El término intercultural nos remite a la vinculación entre culturas, al intercambio entre ellas, a su interconexión, y pretende ir más allá del concepto de tolerancia. De hecho, la utilización de la categoría es relativamente reciente en nuestro país, pues en la década de 1980 recién encontramos textos que reflexionan sobre el tema. Más aún, no son muchas las investigaciones o ensayos que vinculen desarrollo rural con interculturalidad. Si somos estrictos, debemos recordar que ecología, cultura andina, interculturalidad, son palabras a las que se asignan diversas interpretaciones, de tal manera que pierden, por ser polisémicas, su definición original. Interculturalidad es un término, incluso, criticado por muchos analistas debido a su vaguedad y a la generación de confusiones.
 
Para interés de las presentes notas, podemos afirmar que la interculturalidad nos remite a dos conceptos básicos: por una parte, a la convivencia dialogante de grupos culturalmente diferentes, y por otra, a la construcción de una democracia que incorpore a todos los grupos culturales, lo cual implica la redistribución del poder y el rediseño del modelo de Estado-nación vigente. Sorprende cómo el uso del término se acrecienta, paralelamente a la globalización, en un proceso de reafirmación de minorías.
 
Falta una política nacional
 
Traslademos la discusión académica a la realidad rural de nuestro país. Aunque se ha avanzado algo en el reconocimiento de las diferencias culturales mediante diversas leyes y normas, una primera constatación importante es la falta de una política nacional articulada, concebida en torno a la interculturalidad. La creación del Viceministerio de Interculturalidad es un avance importante, pero imaginamos que su labor es sumamente ardua si se tiene en cuenta que la interculturalidad debe ser incorporada, como eje transversal, en la política de todos los ministerios. Basta para ello revisar la currícula educativa o los discursos de varios representantes de nuestra clase política, como el de un primer ministro del gobierno toledista que declaró que «un tercio del Perú ya no nos pertenece» (1) , haciendo referencia a que «cinco mil comunidades eran propietarias de un tercio del territorio», como si los comuneros no fueran peruanos. Lo dijo Alan García en su criticado artículo «El síndrome del perro del hortelano» (2): «… hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano, que reza: “Si no lo hago yo, que no lo haga nadie”».
 
No decimos nada nuevo si afirmamos que cuando se habla de desarrollo se dejan de lado, casi siempre, las características y particularidades culturales de los grupos supuestamente beneficiarios de proyectos y programas públicos. Así, cosmovisiones y referentes simbólicos, usos y costumbres, saberes ancestrales, particular gestión de recursos, etc., no solo son ignorados, sino agredidos por una visión de desarrollo que se ajusta al modelo de desarrollo «nacional».
 
Somos un país de pequeños productores, independientes o agrupados en comunidades, a los cuales debemos sumar las minorías que pertenecen a etnias amazónicas. Sin embargo, la propuesta generalizada de desarrollo enfatiza la agricultura de exportación, e incluso se insinúa, para ello, la concentración de la propiedad de la tierra como condición para que ese tipo de agricultura, casi exclusivamente costeña, aumente en importancia. Alguien debe calcular la relación entre el costo de las grandes irrigaciones y la cantidad de familias agricultoras beneficiadas; la ratio debe ser, con seguridad, muy baja. Al otro extremo, las pequeñas propiedades agrícolas deben producir casi sin ningún apoyo ni financiamiento de entidades públicas.
 
Marginalidad y exclusión
 
Casi después de dos décadas se realiza en el Perú un censo agropecuario. Este dato de por sí ya es un indicador de la presencia secundaria, en la agenda pública, de los miles de productores agrarios y de las miles de comunidades campesinas y nativas existentes en el territorio peruano. Buena parte de esta población tiene patrones culturales particulares, entre los que destacan el idioma y aspectos vinculados, sobre todo, a la cultura inmaterial. En muchos aspectos, entonces, el ciudadano rural es el «otro» cultural desde el punto de vista de la oficialidad.
 
Marginalidad y exclusión cultural han sido una constante para la población rural del país, que debe enfrentar, además, prejuicios y comportamientos racistas que vulneran su dignidad personal y grupal. Las declaraciones pomposas sobran: declarar el 12 de octubre como Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, o señalar que somos un país multilingüe y pluricultural, no dejan de ser meras expresiones simbólicas. De hecho, no existen —en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, que ha conducido a la Ley de Consulta Previa— decisiones políticas gubernamentales de envergadura que permitan decir que la interculturalidad es un componente importante de nuestra visión de futuro como país.
 
No decimos nada nuevo si afirmamos que desarrollo rural y reconocimiento de las diferencias culturales deben ser conceptos indesligables. En otras palabras, debemos afirmar que es posible lograr el desarrollo de las familias rurales reforzando sus identidades culturales, superando así lo que hoy sucede: para quienes pertenecen a culturas distintas, ser ciudadano pleno implica renunciar a sus propios referentes culturales y asimilarse a la cultura hegemónica. Ese es el resultado de nuestra historia republicana, en la cual la cultura criolla ha sido impuesta como referente único en la construcción de la nacionalidad. En suma, pareciera que solo se puede ser ciudadano renunciando a la cultura originaria.
 
Por una convivencia dialogante
 
Una de las causas de la continua marginación de la población indígena-campesina, tanto en el ámbito socioeconómico como político, está en la política lingüística y educativa uniformizadora. La educación bilingüe intercultural, o la mera educación bilingüe en grupos campesinos o etnias amazónicas, no deja de ser la aplicación reducida de programas pilotos, que no se masifican. En buena medida porque, como resultado de nuestra historia republicana, los quechuohablantes o aimarohablantes se oponen en su mayoría a que sus hijos reciban enseñanza en su propia lengua en los primeros años de escolaridad. Podemos —reuniendo diversas propuestas en curso surgidas de organizaciones campesinas, indígenas, investigadores y dirigentes políticos— concebir en el futuro decisiones fundamentales para que la convivencia dialogante de grupos culturalmente diferentes y la construcción de una democracia inclusiva no sean meras declaraciones:
 
–    Las comunidades campesinas, los pequeños productores y las etnias amazónicas, además de la formalización definitiva de propiedad de la tierra/territorio, individual o colectiva, precisan de políticas de apoyo en tecnificación productiva, disponibilidad crediticia y sistemas beneficiosos de comercialización de productos.
 
–    El reforzamiento de las identidades culturales debe concebirse fundamentalmente a través de la masificación de la educación bilingüe y la adaptación de la currícula escolar a elementos culturales propios.
 
–    Es necesario el fortalecimiento de organizaciones rurales y su presencia en espacios de debate; es decir, la búsqueda de una cuota de poder ahora inexistente, que puede comenzar por la aplicación de la Ley de Consulta Previa con características vinculantes. La descentralización debe ser un proceso que sustente este reconocimiento.
 
Si se avanzara en estas decisiones, recién podríamos decir que somos un país de ciudadanos que pertenecen a culturas diferentes en interconexión fructífera; diferentes, pero iguales.
 
Notas
 
(1) Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros (marzo de 2004).
(2)  Diario El Comercio (28 de octubre de 2007).
 
Jaime Urrutia Ceruti
Historiador y antropólogo, especialista en comunidades campesinas. Investigador del IEP.
 
Fuente: La Revista Agraria