“Los medios de comunicación tienen derecho
a su libertad de expresión, pero no pueden
 ser representantes, apoderados o dueños
de la libre expresión de los pueblos”.
(fuente desconocida)
 
 A partir de la reciente inquietud expresada por el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ante la XXII Cumbre Iberoamericana en España, justamente en Cádiz, el puerto de embarque de los destructores de Abya Yala, de que la información puede ser función del Estado, vuelve a primera plana el debate sobre el dubioso enunciado de la “libertad de expresión”. Un enorme mérito de Correa y otros gobernantes “neoemancipadores” de América Latina es el simple hecho de haber colocado, desde hace pocos años, el tema de la comunicación entre los principales de la tribuna política.
 
Hasta entonces, la crítica a la comunicación fue casi exclusiva labor de la “izquierda”, que nunca le da crédito a los medios de comunicación capitalistas oligopolistas, así como también de la “neoizquierda crítica o antirevisionista” que tampoco le dio ni le da crédito a la comunicación del capitalismo monopolista de estado del llamado “bloque socialista”, sea soviético-chino-cubano o del “Siglo XXI”. ¿Cuál ha sido la necesaria respuesta de escritores y lectores críticos ante este vacío de credibilidad?: El actuar con doble sentido, la ironía, el humor y la lectura entrelíneas. Y ahí, la enorme brecha que separa a los excepcionales comunicadores de calidad y la gran masa de comunicadores mediocres, arrastrados y corruptos. Pero lo de la calidad es tema para otro artículo; aquí se trata del Poder; siendo el tema calidad, desde luego, estrechamente vinculado al Poder.
 
Más que nunca, tener información es tener Poder, a todo nivel dimensional – económico, social y ambiental. No sólo en el ámbito militar y académico, sino en todos ámbitos tener información decide entre el éxito o fracaso de cualquier emprendimiento, por tanto, información es un elemento altamente estratégico de la sociedad. Más aún de la sociedad capitalista globalizada – tanto privada como estatal – basada en la competencia destructiva, que no significa otra cosa que eliminar en su camino a cualquier obstáculo, donde razones sociales y ambientales son irrelevantes, donde la comunicación y “libertad de expresión” son cautivas.
 
O sea, la trascendencia de la información requiere que sea regulada, así como su forma de comunicarla y expresarla, pero no con el fin de dominación sino de democratización, de amplio acceso. Se distingue, pues, que el meollo contemporáneo de la polémica entre gobernantes y comunicadores no es nada más ni menos que el Poder de manipulación de la información. Para expresarlo en el lenguaje de Correa, es una bronca entre la vieja y nueva peluconada, la que sustenta y no sustenta el poder estatal, donde los linderos de intereses son muy borrosos, ya que ambos se nutren del Estado capitalista. En este debate se deja totalmente a un lado a la sociedad civil que debería ser el mandatario de la información.
 
Pues, el debate debe centrarse en la democratización de la información y comunicación, donde el acceso real a la comunicación pública es el quid pro quo que implica, de por sí, límites de la concentración, en otras palabras, la democratización es parte de la conversión del Estado capitalista a un Estado popular. En este contexto, la cuestión no es que la información puede ser función del Estado, sino que la información debe ser función del pueblo. Donde Consejos Comunitarios de Información regulen con criterios revolucionarios la comunicación abierta que siempre es, en primera línea, un asunto público y no privado, ni estatal.
 
Federico Koelle D. es ambientalista-ecologista, Guayaquil, Ecuador. 

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