En las últimas dos semanas se han presentado cuatro informes sobre la crítica situación de los derechos humanos en Colombia que han puesto en el centro del debate nacional e internacional tanto las cifras sobre asesinatos de líderes sociales como de defensores de los Derechos Humanos así como sobre la marcha de los acuerdos de paz y las políticas públicas que se han puesto en marcha por el gobierno de Duque que completa 19 meses en el poder. De estos cuatro informes dos son de las Naciones Unidas, el primero producido por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, fue dado a conocer en Ginebra el miércoles 26 de febrero, por la propia Alta Comisionada, Michel Bachelet y que tiene origen en la Oficina que en Colombia coordina su delegado, Alberto Brunori.

 

El segundo informe fue presentado este miércoles 4 de marzo por el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas Michel Forst, relator para los defensores de derechos humanos. Un tercer informe de importancia lo presentó este lunes 2 de marzo el Centro de Información sobre empresas y derechos humanos y este miércoles en Bogotá el coordinador en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Christoph Harnisch, también presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En todos ellos se muestra la grave crisis por la que atraviesan los derechos humanos y cuestionan, unos más que otros, por ineficaces las políticas puestas en marcha por el gobierno de Duque para hacer frente a esta situación.

 

La reacción inicial del gobierno de Duque fue de rechazo a los contenidos de los informes argumentando tres razones principales para hacerlo. En primer lugar las cifras utilizadas en los informes, según el propio Duque, estarían siendo infladas para mostrar una situación que no sería real y la segunda una pretendida injerencia en los asuntos internos y con ello una grave vulneración a la soberanía nacional. Los dos argumentos han ido decayendo por ser ligeros y por faltar a la verdad. Las cifras de la oficina de la alta Comisionada han sido las reconocidas hasta la presentación del informe por el propio gobierno de Duque, por una razón, son las cifras más bajas de las suministradas por diversos organismos que hacen el seguimiento a la grave crisis representada en el asesinato de líderes sociales y por eso hasta la presentación del informe habían sido las avaladas por el propio gobierno de Duque para tratar de demostrar sin ningún éxito las pretendidas bondades y resultados positivos de las políticas gubernamentales. Mientras el informe de Michelet-Brunori reconoce desde el año 2016 y hasta el 30 de junio de 2019 el asesinato de 324 líderes y defensores de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo para ese mismo periodo reconoce 486 asesinatos y el Programa somos defensores 400 para el mismo período. Entonces el gobierno siempre avaló la cifra suministrada por la Oficina de la Alta Comisionada que como se indicó son las más bajas comparadas con la de otras plataformas y organizaciones que hacen este seguimiento. Primera mentira que se viene al piso y que también es asumida por el informe del relator Michel Forst que sin embargo menciona en su informe las otras cifras pero da credibilidad a las cifras de la oficina de las Naciones Unidas en Colombia.

 

El segundo argumento es también mentiroso. Ha sido el propio Estado colombiano que en reiteradas ocasiones ha solicitado el establecimiento de una Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Dicha oficina viene funcionando desde el mes de noviembre de 1996 y su existencia se ha prolongado durante todos estos años ha solicitud de los propios gobiernos colombianos para que haga un seguimiento a la situación de los derechos humanos y formule recomendaciones. Lo que desató la respuesta airada y desmedida del gobierno comenzando por las propias declaraciones del presidente Duque es que el reciente informe señala como recomendación la necesidad de desmilitarizar la policía que actualmente depende del Ministerio de Defensa y su traslado al Ministerio del Interior, como funcionan estos cuerpos de policía en la mayor parte de los países con regímenes democráticos liberales en el mundo. A ello se suma el señalamiento del uso desmedido de la fuerza perpetrado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, acusado en Colombia del uso desmedido de la fuerza para controlar las protestas sociales recientes. Estas dos recomendaciones fueron rechazadas vehementemente por Duque, el Ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo y por el consejero para la Estabilización o sea el Consejero de Paz, Emilio Archila. Todos ellos repitieron los argumentos ya señalados.

 

Por su parte el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos señaló que en los últimos cinco años asesinaron a 72 críticos de abusos empresariales y señaló que si bien las empresas no siempre son las responsables, deberían coordinar hojas de ruta para mitigar los ataques. Estas 72 personas fueron asesinadas entre 2015 y octubre de 2019 y agrega que en este mismo lapso 181 defensores sufrieron atentados y que el 76% de los casos se produjeron en zonas con alta inversión industrial. Según el informe el riesgo es mayor para aquellos defensores que tratan de prevenir o exponer los abusos de las empresas dedicadas a minería, ganadería, agricultura, combustibles fósiles e hidroeléctricas, ya que el 90% de los ataques están relacionados con estos sectores. Este señalamiento corrobora las afirmaciones del informe del relator Michel Forst que también señala con preocupación este fenómeno.

 

Finalmente el informe de Christoph Harnisch del Comité Internacional de la Cruz Roja, CIRC, muestra su preocupación por el crecimiento del número de víctimas de artefactos explosivos. En 2019 se registraron 352 víctimas entre ellas 159 civiles, así mismo se registraron 93 casos de desaparición forzada y se presentaron 25.303 personas desplazadas al tiempo que se registraron 27.694 personas confinadas en sus sitios de residencia por la acción de distintos actores armados. El número de desplazados registra el CICR fue menor que en el año de 2018 en que se habían registrado 27.780 desplazados pero mayor que en el año de la firma de los Acuerdos de Paz 2016 en que el desplazamiento fue de 13.809 personas.

 

La tercera razón de la confrontación del gobierno con los informes tiene que ver con los señalamientos en todos los informes de los altos niveles de impunidad frente a los crímenes, lo cual no es aceptado por el gobierno. En resumen desde el año 2016 solo se han esclarecido y condenado a los autores materiales de los crímenes en un 11% de los casos frente al 89% de los casos en que aún no se ha llegado a determinar a los autores materiales pese a que el informe de Forst, señala avances en las investigaciones de estos últimos en un 54%, pero al mismo tiempo señala que estos avances se relacionan con autores materiales sin que se haya llegado a identificar y judicializar a los autores intelectuales. Este clima de impunidad es un factor de estímulo para estas actividades criminales.

 

A nuestro juicio y pese a los avances en el reconocimiento de la grave crisis de los derechos humanos en Colombia y en particular a la grave situación que afrontan los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, sus diagnósticos y recomendaciones se quedan cortos en por lo menos un asunto crucial. Se trata de la responsabilidad que cabe a los integrantes de la Fuerza Pública en esta grave crisis. Las Fuerzas Armadas y de Policía han sido incapaces de controlar el territorio sobre todo en regiones periféricas y con una muy débil presencia del Estado, pero además no se señala la permisividad y connivencia de sectores de las fuerzas armadas y de policía con organizaciones criminales dedicadas a las economías ilegales tanto las relacionadas con el narcotráfico como las relacionadas con la minería ilegal.

 

No se explica que en los territorios más militarizados y con mayor presencia de la Fuerza Pública, sea precisamente en dónde se presentan la mayor cantidad de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Ello se explica por los nexos de sectores de la Fuerza Pública con actores armados ilegales que hacen presencia y se disputan el control territorial en esas regiones. Y frente a ello nada hace el gobierno. La medida que debería tomarse es que se establezcan mínimos indicadores relacionados con el desempeño de la fuerza pública en relación con resultados en materia de derechos humanos en estos territorios y que estos indicadores sean determinantes para decidir los ascensos en la fuerza pública. Se requiere además una depuración de los integrantes de la fuerza pública en estos territorios. Por ello las medidas de protección individual no son el mecanismo más idóneo para enfrentar la masiva violación de los derechos humanos en estas regiones.

 

Bogotá marzo 5 de 2020.

 

– Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur