Las tres regiones tradicionales del país: costa, sierra y selva; o las ocho, según Pulgar Vidal, muestran un escenario de activa conflictividad territorial y ambiental, cuyo tratamiento bidireccional (territorio en conflicto- Gobierno central) demuestra principalmente los defectos de un Estado centralista y que en el intento de solucionar las demandas de las poblaciones en pleno estallido del conflicto, solo contribuyen a agudizar la ingobernabilidad en los territorios.
 
La Defensoría del Pueblo registró en enero de este año 159 conflictos activos y 51 conflictos latentes, haciendo un total de 210 conflictos de los cuales 140 son socioambientales. Entre las fases y tipologías que ha desarrollado la Defensoría, la tendencia de los conflictos activos es que estallen en una crisis, lo que llevaría a la siguiente fase: resolver el conflicto en una mesa de diálogo con comisiones de alto nivel, es decir, con el Gobierno central. Actualmente, según datos de la misma Defensoría, se tienen 74 conflictos en proceso de diálogo. Este modus operandi incluso llevó a la creación de una Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM[1], duplicando algunas funciones que la Defensoría hace, en un intento por enfrentar la alta conflictividad, que a estas alturas ha demostrado ser un formula agotada y desbordada. La que contribuye a una crisis mayor: la de la ingobernabilidad territorial; entendida como la falta de capacidad del gobierno para controlar su territorio y atender las demandas de los ciudadanos[2] para eso solo hay que analizar los exiguos resultados de esas mesas de diálogo o si buscamos un indicador político, ver la suerte que corrieron varios ministros a lo largo del Gobierno de Humala cuando intentaron mediar en los conflictos[3].
 
Pretender entender la conflictividad de los territorios desde una mesa de partes en una oficina del centro de Lima, es no tener la voluntad de encontrar las causas e intentar resolver los problemas. Buscar que los ministros atiendan 159 conflictos, cuando su gestión ejecuta o promueve políticas que tienen mucho que ver con las causas de los conflictos es contradictorio pero además acudir a “resolverlos” cuando hay víctimas mortales, es simplemente irresponsable. La impericia para abordar esta situación es cada vez más alarmante y parecen ser alimentadas por un desconocimiento de los territorios,   arrogancia centralista y la imposición de un único modelo de desarrollo.
 
Empecemos por saber que las mesas de diálogo o supuesta fase final del conflicto, en un Estado centralista son el comienzo para desentrañar las causas que llevaron al descontento de una población; los meses y a veces años de desatención de derechos básicos, así como la identificación de diversos actores que concurren en un conflicto por tener algún control del territorio. Bajo esta lógica funcionarios desinformados en el mejor de los casos empiezan a comprender el estallido del conflicto, las protestas masivas, cierre de carreteras, enfrentamientos con las fuerzas policiales y las terribles consecuencias de pérdidas de vidas (costo necesario que permite sentarte en una mesa frente al gobierno). Sin embargo, de llegar a ese punto ninguna autoridad parece preguntarse ¿Por qué en diversas regiones de un país una gran masa crítica levanta su voz de protesta; qué de común tienen esos escenarios?, ¿Existe un poder central que trata de imponer un modelo único de desarrollo a través de diversos proyectos sin escuchar a los supuestos beneficiarios?, ¿Esa dinámica centro –periferia no está minando la gobernabilidad de un Estado?
 
Vayamos al caso de Pichanaki, que además trae “nuevos” ingredientes en tanto que no es un conflicto entre actividades extractivas y pueblos indígenas propiamente dicho, a pesar de la participación en las protestas de ciudadanos indígenas acá se suman más actores. En tanto que este conflicto hace referencia a una población andina en zona amazónica que rechaza las actividades extractivas porque se declara principalmente agrícola; a eso se agrega otras consecuencias de la ingobernabilidad en los territorios, como la tala ilegal, invasiones de tierras, conflictos de linderos, superposición de las actividades extractivas en tierras de pueblos indígenas y entre tanto desbarajuste rondan los tentáculos del narcotráfico. Ese caos territorial que se reproduce en distintas partes del territorio van complejizando los conflictos y son consecuencias de un ejercicio de poder desde el centro a la periferia, a través de un pensamiento de modelo de desarrollo único impuesto por los sucesivos gobiernos en gran parte de nuestra República, con la atingencia que los últimos 25 años se han ido agudizando. Donde no ha habido interés por fortalecer los procesos de descentralización, sino -por el contrario- responsabilizarlo de la corrupción actual y buscar re-centralizar funciones a través de normas jurídicas (paquetazos legales) que bajo la justificación de reactivar la economía están desmantelando lo poco avanzado en políticas públicas y derechos humanos adquiridos por las poblaciones.
 
Para entender estos escenarios complejos hay que vivir en los territorios en conflicto y si eso no es posible hay que recurrir a diferentes actores que trabajan en los territorios; algo que no hicieron los ministros que visitaron Pichanaki. Para empezar a solucionar este escenario hay que empoderar a los mismos actores que viven en los territorios. Al contrario de esa desidia y arrogancia mostrada por las autoridades, a la cual hay que agregar el reduccionismo de una cúpula gubernamental para simplificar los hechos y decir que los conflictos son obra de azuzadores y como nuestros medios de comunicación carecen de independencia y obedecen a intereses patrimonialistas, pues propalan el mismo mensaje tendencioso.
 
El resultado seguirá siendo el mismo, con la diferencia que cada vez más se vaya resquebrajando la legitimidad del Estado; hasta que ya no solo sea el estallido de un conflicto sino de varios en un mismo tiempo, eso lamentablemente quizá traiga por la fuerza más que por el entendimiento el fracaso de un Estado centralista que ejerce el poder con un pensamiento único, el de un modelo de desarrollo que no necesita de ciudadanos ni ciudadanas propongan alternativas distintas ni interpelen al Estado.
 
 Luis Hallazi, es abogado y politólogo, investigador en Derechos Humanos y mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador.
 


 
[1] PCM Presidente del Consejo de Ministros, cartera que preside y coordina las acciones de los ministerios.
 
[2] Alcántara Manuel, Gobernabilidad, crisis y cambio Fondo de Cultura Económica, 1995 – 259 páginas.
 
[3] Solo hay que recordar el conflicto Conga y renuncia del ex Primer Ministro Salomón Lerner, de la misma manera Víctor Valdez hasta llegar al caso de los exministros Mayorga, Figallo y Urresti.