Organizaciones sociales, sectores políticos y abogados aseguran que esta medida pone en riesgo las instituciones y la democracia en el país

Diferentes sectores de la sociedad y de la política hondureña reaccionaron negativamente ante la decisión tomada en la madrugada de este miércoles (12/12) por el Congreso Nacional, de destituir a cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y de nombrar de inmediato a sus sustitutos.

“Lo que acaba de ocurrir en el Congreso es una prueba más de que no hay institucionalidad en el país”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), a Opera Mundi.

Según ella, lo que está ocurriendo es “un enfrentamiento entre las fuerzas que dominan el país”, y esto no abona a que Honduras “pueda reconstruir el tejido social, ni fortalecer sus instituciones”, aseveró la defensora de derechos humanos.

Durante una improvisada conferencia de prensa, los cuatro magistrados destituidos – Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, Francisco Ruiz y Gustavo Bustillo Palma – declararon que su destitución es “totalmente ilegítima, ilegal e injusta”, y que no se ha respetado el debido proceso, “violentando sus derechos constitucionales”.

Los magistrados aseguraron que van a usar todos los instrumentos legales que la ley les faculta para tratar de revertir esta situación. En este sentido, la Barra de Abogados Anticorrupción ya presentó un recurso de amparo a favor de los cuatro magistrados, “para dejar sin efecto la decisión tomada por el poder legislativo”.

Para Enrique Flores Lanzas, ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y actual candidato a diputado por el partido Libre (Libertad y Refundación), lo que ocurre en el Congreso hondureño no es solamente un golpe técnico, "sino una seria amenaza para nuestro partido y para el país”.

“Hay intereses ocultos que se están imponiendo y que van a dejar al partido de gobierno (Partido Nacional) con el control total de los principales poderes del Estado, en un año electoral. Hoy, más que nunca, toma vigencia nuestro proyecto para refundar el país", dijo.

Durante la noche de este miércoles, el presidente Porfirio Lobo hizo un llamado al diálogo nacional entre poderes del Estado, informando que, en las próximas horas establecerá un canal "amplio y abierto" entre los presidentes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, para buscar “una salida y un ambiente de colaboración".

Hasta el momento, ni las Fuerzas Armadas, ni la empresa privada ha dado a conocer su posición acerca de la crisis actual, mientras que el Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, solicitó toda la documentación que ha servido de base al Congreso para tomar su decisión.

“Solamente después de haber estudiado todo esa documentación vamos a dar nuestra opinión”, dijo Rubí.

Fuente original: Opera Mundi (portugués)


Fuente español: LINyM