Dos grandes iniciativas buscan la integración física en América Latina. De un lado, el Cosiplan de la Unasur que retoma los avances del IIRSA con una inversión total de 116 mil millones de dólares. De otro lado, el Proyecto Mesoamérica con más de 8 mil millones que continúa el Plan Puebla Panamá. El telón de fondo es el mismo: promover la extracción de recursos naturales.
 
La integración física se plantea en la región a través de la construcción de infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones cuya operación ya está en marcha. El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan) en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Proyecto Mesoamérica en el ámbito de Centroamérica -incluyendo México y Colombia- tienen como objetivo mejorar la competitividad de los países en base a una adecuada infraestructura y mejora de los servicios necesarios que faciliten el flujo de personas y de mercancías.
 
Y aunque han adoptado nuevos nombres (antes IIRSA y Plan Puebla Panamá, hoy Cosiplan y Proyecto Mesoamérica), el trasfondo sigue siendo el mismo: dar impulso a megaproyectos de infraestructura que den soporte a la extracción de recursos, tanto físicos como financieros, expandiendo cada vez más la participación del sector financiero en la preparación y ejecución de los proyectos.
 
Los financistas
 
Los actores que estuvieron y siguen estando detrás de estas iniciativas, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son los promotores históricos del neoliberalismo en nuestros países. Su participación es determinante en muchos de los grandes proyectos que se llevan a cabo, no solo por el lado del financiamiento, sino también por el lado del asesoramiento de instancias técnicas(2).
 
Pero existe un nuevo protagonista: el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Aunque no forma parte de las instancias formales del Cosiplan, el BNDES está ganando en los últimos años mayor protagonismo en el proceso de la integración sudamericana, considerando que entre sus principales acciones se encuentra el financiamiento a los proyectos de infraestructura(3).
 
La verdadera intención sería consolidar la hegemonía de Brasil en Suramérica para satisfacer sus necesidades energéticas y tener salida al Océano Pacífico con miras a incrementar sus exportaciones a China(4). Pero el apoyo a este tipo de proyectos también se ha convertido en el medio para que las grandes empresas privadas brasileñas –entre ellas Odebrecht- tengan mayor participación en las inversiones al brindar servicios de ingeniería y de construcción dentro de una estrategia de expansión de los capitales privados.
 
Impactos
 
Tanto en Sudamérica como en Mesoamérica, la construcción de carreteras y los proyectos energéticos son los sectores donde se concentran la mayor parte de las inversiones, con el 98 por ciento del total para el caso del Cosiplan y el 99 por cineto para el Proyecto Mesoamérica.
 
La riqueza que posee Latinoamérica en cuestión de biodiversidad está constantemente amenazada por la implementación de carreteras, redes eléctricas, monocultivos, grandes represas, etc., que provocan serios daños a los ecosistemas, afectando bosques, contaminando aguas y degradando los suelos.
 
No obstante la importancia que puedan tener estos temas para lograr una conexión más efectiva entre los pueblos, estas grandes obras de carácter intercontinental tienen implicancias que van desde lo social hasta lo ambiental, lo que ha venido generando múltiples conflictos en las localidades donde se vienen ejecutando estos proyectos.
 
A esto se le suman las implicancias que tienen las actividades de extracción intensiva de recursos naturales que se intentan promover por detrás de estas iniciativas y que significan mayor deforestación, daños a los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y violación de los derechos humanos de las poblaciones aledañas.
 
La incursión de grandes megaproyectos en zonas donde están las comunidades no tienen otra intención más que sacar el máximo provecho de los recursos sin tomar en cuenta la opinión y la visión de ellas, a las que se les ofrece empleos precarios y de subsistencia hasta que se vean obligados a migrar porque ya no existen las condiciones para seguir desarrollando sus actividades tradicionales en tierras y ambiente degradados y contaminados.
 
Muchas veces estas inversiones están acompañadas de presencia militar con el pretexto de brindar seguridad y luchar contra la delincuencia y el terrorismo, cuando en realidad actúan más bien como guardianes de los intereses empresariales al amparo de leyes que criminalizan la protesta.
 
Recursos en disputa
 
La riqueza que posee Latinoamérica en cuestión de biodiversidad está constantemente amenazada por la implementación de carreteras, redes eléctricas, monocultivos, grandes represas, etc., que provocan serios daños a los ecosistemas, afectando bosques, contaminando aguas y degradando los suelos. Ante ello, todo proyecto debe ser evaluado en cuanto al costo-beneficio social y ambiental que implica su ejecución, de modo que los estudios de impacto sean integrales y consistentes con la realidad y no solo constituyan una mera formalidad.
 
Además, toda iniciativa que implique la intervención en comunidades debe de respetar el derecho a la libre autodeterminación, que está avalada por el convenio 169 de la OIT y que declara que las poblaciones tienen derecho a ser consultadas y decidir sobre todo aquello que les afecte y sobre su propio proceso de desarrollo.
 
Alternativas
 
En todo proceso de integración se deben considerar los múltiples aspectos que son complementarios entre sí dentro de un sistema económico y financiero que potencie dicho proceso.
 
Por un lado, las acciones deben centrarse en lograr un mayor dinamismo comercial intra regional –el cual ha venido mejorando en los últimos años- a través del uso de instrumentos de medios de pago que priorice el uso de monedas nacionales, así como tener un mecanismo que brinde el apoyo financiero a países que enfrenten problemas de liquidez.
 
Por otro lado están los mecanismos de financiamiento para el desarrollo económico y social, lo que implica la implementación de grandes proyectos industriales y de infraestructura para la integración, bajo principios de cooperación y visión común de los países. De ahí la importancia de impulsar proyectos como el Banco del Sur en el marco de una Nueva Arquitectura Financiera Regional.
 
Una verdadera integración debe buscar el bienestar de los pueblos, a través de la cooperación entre nuestros países y una visión de futuro común que implique nuevas relaciones sociales, económicas y financieras que respeten los derechos de las poblaciones, rescaten los conocimientos ancestrales y mantengan el equilibrio de nuestro entorno.
 
Rodolfo Bejarano es Ingeniero economista miembro del equipo técnico de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).
 
Notas:
(2) El BID participa en el Comité de Coordinación Técnica (CCT) del COSIPLAN junto a la CAF y FONPLATA; mientras que el mismo banco junto al BCIE y la CAF son parte del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) del PM.
(3) Según datos de Silvia Molina (Plataforma Energética), en el 2009, el 96% de los desembolsos del banco dirigidos a América Latina fueron para proyectos de infraestructura.
(4) En el 2012 Brasil se convirtió en el primer proveedor de soja a China.
 
Fuente: http://www.latindadd.org/economiacritica/?p=1335