La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) solicitó ayer a los magistrados de la Sala Constitucional Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco que renuncien inmediatamente a sus cargos. Y si ellos no renuncian, ASGOJU pedirá que la Asamblea Legislativa los destituya.

 

La Alianza argumenta, en primer lugar, que el nombramiento de estos magistrados no fue transparente ni legal.

 

“Fue intransparente porque su elección no resultó de un proceso abierto de evaluación de sus perfiles, sino de una negociación extra parlamentaria efectuada en Casa Presidencial; y fue ilegal porque dos de ellos, los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González, no fueron propuestos originalmente por el gremio de abogados ni por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), únicas instancias que proponen a la Asamblea candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, sostiene ASGOJU.

 

En segundo lugar, la Alianza señala que muchas resoluciones de la Sala invaden las funciones de otras instituciones y vulneran la independencia de poderes.

 

Menciona como ejemplo las “sentencias que -motivadas por un supuesto antipardismo- han destituido a magistrados y presidentes del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura y de la propia Corte Suprema de Justicia”; y señala en especial la que suspende a los diputados suplentes, la cual “violenta disposiciones constitucionales y representa un verdadero atentado contra la institucionalidad”.

 

Y, en tercer lugar, ASGOJU cuestionan la actitud de boicot contra los ingresos gubernamentales.

 

Sostiene que, sentencias como las que revirtieron el fondo para atender a las víctimas de accidentes de tránsito, la reforma tributaria que gravaba a empresas que declaran pérdidas para evadir al fisco, el incremento del 13% a la tarifa de energética y la emisión de 900 millones de dólares en bonos, no permiten al gobierno obtener los ingresos que necesita.

 

Según la Alianza, esto impide financiar planes de seguridad, protección social, salud, educación, saneamiento ambiental, reactivación productiva, infraestructura, etc. “Esto violenta los derechos de la población y agrava los problemas del país”, sostiene.

 

ASGOJU reitera que “los magistrados de la Sala se han extralimitado en sus funciones, violentan disposiciones constitucionales, menoscaban la independencia de poderes estatales, han trastocado el orden institucional del país y sabotean permanente los esfuerzos estatales de solución a los problemas nacionales”.

 

Por tanto, exigen que Jaime, González, Meléndez y Blanco renuncien y “que la Asamblea nombre a nuevos magistrados que sí defiendan la Constitución, respeten la independencia de poderes y contribuyan a la solución de las problemáticas del país”.

 

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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