El gobierno de Cristina Kirchner decidió darle continuidad al ocultamiento -en casi 30 años de vigencia constitucional- del contenido de los 478 decretos secretos que firmaron los 4 dictadores del último Estado terrorista argentino, Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. El hecho salió a la luz gracias a la investigación del periodista Claudio Savoia, que derivó en un proceso judicial con el propósito de su revelación. No me resulta tan claro quién patrocinó la demanda judicial que finalmente debe resolver la Suprema Corte de Justicia. El diario Clarín, para el que trabaja el periodista con jerarquía de editor, se lo atribuye. Pero también la ONG “Asociación por los Derechos Civiles”, inclusive en un recuadro del propio diario que acompaña el artículo central que aborda el tema.  Poco importa el sujeto de la iniciativa a los efectos de discutir la política democrática del kirchnerismo, salvo como introducción de una primera paradoja, ya que no sólo Clarín es el único medio que difundió esta denuncia, sino que además le otorgó un lugar destacado. Este diario (junto al centenario “La Nación”) fueron los principales sostenes comunicacionales del genocidio, más aún en épocas en que no existía Internet y la prensa escrita cumplía un papel más relevante que en la actualidad. Durante la dictadura, todos los canales de TV eran estatales, de forma tal que la complicidad criminal de esos otros medios vitales para el ejercicio de la hegemonía, no puede atribuírsele a empresa alguna. ¿Cómo se explica entonces este interés por la transparencia de un medio cuya principal actitud editorial ha sido el ocultamiento de los peores crímenes de la historia nacional? Por el simple hecho de que iniciativas del gobierno tocaron intereses económicos (que excede este artículo enumerar) de lo que hoy es un pulpo multimediático voraz y su actitud ante lo que entiende como hostilidad, es de denuncia y oposición a toda acción oficialista. Antes de que el gobierno amenazara alguno de sus beneficios o el de sus socios y aliados, fue difusor y apologista de la gestión kirchnerista, así como de los gobiernos precedentes. La atracción por el poder político de cualquier signo y formalización y la predisposición a ponerse a su servicio -siempre que no obstaculice sus negocios- está inscripto en su ADN.
 
Creo que esto explica el énfasis que está otorgando en esta etapa a lo que considero la más atractiva y cívicamente útil especialización periodística como es el periodismo de investigación. Inclusive al punto de recurrir a Savoia, de quién desconozco la totalidad de su producción, aunque algunos de sus artículos que tuve ocasión de leer (además del específico sobre este ominoso asunto de los decretos secretos) son de una excelente factura que exceden holgadamente la mediocre superficialidad de la mayoría de los periodistas de ese diario. Tanto por su forma como fundamentalmente por la agudeza con que señala los problemas y algunas de las apoyaturas teóricas en las que se afirma.
 
No deja de ser apasionante la observación de las contradicciones al interior del sistema de dominación social del que, los hoy adversarios, forman parte. Capitalizarlas requeriría de una izquierda, o más laxamente aún, de un bloque progresista, factibles y reales, de los que la política argentina carece.
 
Resultan también interesantes algunas de las investigaciones que en el canal del mismo grupo económico expone el showman Lanata, si lo despojamos de los sketchs y el tono revisteril con que presenta el trabajo de sus equipos. Cuando ese multimedio no cuenta con recursos propios, procede a la cooptación, para lo cual se vuelve indispensable la existencia de sujetos cooptables. Pero el fondo de la cuestión es el mensaje, no el mensajero. La pregunta esencial que debe responderse frente a hechos denunciados es si son ciertos, cualquiera sea la caracterización que se haga del denunciante. De lo contrario estamos ante un tipo de falacia que en lógica se denomina argumento ad-hominem. Lo sufrió el mismo periodista cuando frente a una investigación de corrupción de una funcionaria de Néstor Kirchner, no recibió las explicaciones que su denuncia exigían, sino exclusivamente la descalificación personal por parte del Jefe de Gabinete.
 
Savoia dice haber iniciado la investigación en 2008 cuando encontró en el Archivo General de la Nación una discreta carpeta en la que se guardan las actas que año tras año la Secretaría Legal y Técnica remite para certificar el envío de los originales de todos los decretos presidenciales y que incluyen las fechas y la numeración correspondiente. Esto le permitió reconstruir la cantidad y el número de orden de las normas secretas firmadas cada año. Por ejemplo, durante los primeros 6 días posteriores al golpe de Estado los decretos eran firmados por la “Junta militar”, y que de los 21 que salieron bajo esa autoría cuatro fueron “reservados”. Luego fue Videla quién firmó 299, Viola 44, Galtieri 30 y Bignone 101, para no distinguir entre “secretos” y “reservados” que no hacen a la esencia del ocultamiento. Ante esto, lo primero que intentó el periodista fue un pedido de acceso a la información pública en 2009 amparado en el decreto de Néstor Kirchner 1172/03–que fue rechazado– y luego insistió mediante conversaciones informales con un funcionario al que califica de “clave” de la Secretaría de la Presidencia, cuyas promesas incumplió, pero no para brindarlo a algún medio de la competencia con inclinaciones obsecuentes (cosa nada impensable ante la confrontación señalada) sino para ratificar el bloqueo. Ni Savoia ni nadie que no pertenezca al círculo áulico oficial conoce las razones, aunque sí los fundamentos y chicanas jurídicas elusivas, ya que obtuvo una respuesta formal de parte de una abogada de la secretaría indicando que a los decretos secretos o reservados les cabe la “excepción a la obligación de proveer la documentación requerida” en el decreto de Kirchner, porque involucra “información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior” y que “que no existe normativa genérica alguna que habilite su publicidad”, sin que parezca importarle proponer tal normativa. Ni Videla hubiera sido tan taxativo.
 
La paradoja central que me propongo subrayar es que regionalmente Argentina es el país que más y mejor ha avanzado en la condena del Estado terrorista por varios frentes coherentes entre sí y en ese país el kirchnerismo ha sido el único gobierno en implementarla y sostenerla, más allá del puntapié inicial y posteriormente inconsecuente de Alfonsín. Es evidente la iniciativa jurídica al derogar las leyes de punto final y obediencia debida, los indultos de Menem, la promoción de juicios con sus consecuentes condenas a los genocidas, además de un discurso de apoyo al movimiento de derechos humanos, cierta tolerancia con la protesta social y el desarme de la primera línea de la policía ante manifestaciones públicas entre otras. Sin perjuicio de que, en contraposición, podría sospecharse cierto desinterés o inconstancia para develar los casos de desapariciones durante sus gobiernos como los de Jorge López y Luciano Arruga. Pero además, el mismo gobierno de Néstor Kirchner difundió en 2005 las 141 leyes secretas que se sancionaron desde 1891.
 
Países más atrasados con la deuda cívica y política respecto a sus dictaduras, tal vez por recomendación y/o presiones de la OEA en dirección a la transparencia, han logrado sancionar legislación sobre el acceso. La uruguaya tiene 3 años, la chilena 2 y Brasil está a punto de hacerlo. En cualquier caso, se trata de avances parciales o paliativos. Por razones que expuse en otros artículos en este medio sobre la documentación “clasificada” (por ejemplo a propósito del affair Wikileaks, entre otros) resulta aberrante no sólo la imposibilidad de difundir documentación del terrorismo sino inclusive que se siga permitiendo cualquier tipo de legislación “secreta” o “reservada” en regímenes constitucionales. Nuestros países no están en guerra ni tienen otra hipótesis de conflicto que no sea contra la pobreza, el autoritarismo y la desigualdad en general, como creo que bien enfatizó el Presidente Mujica en la cumbre de ministros de defensa hace algunas semanas en Punta del Este. La existencia de cualquier tipo de disposición jurídica secreta es exactamente contraria a ese propósito. Conlleva una desigualdad absoluta -y hasta intrínsecamente también secreta- respecto a un instituto cardinal democratizador como es la información pública. Alguien/es con conocimiento del secreto está/n en condiciones estructurales de desigualdad ciudadana, cuando en la ciudadanía no puede haber sino igualdad plena para todos, prescindiendo de otras materiales o simbólicas. Tras todo “secreto” en la función y vida pública, anida el huevo de la serpiente de la corrupción, el abuso y la desigualdad.
 
La negativa del kirchnerismo a revelar aquellos “secretos” es un indicador más de su feble concepción de la democracia y consecuente práctica. Habrá quienes, aún simpatizantes del kirchnerismo, le atribuyan esto último a características personales de Cristina por oposición a Néstor. No parece muy probable, ya que cuando se realizó el pedido formal de los decretos este último vivía. En cualquier caso, el estilo secretista, hiperconcentrado y cuasi monárquico de los gobiernos de ambos, impide precisarlo. Por lo general en vida del ex Presidente, el caballito de batalla reaccionario más generalizado se ensillaba en los pasillos del establo con misoginia: él gobernaba en las sombras. Después de su muerte, la montura es la misma: ella perdió el rumbo junto con su marido.
 
No es poca cosa que algunos tesoros de la dictadura estén a resguardo de sus críticos explícitos. Para ello las ovejas arropan a un lobo moribundo y desahuciado.
 
Emilio Cafassi es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.