Mientras los hombres y mujeres de Enrique Peña batallan en la Cámara de Senadores para destrabar la iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para, entre otras cosas, desaparecer la Secretaría de la Función Pública y en su lugar crear la Comisión Nacional Anticorrupción, Freedom House le recuerda al mexiquense al concluir su primera semana de gobierno que la corrupción constituye “un enorme desafío en México”.
 
Oportuno diagnóstico de la organización septuagenaria para un país que sexenio tras sexenio destacadamente los de Acción Nacional con Vicente Fox y Felipe Calderón, retrocedió en las mediciones internacionales.
 
Los asesores y propagandistas de Peña Nieto presentan desde la campaña presidencial a la CNA como una herramienta con autonomía respecto del Ejecutivo federal y con patrimonio propio, e inscriben su futuro inmediato en el contexto de las batallas anticorrupción que libran Brasil, China, India y Rusia. Ojalá (Alá quiera) les asista la razón.
 
El trayecto recorrido por el país en los últimos 30 años es paupérrimo en resultados y rico en discursos y montajes de aparatos como el de Miguel de Madrid con la Renovación moral. Todavía son de recordarse “los charales” que castigó Francisco Barrio, en tanto “los tiburones” de la corrupción florecieron en el entorno familiar de la autodenominada pareja presidencial, y de ella misma.
 
El caso específico de la propuesta presidencial está rodeada, antes de nacer, por las prácticas que distinguieron al Hijo predilecto de Atlacomulco cuando gobernó la entidad mexiquense, en particular por la exoneración de su padrino político y familiar Arturo Montiel Rojas, a cargo de la Procuraduría mexiquense por presunto enriquecimiento inexplicable. Recientemente, el periodista y escritor Humberto Musacchio planteó que ni ahorrando todos los sueldos recibidos durante toda su carrera pública, serían suficientes para que el titular del Ejecutivo federal pagara la lujosa casa que tiene en Lomas de Chapultepec.
 
Naturalmente que en política y desde la cumbre del poder, Los Pinos, no es indispensable tener “las manos libres de pecado para arrojar la primera piedra”. Sobre todo cuando exista la suficiente voluntad presidencial y la situación sociopolítica obligara a los gobernantes a proceder en consecuencia, con el más amplio consenso y programas de largo aliento. Especialistas en el tema estiman que si arrancara ahora el combate a fondo y desde la raíz de la centenaria (¿o milenaria?) corrupción que distingue al país y obviamente no forma parte de ningún gene del mexicano, desde el jardín de niños y el hogar, dentro de tres generaciones empezarían a cosecharse resultados sólidos, trascendentes. De esa magnitud es el cáncer social que corroe a la nación.
 
Y si le ponemos números como lo hace el organismo estadunidense, auxiliado por el Banco Mundial, el costo para los ciudadanos y empresas es de un billón 404 mil millones de pesos cada año, lo que equivale a nueve puntos del producto interno bruto.
 
Como una de las fuentes reproductoras de la corrupción son colocados los grupos criminales. Mismos que al ser enfrentados con la aventura bélica de Felipe Calderón y Genaro García, “se convirtió en el principal factor detrás del deterioro de la gobernabilidad” de México.
 
Ubicado como parte del problema, el informe describe que Televisa y Televisión Azteca “ejercen control sobre 90 por ciento del segmento de (la) televisión abierta. En adición, 13 grupos empresariales controlan 86 por ciento de las estaciones de radio”. Y Televisa “puede transformar a un candidato favorecido en un político ganador, como fue el caso de Enrique Peña Nieto.” Más claro ni el agua.