El reciente encarcelamiento de Keiko Fujimori –una prisión preventiva de 36 meses para investigar y sentenciar un presunto lavado de activos- quita del juego la lideresa de Fuerza Popular, el principal partido de oposición y primera formación en el Congreso, y abre un nuevo, inédito capítulo en la historia política del Perú.

 

Desde que, hace dos años y medio, había perdido la competencia para la presidencia por la segunda vez, conquistando pero la mayoría absoluta en el Congreso unicameral de 130 diputados, la hija del ex-dictador, condenado a 25 años de prisión por graves violaciones de los derechos humanos y un enorme desfalco al patrimonio nacional, no ha parado ni un solo día de atacar el poder ejecutivo con la furia y la obstinación de un perro rabioso.

 

El resultado de este ataque sin fin, radicado en la falsa creencia de que le habrían robado la presidencia, ha sido lo de tumbar numerosos ministros y el propio presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, y sobre todo de paralizar la actividad del gobierno, utilizando el poder legislativo como una especie de boa constrictor institucional.

 

Este golpeteo continuo a las instituciones y a la democracia en general, acompañado de un liderazgo despótico y humillante para sus mismos correligionarios, reducidos a aplaudidores y sobones incompetentes, no podía que producir frutos envenenados y no era difícil prever que, tarde o temprano, le habría caído el chahuistle.

 

De hecho, las primeras grietas en su edificio de poder comenzaron a aparecer a final de 2016, cuando una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a hacer luz sobre el caso Odebrecht, que involucraba nueve países latinoamericanos –más Angola, Mozambique y los propios Estados Unidos- en un gigantesco sistema de coimas estructurado por la constructora brasileña en complicidad con los gobiernos interesados. El método Odebrecht, seguramente compartido por otras sociedades del mismo tamaño, es prácticamente infalible, en cuanto amarra los contratos con los gobiernos antes de que ganen las elecciones, financiando al mismo tiempo las campañas de todos los candidatos favoritos. Comprando todos los boletos de la lotería, es obvio que se gana. Y los ríos de dinero que fluyen para los megacontratos, incrementados por sucesivas adendas, siguen bañando los políticos una vez en el poder y despojando los contribuyentes.

 

En el caso del Perú, se ha calculado que los pagos de 29 millones de dólares de sobornos, repartidos entre cuatro ex-presidentes y varios candidatos, generaron a Odebrecht más de 143 millones de ganancia. Un negocio redondo, como se ve. Las revelaciones de Marcelo Odebrecht, quien decidió de colaborar con la justicia para salvar su pellejo, involucran también a Keiko Fujimori, que recibió, para la sola campaña electoral de 2011, una “ayuda” de 1,2 millones de dólares.

 

Sin embargo, el lavado de dinero no es cierto el delito peor de la hasta ayer omnipotente lideresa, quien también está siendo juzgada por la creación de una organización criminal al interior del partido Fuerza Popular, una acusación que está llevando al banquillo de los imputados muchos otros miembros del partido, “presuntamente dedicados a captar aportes ilícitos para tomar el poder y realizar actos de corrupción”.

 

El segundo temblor que cimbró la fundación del edificio fujimorista -¿bunker, castillo de naipe o simplemente maquina destructora?- fue, a finales de julio, el desmantelamiento de los Cuellos Blancos del Callao (el puerto de Lima), una organización delictiva integrada por abogados, magistrados, servidores públicos y empresarios, que se dedicaba a cohechos, gestiones ilícitas, tráfico de influencias y obtenía sentencias favorables y designaciones en cargos específicos. En la red, lanzada por la valiente fiscal de crimen organizado Sandra Castro, han caído, gracias a miles de interceptaciones telefónicas, 13 magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial y Ministerio Público. Un juez supremo, César Hinostroza, se encuentra actualmente detenido en Madrid en espera de extradición.

 

Desde el inicio han aflorado las relaciones entre los fujimoristas, juntos con los pocos supervivientes del Apra, reducido a patético furgón de cola de Fuerza Popular, y los miembros de los Cuellos Blancos. Entre las grabaciones de las miles de conversaciones incriminadas, cuyo conjunto revela la increíble podredumbre del mundo judicial, hay una particularmente indignante, en que el juez Hinostroza negocia la reducción de la pena (o la posible absolución, según la tarifa) para el violador de una niña de 12 años.

 

La complicidad de Keiko Fujimori, su partido y el propio Apra con el sector más corrupto del poder judicial explica la impunidad de que han gozado hasta ahora Keiko y Alan García con sus más estrechos colaboradores. La respuesta a estas sucesivas olas de revelaciones no ha sido nada pacificas ni sumisa. Al contrario, al verse la rata arrinconada, es cuando se vuelve más feroz, y así la contraofensiva fujimorista, mientras trata de mantener en su cargo el indefendible fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, aliado de Fuerza Popular y repudiado por la mayoría de los peruanos, dirige sus ataques matonescos al fiscal José Domingo Pérez, responsable de la investigación que ha llevado Keiko Fujimori a prisión. En algunos chats intercambiados en el grupo denominado La Botica (el círculo del primer nivel fujimorista), revelados por un testigo protegido, se habla de “chancar”, “matar” (se espera que simbólicamente), “joder” al valiente fiscal, quien ya se ha vuelto un héroe popular. La hostilidad –y la obstaculización de la justicia- llega a extremos talmente ridículos que se ha tomado a pretexto un reciente viaje a México del fiscal Pérez, cuando en una conferencia ha definido “guerrilla” la actividad de Sendero Luminoso, para acusarlo nada menos que de ¡apología del terrorismo!

 

La revelación, bastante traumática, que el poder judicial y las fiscalías pululan de corrupción y tienen amplias zonas infectas, ha provocado una reacción muy sana y oportuna del presidente Martín Vizcarra quien, diferenciándose de las políticas sumisas y en piloto automático de su predecesor, ha tomado la válida y popular iniciativa de convocar a un referéndum para el 9 de diciembre. La consulta llamará los peruanos a pronunciarse sobre la no reelección de los congresistas –luego de la conducción fujimorista, el Congreso ha tocado la sima de la impopularidad-, el financiamiento de los partidos, la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura y la reintroducción da la bicameralidad, que fue suprimida durante la dictadura de Alberto Fujimori. En la última cuestión, los fujimoristas han logrado introducir un insidioso caballo de Troya, modificando el mecanismo de confianza al gobierno y alejando la posibilidad de disolución del legislativo.

 

El parteaguas marcado por el encarcelamiento de Keiko Fujimori ha abierto la posibilidad de una renovación política y una limpieza general que logre barrer la corrupción desde las gradas más altas, satisfaciendo los anhelos de una sociedad asqueada. Falta reconocer la enorme contribución que ha dado –y sigue dando- la prensa independiente a este proceso, en primer lugar la revista IDL Reporteros y su director Gustavo Gorriti.

 

En este contexto político, la primera tournée de Paquita la del Barrio en Perú, con su famosísimo hit, anunciada por el 6 de diciembre, arrasará seguramente.