Con seis ejes de acción en los tres niveles de gobierno, se propone Enrique Peña la cumplimentación del objetivo número uno de la nueva estrategia de seguridad pública, y que consiste en recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas. Tal y como lo ofrecieron sus antecesores, mientras la espiral de violencia parece imbatible.

 
Anunciada en Palacio Nacional por el titular del Ejecutivo y explicitada por el súper secretario de Gobernación y el procurador de la república, la estrategia es aplaudida por actores políticos y agentes económicos.
 
De la misma manera que ovacionaron la guerra que impuso el 12 de diciembre de 2006 Felipe Calderón, denominado Victoriano Huerta (El Usurpador) por el otrora presidente del Partido Revolucionario y gobernador de Coahuila.
 
Lo mismo sucedió hace dos sexenios con los desfiles militares que organizó Vicente Fox por las ciudades bajo mayor incidencia del crimen organizado y con sus “policías del primer mundo”.
 
Además de 18 de años antes con Ernesto Zedillo y la Policía Federal Preventiva, sin omitir a sus familiares presuntamente vinculados a capos del narcotráfico.
 
Y hace 24 años con Carlos Salinas, quien para diversos investigadores inauguró la política de golpear a varios cárteles pero no molestar al del Golfo, forjado por Juan N. Guerra en los años 40 del siglo pasado, cercanísimo amigo de Raúl Salinas Lozano, “el padre del padre de la patria” (Carlos Ferreyra /dixit/, 1989).
 
No queda del todo claro, entonces, qué tanto es apoyo a una estrategia que por sobre todo pretende colocar los acentos en “la prevención del delito” y “La coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad, y no una competencia entre ellas”, como “ingrediente central de la política de Estado por la seguridad y la justicia”, como si la coordinación no fuera requisito elemental, y qué tanto forma parte de la agobiante y desacreditada operación sexenal de las elites dominantes para renovar la esperanza alrededor del tlatoani. Seguramente es una mezcla de las dos operaciones, políticas ambas.
 
La llamada nueva estrategia fue detallada durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que Peña Nieto dictó instrucciones y órdenes al por mayor: crear la Gendarmería Nacional (por cambios de nombres no para la creatividad burocrática), la “modernización de la PGR” –como hace uno, dos, tres y más sexenios dictaron sus antecesores a los titulares Antonio Lozano, Rafael Macedo, Eduardo Medina-Mora y muchos más–, la “depuración” del muy corrompido Instituto Nacional de Migración, la continuación de las fuerzas armadas en “labores de apoyo” mientras concluye la “reestructuración de las policías estatales”, entre otras.
 
Las secretarias de la Defensa Nacional y Marina fueron reconocidas ilimitadamente por el mexiquense de Atlacomulco, a la vez que en forma contradictoria asumió el desastre que causaron en materia de los derechos humanos y que le heredó el michoacano indiciado en la Corte Penal Internacional como presunto genocida.
 
Está de moda “dar el beneficio de la duda al presidente”, ejercicio que observo desde que Gustavo Díaz Ordaz asumió la Presidencia y menos de un cuatrienio más tarde enlutó al país entero. ¿No sería más adecuado ponderar los resultados como gobernadores de Peña Nieto en materia de seguridad pública en el estado de México y de Miguel Osorio en Hidalgo?
 
Resultados que son lamentables porque el crimen organizado ganó amplio terreno. Pero hoy ambos aparecen como los salvadores de la ansiada seguridad pública. Cierto que con una estrategia menos lineal y más incluyente que la de Calderón, a la que tanto aplaudieron Peña y Osorio.