La Asamblea Legislativa aprobó recientemente un decreto que suspendió los “procesos tributarios y ejercicios impositivos referentes a los años 2014 y 2015”. El decreto fue avalado por todos los grupos parlamentarios el 26 septiembre y sancionado rápidamente por el Presidente Salvador Sánchez Cerén el 1o de octubre.

 

Dicho decreto se deriva de sentencias de la Sala Constitucional que revirtieron importantes reformas tributarias promovidas por el Ejecutivo. Recordemos que los tristemente célebres ex magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco se sumaron a la estrategia de boicot financiero contra el Ejecutivo, y en ese afán anularon varias reformas orientadas a fortalecer los ingresos públicos.

 

Fuentes del Ministerio de Hacienda dijeron -en condición de anonimato- a este espacio editorial que el decreto impedirá recaudar varios cientos de millones de dólares que estaban en proceso de cobro a grandes empresas salvadoreñas y extranjeras.

 

Estos recursos -que permitirán a esas obscenas empresas incrementar sus ganancias- harán falta para financiar políticas, planes y programas públicos de salud, educación, seguridad ciudadana, protección a sectores sociales vulnerables, saneamiento ambiental, reactivación productiva y demás necesidades de país desfinanciadas por un decreto que favorece la evasión fiscal.

 

Tal situación debería indignar a la población y exigir ¡no más favores a los evasores de impuestos! Exigir que -en vez de aprobar ominosos decretos que conspiran contra los ingresos públicos- la Asamblea apruebe medidas contra la evasión, deroguen o modifiquen las leyes de la elusión y avalen una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”. En vez de aprobar decretos que promueven la evasión, diputados y diputadas deberían aprobar el proyecto de Ley de Cobro Coactivo, reformas para penar con cárcel a los evasores y otras medidas que duermen el sueño de los justos en el seno legislativo.

 

Dichas medidas contribuirían a reducir la evasión. Y después deberían aprobar impuestos directos al patrimonio, a los bienes y servicios de lujo, a la gran ganancia empresarial y a las grandes transferencias financieras.

 

Ojalá que toda la gente honrada, decente y trabajadora se movilizara para impulsar estas demandas.

 

10 de octubre de 2018

 

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

 

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