal y como había hecho en las

décadas anteriores en la práctica totalidad del continente africano. Finalmente se impuso la

opción pacífica, pero, desgraciadamente, el tiempo ha terminado dando la razón a los que

apostaban por la guerra.

 

El Plan de Paz, negociado libremente entre las dos partes y aprobado por el Consejo de

Seguridad (1991), preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en un plazo

de seis meses, en el que la población podría optar entre la integración del territorio en

Marruecos y la independencia. Igualmente preveía que el censo para el referéndum tendría

como base el confeccionado por España en 1974, que sería actualizado con pequeños

cambios, derivados de los 15 años de conflicto bélico, incluyendo en él a quienes habían

llegado a la mayoría de edad y excluyendo a los fallecidos. El hecho de que se previera un

plazo tan corto para la celebración del referéndum da una idea de lo limitados que debían ser

los cambios a realizar.

 

Por desgracia para el pueblo saharaui, paralelamente al comienzo del proceso de

identificación de votantes, estalló la guerra civil que asoló Argelia durante una década. En ese

momento Hassan II intuyó que, si este Estado retiraba su apoyo a los saharauis, podría hacer

desaparecer el conflicto de la agenda internacional. Afortunadamente, Argelia nunca ha

variado su compromiso con la aplicación del Derecho internacional en el conflicto. Sin

embargo, el monarca alauita utilizó el proceso de identificación con el objeto no disimulado

de aplazar indefinidamente la celebración del referéndum, consiguiendo que un proceso que

debía culminarse en menos de seis meses se alargara una década entera. Finalmente, poco

después de que la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara

Occidental) hiciera público el censo (2000), Marruecos comunicó que nunca aceptaría un

referéndum de autodeterminación, después de acusar de parcialidad a la ONU.

 

Los posteriores intentos de resolver el conflicto por una “tercera vía” que admitiera la

celebración de un referéndum de autodeterminación, pero que, a su vez, garantizara de

alguna forma la victoria marroquí en el mismo, protagonizados en especial por el ex

Secretario de Estado de los EE. UU., James Baker (Planes Baker I y II), y pese a favorecer

claramente los intereses marroquíes, fracasaron por la intransigencia de este Estado, que no

quería correr ningún “riesgo de perder” el territorio. El propio Baker lo afirmó expresamente

cuando, indignado por el obstruccionismo de este Estado, presentó su dimisión.

 

Desde aquel momento las negociaciones están en punto muerto. Las resoluciones del

Consejo de Seguridad exhortan desde entonces “a las partes a que reanuden las

negociaciones bajo los auspicios del Secretario General sin condiciones previas y de buena

fe”, pretendiendo ignorar que, fruto de negociaciones desarrolladas bajo esas mismas

premisas, se aprobó hace ya casi tres décadas un plan de paz perfectamente aplicable en la

actualidad; que la MINURSO ya concluyó con una parte fundamental de su mandato principal,

la confección del censo; y que la única razón por la que no se resuelve el conflicto de forma

definitiva mediante la aplicación del mencionado plan es el rechazo de una de las partes,

Marruecos, y el apoyo incondicional del cómplice necesario, Francia, que veta la posibilidad

de que el Consejo de Seguridad imponga a las partes la aplicación de dicho plan.

Es obvio que no se puede negociar con quien no quiere: entre las “condiciones previas” a

que se refieren las mencionadas resoluciones está el rechazo expreso de Marruecos a

celebrar un referéndum de autodeterminación. A partir de ahí, ¿qué tendría que negociar la

parte saharaui?

 

Las Naciones Unidas han tirado la toalla ante la imposibilidad de resolver el conflicto por la

intransigencia de Marruecos y Francia. Es triste tener que reconocer que, como señala la

declaración de guerra del Frente POLISARIO, la ONU se ha convertido en un simple fedatario

de la ocupación. La última resolución del Consejo de Seguridad deja poco margen a la duda:

apoya “una solución política realista, viable y duradera para la cuestión del Sahara Occidental

basada en la avenencia”. ¿Qué significa “solución política realista”? Es obvio que para la ONU

la independencia no es una “solución realista”, por lo que lo que propone es algo muy grave:

abandonar el Derecho internacional para conseguir una solución política, que ignore la

voluntad del pueblo saharaui.

 

Por su parte, la Unión Europea negocia con Marruecos la explotación de los recursos

naturales del territorio, incumpliendo de esta forma el requisito establecido en febrero de

2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que tal explotación sea acorde con

el Derecho internacional: que el pueblo saharaui dé su consentimiento a tal explotación. El

Frente POLISARIO, en términos de la Asamblea General de la ONU, “único y legítimo”

representante del pueblo saharaui, ha rechazado de plano dar su consentimiento a tales

acuerdos. Al concluir estos acuerdos, tal y como señaló el Abogado General en sus

conclusiones relativas a los acuerdos de pesca, la UE viola varias de las normas

fundamentales del Derecho internacional: el derecho de autodeterminación de los pueblos,

la prohibición de reconocer situaciones derivadas del uso de la fuerza (la ocupación militar),

la prohibición de contribuir con su comportamiento a la consolidación de tal situación…

Por lo que respecta a nuestro país, que, de acuerdo con el Derecho internacional y con

nuestro propio ordenamiento jurídico (lo afirman dos autos de la Audiencia Nacional de

2014), sigue siendo la potencia administradora del territorio, ha ido variando su posición

inicial de tácita defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui del primer

gobierno de la democracia, el de la UCD, hasta el actual apoyo a la ocupación y anexión ilegal

del territorio por Marruecos. Los representantes de los sucesivos gobiernos españoles, tanto

socialistas como populares, han repetido hasta la saciedad las frases huecas de las

resoluciones del Consejo de Seguridad (“apoyamos los esfuerzos de las partes para alcanzar

una solución mutuamente aceptable…”), mientras han participando activamente en la

consolidación de la ocupación del territorio. Cabe recordar que los proyectos de resoluciones

que llegan al Consejo de Seguridad emanan del denominado “Grupo de amigos del Sahara

Occidental” (¿del Sahara Occidental o del conflicto?), una especie de “Consejo de Seguridad

para el conflicto saharaui” compuesto por EEUU, Rusia, Francia, Reino Unido y España, que

sustituiría así al quinto miembro permanente, China.

 

Entre quienes mantenemos la esperanza de que el conflicto se resuelva mediante un

referéndum de autodeterminación, la llegada de Unidas Podemos al gobierno fue muy bien

recibida, porque desde el final de la dictadura el Partido Comunista e Izquierda Unida han

venido defendiendo con firmeza esta solución, y porque el propio Pablo Iglesias se había

comprometido públicamente a impulsarla, participando incluso en actos de solidaridad con

el pueblo saharaui. Pero parece que las cosas se ven de forma muy diferente desde el gobierno. A nadie se le escapa la gravedad de los temas con los que el gobierno marroquí

chantajea y extorsiona a España y a Europa. La cooperación en materia de contrabando o

terrorismo internacional, Ceuta y Melilla, pero muy especialmente, la inmigración ilegal,

constituyen argumentos difíciles de gestionar. ¿Es que hay alguna duda de por qué han

comenzado a llegar a Canarias, precisamente en estos momentos, miles de inmigrantes en

tan solo unas semanas? Marruecos maneja como nadie el grifo de la inmigración ilegal, que

abre cada vez que se cuestionan o se pueden llegar a cuestionar sus relaciones con la UE.

Pero el pueblo saharaui no puede ser una vez más la moneda de cambio para solucionar los

problemas del reino alauita.

 

En estas circunstancias, ¿qué salida le queda al pueblo saharaui? ¿Seguir esperando otro

medio siglo cuando en los campamentos de refugiados argelinos han nacido ya dos

generaciones? ¿Abandonar a su triste suerte a quienes sufren en su propia tierra la violenta

ocupación marroquí? No seré yo quien defienda la vía de la guerra para resolver el conflicto.

Admiro profundamente a quienes, después de haber sufrido desapariciones forzadas de más

de dieciséis años, defienden aún la vía pacífica como forma de solución del conflicto. Pero el

Frente POLISARIO es un movimiento de liberación nacional a quien el Derecho internacional

le reconoce el derecho al uso de la fuerza frente a la ocupación y dominación coloniales, por

lo que si decide retomar efectivamente las armas estará ejerciendo su derecho.

 

No es especialmente relevante la mayor o menor gravedad de la violación del alto el fuego

de Marruecos que ha motivado la declaración de guerra saharaui. Es simplemente la gota que

colma el vaso. La fecha de la proclamación del estado de guerra no es pura casualidad: hace

45 años, el 14 de noviembre de 1975, España entregó el territorio a Marruecos y Mauritania a

través de los denominados “Acuerdos Tripartitos de Madrid”.

 

Durante décadas el Frente POLISARIO ha dado muestras infinitas de paciencia, a veces

difíciles de entender para su propio pueblo (recuérdese, por ejemplo, el temple del

movimiento saharaui después de los acontecimientos de Gdeim Izik), utilizando todas las vías

políticas, diplomáticas y jurídicas imaginables. Lo que le piden la ONU, la UE y España es que

se rinda, que acepte integrarse en Marruecos. Y eso no va a ocurrir. El pueblo saharaui es un

pueblo pacífico, ha dado muestras sobradas de ello, pero digno y orgulloso. Si se confirma la

vuelta a la guerra, nadie podrá culparle de no haber explotado todas y cada una de las vías

posibles para conseguir algo básico que le corresponde por justicia: vivir en paz en su propia

tierra.

 

– Juan Soroeta es Profesor de Derecho Internacional Público de la UPV/EHU. Presidente de AIODH (Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos)