La agenda política está recargada. Hasta el dueño de Clarín ha tenido que salir al ruedo. Normalmente opera en las sombras. Política y negocios explican la crudeza de los ataques de estos monopolios contra el gobierno.
 
 Héctor Magnetto, CEO de Clarín, se dignó hablar en público y no lo hizo para tirarle con flores. Desde Montevideo, donde recibió una distinción de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), descalificó al gobierno por ser de una “tendencia claramente autoritaria”. Se quejó de una “grosera presión sobre el Poder Judicial” y los medios.
 
 Según el dicente “Argentina está en un proceso muy parecido al que vive Venezuela, aunque todavía no llegamos a su nivel”. En otras palabras, Hugo Chávez sería más dictador que Cristina Fernández. Poniéndose en “víctima”, el dueño de 240 licencias de televisión por cable dijo que él y sus colegas trabajan “sobre una materia prima que se relaciona con la democracia y las libertades; por eso nos pegan”. Valía la pena citar al jefe del monopolio, para no tener que interpretarlo a la luz de los programas de Morales Solá, Chiche Gelblung y Marcelo Bonelli. Si fue a Montevideo a un evento internacional, esto debería ser interpretado como un dato positivo: querría decir que se siente debilitado por la campaña democrática a favor de la ley de medios. Y en consecuencia, está buscando alianzas internacionales, con la AIR y la SIP, que a su pedido -vía Carlos Jornet, director de “La Voz del Interior”- enviará una misión de observación a Buenos Aires, en diciembre. La fecha no es casual, pues el 7 de ese mes operará el vencimiento de la medida cautelar de Clarín contra los artículos 45 y 161 de la ley de servicios audiovisuales. La munición gruesa disparada por el CEO contra Chávez, también indica que busca alianzas del espectro reaccionario continental, incluido Estrados Unidos. El bolivariano acaba de ganar un mandato de otros seis años más y es el blanco de las campañas desestabilizadoras del imperio y gobiernos que se le prosternan.
 
 Magnetto busca internacionalizar el conflicto, como si la correlación de fuerzas le fuera desfavorable dentro del país.
 
 Y algo de esto hay. Más allá de que una parte de la sociedad no haya votado a la presidenta en octubre de 2011 e incluso tenga varias críticas desde entonces, es indefendible la posición dominante de Clarín. Hay una ley, la 26.522 votada con todos los recaudos legales, que permite hasta 24 licencias por cable y 10 abiertas, por cada grupo empresario. Y el mencionado las excede con creces y además ha comunicado que no presentará plan de readecuación ante la Autoridad de aplicación, AFSCA.
 
 Esa pretensión de ponerse por encima de los tres poderes, pinta de cuerpo entero a un monopolio acostumbrado a violar la ley, salvo cuando la pudo redactar a su medida (como la aprobada en tiempos de Eduardo Duhalde y que se conoce con el nombre del holding). En el frente judicial y parlamentario hubo novedades adversas a Magnetto. Fueron denunciados camaristas sospechados de serle afines, como Francisco de las Carreras, y renunciaron los camaristas Martín Farrel y Santiago Kiernan, para asegurarse una buena jubilación. Además el Senado aprobó el “per saltum” para ir con el diferendo a la Corte Suprema, que el 14 de noviembre sería convertido en ley por Diputados. El círculo se va cerrando: Clarinete seguirá sonando después del 7-D, pero no con la estridencia ensordecedora de antes.
 
 Hay sumas que restan
 
 Se prolongó el conflicto con los “fondos buitres” que, como bien denunció la presidente, animan una campaña “antiargentina” junto con las calificadoras Moodys, Standard and Poor’s y Fitch. Estas bajaron la calificación de los títulos del país y el Banco Hipotecario. Ya cumplió un mes el embargo de la Fragata Libertad en el puerto de Tema, sin atisbos de que el fondo NML decidiera aflojar con su planteo propio del “señor Cobranza”.
 
 Héctor Timerman debió viajar de apuro a Sudáfrica y verse con la canciller pues hay riesgo de que ocurra algo similar con la corbeta Espora, amarrada por desperfectos. El fondo especulativo prepara allí también el abordaje.
 
 Al reaparecer luego de una pausa por una lipotimia, la presidenta arremetió contra esos intereses especulativos que atacan la soberanía. En cambio, para un columnista de “La Nación”, denunciado de ser parte de un grupo que practicaba el espionaje ilegal sobre los correos de políticos, aquella sería una denuncia infundada. Carlos Pagni escribió: “la señora de Kirchner prefiere imaginar una campaña antiargentina. Cuando lo acusaban de violar derechos humanos, Videla pensaba lo mismo”.
 
 Esta desafortunada comparación con el dictador, por el solo hecho de que CFK cuestionara a los “fondos buitres”, evidencian que la campaña antiargentina no es sólo un producto exógeno. También está alimentada por políticos, empresarios y medios que portan el nuevo DNI fabricado eficazmente por el ministerio de Florencio Randazzo. Son “connacionales” pero sus intereses parecen desmentirlo. ¿Qué hacer con esos círculos?
 
 El discurso de confrontación de Cristina supone un deslinde de campos. Sin embargo otras políticas aconsejan una reconciliación. Un ejemplo fue la iniciativa de Timerman, de una carta firmada por varios ex cancilleres pidiendo por la Fragata. Lo dudoso de la jugada es que se pidió la firma de Domingo Cavallo, Adalberto Rodríguez Giavarini y otros ex ministros de las “relaciones carnales” (Fidel Castro los estigmatizó como “lamebotas yanquis”). Para el cronista, las firmas de esos personajes son sumas que restan.
 
 Un catedrático universitario, Juan Gabriel Tokatlián, también arrimó un consejo erróneo al gobierno, al sugerirle que para recuperar el barco pidiera el apoyo de los Cinco grandes del Consejo de Seguridad. ¿Acaso EE UU y el Reino Unido, con conflictos con Argentina, van a mover un dedo a su favor?
 
 A propósito del Consejo de Seguridad, a partir de enero y por dos años, el país será parte del mismo, como miembro no permanente. Los sectores pro-estadounidenses locales, en sintonía con Washington, ya reclamaron que no se le ocurra interceder a favor de Irán. La auspiciosa reunión de representantes argentinos e iraníes en Ginebra alarmó a la superpotencia, Israel y sus amigos de Buenos Aires.
 
 “Cuervo” necesita educación
 
 El gobierno argentino tiene una postura de no ceder frente a los “fondos buitres”. Y ha pulseado con los organismos financieros internacionales, la última vez en la asamblea del FMI-Banco Mundial en Tokio.
 
 También debe computarse como positiva la actitud de no doblegarse ante las denuncias de EE UU y la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio. Y la ratificación de la nacionalización que se adoptó contra Repsol, que a su vez prepara para el 16 de noviembre una denuncia contra el país ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. Que la relación con España está alterada por esa nacionalización y ese inminente pleito ante el CIADI se puede deducir de la ausencia de la mandataria argentina en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Los que querían cascotearla allí deberán aguardar otra emboscada. De todas maneras, en ese conflicto con bolsones del capital financiero internacional, hay aspectos y políticas del gobierno que este cronista no comparte. Y como es su costumbre, lo expone sin demasiadas vueltas. Por ejemplo, para refutar la “mala onda” de las calificadoras de riesgos, la presidenta declaró que “tanto el Bonar como los bonos del cupón de crecimiento se van a pagar en dólares”. Serán 4.000 millones de dólares. “Vamos a pagar con dólares porque los tenemos”, dijo Cristina el jueves, como contestándole a Magnetto, que desde Uruguay había pronosticado “que el dinero se empieza a agotar; el tema es sobrevivir durante ese tiempo”.
 
 En esa misma línea de ufanarse de cuán buena pagadora es, la jefa de Estado dijo que, según cuentas del Banco Central, las multinacionales radicadas aquí habían girado utilidades al extranjero por 41.093 millones de dólares en los nueve últimos años. Eso daba un promedio anual de 4.566 millones por año, lo que representa el 1,7 por ciento del PBI.
 
 En esa comparación tan poco patriótica, Cristina dijo que, en cambio, en los ’90, la remisión de utilidades fue de 15.686 millones, el 0,7 por ciento del PBI.
 
 Algunos de los oyentes se habrá preguntado si semejante sangría de capitales tendrá algo que ver con el cepo cambiario actual, que busca preservar los dólares para pagar las importaciones que necesita la industria. Este objetivo es bien plausible, mucho más que atesorar para pagar una deuda pública de la Nación que, contando la parte no presentada al canje y lo adeudado al Club de París, asciende a 184.000 millones de dólares.
 
 Que la mayor parte de ese “rojo” esté pesificada y contraída con otros organismos del sector público (Banco Central y Anses), no le quita seriedad al problema ni le añade razonabilidad a la mal llamada política de desendeudamiento.
 
 Nada que ver con los fondos del mismo nombre, pero el “Cuervo” Andrés Larroque está necesitando un curso de formación política. Su brulote en Diputados contra el socialismo santafecino oscureció el sentido tan positivo de la aprobación de la ley para el voto joven. Los grupos usureros son incorregibles, pero el joven líder de “La Cámpora” se puede rescatar con crítica y autocrítica.