El 10 de enero asumió la presidencia de Venezuela Nicolas Maduro (2019-2025) en un acto formal para acatar la decisión del pueblo venezolano que fue tomada soberanamente el 20 de mayo de 2017. En este acto de expresión popular, propia de un sistema democrático, el Presidente obtuvo un amplio respaldo popular, a pesar de los intentos de sabotear el proceso de votación y de que el Departamento de Estado ordenara no firmar el acuerdo de diálogo entre el Gobierno y la oposición en Santo Domingo que incluía este proceso electoral. Esto les permitió desplegar una campaña de terror y descalificación institucional para que luciera como invalidado internacionalmente. Aumentaron las amenazas bélicas y sanciones que, en sí mismas, representan un acto de coacción violatoria de la libertad de expresión y de los derechos humanos en general. Algunos gobiernos aliados a los EE.UU. anticiparon su desconocimiento al proceso y a sus resultados, antes de que se ejerciera el derecho al voto popular; criminalizando el proceso y anunciando nuevamente fraude anticipadamente; que al igual que otras veces no presentaron denuncias formales ni se ofrecieron pruebas. Coherentes con esta campaña estos países no enviaron observadores oficiales porque sabían que invalidaría su absurdo discurso. Demostrando con ello su total irrespeto a la institucionalidad de Venezuela, a los principios de la democracia que dicen defender y del derecho internacional, para intentar imponer nuevamente decisiones extraterritoriales y en asunto de competencia nacional. Los que se sienten superiores desconocen todo lo que ellos no avalen ni les interese para su propio beneficio.

 

Vale la pena recalcar, por si queda duda, que la evidencia de la legitimidad presidencial de Maduro es indiscutible porque se sustenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como único referente legal, político y ético a lo interno y externo del país. Es clara en su Artículo 5: La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en le Ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometido.

 

Esto nos remite al concepto de soberanía que ha sido entendido por el Imperialismo de EE.UU. como dañino a sus intereses particulares en un Continente que lo considera suyo y, por eso, termina declarando abiertamente a Venezuela como una amenaza a su seguridad, no solo por su contenido sino porque sabe que el pueblo venezolano lo comprendió y lo fue asumiendo en la práctica con fuerza creciente. En este marco es importante destacar las razones de fondo de la violenta arremetida imperialista criminal al pueblo y la Revolución Bolivariana. La hemos sintetizado en seis claves para comprender la naturaleza del ataque y arribar a una visión sobre el ejercicio práctico de la soberanía como un derecho universal inviolable para preservar la paz y sana convivencia.

 

1.- Se incrementa el proceso de lucha de clases a nivel mundial

 

En las últimas décadas hemos presenciado un amplio proceso de lucha de clases a nivel mundial, discontinua pero generalizada, entre capital/ trabajo-asalariado y entre naciones oprimidas contra el imperialismo para defender su soberanía. En la que se reafirma la necesidad de la globalización de las resistencias. Esta se expresa con más contundencia en América Latina y el Caribe (ALC), en Oriente Medio (Siria, Palestina, Yemen, Afganistán e Irak) y en África, con brotes importantes mucho más de lo que la prensa registra. En Europa el movimiento de los chalecos amarillos es expresión de la indignación del pueblo Francés ante las medidas económicas que están ahogando a los europeos en general con la destrucción del Estado de Bienestar. La existencia de movimientos de resistencia e indignación en Europa obliga a la izquierda a escuchar a sus pueblos y redefinir su política.

 

Este proceso está relacionado dialécticamente con los evidentes signos de decadencia del imperialismo de EE.UU. en este momento histórico. Ha perdido su poder hegemónico totalizante en lo económico, aunque en lo militar es una potencia con capacidad de destruir al mundo. Sin embargo, comienza a visualizar el poder militar de Rusia y de China que se constituyen en un contrapeso muy significativo. En el siglo XXI se observa un reforzamiento del poder militar en dos direcciones, ampliando su presencia de efectivos militares que sobrepasan los 250.000 en 700 Bases Militares en 122 países, de ejércitos privados y agencias de inteligencias (mercenarios que responden a intereses mercantiles, entrenados para matar) y que pueden implementar la guerra preventiva que le otorga el derecho a la llamada “legítima defensa preventiva”, bajo la sola sospecha sin evidencias ni pruebas, que viola todos los derechos humanos y tratados internacionales de confrontación.

 

Bajo un estado de coacción, amenaza y guerra de distinta naturaleza, en distintos frentes simultáneos, ha pretendido controlar los recursos naturales, los mercados y el doblegar a los gobiernos que no se someten; aplicando estrategias destructivas en el Oriente Medio: “Primavera Árabe”, destrucción de Libia y Yemen, arremetida colonial despiadada contra Palestina y la Guerra en Siria. En ALC aplicando una estrategia particular de control para cada país muchos más agresiva y violatoria de su soberanía para recuperar su hegemonía hemisférica, golpeada en las últimas décadas. Ante los ojos del mundo se comienza a evidenciar la barbarie genocida, por la situación de esos países y la devastación de amplios territorios que afectan sensiblemente los límites ecológicos del planeta y han impulsado una migración con reducidas posibilidades de retorno a sus destruidos hogares de origen. La resistencia heroica de los pueblos, que siempre es subestimada por el imperialismo a nivel mundial, termina dando sus frutos, como lo son la reciente derrota en Siria y la imposibilidad de exterminar la Revolución Bolivariana en 20 años de continuos ataques y acoso.

 

2.- Aumenta la inversión económica y bélica de EE.UU. para recuperar la supremacía absoluta en el Continente

 

La pérdida creciente de sus mercados en la región y el avance de los movimientos sociales y de gobiernos progresistas y antiimperialistas llevó a que EEUU a arreciar su estrategia de intervenciones militares directas e indirectas, utilizando ejércitos latinoamericanos para implementar una supuesta ayuda humanitaria (caso Haití) y tomando el control directo sobre los gobiernos de derecha, los de antes y los recientes, para revertir toda posibilidad de avance soberanista, mediante cinco estrategias:

 

  1. Fortaleciendo la presencia del Pentágono en territorio latinoamericano con la instalación de nuevas bases militares para la defensa de sus intereses político-económicos. Intimidación a gobiernos y coordinación con las oligarquías transnacionalizadas para el acceso a los mercados y a los recursos, incrementando la represión y coacción social para el control de movimiento sociales y gobiernos progresistas en ejercicio, y la reactivación de la Escuela de las Américas y de Agencias para la formación de ejércitos nacionales y privados.

 

  1. Utilización de la guerra asimétrica con los empleos de ejércitos regulares, paramilitares, mercenarios, francotiradores para hacer actos terroristas contra las instalaciones y civiles en sus actividades cotidianas y contra objetivos de líderes políticos y sociales.

 

  1. Judicialización para la criminalización de la política (Lawfare), persiguiendo a políticos progresistas mediante el uso y abuso de supuesta corrupción, sin pruebas, para eliminarlos políticamente (Dilma Rousseff, Lula, Jorge Glass, Rafael Correa y Cristina Fernández) apoyado en el tutelaje y la formación de jueces en la Escuela de Jueces creada en EEUU para manipular la justica en las distintas naciones.

 

  1. Utilización de los medios de comunicación transnacionalizados para crear noticias falsas, criminalizar la imagen de los gobernantes y crear un imaginario de caos social y de inestabilidad política incontrolada, de absoluta responsabilidad de los gobiernos progresistas de la región. Apoyados, a su vez, en centros de investigación (think-tanks) al servicio del capital.

 

  1. Destrucción de la integración latinoamericana creando tratados de libre comercio bilaterales para frenar el avance de China en el Continente y atacando los organismos multilaterales de integración regional (CELAC, UNASUR, MERCOSUR, ALBA y otros). Además, interviniendo más abiertamente en la política de los gobiernos de derecha de la región para aislar a los gobiernos y pueblos que luchan por su soberanía.

 

3.- La agresión histórica para justificar la intervención militar directa en Venezuela

 

La intervención extranjera en Venezuela es histórica y continuada desde la colonia y la conquista y la implantación de la supremacía de EE.UU en el Continente. Por lo que resulta evidente que la Guerra económica con fines políticos consiste en la agresión social a la población y a la institucionalidad desde el inicio de la Revolución hace 20 años. La estrategia ha sido clara y contundente para bloquear política y económicamente a Venezuela como país disidente (soberano) que genere un estado de convulsión social, inestabilidad generalizada, de incertidumbre política y de terror social y, simultáneamente, ocultar mediáticamente ante la opinión pública mundial la guerra integral, así como sus consecuencias. Acciones que están teñidas de cinismo y paradojas, en una absurda inversión de la realidad que propiciaría una insurrección popular contra el Gobierno, un Golpe de Estado encabezado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y justificar la invasión militar disfrazada de ayuda humanitaria.

 

Para mantener este estado se ha implementado una guerra no convencional que atente sistemáticamente a la soberanía nacional iniciada con el Golpe de Estado en 2002 y secuestro del Presidente Chávez que colocó en evidencia a la derecha internacional Occidental, por su silencio cómplice y por su participación directa o indirecta. En estas escasas 47 horas de gobierno de facto se evidenció una acción dictatorial, sin precedentes en la historia del país, desconociendo por decreto toda la institucionalidad de la República y mostrando una violencia fascista de la dirigencia opositora contra altos funcionarios del gobierno nacional y regional y una represión criminal contra el pueblo para propiciar el Golpe e impedir la restitución del orden constitucional. Pero el avance de una incipiente alianza cívico-militar-popular, aún sin comprender la magnitud del poder que tenía para ejercer y defender la soberanía, salió a la calle y restituyo en Miraflores a su Presidente legítimo. Esto marcaría todos los ataques en adelante.

 

El Departamento de Estado redefiniría su estrategia, por distintas aristas, dentro de la misma política supremacista para minar las bases de la Revolución, tomando en cuenta cada debilidad y cada limitación para someter, de modo silencioso, al pueblo y al Gobierno de Venezuela hasta que la declara, en 2015, como una amenaza inusual y extraordinaria, que fue potenciada con nuevas medidas y sanciones contra la seguridad y soberanía nacional, aplicadas en el gobierno de Obama y luego por Trump, con su particular estilo. Aquí solo destacamos las más violentas y evidentes:

 

  1. Amenaza permanente de intervención militar por decisión unilateral, utilizando a Colombia y ahora a Brasil, e instigando a un golpe militar desde adentro que contaría con el apoyo de USA y de gobiernos satélites de Washington. Acompañada de la formación de grupos paramilitares para proteger el contrabando y realizar atentados terroristas contra objetivos militares e instituciones del Estado. También con la instigación y compra de jueces y militares para violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y propiciar el golpe desde adentro. Esto ha sido anunciado descaradamente en los últimos meses por diversos voceros del Departamento de Estado.

 

  1. Apoyo y financiación de actos terroristas: colocación de explosivos, provocación de incendios, ataques aéreos a instalaciones del Estado, destrucción criminal de unidades de transporte público, centros educativos y materno-infantiles e instalaciones de salud todas con personas adentro indefensas. Así como del uso de sicarios y francotiradores para asesinar a civiles realizando sus actividades cotidianas, o en movilizaciones pacíficas y para asesinar a dirigentes políticos, funcionarios del Estado (fiscales) y dirigentes populares.

 

  1. Intentos reiterados de magnicidios cuya máxima expresión se concretó el 4 agosto de 2018 cuando el mundo presenció un intento de asesinato al Presidente utilizando alta tecnología de guerra, que de haberse concretado hubiese generado una masacre que incluiría a los máximos representantes de todos los poderes del Estado venezolano. Nuevamente las oligarquías internacionales, la misma que ha avalado el golpe e intentos de golpe contra el gobierno legítimo de Chávez y de Maduro durante estos 20 años, desconoció su relevancia y su expresión de un acto terrorista de grandes magnitudes. El cinismo ha llegado a tal extremo que se responsabiliza al Gobierno de estas acciones.

 

4.- Se intensifica la guerra económica ante el avance y la resistencia heroica del pueblo venezolano.

 

Los intentos reiterados en desconocer al Gobierno y de disolver los poderes existentes por vía violenta con apoyo del Departamento de Estado son del conocimiento público. Expresamente lo ha declarado altos representantes del gobierno de los Estados Unidos, y hay que vivir en otro planeta para no entender que la Guerra económica está relacionada y coordinada para fraccionar al pueblo venezolano, eliminar toda esperanza de lucha, obligándolo a responder a la contingencia y emplear todos los recursos en mantener las condiciones de vida de la población. Guerra que podemos sintetizar en tres grandes estrategias que demuestran su carácter criminal contra el pueblo para declarar extraterritorialmente “la ayuda humanitaria”: (1) sabotaje y destrucción reiteradas a las instalaciones de servicios estratégicos y las instalaciones de PDVSA y demás empresas básicas del Estado desde el 2002 hasta la actualidad; (2) bloqueo económico y financiero a través de decretos extraterritoriales, de intermediarios y mediante agencias de calificación de riesgo, para generar una inflación inducida, especulación, desabastecimiento y contrabando. Además, para la destrucción de la moneda, bloqueando toda forma de salida para valorizar el Bolívar, y (3) persecución descarada para bloquear por todas las vías las compras y distribución de alimentos, insumos y medicinas para la población.

 

Esta guerra no tendría el efecto para provocar la intervención si no estuviese articulada con una Guerra mediática, impulsada por las corporaciones de los medios de comunicación transnacionalizados, para orquestar un bloqueo informativo. De hecho, Venezuela es el país del que más hablan los medios de las corporaciones internacionales, sin consultar a los organismos oficiales (nacionales e internacionales) y sin dar posibilidad de réplica. En los principales medios en Estados Unidos, España y Alemania y en algunos países de ALC (México, Colombia y Chile) superan las 4000 noticias por año (entre 2 a 13 diarias) todas negativas, sin referir a las causas e injerencia externa.

 

La campaña ha consistido en desconocer arbitrariamente la institucionalidad democrática en Venezuela, crear la imagen de caos institucional y social, vacío de poder y estado de emergencia humanitaria, sin referir el bloqueo económico y financiero como la razón de desabastecimiento de medicinas, alimentos, insumos vitales y la destrucción de la moneda para inducir la hiperinflación. Todo esto acompañado con una campaña contra el Presidente para acusarlo de dictador, corrupto y violador de los derechos humanos, creando falsos positivos y como esto no es suficiente se ha hecho extensiva a representantes de todos los poderes y del Alto Mando Militar. Se trata de justificar una intervención de supuesto carácter democrático y de “preocupación humanitaria”, cuando es evidente la intención supremacista de EE.UU. al arremeter simultáneamente contra todos los que defienden la soberanía, que Washington los califica como el “Eje del mal” (Cuba-Venezuela-Nicaragua).No basta con demostrar que somos una amenaza para el mundo ni satanizar a Maduro y responsabilizarlo de todos los males del mundo, es indispensable quebrar la moral del pueblo venezolano.

 

Saben que las movilizaciones de respaldo no se reducen al apoyo de un hombre en particular sino a una revolución que ofrece la posibilidad de participar en la construcción de un cambio de dirección del país. La fortaleza simbólica de darle a los programas de gobierno en Ley de la República obliga a los gobernantes a su cumplimiento y a rendir cuenta ante el pueblo y éste puede exigir. Esta es la razón que obliga a denunciar la injerencia externa como un obstáculo a vencer con mayor unidad popular nacional y a orientar y redoblar el esfuerzo de debate interno de la política y planes de la Nación.

 

5.- La violación del derecho internacional para agredir a Venezuela vulnera la Paz mundial

 

La Guerra política que vulnera el derecho internacional para desconocer la soberanía de Venezuela como país independiente se ha realizado con varios golpes diplomáticos bilaterales y en organismos multilaterales, y su fuerza ha crecido en relación con la fuerza en la respuesta del Gobierno y pueblo venezolano. Desde la utilización de la OEA (ministerio de las colonias) hasta la creación del Grupo de Lima como último recurso contra el avance de Venezuela y sus aliados estratégicos del ALBA, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Fuera del Continente hemos presenciado la lamentable posición de la Unión Europea que se ha embarrado en una política que viola el derecho internacional, para apoyar las solicitudes de Washington, sin importarle las consecuencias que pueda tener sobre el pueblo y sobre los mecanismos de integración latinoamericana. Saben que violan la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz definida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Aprobada en la II Cumbre realizada en la Habana en enero de 2014i en la cual se ratifica el compromiso de sus países con los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y conscientes de que la prosperidad y estabilidad de la región contribuyen a la paz y seguridad internacionales. En su artículo 5 se señala expresamente:

 

El compromiso de los Estados de la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones.

 

Desconocer la institucionalidad, la democracia venezolana y el Estado de derecho de acuerdo a la Constitución, es una injerencia externa que demuestra la supremacía colonialista que expresan varios gobiernos y dirigentes políticos que defienden ampliamente la nueva ortodoxia liberal burguesa que pretende salvar al capitalismo destruyendo a los países y pueblos que luchan por ser independientes.

 

El Departamento de Estado ha implementado medidas extraterritoriales, con ayuda directa de sus gobiernos aliados y satélites, para proteger delincuentes y criminales haciéndolos pasar por presos políticos perseguidos por el “régimen dictatorial de Maduro”. Concediéndole un estatus de legalidad al grupo de Lima, que ha actuado como brazo político de los gobiernos cipayos, que actúan en favor de los intereses de EE.UU. Y tomando otras medidas absurdas de apoyar a un ilegal e ilegitimo “Tribunal Supremo de Justicia en el exilio” (Ubicado en Miami) que recibe órdenes de directas del Departamento de Estado para transmitírselas a la oposición golpista venezolana. Su papel ha sido asesorar las acciones judiciales internacionales y crear falsos positivos en los informes para el procesamiento preventivo por corrupción y crímenes de lesa humanidad que han planteado ante la Corte Penal de Justicia y la Comisión de DDHH de la ONU, para condenar al Presidente, así como propiciar un golpe de Estado a lo internoii.

 

Para justificar la intervención militar disfrazada de ayuda humanitaria ha utilizado la migración venezolana para justificar la intervención internacional; migración que tiene particularidades que deben ser seriamente analizadas y que se enmarcan en un momento de crisis migratoria internacional motivada por las guerras generadas por el capitalismo por el control de los recursos y los países. Detrás de esta campaña de inminente “crisis humanitaria” creada por la supuesta incapacidad del gobierno, se pretende ocultar el crimen que se está cometiendo contra la vida del pueblo venezolano, y matar la esperanza de vivir bien y con dignidad, este mensaje se siembra en el imaginario para crear la sensación de derrota dentro del propio pueblo chavista. La oposición venezolana golpista, no existe en el país, y opera en articulación del eje Miami, Madrid, Bogotá para ejecutar las órdenes del Departamento de Estado. Y lo hacen con plena libertad ya que están protegidos, tanto diplomáticamente como con amplios recursos económicos, por los gobiernos de la derecha internacional.

 

6.- El fracaso para aislar a Venezuela produce la ira del Imperialismo y sus aliados

 

Estamos en presencia de un tipo de guerra híbrida en desarrollo en Venezuela con el despliegue de una potente maquinaria de contrainformación y desinformación, provocación y violencia física de calle, actos de sabotaje, provocación al golpe de estado controlando a elementos civiles y militares claves, con la intención de crear las condiciones para una intervención de una fuerza militar extranjera, en la que están involucrados varios países bajo la dirección Washington. Es por ello por lo que se incrementa el rechazo a la política de EE.UU. de la mayoría de los países a nivel mundial y los movimientos sociales, incluidos los países cuyos gobernantes violaron sus propias constituciones y principios para avalar la injerencia externa en la República Bolivariana de Venezuela. Esto lo hace corresponsables de las consecuencias y es violatoria de la Proclama como territorio de paz, que define el camino de las controversias políticas internas de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia con el Derecho Internacional.

 

Ahora se pretende imponer un Gobierno desde el Exterior con la absurda e ilegítima medida de la declaración de Lima que comete uno de los atentados más grande a la soberanía nacional no solo por el desconocimiento del nuevo mandato sino por el contenido de la misma, que tendrá un efecto bumerán sobre las naciones ahí involucradas y la integración latinoamericana. Como se vio en el triste espectáculo que dio la OEA en 10 de enero con su resolución, coherente con su apoyo incondicional al grupo de Lima, y letal para la integración regional y la posibilidad del diálogo por la vía democrática como le corresponde a un órgano multilateral. En esta etapa han sumado a Venezuela y Nicaragua a la histórica agresión a Cuba y se encaminan con la misma fuerza contra Bolivia, con sus diferencias, quizá a la espera que surtan efectos los ataques contra la combinación electoral de Morales/Linera y propiciar un destino similar al de Ecuador.

 

La transcendencia de este nuevo desconocimiento del mandato presidencial liderizado por el Grupo de Lima y seguido por la Asamblea Nacional en desacato no está en su ilegalidad e ilegitimidad ya que son fáciles de demostrar, lo peligroso es que se deja constancia de la injerencia a la soberanía e integralidad territorial de Venezuela. Por tanto, se reafirma la injerencia directa y descarada del Departamento de Estado y el uso de los países del Grupo de Lima como satélites para implementar su política supremacista. Con esta firma se avala la intención de destruir la integración latinoamericana y la soberanía de nuestros pueblos que luchan por una vida digna. Lo más degradante del ilegitimo presidente de la AN en desacato (Guaidó) es que al aprobar la Declaración de Lima transfiere la autonomía de este organismo a Washington.

 

A modo de conclusión:

 

Responder a la actual situación sin sacrificar los principios y valores de dignidad de nuestro pueblo exige una Agenda de gobierno, como un instrumento de intervención socio-política a nivel nacional y de política internacional, que frene el Plan Criminal que se nos ha impuesto y, por tanto, deberá estar subordinada a la Agenda de lucha popular por el cambio social de raíz, capaz de convertir lo negativo en una oportunidad creativa devenida de la sabiduría y compromiso popular. La estabilidad política y socioeconómica la recuperaremos construyendo más revolución, más poder popular constituyente para ejercer la soberanía popular en todos los ámbitos de la vida; y fortalecer las alianzas con pueblos y gobiernos amigos, que son la mayoría mundial, para enfrentar toda forma de explotación, opresión y discriminación a nivel internacional, por una sana convivencia en paz y equilibrio con la naturaleza.

 

Para finalizar, es importante resaltar que la soberanía para la República Bolivariana de Venezuela implica que el pueblo soberano decide qué somos y qué queremos ser como pueblo y como nación. Este poder de decisión se ha ido consolidando en la medida en que se fortalece el poder popular constituyente y desplaza al poder constituido en la propia praxis social transformadora. La sabiduría popular de hoy se sustenta en el conocimiento de nuestra realidad, de nuestra historia y raíces culturales, y de que la unidad en la diversidad que permite conocer nuestras necesidades, nuestras posibilidades y potencialidades en la transformación de la Patria. La Asamblea Nacional como uno de los 5 poderes no está por encima de los demás y está obligado constitucionalmente a mantener la integridad nacional, su soberanía y sumisión a la voluntad del pueblo, por tanto, no decide por éste. La soberanía es un derecho universal que debe ser inviolable para preservar la paz y la sana convivencia entre los pueblos y el respeto a la igualdad en el derecho internacional básico en las instancias multilaterales.

 

Somos un pueblo rebelde y luchador y hemos recobrado nuestra identidad histórica-cultural para concebir el poder popular como la unidad cívico-militar al servicio de la soberanía y la construcción de una sociedad digna y en sana paz, expresada en el socialismo bolivariano. Como pueblo debemos estar alertas, permanecer unidos para enfrentar a un enemigo que se reconoce superior en fuerza, no en la razón que lo mueve.

 

 

Elizabeth Alves Pérez

Dra. en Educación y en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Editora del blog Pensamiento Crítico XXI: https://pensamientocriticoxxi.wordpress.com/

 

i Aprobada por las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los 33 Estados miembros, en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones. La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de enero de 2014.

 

ii La magnitud de sus delitos y de traición a la Patria con sus actos, los ha colocado en evidencia pública e imposibilidad de regresar a Venezuela para responder ante la Justicia venezolana, por eso no descansaran hasta ver destruido el Proyecto Bolivariano.