Nadie pensó que después de los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016 en que los partidarios del NO derrotaron por un estrecho margen a los partidarios del SI a los Acuerdos de La Habana, el camino de la implementación de los Acuerdos del Gobierno de Juan Manuel Santos con la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, iba a ser fácil. La inmensa mayoría del país permaneció indiferente a la aprobación o negación de los acuerdos. El 61% de los colombianos no concurrieron al plebiscito, solo lo hizo el 39% del potencial electoral y el 39% que concurrió se dividió casi por mitades iguales en el resultado final.

 

Una mediocre implementación de los Acuerdos en que coinciden todos los organismos que hacen seguimiento a la implementación de los mismos -que no llega al 20%-  aunado a que ese 20% se ocupa principalmente de medidas que facilitan el paso de las FARC de guerrilla insurgente a proyecto político legal así como a facilitar la entrega de las armas, la amnistía, la implementación de los mecanismos de justicia transicional, éstas medidas necesarias y urgentes por demás, ha dejado por fuera la implementación de aquellas partes del Acuerdo que benefician al conjunto de la población como son la puesta en marcha del fondo de tierras para la paz que podría beneficiar a cientos de miles de campesinos pobres sin tierra, la erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito, la puesta en marcha de 16 planes de desarrollo con enfoque territorial y de 16 circunscripciones especiales de paz para beneficiar a más de 4 millones de personas que viven en los 167 municipios que fueron el escenario principal de la confrontación armada del Estado con la guerrilla de las FARC, este atraso y estos incumplimientos son caldo de cultivo para las críticas al proceso pero además no permiten sumar a la inmensa masa de indiferentes que no ven los beneficios del cese de la confrontación armada.

 

Claro que hay beneficios tangibles como por ejemplo el ahorro de más de 3000 vidas como consecuencia del silenciamiento de la confrontación armada así como que los hospitales de guerra estén prácticamente vacíos pues no hay heridos por el cese de la confrontación, pero, las fallas del Estado en la ocupación de los territorios abandonados por las FARC que quedaron a merced de los grupos paramilitares, las bandas del narcotráfico y la guerrilla del ELN aunado al creciente asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos alimentan la indiferencia y el escepticismo de la mayoría de los colombianos.

 

Precisamente en esta etapa del posacuerdo dos hechos vienen poniendo en entredicho las bondades del cese de la confrontación armada del Estado con las guerrillas de las FARC. El primero el sistemático asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos y el segundo el asesinato de excombatientes de las FARC y más recientemente la resistencia activa a la campaña electoral de las FARC que se ha manifestado en éstas últimas dos semanas con actos de boicot y saboteo a la presencia de Rodrigo Londoño candidato presidencial en eventos de su campaña política.

 

El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos    

 

Desde el primero de enero del año 2016 y hasta el 7 de febrero de 2018 han sido asesinados 309 dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos en el país. De acuerdo con cifras de INDEPAZ en el año 2016 fueron asesinados 117, en 2017, 170 y en lo corrido de 2018 han sido asesinados 22 líderes sociales y defensores de derechos humanos. La mayor parte de los asesinatos se han registrado en los departamentos del Cauca, Nariño, Antioquia, Valle, Norte de Santander y en el departamento del Chocó. El 56% del total de los asesinatos se han registrado en los 167 municipios que fueron el escenario de la confrontación armada entre el Estado y las FARC. Coinciden estos territorios en que allí hay una alta concentración de la Fuerza Pública y resulta sorprendente que a pesar de esa presencia sea allí en donde ocurren la mayor parte de dichos asesinatos. También se sabe que estos territorios antes dominados por las FARC o con una fuerte presencia militar de esta guerrilla desarrollaron una economía ilegal ligada a los cultivos de Coca y a la minería ilegal de donde se financiaban éstas guerrillas. Estos territorios son ahora territorios en que se libra una guerra de los grupos paramilitares, las bandas de narcotraficantes y la guerrilla del ELN por apropiarse de estas economías ilegales.

 

Precisamente los líderes asesinados se oponían a estos actores y defendían por ejemplo la erradicación de los cultivos de uso ilícito en concertación con el Gobierno. Muchos de ellos, líderes indígenas y de las comunidades afrocolombianas, se opusieron a la minería ilegal y querían el retorno efectivo de sus territorios a los resguardos indígenas y a los Consejos Comunitarios quienes son sus legítimos propietarios. Si bien no existe un estándar en cuanto a los responsables directos de estos asesinatos –la mayoría de los ataques han sido cometidos por actores aún sin identificar- si se han evidenciado factores de sistematicidad en los perfiles de las víctimas: líderes sociales asociados a actividades en contra de las economías ilícitas, en defensa del medio ambiente, que impulsan procesos de restitución de tierras, reparación efectiva a las víctimas y estaban ligados a la defensa de los derechos humanos.

 

Uno de los principales problemas ligados a estos asesinatos tiene que ver con los elevados niveles de impunidad en que se mantienen estos crímenes. De los 458 crímenes perpetrados contra defensores de derechos humanos entre el año 2006 y el año 2016 se mantienen en la impunidad en un 87% según informes de la plataforma Somos Defensores. Muchos de estos crímenes ni siquiera se investigan. Indepaz como hemos dicho registra el asesinato en 2017 y lo que va corrido de 2018 de 192 líderes sociales y defensores de derechos humanos mientras que el último informe de la Fiscalía General de la Nación da cuenta de la apertura de apenas 101 investigaciones sobre estos hechos para este mismo período de tiempo. Con un agravante en algunos casos la Fiscalía ha logrado identificar a los autores materiales de dichos crímenes pero de los autores intelectuales nada se sabe. Este entonces es un problema real que vivimos en el posacuerdo y urge que el Estado no solo asuma la responsabilidad para parar este desangre sino que para ello deberá emplearse a fondo en desmontar las estructuras armadas que son las autoras materiales de estos crímenes y deberá además proteger efectivamente a los líderes sociales y defensores de derechos humanos que están en riesgo.

 

Asesinatos de desmovilizados de las FARC y rechazo a su reincorporación política  

 

A los graves hechos anteriores hay que sumar ahora dos hechos que profundizan la crisis humanitaria que vivimos. El primero el asesinato de excombatientes de las FARC y familiares de los mismos y el rechazo a la participación política de las FARC ahora convertida en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC.

 

Desde la firma del Acuerdo del Gobierno con las FARC el 24 de noviembre de 2016 se han registrado 36 asesinatos de excombatientes de las FARC y cerca de 20 familiares de excombatientes también han sido asesinados. Dos de estos hechos merecen ser mencionados pues atentaron directamente contra militantes de las FARC en ejercicio de su actividad política. Este 16 de enero fueron asesinados dos coordinadores de la campaña electoral de la FARC en el municipio de Peque, Antioquia. Wilmar Asprilla Allín y Ángel de Jesús Montoya Ibarra fueron asesinados en dicho municipio cuando estaban en ejercicio de su actividad electoral.  La Fiscalía ha responsabilizado al grupo paramilitar Clan del Golfo de dichos asesinatos. Y en el departamento de Arauca fue atacado un grupo de la Fuerza Alternativa del Común que también estaba en ejercicio de la actividad electoral que el Estado en sus diversas ramas ha autorizado. Estos dos hechos anteceden a los ataques de que han sido objeto actividades electorales del candidato presidencial de la FARC, Rodrigo Londoño, en las ciudades de Armenia, Pereira, Quimbaya y Cali que se sucedieron en este fin de semana pasado.

 

Hoy se sabe que los actos de sabotaje a los eventos de la FARC en estas ciudades así como en la ciudad de Florencia en donde se vieron precisados a cancelar un evento de campaña con la cabeza de lista de esta agrupación y exjefe del equipo negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, no fueron tan espontáneos como se presentaron por los grandes medios de comunicación al momento de informar sobre los mismos. Detrás de estos actos de sabotaje aparecen desde un periodista que no ha ocultado su rechazo al proceso de negociación, Herbín Hoyos, que en audio que circula ampliamente por redes sociales habla de la organización de eventos de sabotaje que él llama actos de bienvenida a las FARC; también el senador Ernesto Macías Tovar, del Centro Democrático y en presencia de Uribe hace un llamamiento a realizar actos de repudio y saboteo a los eventos de la FARC.

 

Frente a ello la reacción del Gobierno ha sido por decirlo menos tibia, incolora, vergonzante. Al tiempo que censura que el rechazo haya estado acompañado de agresiones contra ésas expresiones de la actividad proselitista de la FARC reivindica el hecho que se pueda protestar contra esta organización política a quien el propio Gobierno, el Congreso y las altas Cortes de Justicia han autorizado legalmente para que haga proselitismo político, presente listas a las elecciones al Congreso del próximo 11 de marzo y concurra a la campaña presidencial con candidato propio.

 

Algunas expresiones de rechazo, también hay que reconocerlo, provienen de víctimas que critican que la FARC concurra a elecciones sin reparar debidamente a las víctimas, sin que aún hayan respondido a la justicia y sin que hayan dicho toda la verdad. En su largo accionar de más de 50 años las FARC produjeron con sus acciones directas centenares de miles de víctimas, como por ejemplo, el 28% del total de los desplazados que existen en Colombia que suman unos 7.3 millones de desplazados en total.  El problema radica en que se combinan el asesinato de miembros desmovilizados, de sus familiares, de líderes sociales y todo parece confirmar que se ha puesto en marcha un proceso de movilización en contra de la reinserción política de las FARC que es la pieza fundamental para construir una sociedad tolerante, reconciliada o por lo menos respetuosa de las diferencias para que esas diferencias sean resueltas en el terreno político y no en el terreno de la confrontación armada. Es en este terreno que se juega la construcción de la Paz.

 

Por lo demás no hay una exigencia desde el Estado a que por ejemplo el Partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático,  condene públicamente el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, a que se comprometa públicamente a rechazar la violencia contra los excombatientes de las FARC y sus familias. Es muy grave ese silencio. Y muy grave las declaraciones tibias y vergonzantes del gobierno. Estos hechos requieren una exigencia a los actores políticos de respeto a unas mínimas reglas del juego: la disputa política debe ser civilizada y por tanto se debe exigir a todos los jugadores en esta campaña, la condena pública a actos de violencia en la contienda política. Es lo mínimo que hay que exigir para con base en esas reglas de respeto, poder aspirar a construir una sociedad tolerante, y ojala en el futuro, reconciliada.                                           

 

Bogotá 8 de febrero de 2018.

 

Pedro Santana Rodríguez

Director de la Revista Sur

 

https://www.sur.org.co/colombia-tortuoso-camino-la-paz-la-reconciliacion/