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El Congreso de la Republica a solicitud del presidente Juan Orlando Hernández aprobó un decreto de emergencia para depurar de una vez y para siempre la policía nacional, infiltrada por el crimen organizado y narcotráfico. Esta iniciativa surgió después que se filtró en un periódico local información sobre el expediente del asesinato perpetrado contra el Zar antidrogas, Julián Arístides Gonzales, donde se involucra a oficiales de la cúpula policial. Pero además, se vincula a dicha cúpula con el asesinato del experto en Seguridad, Alfredo Landaverde, por denunciar que existían altos jefes de la policía e incluso políticos coludidos con el crimen organizado.

 

El decreto de emergencia deja en suspenso varios artículos de la Ley de Policía vigente, y otorga poderes al Ejecutivo para que lidere una comisión de alto nivel responsable de la depuración policial, reconociéndoles derechos laborales a los suspendidos. Esta comisión debe ser integrada lo más pronto posible con personas de  reconocida trayectoria moral en el país, para no generar falsas expectativas en la población y, eventualmente, un rechazo en caso que se integre por la vía política partidista con militantes del partido de gobierno y de otros partidos “bisagra”.

 

Existen argumentos a favor y en contra de esta decisión y legislación temporal. El decreto fue aprobado por los principales lideres de oposición política, caso de LIBRE y PAC, que argumentaron la necesidad de acompañamiento al presidente Hernández en su lucha contra el Narcotráfico. A criterio de Mel Zelaya, aunque no es una solución definitiva al problema, se considera un avance. Para Doris Gutiérrez diputada del PINU-SD, marginada de las comisiones legislativas que votó en contra de la aprobación del decreto, ello no resuelve nada y más bien puede generar una dependencia de la institucionalidad policial de la presidencia de la República, por haber sido la aspiración con la Policía Militar de Orden Público (PMOP) cuyo proyecto de decreto no fue aprobado por el Congreso de la República ya que implicaba aumentar el control del presidente Hernández sobre los otros poderes del Estado.

 

Para Jorge Illescas, analista política y miembro del Partido Liberal, la aprobación de este decreto no es la solución al problema de la corrupción e impunidad en la policía nacional, y  puede generar incluso que esta se convierta en una policía política al servicio del presidente de la Republica y su tiempo de duración sea indefinido y no de doce meses como dice el decreto.  Es decir que, las acciones de los  órganos policíacos y miembros, estarán sujetas a los intereses  del presidente a través de las decisiones tomadas por la Comisión creada y presidida por el Ministro de Defensa y Seguridad.

 

La depuración de la policía nacional es un proyecto viejo y ha implicado el destino de cuantiosos recursos del erario público y la cooperación internacional. En el gobierno de “PePe” Lobo (2010-2013), incluso se conformó una comisión de reforma de la seguridad que generó varias iniciativas pero que fueron desechadas al ser disuelta la misma.  Para Matías Funes (QDDG), miembro de dicha comisión, ello encontró justificación en que para el gobierno del presidente Hernández las soluciones al problema deberían venir desde el propio gobierno y no de la sociedad civil y de afuera, en alusión a los expertos internacionales que acompañaron este proceso y que aportaron sus experiencias y conocimientos sobre el tema.

 

 La creación de la Tasa de Seguridad conocida como “Tasón” es otra solución buscada, pero al parecer no ha tenido los resultados esperados ya que no se trata de contratar más policías, cambiar la flota de carros  y motos asignados a estos, sino de cambiar de cancha. Para Fito Facusse, dirigente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), mientras los policías están en los cantones los delincuentes están en las calles; se trata que los nuevos  policías estén y vivan en las calles y barrios tal como sucede en Nicaragua.

 

Otro de los riesgos de este decreto de emergencia, es que se convierta en parchó con vida útil anunciada, ya que no se atacan los otros problemas o causas relacionados como son el lavado de activos por la banca, control y secretividad de la información y falta de transparencia, falta de participación de la sociedad civil no oficial en el proceso depurativo, corrupción e impunidad en el poder judicial, poca transparencia en las acciones de la fiscalía, inoperancia en el tribunal de cuentos, débil presupuesto del Consejo Anticorrupción, etc. Igualmente,  no existe una hoja de ruta de trabajo  para estos doce meses con metas claras en la solución de los problemas anteriores. Se habla de una nueva policía al despedir cerca de 1,500 efectivos con sus respectivas prestaciones laborales, pero no se habla cuantos serán enjuiciados por crímenes cometidos.

 

Todavía no se sabe cual es la imagen de la policía nacional cuando termine la vigencia del decreto de emergencia el próximo año en términos de reducción de la corrupción e impunidad, pero también del funcionamiento de la nueva estructura institucional creada.   Las organizaciones de sociedad civil esperan que los crímenes que guardan el sueño de los justos no queden en el olvido ni se borren, y se castigue a los responsables de estos. Este es un clamor nacional, que espera ser oído con la llegada de la Maccih a finales de la semana; caso contrario, la frustración no se hará esperar y los indignados volverán a las calles a exigir justicia.

 

Hay que darle seguimiento a las acciones, intervenciones y proyectos a ejecutarse con este decreto desde el Ejecutivo, y estructurar un mecanismo de seguimiento desde las organizaciones de sociedad civil y partidos de oposición.  Una actividad importante a realizar será las consultas a la población de barrios, colonias, aldeas y caseríos acerca de la participación de la policía en la solución de los problemas de inseguridad y violencia, su reconocimiento como miembros de estas comunidades y su tiempo de trabajo y estadía en ellas. En Nicaragua por ejemplo, la comunidad (barrio o colonia) conoce a los policías y sabe de sus trabajos diarios y diligencias. En esto, la UNAH tiene mucho que decir y aportar a través de la carrera de desarrollo local y sociología. Manos a la obra.

 

Tegucigalpa, 11 de abril de 2016.