Si bien las desigualdades de acceso a la Educación mejoraron en América Latina y el Caribe en los últimos 20-30 años, los efectos de la pandemia amenazan con profundizar las injusticias estructurales, haciendo retroceder las posibilidades de capacitación y crecimiento humano de millones de educandos.

 

¿Qué grupos sufren más? ¿Cómo avanzar? Éstas son preguntas íntimamente relacionadas, que encuentran respuesta a través del concepto y la herramienta de la interseccionalidad.

 

Sucede que la región no solamente es la más desigual del mundo en términos socioeconómicos, sino que además hay conjuntos humanos en cuyos cuerpos se cruzan múltiples desigualdades.

 

A la tremenda vulneración de Derechos Humanos básicos que significa la pobreza – que en la mayor parte de los casos es estructural y multidimensional, afectando no solo los ingresos sino otros indicadores de deterioro en la calidad de vida – se suman las discriminaciones y violencias por motivos de género, de proveniencia cultural, la segregación e invisibilización de las personas con discapacidad o las condiciones que deben enfrentar las y los migrantes.

 

Pandemia y violencia contra las mujeres

 

La importancia de la Educación como garante de otros Derechos básicos como el derecho a la inclusión, la socialización, la participación o la alimentación se ve hoy coartada por el cierre de las instituciones de educación a causa del brote pandémico. La CEPAL calculó que más de 160 millones de estudiantes han visto interrumpida sus trayectorias educativas. En simultáneo, 85 millones de niñas y niños han dejado de recibir la alimentación a la que accedían en el sistema escolar.

 

La crisis sanitaria expuso los desniveles existentes en los distintos países en cuanto a infraestructura sanitaria y educativa, al tiempo que hizo visibles las brechas de acceso a tecnología y conectividad al interior de los países. Esta disparidad afectó fuertemente las posibilidades de los sectores vulnerables, al recurrir el sistema a modalidades virtuales de enseñanza.

 

Del mismo modo, la precarización laboral de amplios sectores, en el marco de un marcado deterioro de la economía real, hace temer por un aumento de la deserción escolar. En particular, las niñas podrían verse afectadas al tener que ocuparse de tareas de cuidado familiar en reemplazo de sus madres ocupadas en la búsqueda de ingresos. Este mandato social de responsabilidad femenina en labores de cuidado, acuñado en matrices sociales patriarcales, continúa siendo uno de los principales impedimentos para la aspiración de sociedades igualitarias.

 

El contexto de pandemia ha agudizado las violencias contra las mujeres, que sufren de manera cotidiana relaciones de opresión sistémicas a nivel social, familiar e interpersonal.

 

Los Pueblos Indígenas: Entre la segregación y el riesgo pandémico

 

En un modo distinto, pero igualmente doloroso, pervive la desigualdad estructural que atraviesa la vida de los más de 800 pueblos indígenas de la región. El distanciamiento, la discriminación, la erosión de la base material y cultural de su existencia por parte de sociedades ancladas en matrices de tipo colonial, negó a estas comunidades ya con anterioridad a la pandemia gran parte de sus Derechos Humanos.

 

Debido a las altas tasas de desnutrición y la precariedad de la infraestructura, los 60 millones de indígenas de América Latina -un 10% de la población total- han visto agravarse su situación con la coyuntura de riesgo sanitario producida por el Covid-19.

 

El sistema educativo, lejos de actuar como factor igualador, ha profundizado las desigualdades a través de la segregación cultural, sin permitir a estas naciones desarrollarse según sus propios valores y cosmogonías, ni aportar con su riqueza de saberes al conocimiento común.

 

Lejos de ello, la historia que se enseña en el sistema escolar tradicional poco habla de la infinita violencia contra los indígenas ni de la brutalidad contra los negros arrancados a la esclavitud desde el África. Violencia y explotación que son la marca indeleble sobre la que se construyó la inequidad actual.

 

Además de políticas públicas decididas de apoyo, es preciso que exista una educación verdaderamente inclusiva, que utilice modelos pedagógicos diferenciados de acuerdo a los escenarios en los que viven las comunidades indígenas y en cuyo diseño puedan participar los jóvenes y las mujeres de dichas comunidades.

 

Personas con discapacidad y educación virtualizada

 

Las personas con discapacidad son otro colectivo estructuralmente aislado en el modelo de un patrón educativo rígido y capacitista, que no las concibe como parte del alumnado regular.

 

Esta situación de no presencia ni pertenencia alcanza aún una mayor relevancia en el marco de una educación virtualizada por la emergencia pandémica. A las habituales barreras se suman las dificultades de acceso a tecnología adecuada y las dinámicas de clase a distancia que no contemplan necesidades particulares. Sumado a la carencia de personal de apoyo, se ha producido la desconexión de muchas personas con discapacidad de la actividad educacional.

 

Como contraparte, la situación permitió visibilizar a las personas con discapacidad, hizo posible un trabajo de agrupamiento de estudiantes según su necesidad, ayudó a pensar nuevas formas de evaluar y posibilitó la alternancia de lo sincrónico y lo asincrónico.

 

Del mismo modo, hizo patente el rol fundamental de la familia como actor central del proceso educativo, de la mano con la escuela y los propios estudiantes, al tiempo que colaboró con una docencia más reflexiva y la recreación de los modos de interactuar.

 

Precaria situación de migrantes ante crisis sanitaria, educativa y económica

 

La condición de migrante es otra de las circunstancias en las que la desigualdad se multiplica. La mayoría de estas personas atraviesa la actual crisis sanitaria en un marco de precariedad, al que se suma la crisis educativa. Se mira al migrante como mano de obra, como fuerza de trabajo y no como un ser para la educación.

 

Muchos migrantes no cuentan con conexión fija a internet, no poseen equipos adecuados ni cuentan con las condiciones de vivienda con privacidad que se adecúen a las modalidades educativas virtuales. A la vulnerabilidad económica, agravada por el alarmante desempleo, a las dificultades lingüísticas y tecnológicas se agrega la carencia de recursos de apoyo pedagógico para los niños y niñas migrantes.

 

Los Estados deben desarrollar políticas públicas con compromiso social, ético, poniendo el énfasis en la diversidad y la multiculturalidad. Es imperioso producir libros y pedagogía para la pluralidad abandonando una tradición educativa asimilacionista.

 

Hacia el futuro

 

Es imprescindible aprovechar la pospandemia para replantear sentido y finalidad de la educación hacia un modelo heterogéneo, diverso, inclusivo, solidario y accesible para todas y todos.

 

Se necesita dejar atrás una matriz educacional concebida en el período industrial con el fin de disciplinar, estandarizar, cosificar. Un esquema cuya íntima raíz es naturalizar la desigualdad.

 

Es imperioso resistir las presiones para mercantilizar y privatizar lo público y en particular, el espacio educativo, que son una afrenta directa a la posibilidad de disminuir la injusticia y promover una creciente equidad.

 

Corresponde abordar sin dilación un tipo de educación intercultural, emancipadora, abierta al otro, al diferente. Construir un horizonte formativo transformador, no reproductor de desigualdades.

 

Desarrollar un modelo que ayude a desmontar el andamiaje cultural del patriarcado, que conciba la protección de la igualdad como un bien común, como noción profunda y de cotidiana aplicación.

 

La lucha por el cambio educativo no se inicia ni agota en el ámbito educativo, sino que es una lucha política, en las relaciones interpersonales e intrafamiliares para modificar las relaciones de poder.

 

En esta lucha, la educación debe tomar partido por los históricamente excluidos, porque una educación que no sea inclusiva, no merece llamarse educación.

 

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Las sucintas nociones vertidas en esta nota fueron parte del aprendizaje colectivo que supuso la Cuarta sesión de la XI Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que desarrolló el tema «Desigualdades, inclusión y educación: interseccionalidades».

 

El evento fue co-organizado en alianza con la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), Oxfam IBIS y la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) y contó con la participación en el panel de Karina Batthyany (Secretaria General CLACSO), Vernor Muñoz (Director de Políticas CME), Mónica Novillo (Coordinadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres), Celeste Fernandes (Coordinadora de la Red de Educación Inclusiva), Libertad Pinto, (en representación del FILAC) y Handerson Joseph (Coordinador del Programa Fronteras Universidad de Amapá de Brasil).