La afirmación de que la paz en Colombia se viste de los colores de las regiones, es completamente cierta. La realidad es elocuente: los imaginarios que al respecto se tienen en Caloto, Medellín, Yopal, Bogotá o el Catatumbo, no son los mismos. Para quienes la confrontación armada con la guerrilla inunda su cotidianidad, sus demandas distan mucho de quienes en lo urbano acusan otras expresiones de las violencias como las que se derivan de la vida intrafamiliar y las acciones de las organizaciones urbanas que se articulan al narcotráfico y el paramilitarismo. Podría sonar exagerado, pero para la mayoría de las ciudades capitales el conflicto con las guerrillas es algo lejano.
 
Por eso hablar de la paz en general acusa una inexactitud de fondo que, aunque se reconoce, no tiene las consecuencias debidas sobre todo cuando se habla de construir e implementar políticas. Buena parte del fracaso de muchas políticas, pensadas con buenas intenciones, radica en que, por un lado, se han configurado con una mirada homogenizadora y centralista y sobre todo, han omitido las lógicas del poder regional, siendo allí donde, muchas de ellas, se hacen exitosas o como suele suceder, se desfiguran y pervierten. Con el afán de salirles al quite a la corrupción y a las debilidades estructurales del Estado local, se ha venido en una lógica regresiva de un centralismo que paraliza y profundiza las inercias de municipios y regiones, rompiendo con toda posibilidad de legitimar esas buenas intenciones. Es por ello que los gobernantes al no concebir que el éxito de una política en Colombia pasa por lo regional y por entregarle al Estado local el poder y las condiciones para el desarrollo de sus competencias con miras a hacer realidad lo que apenas está en el papel, a la hora de los balances queden en franca deuda y le den cabida la desilusión del electorado y al remoquete de promeseros de turno. Mucha responsabilidad tienen al respecto los partidos políticos que sin ningún recato cohabitan en lo local con las clientelas y toda gama de prácticas ilegales. De manera sintética, sin un Estado local fuerte en sentido democrático no es posible imaginar que se llegue a buen puerto incluida una paz duradera y sostenible.
 
Una ley tan decisiva para la paz en Colombia como la ley de víctimas y restitución de tierras, es un buen ejemplo de lo que se afirma. Abordar un tema tan complejo como el despojo de que han sido víctimas miles de campesinos y el acercarse en grado importante a la verdad de un conflicto, degradado en extremo, desde los escritorios bogotanos resulta una real caricatura. Lo más grave es que en gran medida los gobiernos locales, de manera cómoda, quieren que el gasto lo haga el gobierno central, entre otras cosas porque esto les permite a algunos no crearse problemas con los victimarios y despojadores que hacen parte de esa elite económica y política que elige en las escalas más bajas del estado nacional, o simplemente, es colocar a la paz en el ámbito de los cálculos electorales. Estas contradicciones y paradojas son a las que muy poco se les presta atención lo cual no deja de despertar sospechas sobre los gobiernos que parecieran ignorarlo o que simplemente se hacen los de de la vista gorda.
 
En el mismo sentido, debería hacerse mención del proceso de negociación que se adelanta con las FARC y muy probablemente con el ELN. Resulta equivocado que, dentro de la comodidad que se mencionaba antes, se siga pensando en el gobierno nacional y local que el tema del conflicto armado y la seguridad es sólo de la cuerda del Presidencia de la República. Asombra en Antioquia el silencio que al respecto se estila en Gobernación y Alcaldía, los gobernantes de uno de los territorios más golpeados por el conflicto con las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico.
 
Según lo acordado en la Habana, se da comienzo a unos foros sobre la agenda acordada en torno a los cuales se presentaran las iniciativas que permitan darle forma al pacto al cual deseamos vehementemente que se llegue. El problema no radica en si la manija de este asunto tan crucial no la quiera soltar el Presidente Santos, el problema es que las regiones no pueden ser un convidado de piedra y le es obligatorio jugar un papel destacado desde su dirigencia y sociedad civil organizada en jugársela para que este proceso sea exitoso atendiendo a sus propias particularidades. En Antioquia en particular, temas como el despojo de tierras, la democratización de la sociedad expresada en la inclusión y una participación ciudadana eficaz, la introducción a un tema de tanta incumbencia para Antioquia como el narcotráfico y el tema de la seguridad urbana, asumida como un problema que va más allá de estrategias punitivas, sería un grave error de nuestros gobernantes caer en la praxis de que esto no es conmigo, pues el costo podría ser muy alto.
 
¿Por qué no crear el Consejo departamental y municipal de paz? ¿Por qué no crear mesas paralelas a los foros que convoquen el gobierno y guerrilla y producir propuestas e iniciativas en donde gobierno y ciudadanía incidan en la agenda convenida?
 
 
José Girón Sierra
Socio del Instituto Popular de Capacitación
 
Fuente: Agencia de Prensa IPC: http://bit.ly/RR7rbZ