El conflicto en torno al proyecto hidroeléctrico de Hidralia Energía en Guatemala
 
En el marco de la campaña CRECE, que busca poner fin a las injusticias del sistema alimentario, Intermón Oxfam ha puesto en marcha varios estudios de caso acerca del impacto de la inversión privada española sobre las comunidades rurales del mundo en desarrollo. El objetivo es comprender mejor las dinámicas de control de la tierra, un recurso limitado clave para la superación del hambre y la pobreza, sometido a una presión cada vez mayor. El conflicto en torno a la construcción de una hidroeléctrica ilustra muy bien lo que sucede cuando no se informa ni consulta adecuadamente a la población acerca del uso del territorio.
 
La empresa gallega Hidralia Energía se estableció en Guatemala en 2008 tras haber estado involucrada en un caso de corrupción y tráfico de influencias en torno a la concesión de hidroeléctricas y parques eólicos por parte de la Xunta de Galicia. Con un préstamo de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (entre cuyos accionistas se encuentra Bankia) su subsidiaria Hidro Santa Cruz puso en marcha la instalación de una pequeña hidroeléctrica en el municipio de Santa Cruz Barillas (departamento de Huehuetenango). A través de testaferros, la empresa adquirió 10 hectáreas en torno a una catarata y en 2011 comenzó los primeros trabajos en el camino de acceso. Esto originó los primeros actos de resistencia al proyecto y el conflicto se fue agravando hasta que en marzo de 2012 algunas personas incendiaron parte de la maquinaria de la empresa.
 
En mayo de este mismo año presuntamente el jefe de seguridad de la empresa y otro empleado asesinaron a un vecino e hirieron a otros dos. Este atentado desencadenó disturbios con cuantiosos daños materiales y la ocupación del destacamento militar, donde varios oficiales fueron agredidos. La respuesta del Gobierno de Guatemala fue decretar el estado de sitio, ocupando militarmente el municipio y suspendiendo las garantías constitucionales. La presión nacional e internacional en contra de una medida considerada como desproporcionada hizo que se levantara antes de cumplirse el plazo establecido de un mes.
 
Entre marzo y julio de este año se han emitido 33 órdenes de captura y 17 personas han sido detenidas de forma irregular, en un proceso claramente dirigido en contra de los líderes y lideresas más activos en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico. Nueve vecinos aún se encuentran en prisión y en espera de juicio. Y muchos huyeron de Barillas bajo un clima de temor que recuerda a los peores episodios del conflicto armado interno.
 
En el mes de julio el gobierno local constituyó un espacio de diálogo que carece de legitimidad y no responde a una participación efectiva, al haber excluido a los órganos legítimos de participación: los comités comunitarios de desarrollo. Mientras, la empresa continúa con los trabajos y ha emprendido una intensa campaña de propaganda. Su propósito es convencer a la municipalidad para que firme un convenio de colaboración donde garantice la conclusión y operación del proyecto a cambio de un pago anual.
 
Frente al interés particular de Hidro Santa Cruz, ni el gobierno local ni el nacional han velado por el bien público y los derechos de los ciudadanos. No sólo se ha vulnerado el derecho de los pueblos indígenas a un consentimiento libre, previo e informado, reafirmado en la Constitución de Guatemala. Se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la resistencia al proyecto, alimentando un conflicto que ya se ha cobrado la vida de una persona y poniendo gravemente en riesgo el propio Estado de Derecho.