Honduras tiene una estructura tributaria regresiva, el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos y principalmente del Impuesto Sobre la Venta (ISV), que en el 2013 fue aumentado del 12 al 15%.  Adicionalmente posee una altísima cantidad de exoneraciones o estímulos fiscales para sectores minoritarios y muy concentrados de la economía hondureña.  Ha promovido un fuerte proceso de desestimulo a la inversión pública, a fin de beneficiar las Alianzas Público Privadas (APPs).  Y como corolario de este proceso de regresividad fiscal ha promovido un nuevo código tributario.

 

El nuevo Código Tributario aprobado, que entró en vigor el 1 de enero 2017, abre, según el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), las compuertas para que Honduras transite el camino para convertirse en un paraíso o guarida fiscal.  ¿Es una afirmación “osada”?  ¿O realmente hay fuertes indicios de que efectivamente se camine en dicha ruta?

 

Ir de la de Renta Mundial a Renta Territorial

 

La principal modificación del nuevo Código Tributario es abandonar el principio de renta mundial y pasar al de renta territorial.  Ello quiere decir que sólo pagarán impuestos aquellas entidades jurídicas o naturales que tengan residencia legal en Honduras, las entidades jurídicas o naturales aun de capital hondureño que operen en el país, pero que tengan su residencia en el extranjero no pagarán impuestos.  Ello alienta que capitales nacionales e incluso transnacionales abran sociedades offshore desde las cuáles operen en el ámbito nacional, sin que se les pueda gravar y peor aún, que dichas sociedades las abran en paraísos y guaridas fiscales, estimulando al actual proceso de evasión global corporativa que se da desde esas jurisdicciones opacas.

 

Diversos organismos internacionales vienen recomendando, cada vez con mayor fuerza, que los países establezcan como norma el principio de renta mundial, a fin de poder combatir en forma más eficaz la evasión, la elusión y el crecimiento de los Flujos Financieros Ilícitos.

 

Al poder corporativo transnacional, que utiliza diversas formas de agresiva planificación tributaria a fin de encontrar distintos mecanismos de evasión y elusión fiscal, se le puede empezar a enfrentar si los países tienen el modelo de renta universal, que permite por medio del intercambio de información, de los reportes país por país, rastrear la operación internacional de estas transnacionales.

 

La decisión establecida por Honduras es un paso en la dirección equivocada, se pone al mismo nivel de Costa Rica y Panamá, que mantienen el modelo de renta territorial, producto de lo cual han desregulado la libre operación de su actividad económica con el propósito de atraer Inversión Extranjera Directa (IED).  No es casual que ambos países hoy permanezcan para distintos países y organismos internacionales como “jurisdicciones no cooperantes”.

 

 

  • “El gobierno está abriendo puertas para que los “planificadores fiscales” agresivos de las empresas –generalmente abogados– hagan sus “delicias” convirtiendo esto, en un verdadero agujero a las finanzas públicas.

 

  • Ya que el gobierno no prevé mecanismos para evitar la evasión fiscal no tenía sentido abandonar la renta universal sino se creaba una opción ágil para evitar la evasión y la elusión fiscal.  Situaciones en Honduras que siguen siendo el “Talón de Aquiles” en la administración tributaria.

 

  • Estamos incentivando la fuga de capitales a través de la subcapitalización, es decir, reducir el capital de empresa de origen nacional, la cual buscará posteriormente invertirlo mediante otra empresa en el exterior que sea de baja imposición fiscal.  De esta manera favorecerá la deslocalización de los capitales nacionales, que se trasladarán a otros países donde se pagan menos impuestos, porque el sistema tributario hondureño no gravará la riqueza obtenida en otros países, aunque la misma proceda originalmente de Honduras.

 

  • La creación de empresas Off-Shore en Honduras, de origen de otros países será la gran novedad, los inversionistas poco transparentes fundarán miles de empresas fantasmas; como empresas-matriz, tales como las empresas de apuestas deportivas y otras similares a las creadas en Panamá por Mossack Fonseca.

 

  • Es un retroceso en materia de progresividad fiscal.  Debido a que se pierde el “hecho generador”, las empresas que generan riqueza en Honduras, pero con capital extranjero, buscará la manera de no pagar impuestos, ya que el principio de territorialidad despoja de esa facultad al estado hondureño.

 

  • Entramos a una “guerra fiscal” cuya naturaleza, esencialmente de competencia desleal, afectará a los países vecinos de Centroamérica, principalmente por promover la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), mediante la fachada de ese atractivo incentivo fiscal y otros que puedan aprobarse desde el Ejecutivo”.

 

“Evasión Fiscal en Honduras, de la lucha mundial a la guerra individual”.  Licenciado Ismael Zepeda – FOSDEH

 

 

Buzón electrónico

 

El nuevo código tributario también incorpora un nuevo mecanismo denominado Buzón Electrónico en sustitución de la figura tradicional del lugar de residencia o dirección física para las figuras jurídicas; ello posiblemente estimule la creación de “empresas fantasmas” dado que dicha figura es fácilmente manipulable.  Tal como lo señala públicamente FOSDEH, Honduras va del camino de diseño de herramientas más efectivas para la lucha contra la evasión, al de normativas que abren portillos que estimulan la evasión y la elusión fiscal.  Hasta la Ley de Precios de Transferencia corre el riesgo de perder su eficacia en la lucha contra el fraude fiscal corporativo.

 

El nuevo código tributario incorpora dos aspectos muy peligrosos, la despenalización del no pago de impuestos, es decir se extingue la sanción penal si voluntariamente se paga con multas e intereses impuestos atrasados; tal como lo señala ICEFI, esto aumenta el riesgo de evadir el pago de impuestos o pagarlos en forma tardía.  El otro tema es la figura del monotributo que se incorpora en el nuevo código, como un régimen especial basado en alícuotas (tasa fija o variable en forma de coeficiente o porcentaje que se aplica a la base imponible) escalonadas que sustituyen el pago de otros impuestos a ingresos percibidos.  Dado que no está claro quiénes, y cómo, lo pagarán, la preocupación es que el impuesto busca ampliarse a los sectores que hoy no pagan impuestos por ingresos obtenidos.  En un país como Honduras, con altos índices de informalidad, es obvio que lo que se busca es poner a tributar a sectores de bajos ingresos, lo que convertirá a este nuevo impuesto en un carácter confiscatorio de los sectores con menor capacidad de pago.  De acuerdo con el ICEFI, este impuesto recaerá sobre las organizaciones del sector social de la economía, algunos sectores económicos medianos, actividades económicas y civiles no lucrativas y profesionales independientes.

 

Esta figura se ha convertido, después de la promulgación de la ley, en el principal mecanismo para la construcción, reparación y administración de la infraestructura vial del país, las Alianzas Público Privadas.  Ante el abandono de la inversión pública para infraestructura, se ha puesto prioridad al impulso de la figura de las APPs; lo que se constata es el crecimiento desmedido de una nueva carga impositiva por medio del pago de altísimos peajes para los usuarios, mientras dichas figuras gozan de diversos estímulos y exoneraciones fiscales y tributarios: a manera de ejemplo las exoneraciones al Centro Cívico Gubernamental y el Aeropuerto de Palmerola ambos proyectos desarrollados bajo la figura de APP.  Hay que tomar en cuenta que muchas de estas APPs son de capital transnacional y por tanto, sus ganancias salen del país como Flujos Financieros Ilícitos, gracias al alto costo que paga la ciudadanía hondureña por hacer uso de dicha infraestructura.

 

Existen más de 200 leyes para exoneraciones fiscales, para sectores económicamente muy concentrados; para el año 2012 el 65% del total de las exoneraciones las concentraban 20 grandes empresas.  Ello ha fortalecido no sólo sectores económicos privilegiados, sino principalmente economías de enclave.  El caso más emblemático son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), mejor conocidas como ciudades modelos, creadas en 2013; son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, cuentan con un régimen fiscal independiente y deben orientarse por una política de bajos impuestos[1].  Además, se han ampliado otros sectores beneficiarios de exoneraciones: centros de llamadas o call centers, empresas generadoras de energía eólica y térmica, más todo proyecto bajo la figura de APP.

 

 

– Campaña Paguen lo Justo: movimiento global que pide la eliminación de los mecanismos de elusión y evasión tributaria que usan las transnacionales para no pagar impuestos en nuestros países.

 

 


[1]              Medina Abelardo, Pino Hugo Noé, Ricardo Barrientos.  “La política fiscal reciente en Honduras (2013-2016) y sus efectos económicos y sociales.  ICEFI, SETELEC, IMPACTOS.  Ciudad Guatemala, Guatemala.  Febrero 2017