paramilitares

A propósito del programa Las Claves del Canal Capital del 19/05/2015[1]


 

Al ciclo de dos programas que Mª Elvira Samper y Antonio Caballero, le han dedicado a entrevistar en La Habana a los comandantes Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Carlos A. Lozada de las FARC, se le debe reconocer la capacidad de aproximación a la realidad de los diálogos, tal vez el programa televisivo que mejor lo ha logrado hasta ahora. El tono distendido de entrevistadores y entrevistados, así mismo su producción en los bellos jardines de Hotel Nacional de Cuba, contribuyeron a ello.

 

En la segunda parte de la entrevista transmitida anoche, el tema tratado con mayor intensidad, fue la necesidad del desmonte del paramilitarismo como condición para hacer viable la paz. Caballero le preguntó a los guerrilleros si ellos no le estaban pidiendo imposibles a los negociadores del gobierno, cuando exigían el desmonte paramilitar, como si el Estado pudiera dar esa orden, porque siendo -para el entrevistador- estructuras ajenas, no existiría tal posibilidad. Esto fue refrendado por Samper, quien reconoció la existencia de connivencias puntuales, pero alegó que el desmonte era imposible mientras la insurgencia estuviera en armas, porque con la paz, la fuerza pública podría enfilar toda su capacidad sobre los paramilitares y así por la vía del sometimiento militar lograr su desmonte.

 

De las preguntas, un televidente desprevenido podría inferir, que la guerrilla estaría llevando a la mesa un tema nuevo. Sin embargo se trata de algo que viene desde la agenda. Para ponernos en contexto, vale citar la referencia explícita al tema, tal como aparece en el acuerdo General que dio inicio a los diálogos de La Habana:

 

… el gobierno nacional intensificará el combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.

 

En el marco de lo establecido en el punto 5 (victimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.[2]

 

Todos conocemos la historia colombiana reciente, abundante en ejemplos de una ultraderecha que usa a los paramilitares, a la hora de quitarse de encima a contrincantes políticos. A un cuarto de siglo, todavía está viva la memoria del asesinato de Carlos Pizarro antes de cumplir dos meses de su desmovilización, y en plena campaña política presidencial. Pero mientras para los entrevistadores tales coincidencias son casos puntuales, “aislados” para decirlo en el lenguaje tradicional de los medios, para la insurgencia se trata de una conexión no puntual sino orgánica.

 

 Es precisamente de esa conclusión, de donde les resulta la necesidad de bloquear tal instrumento de la gobernabilidad autoritaria colombiana, para que la eventual paz que se firme logre aclimatarse, y la insurgencia pueda convertirse en un actor político desarmado, dentro del escenario democrático post-acuerdo. En las respuestas de los tres comandantes, se enumeraron los argumentos de la doctrina del “enemigo interno” aplicada a opositores políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos y un largo etcétera que ensangrienta nuestra historia. También se nombró la existencia de capitales departamentales donde con normalidad los paracos cobran cuotas a  transportistas y comerciantes, en las narices de las autoridades civiles y uniformadas. Por último se ubicó el carácter regional del fenómeno, es decir como la existencia de la ilegalidad paramilitar, solo es explicable por los vasos comunicantes con los poderes legales, presentes en los niveles locales y regionales.

 

Es a esta última característica a la que quiero dedicar estos párrafos.

 

En referencia a la regionalización de los paramilitares vale citar a Salvatore Mancuso, quien de acuerdo con la reseña hecha por El Tiempo en sus declaraciones versión libre desde Estados Unidos hechas en el 2011, afirmó:

 

La coordinación para la llegada de las autodefensas a los llanos se hizo con el general Del Río y con Lino Sánchez, comandante de la Brigada II del Ejército…Yo lo conocí <al G. Rito Alejo Del Río>. De hecho, ‘Rodrigo Doble Cero’ entraba a la Brigada XVII vestido como militar y allá lo recibía Rito Alejo… Yo participé con él en dos reuniones en la zona de Urabá… Para la conformación y el crecimiento hubo una reunión entre Carlos Castaño y algunas personas en el Estado para conformar frentes de AUC, para fortalecer los que ya existían. De esa alianza surge la conformación del bloque norte, que me lo entregan a mí. Me voy a diferentes reuniones en Cesar. Las AUC nacen de una alianza con el Estado en 1995… Pedro Juan Moreno <secretario de gobierno de Antioquia, cuando AUV era el gobernador> se reunión conmigo y con Carlos Castaño para que creáramos las Convivir en Urabá. Fueron 12 que se crearon allá[3]

 

También vale citar a Pablo Sierra, otro jefe paramilitar menos conocido, quien como carta de presentación nos informa:

 

Yo dormía en la casa donde duerme Uribe cuando va a Salgar, y montaba en el caballo que monta Uribe cuando va a Salgar[4],

 

Sierra explica que la conformación de un grupo paramilitar nunca fue un acto aislado:

 

¿quiénes son los fundadores, los primeros que financiaron y apoyaron y acolitaron y hablaron con la población, con la misma fuerza pública?, porque así es que se organizan estos grupos, porque tengo la experiencia”, Acto seguido enumera a los grandes propietarios del municipio de San Roque Antioquia, al que se está refiriendo: Fueron Santiago Uribe, Santiago Gallón, los hermanos Luis y Juan Guillermo Villegas, los que propiciaron que este grupo iniciara[5].

 

Sierra concluye su entrevista afirmando:

 

En Colombia el que haya pertenecido a un grupo de autodefensa, y diga que no tuvo relación con las fuerzas militares, entonces es que no fue autodefensa… todos los grupos tuvimos relación con las fuerzas militares, de policía, de CTI, del DAS, SIJIN todos, con los GAULA con todos. Los grupos de autodefensa manejamos relación con las fuerzas militares, porque es que estamos luchando contra el mismo enemigo[6]

 

Ambos jefes paramilitares son explícitos, cuando explican que la fundación y la operatividad de cualquiera de sus grupos, depende precisamente del relacionamiento a nivel local con estamentos legales: las fuerzas militares y civiles, así como con los políticos y grandes propietarios privados de la región o del municipio específico. En la misma línea de ideas, la integrante de la Comisión histórica María Emma Wills, nos hablaba de la estructura del plan de “reconquista” del Urabá, que se aplicó con Uribe como gobernador, y Del Río como jefe de la brigada del ejército en la región. Al respecto la politóloga y filósofa Wills, escribió que aquella campaña “fue impulsada por militares y políticos regionales que coordinaron a grupos paramilitares y que sumaron luego a empresarios regionales para impulsar una re-ingeniería social, territorial y política que venía de la mano con la extensión de un modelo de desarrollo agro-exportador[7]

 

El modelo paramilitar, en los últimos años ha intentado exportarse a varios países latinoamericanos. A continuación expongo tres ejemplos (Venezuela, Bolivia y Panamá), con la intención de verificar si en condiciones diferentes a Colombia, funciona o no la necesidad de los parámetros fundacionales y operativos del paramilitarismo, arriba descritos.

 

En mayo de 2004, el gobierno venezolano, encontró a pocos kilómetros de Caracas en la finca Daktari a un grupo de paramilitares colombianos. La dirección de inteligencia DISIP, había logrado infiltrar el plan que incluía el magnicidio del presidente Chávez, bombardeo con aviones F16 de la Fuerza Aérea venezolana de un Aló Presidente, que se iba a realizar en Maracaibo, mientras que la tarea de los paramilitares era tomar el palacio de Miraflores y generar caos en Caracas. Pero ¿por qué los conspiradores creían necesario el rol de los paras colombianos?, En palabras de uno de los complotados: “a ellos lo que les interesaba era cobrar, así que era más eficiente usarlos que usar tropas venezolanas que iban a tener problemas de conciencia, que no iban a querer atacar a sus compañeros[8]. En la madrugada del 09/05/2004, el gobierno bolivariano, logra ocupar la finca, después de descubrir que había estado protegida por las policías de municipios en manos opositoras, entre ellos Baruta cuyo alcalde era el hoy jefe de la oposición venezolana Henrique Capriles[9]. En total fueron capturados 153 paramilitares colombianos, al mando de alias Lucas, quien resultó pertenecer al sector liderado por Mancuso, de hecho el bloque Catatumbo que él comandaba, sólo se desmovilizó en diciembre del 2005. Si bien esta estructura era protegida, por policías municipales y financiada por empresarios locales, fracasa ante las fuerzas del Estado central venezolano.

 

Al no incluirse en las negociaciones de Ralito, el jefe de los paramilitares del departamento del Casanare, Martín Llanos ‘trasladó su imperio criminal a Bolivia’: “Las primeras pistas sobre el capo en Bolivia se obtuvieron en el 2007, cuando se conoció una ruta para sacar droga que comenzaba en ese país y terminaba en Europa. Aunque el modo de operar era el de una organización de narcos corriente, hubo un dato que llamó la atención: una extraña migración de colombianos, de Meta y Casanare, hacia Santa Cruz de La Sierra[10]. En junio del 2006 son capturados por la policía antinarcóticos boliviana, sus dos primos Noel y Fabio Buitrago, donde aparecen con la cobertura de ‘prósperos ganaderos’ y ‘extraordinarios empresarios’. Con esta captura, es previsible que la red montada en Bolivia resultara fallida, de hecho Martín Llanos es capturado en febrero del 2012, viviendo en él estado Anzoátegui de Venezuela[11] con una cobertura similar. En el caso de los paramilitares casanareños, estamos ante un esquema diferente, una organización que mantiene su estructura paramilitar, pero que al emigrar pretende camuflarse con el bajo perfil de empresarios legales. Con diferencia de cuatro años la cobertura se les desbarata, en Santa Cruz y Anzoátegui, precisamente por el incumplimiento de los parámetros de relacionamiento local que caracterizan al paramilitarismo, y por la confrontación de los Estados centrales de Bolivia y Venezuela.

 

Ambientalistas e indígenas de la provincia de Darién, en la frontera de Panamá con Colombia, han venido denunciando un proyecto de palma en Metetí, dentro de la Reserva de Canglón, en el humedal de Matusagaratí[12], ahí una empresa de propiedad colombiana, tendría unas 9.000 ha de tierras en todo el humedal, en realidad son tierras prácticamente robadas al Estado (con la tolerancia del gobierno de Ricardo Martínelli), que vienen siendo desecadas para ganadería, arroz y palma. Quien coordinó el despojo, mediante ocupaciones ficticias por colonos pagados, que convertían el humedal en “derechos posesorios” y luego compraba a USD 100 por ha, fue Javier Daza Pretelt, uno de los condenados por desplazar en 1997 a la comunidad afro del territorio colectivo de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó[13], quien meses después de su condena en Colombia, había reaparecido en Panamá como socio de la familia Martínelli en varias empresas electrificadoras[14]. Además en Metetí, el latifundio lo gestiona una estructura paramilitar, al mando del colombiano “Chiquín”. En este caso estaríamos ante una reproducción de la palmicultura paraca en el istmo, ahí el paramilitarismo se mantiene latente, precisamente por la relación con el expresidente panameño.

 

De los tres ejemplos es claro, que sólo el istmeño subsiste, y como la diferencia fundamental, con el ejemplo boliviano y el venezolano, es la existencia o no de un relacionamiento con el poder central del país. El relacionamiento con los poderes económicos y la fuerza pública del nivel local es una condición necesaria pero no suficiente, sólo ahí donde la relación con el poder central existe, el modelo paramilitar subsiste.

 

Tanto de los planteamientos de Mancuso y Sierra, así como de las características de los tres ejemplos dados de exportación paramilitar, nos queda claro que la alianza Estado-Paramilitares no es de “casos aislados”, sino al contrario el pilar estructural del fenómeno, y la única manera de desbaratarlo, es sumar una pedagogía para la paz, que permita eliminar del imaginario colectivo la doctrina del “enemigo interno”, y al mismo tiempo cortar los actuales vasos comunicantes de la ilegalidad con las fuerzas legales que la soportan: militares, policías, políticos y empresarios locales. Es decir que la manera de desmantelar el flagelo paramilitar, pasa necesariamente por la depuración de la fuerza pública y sus socios políticos y privados.

 

Hace un par de meses, dentro del grupo programático de paz, de la campaña de Clara López a la alcaldía, argumenté que si bien el desmantelamiento paramilitar es una responsabilidad del Gobierno Nacional, dado que el flagelo tiene incidencia sobre áreas territoriales localizadas, entre ellas la capital, y en particular la central de abastos y las localidades aledañas. Entonces las próximas administraciones distrital de Bogotá y municipales del país, deberán apoyar con acciones pedagógicas sobre los derechos civiles de la población de los barrios y veredas afectadas, así como estimular la creación o fortalecimiento de las organizaciones de esa población, herramientas todas estas, para contribuirle al Estado en la tarea de cortar sus vasos comunicantes con el paramilitarismo.

 

Bogotá, 20 de mayo del 2015

 

 



[2]Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

[3] El Tiempo (2011.a): “Mancuso dice que coordinó con Rito Alejo llegada de AUC a los llanos”, 05/12/2011 disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10888308

[4] Sierra, Jorge H (2013): “Uribe es un hombre activo en el paramilitarismo”. 29/08/2013, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=oxSrbpuRkzY . min. 27:42

[5] Ibíd. min. 4:45

[6] Ibíd. min. 29:40

[7] Comisión Histórica (2015): “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia” pág. 797-798

[8] Britto, Luis y Pérez, Miguel A. (2012): “La Invasión Paramilitar, Operación Daktari”, Caracas, Ediciones Correo del Orinoco, pág. 19

[9] Ibíd. Pág. 21.

[10] El Tiempo (2011): “Paramilitar ‘Martín Llanos’ trasladó su imperio criminal a Bolivia”, 30/06/2011 disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9758451

[11] Angarita, Paulina (2012): “‘Martín Llanos’, la caída del último gran jefe paramilitar”, 12/02/2012 disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11118746

[12] La reserva de agua dulce más importante de Panamá, en la práctica un ecosistema gemelo al de Curbaradó y Jiguamiandó, en el vecino Chocó. HISPANTV (2015): “Laguna de Matusagaratí en Panamá está a punto de secarse”, 22/02/2015, http://www.hispantv.com/newsdetail/Reportajes/21289/Laguna-de-Matusagarati-Panama-esta-punto-secarse

[13] Daza Pretelt, era el gerente de la empresa Urapalma, fundada por paramilitar Vicente Castaño El Tiempo, 2010, “Empresarios de la palma, a la cárcel por los desplazamientos en Urabá”, 19/05/2010, disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7717280

[14] ADITAL (2013): “Familia Martinelli y otros se benefician de concesiones de hidroeléctricas”, 25/01/2013, disponible en http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=73265

 

 

 Fuente: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16897